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La presidenta de la FAPE pide el fin de los anuncios de contactos

Madrid, AmecoPress. La Presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González pidió el fin de los anuncios de contactos en el transcurso de su intervención en la Jornada "Noticias desde el cuarto mundo. Medios de comunicación y prostitución". González consideró un deber ético que los medios dejen de contribuir al negocio de la trata de personas que afecta en España a más de 400.000 personas que viven en un régimen de esclavitud.



La terrible situación de tantas personas, en su mayoría mujeres, prostituidas por redes de trata que mueven millones de euros, fue puesta de manifiesto por las ponentes de esta Jornada, en la que se evidenció la necesidad de que el fenómeno de la trata con fines de explotación sexual sea tratada como un caso específico de violencia de género.

Responsables de organizaciones que trabajan con personas prostituidas pidieron a los medios de comunicación más responsabilidad en el tratamiento mediático de estos casos y la adopción de un código de autorregulación que enmarque las noticias sobre trata de personas desde el enfoque de género y como un atentado a los derechos humanos.

En la segunda Mesa de debate participaron representantes de la Asociación de Editores de Diario de España (AEDE) muchas de cuyas cabeceras editoriales mantienen los anuncios de contactos en sus páginas, la presidenta de la FAPE y el director de 20 Minutos, Arsenio Escolar, cuyo diario fue el primero en renunciar a los ingresos que percibía su medio por estos anuncios, una renuncia que cuantificó en un millón de euros anuales.

Según el cómputo de AEDE estos anuncios pueden significar unos 18 millones de euros anuales y, en su opinión, los editores españoles no tienen por qué renunciar a unos ingresos por inserción de publicidad de una actividad no prohibida en España, como es la prostitución.

Escolar, que preside también la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) argumentó que si su diario había podido prescindir de tales ingresos por motivos éticos, cualquier otro diario podría hacer lo propio, aún en una situación de crisis como la actual.



La Mesa contó con la participación igualmente de Pilar Sepúlveda, presidenta de Amuvi y jurista, que analizó el reciente informe del Consejo de Estado que pide la supresión de dichos anuncios.

Se pusieron sobre la mesa otras medidas de tipo administrativo, como que la publicidad institucional de las administraciones públicas no sea insertada en los medios que admiten anuncios de contactos o recompensaciones para los medios que renuncien a los mismos.

La presidenta de FAPE afirmó que la federación que representa a los periodistas de toda España abogaría por la retirada de la publicidad institucional de los medios que mantengan dichos anuncios de contactos.

Doble moral

En su intervención puso de manifiesto la doble moral de los medios que informan sobre la lacra social de la trata de personas en sus páginas, mientras que admiten anuncios de este tipo, y recordó la postura del ‘International Herald Tribune’ que los eliminó de sus páginas por no encajar con los valores y estándares de calidad de este prestigioso diario.

En la Jornada se puso de manifiesto la necesidad de que los medios tomen conciencia de la terrible realidad que soportan las personas sometidas a esclavitud sexual, pudiendo escuchar el público asistente el testimonio grabado de una persona víctima de estas redes de trata.

Se demandó a los medios que procuren enfocar esta realidad desde el punto de vista de la lesión de los derechos humanos que supone y que asuman algunos de los puntos recomendados por la Red Española contra la Trata de personas, como son: recabar información y acudir a las fuentes solventes, como las organizaciones que apoyan a las víctimas de trata; informar sin dañar la imagen de las víctimas no fomentar los estereotipos; evitar el morbo o el sensacionalismo y tratar la noticia desde un enfoque de derechos humanos, contextualizarla dentro del fenómeno de trata de personas y demostrar que la trata no es un fenómeno inevitable, sino que cada persona puede hacer algo por evitar su continuación.



Violencia de género

Otra de las conclusiones fue la similitud, desde el punto de vista del tratamiento de esta realidad en los medios de comunicación, que la trata de personas tiene con la que tuvo en sus tiempos la violencia de género. También entonces, cuando ni la sociedad ni los medios estaban concienciados de la extensión y gravedad de este fenómeno, se presentaba a las víctimas como casos aislados, en parte culpable de su desgracia y a la violencia doméstica como una cosa natural, o al menos admitida en parte de la sociedad como " asuntos de familia".

Si la violencia de género ha podido ser vista por la sociedad como lo que es, un fenómeno que implica una visión desigual de las personas y en el que las víctimas deben ser ayudadas y sostenidas por la sociedad, las víctimas de trata con fines de explotación sexual pueden conseguir con la ayuda de los medios de comunicación un tratamiento similar que acabe con la doble marginación que padecen, la de ser víctimas prostituidas y marginadas de la consideración de la sociedad.

Se destacó igualmente la necesidad de que los medios de comunicación dejen de abordar el fenómeno de la prostitución como un asunto de orden público y seguridad y pasen a verlo desde la perspectiva de la violación de los derechos fundamentales de las personas.

La Jornada, organizada por la Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla y Provincia y la asociación de la Prensa de Sevilla, se desarrolló en la Facultad de Comunicación con el apoyo del Ayuntamiento hispalense y coincidiendo con la conmemoración el 23 de septiembre del Día Internacional contra la Trata y la explotación sexual. Asistieron casi cien personas entre periodistas, trabajadoras sociales y personas miembros de organizaciones que trabajan con mujeres prostituidas. Las Jornadas fueron inauguradas por la Concejal Delegada de familia, asuntos sociales y zonas de especial actuación, María Dolores Pablo-Blanco, y clausuradas por el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo.




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