OPINIÓN de Emilio Meynet
La idea originada en el ejecutivo francés, de regular precios de materias primas, encuentra eco en las potencias centrales y colisionan con la visión emergente.
“No vamos a poner topes a los precios, queremos que se regule el mercado de commodities como se regulan otros mercados…”. Con esas palabras, el ministro de Agricultura francés, Bruno Le Maire, anunciaba el 19 de mayo su idea de regular el precio de las materias primas, durante un encuentro con su par argentino, Julián Domínguez.
A pesar de que el funcionario de la nación europea aseguraba no querer dañar la soberanía de las naciones productoras, sino ampliar la frontera agropecuaria y mejorar la producción con tecnología; países referenciados en este ámbito como Argentina, Brasil y Australia, se oponen a la idea que promueve Francia.
Lo que estas naciones bucarán en la cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Mundial, es la potestad correspondiente a cada país de fijar sus lineamientos económicos. Para la Argentina representa un aval a su política de derechos de exportación a la soja, maíz y trigo, entre otros.
No obstante, no dejan de ser cuestionados por otros miembros del Grupo de los Veinte y de la OMC desde dónde consideran que contribuyen a elevar los precios de los productos primarios.
Y aquí es donde se llega al debate histórico de los puntos de vista que existen cuando el perjudicado es un país central, o todos ellos, y como viran 180 grados cuando los perjudicados pasan a ser los periféricos.
El 22 de Julio de 1944, en la ciudad de Bretton Woods en los Estados Unidos, durante una convención de la Organización de las Naciones Unidas, se planteó la necesidad de crear un organismo a fines de promocionar políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza.
No caben dudas de que el objetivo no se ha cumplido. En este caso la justificación que encontraría el FMI tiene que ver con que el elevado precio de los productos primarios perjudica sobre todo a poblaciones con economías muy débiles, como en el caso de algunas naciones africanas.
“Nuestro objetivo es que en caso de crisis agrícola, podamos defender a los países más débiles. Pero en ningún caso avanzar por sobre la soberanía de los estados”, aseguraba Le Maire en el mes de Mayo. También remarcaba que “Queremos regular el mercado financiero de commodities, para que podamos controlar mejor las posiciones adoptadas por todas las partes. Queremos mayor transparencia sobre los stocks y mejor coordinación entre los estados del G-20 cuando hay una crisis”.
El FMI, al igual que la por entonces ministra de Economía de Francia, Christine Lagarde (hoy titular del FMI), se hicieron eco de este programa. La curiosidad es como se encuentra justificable la regulación de cualquier índole cuando el desfavorecido es el más fuerte.
Sin embargo las posturas económicas que lleva adelante Argentina, a través del ministro de Economía, Amado Boudou, la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, se oponen firmemente a las justificaciones esgrimidas por Le Maire.
Precisamente, para el ministro Boudou “existe un intento de que haya stocks de intervención para bajar los precios en los momentos de mayor alza. Nosotros sostenemos que si hay una alta volatilidad de precios, no tiene que ver con la economía real, sino con la especulación financiera”.
Al FMI no le gusta escuchar ese tipo de respuestas. De hecho, a pesar de las “misericordiosas justificaciones” basadas en una supuesta voluntad de salvar a los países pobres del África, al momento de decidir políticas la opinión africana no es muy considerada. Cada director del FMI tiene un derecho de voto que puede ir desde 16,74 por ciento (Estados Unidos) hasta 1,34por ciento (24 países de África juntos).
Es decir que la voluntad de Washington vale más que todo el continente africano junto. Y dado que ellos poseen el 16.74 por ciento, el sistema le otorga un velado poder de veto en las decisiones tomadas por el organismo financiero.
Desde el sentido común la respuesta al problema del hambre consiste en procurar que más alimentos lleguen a más personas y no buscar mecanismos para reducir artificialmente los precios internacionales. Esto también fue planteado recientemente en la ONU por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Previamente la jefa de Estado repudió los planes de ajustes que lleva adelante la Unión Europea en todo el viejo continente en alusión directa a la crisis que soportan los famosos “PIGs” (Portugal, Italia, Iranda, Grecia, España).
Lejos de generar la adhesión de los países centrales, las posiciones económicas heterodoxas sostenidas desde Argentina son visualizadas con desconfianza y hasta mala voluntad.
