Catalina Román, MOCOA, Colombia, (ACNUR) - En medio del paisaje montañoso y selvático de Mocoa (Putumayo), en el sur de Colombia, un grupo de niños y niñas corren de un lado a otro mientras se divierten jugando al “Yeimi”, una práctica lúdica en la que el objetivo es que los participantes de un equipo tumben con un balón una torre de ladrillos pequeños y la vuelvan a armar lo más rápido posible, sin ser tocados por los integrantes del grupo contrario.
La tarde ya entró a la ciudad, y los habitantes del barrio San Isidro empiezan a retornar a casa, dándole vida a este terreno de 38 hectáreas, en el cual residen 21 familias (101 personas) desplazadas por los grupos armados ilegales.
El proceso de reubicación de esta comunidad desplazada, proveniente de diversos lugares del país, inició en 2006 cuando el ACNUR, a través de la formulación del Plan Integral Único (PIU) del Municipio, apoyó la construcción de la estrategia de reubicación de las familias, a quienes el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER) les entregó la tierra.
“Todo era monte al principio… esto era puro camino de herradura, no había agua, ni vías, ni nada”, cuenta Josefina*, una de las líderes de la comunidad, quien recuerda que la vida que hoy tiene el barrio inició con la integración de los “nuevos vecinos” a través de los almuerzos comunitarios, que se realizaban en la carpa bajo la cual vivían el primer poblador del barrio y su familia.
Después de un proceso de cartografía adelantado con la comunidad, en el desarrollo del Plan de Reubicación se identificó que la primera necesidad sentida era la vivienda. En el marco del trabajo con las instituciones, la Agencia Presidencial para la Acción Social entregó a las familias techos transitorios. Posteriormente, se inició un levantamiento de la cartografía del terreno y se empezaron a identificar los lugares de estructuración del barrio.
“A través del Comité Municipal de Atención a Población Desplazada empezaron a articularse las instituciones que nos han apoyado en este proceso”, recuerda Josefina, mientras le arregla la camiseta a su nieto de cinco años.
“La primera ayuda que logramos a través de las gestiones del ACNUR y el PIU fue la luz”, asegura Gonzalo, el desplazado de 53 años que pobló primero que todos sus vecinos el terreno de reubicación. “Luego vino la construcción de la vía, para la cual la gente del barrio puso la mano de obra no calificada. También recibimos apoyo para la tubería de agua”, recuerda este campesino, que sobrevive diariamente de la venta de plantas ornamentales en la ciudad de Mocoa. Don Gonzalo, junto con su hijo, elabora las materas en las que comercializa las plantas aproximadamente a un precio de 5 mil pesos colombianos. En su casa también estableció una huerta donde cultiva alimentos para el autoabastecimiento.
En el diagnóstico participativo para el plan de reubicación fue también priorizada la necesidad de contar con un centro comunitario y un parque infantil. La obra complementaria a estos trabajos fue el hogar comunitario, porque los niños y niñas del barrio muchas veces se quedaban solos. Nueve pequeños del barrio hoy son cuidados por la profesora Loreny, quien lleva ocho meses trabajando en el hogar.
“Cuando los papás se van se quedan tranquilos, porque los nenés están bien cuidados. Acá los niños juegan en el parque, arman figuras, dibujan…”, explica la docente, quien recuerda que al principio el ambiente del barrio era más complicado, porque a él llegaron personas muy diferentes una de otra, pero asegura que ahora se están acostumbrando a vivir en comunidad.
Doña Josefina asegura que esto también se debe al proyecto de micropolítica que el ACNUR, a través de la Corporación Opción Legal, está trabajando en el asentamiento. La primera presidenta del barrio explica que el proceso ha fortalecido la convivencia entre los habitantes y que el beneficio ha sido incalculable para mejorar la interlocución de la comunidad con las autoridades locales.
Esto teniendo en cuenta que al menos un 58% de la población total de Mocoa se encuentra en situación de desplazamiento interno, lo que ha generado un desborde en la capacidad de respuesta institucional y un lento proceso de integración local de la población afectada.
En este sentido, el proyecto de micropolítica contribuye a dinamizar estructuras y procesos comunitarios que facilitan la interlocución con los entes territoriales y la búsqueda de soluciones conjuntas y duraderas.
La suma de todos los anteriores procesos ha demostrado que ofrecer soluciones duraderas para los desplazados internos es posible. Gracias a esto, se ha logrado que otras organizaciones e instituciones se sumen al plan de reubicación de la comunidad.