Quizás basado en este último aserto se funden las razones por las cuales el Congreso de Estados Unidos decidió sancionar a la Argentina, durante una audiencia efectuada el 21 de setiembre.
En efecto, el Capitolio estadounidense decidió que votará en contra del otorgamiento de créditos que Argentina solicite en el futuro al Banco Mundial y al BID. Actualmente Argentina tiene pedidos crediticios por un total de 1.600 millones de dólares pendientes de aprobación.
Así lo anunció la subsecretaria para Mercados Internacionales y Desarrollo del Tesoro, Marisa Lago; que además admitió que el Tesoro hará lobby para que otros países también se opongan a los créditos para la Argentina.
Esta ola de represalias es fiel expresión de la actualidad económica mundial. Se desea atacar un punto neurálgico que le permitió a las economías de la UNASUR ser capaces de mantener importantes tasas de crecimiento de la producción y el empleo.
La fortaleza económica de los países del bloque (donde Argentina y Brasil son fundamentales para el sostenimiento), sumado a la solvencia fiscal y la solidez de las reservas; permiten que se lleven adelante políticas sociales, monetarias y fiscales anticíclicas en un marco de estabilidad
“Quieren que tengamos menos tasas de crecimiento. Esa es una idea que encuentra eco en países como Chile, Colombia y México. La idea de utilizar recursos para crear fondos anticíclicos no tiene sentido, porque los activos en los que ahorraríamos perderían valor en el momento de una crisis”, asegura Amado Boudou.
Es muy importante incorporar en la discusión económica elementos que no sólo tengan que ver con lo financiero, sino también con cuestiones de trabajo y educación.
Variables relacionadas al crecimiento del capital humano como uno de los principales problemas que enfrentan los países en el mercado laboral, que es la creación de trabajo para los grupos poblacionales más jóvenes que se incorporan al trabajo.
Sin humanización económica los crecimientos no son sustentables. Si algo ha dejado en claro el actual contexto de crisis es que las viejas políticas surgidas del Consenso de Washington han fracasado y que los nuevos puntos de vista provenientes de las economías emergentes merecen ser tomadas en serio y no castigadas.
*Agencia Periodística de América del Sur (APAS)
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/tapa.php
La idea originada en el ejecutivo francés, de regular precios de materias primas, encuentra eco en las potencias centrales y colisionan con la visión emergente.
“No vamos a poner topes a los precios, queremos que se regule el mercado de commodities como se regulan otros mercados…”. Con esas palabras, el ministro de Agricultura francés, Bruno Le Maire, anunciaba el 19 de mayo su idea de regular el precio de las materias primas, durante un encuentro con su par argentino, Julián Domínguez.
A pesar de que el funcionario de la nación europea aseguraba no querer dañar la soberanía de las naciones productoras, sino ampliar la frontera agropecuaria y mejorar la producción con tecnología; países referenciados en este ámbito como Argentina, Brasil y Australia, se oponen a la idea que promueve Francia.
Lo que estas naciones bucarán en la cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Mundial, es la potestad correspondiente a cada país de fijar sus lineamientos económicos. Para la Argentina representa un aval a su política de derechos de exportación a la soja, maíz y trigo, entre otros.
No obstante, no dejan de ser cuestionados por otros miembros del Grupo de los Veinte y de la OMC desde dónde consideran que contribuyen a elevar los precios de los productos primarios.
Y aquí es donde se llega al debate histórico de los puntos de vista que existen cuando el perjudicado es un país central, o todos ellos, y como viran 180 grados cuando los perjudicados pasan a ser los periféricos.
El 22 de Julio de 1944, en la ciudad de Bretton Woods en los Estados Unidos, durante una convención de la Organización de las Naciones Unidas, se planteó la necesidad de crear un organismo a fines de promocionar políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza.
No caben dudas de que el objetivo no se ha cumplido. En este caso la justificación que encontraría el FMI tiene que ver con que el elevado precio de los productos primarios perjudica sobre todo a poblaciones con economías muy débiles, como en el caso de algunas naciones africanas.
“Nuestro objetivo es que en caso de crisis agrícola, podamos defender a los países más débiles. Pero en ningún caso avanzar por sobre la soberanía de los estados”, aseguraba Le Maire en el mes de Mayo. También remarcaba que “Queremos regular el mercado financiero de commodities, para que podamos controlar mejor las posiciones adoptadas por todas las partes. Queremos mayor transparencia sobre los stocks y mejor coordinación entre los estados del G-20 cuando hay una crisis”.
El FMI, al igual que la por entonces ministra de Economía de Francia, Christine Lagarde (hoy titular del FMI), se hicieron eco de este programa. La curiosidad es como se encuentra justificable la regulación de cualquier índole cuando el desfavorecido es el más fuerte.
Sin embargo las posturas económicas que lleva adelante Argentina, a través del ministro de Economía, Amado Boudou, la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, se oponen firmemente a las justificaciones esgrimidas por Le Maire.
Precisamente, para el ministro Boudou “existe un intento de que haya stocks de intervención para bajar los precios en los momentos de mayor alza. Nosotros sostenemos que si hay una alta volatilidad de precios, no tiene que ver con la economía real, sino con la especulación financiera”.
Al FMI no le gusta escuchar ese tipo de respuestas. De hecho, a pesar de las “misericordiosas justificaciones” basadas en una supuesta voluntad de salvar a los países pobres del África, al momento de decidir políticas la opinión africana no es muy considerada. Cada director del FMI tiene un derecho de voto que puede ir desde 16,74 por ciento (Estados Unidos) hasta 1,34por ciento (24 países de África juntos).
Es decir que la voluntad de Washington vale más que todo el continente africano junto. Y dado que ellos poseen el 16.74 por ciento, el sistema le otorga un velado poder de veto en las decisiones tomadas por el organismo financiero.
Desde el sentido común la respuesta al problema del hambre consiste en procurar que más alimentos lleguen a más personas y no buscar mecanismos para reducir artificialmente los precios internacionales. Esto también fue planteado recientemente en la ONU por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Previamente la jefa de Estado repudió los planes de ajustes que lleva adelante la Unión Europea en todo el viejo continente en alusión directa a la crisis que soportan los famosos “PIGs” (Portugal, Italia, Iranda, Grecia, España).
Lejos de generar la adhesión de los países centrales, las posiciones económicas heterodoxas sostenidas desde Argentina son visualizadas con desconfianza y hasta mala voluntad.
Quizás basado en este último aserto se funden las razones por las cuales el Congreso de Estados Unidos decidió sancionar a la Argentina, durante una audiencia efectuada el 21 de setiembre.
En efecto, el Capitolio estadounidense decidió que votará en contra del otorgamiento de créditos que Argentina solicite en el futuro al Banco Mundial y al BID. Actualmente Argentina tiene pedidos crediticios por un total de 1.600 millones de dólares pendientes de aprobación.
Así lo anunció la subsecretaria para Mercados Internacionales y Desarrollo del Tesoro, Marisa Lago; que además admitió que el Tesoro hará lobby para que otros países también se opongan a los créditos para la Argentina.
Esta ola de represalias es fiel expresión de la actualidad económica mundial. Se desea atacar un punto neurálgico que le permitió a las economías de la UNASUR ser capaces de mantener importantes tasas de crecimiento de la producción y el empleo.
La fortaleza económica de los países del bloque (donde Argentina y Brasil son fundamentales para el sostenimiento), sumado a la solvencia fiscal y la solidez de las reservas; permiten que se lleven adelante políticas sociales, monetarias y fiscales anticíclicas en un marco de estabilidad
“Quieren que tengamos menos tasas de crecimiento. Esa es una idea que encuentra eco en países como Chile, Colombia y México. La idea de utilizar recursos para crear fondos anticíclicos no tiene sentido, porque los activos en los que ahorraríamos perderían valor en el momento de una crisis”, asegura Amado Boudou.
Es muy importante incorporar en la discusión económica elementos que no sólo tengan que ver con lo financiero, sino también con cuestiones de trabajo y educación.
Variables relacionadas al crecimiento del capital humano como uno de los principales problemas que enfrentan los países en el mercado laboral, que es la creación de trabajo para los grupos poblacionales más jóvenes que se incorporan al trabajo.
Sin humanización económica los crecimientos no son sustentables. Si algo ha dejado en claro el actual contexto de crisis es que las viejas políticas surgidas del Consenso de Washington han fracasado y que los nuevos puntos de vista provenientes de las economías emergentes merecen ser tomadas en serio y no castigadas.
*Agencia Periodística de América del Sur (APAS)
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/tapa.php