“La construcción de una comunidad no se hace sólo con infraestructura y cemento, sino con el compromiso social de sus miembros”, puntualiza doña Josefina, mientras el sol aún brilla en San Isidro. “Esto sí es una nueva vida, gracias a Dios”, suspira.
* Nombre cambiado por motivos de protección
La tarde ya entró a la ciudad, y los habitantes del barrio San Isidro empiezan a retornar a casa, dándole vida a este terreno de 38 hectáreas, en el cual residen 21 familias (101 personas) desplazadas por los grupos armados ilegales.
Catalina Román |
“Todo era monte al principio… esto era puro camino de herradura, no había agua, ni vías, ni nada”, cuenta Josefina*, una de las líderes de la comunidad, quien recuerda que la vida que hoy tiene el barrio inició con la integración de los “nuevos vecinos” a través de los almuerzos comunitarios, que se realizaban en la carpa bajo la cual vivían el primer poblador del barrio y su familia.
Después de un proceso de cartografía adelantado con la comunidad, en el desarrollo del Plan de Reubicación se identificó que la primera necesidad sentida era la vivienda. En el marco del trabajo con las instituciones, la Agencia Presidencial para la Acción Social entregó a las familias techos transitorios. Posteriormente, se inició un levantamiento de la cartografía del terreno y se empezaron a identificar los lugares de estructuración del barrio.
“A través del Comité Municipal de Atención a Población Desplazada empezaron a articularse las instituciones que nos han apoyado en este proceso”, recuerda Josefina, mientras le arregla la camiseta a su nieto de cinco años.
“La primera ayuda que logramos a través de las gestiones del ACNUR y el PIU fue la luz”, asegura Gonzalo, el desplazado de 53 años que pobló primero que todos sus vecinos el terreno de reubicación. “Luego vino la construcción de la vía, para la cual la gente del barrio puso la mano de obra no calificada. También recibimos apoyo para la tubería de agua”, recuerda este campesino, que sobrevive diariamente de la venta de plantas ornamentales en la ciudad de Mocoa. Don Gonzalo, junto con su hijo, elabora las materas en las que comercializa las plantas aproximadamente a un precio de 5 mil pesos colombianos. En su casa también estableció una huerta donde cultiva alimentos para el autoabastecimiento.
En el diagnóstico participativo para el plan de reubicación fue también priorizada la necesidad de contar con un centro comunitario y un parque infantil. La obra complementaria a estos trabajos fue el hogar comunitario, porque los niños y niñas del barrio muchas veces se quedaban solos. Nueve pequeños del barrio hoy son cuidados por la profesora Loreny, quien lleva ocho meses trabajando en el hogar.
“Cuando los papás se van se quedan tranquilos, porque los nenés están bien cuidados. Acá los niños juegan en el parque, arman figuras, dibujan…”, explica la docente, quien recuerda que al principio el ambiente del barrio era más complicado, porque a él llegaron personas muy diferentes una de otra, pero asegura que ahora se están acostumbrando a vivir en comunidad.
Doña Josefina asegura que esto también se debe al proyecto de micropolítica que el ACNUR, a través de la Corporación Opción Legal, está trabajando en el asentamiento. La primera presidenta del barrio explica que el proceso ha fortalecido la convivencia entre los habitantes y que el beneficio ha sido incalculable para mejorar la interlocución de la comunidad con las autoridades locales.
Esto teniendo en cuenta que al menos un 58% de la población total de Mocoa se encuentra en situación de desplazamiento interno, lo que ha generado un desborde en la capacidad de respuesta institucional y un lento proceso de integración local de la población afectada.
En este sentido, el proyecto de micropolítica contribuye a dinamizar estructuras y procesos comunitarios que facilitan la interlocución con los entes territoriales y la búsqueda de soluciones conjuntas y duraderas.
La suma de todos los anteriores procesos ha demostrado que ofrecer soluciones duraderas para los desplazados internos es posible. Gracias a esto, se ha logrado que otras organizaciones e instituciones se sumen al plan de reubicación de la comunidad.
“La construcción de una comunidad no se hace sólo con infraestructura y cemento, sino con el compromiso social de sus miembros”, puntualiza doña Josefina, mientras el sol aún brilla en San Isidro. “Esto sí es una nueva vida, gracias a Dios”, suspira.
* Nombre cambiado por motivos de protección