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GUATEMALA.Estado, dinero y las mujeres

OPINIÓN de Ileana Alamilla    

Una misión internacional integrada por expertas, juristas, feministas y luchadoras por los derechos de las mujeres visitó nuestro país para documentar, poner rostro y abordar de viva voz la cruda realidad de las mujeres en la región, hacer una evaluación del seguimiento de avances y conseguir compromisos de los entes del Estado relacionados con las mujeres.

La delegación exhortó al nuevo gobierno, especialmente al ministro de Gobernación, a que sitúe en la política de seguridad el problema de la violencia contra las mujeres. Que esta ocupe un lugar prioritario, con medidas pertinentes, tal como lo recomienda el Parlamento Europeo; que se persiga, castigue y erradique el femicidio, lo que debe tener preeminencia en cualquier estado de Derecho.

Las mujeres son sometidas a una permanente desigualdad histórica, de poder, económica y social, además de la desigualdad en el acceso a la justicia, lo que acrecienta exponencialmente su vulnerabilidad. La presencia del crimen organizado complementa el cuadro, sobre todo porque se ha enfocado en la trata de personas y en el tráfico sexual de niñas y niños. En Guatemala tenemos una de las tasas más altas de asesinatos de mujeres: 100 por cada 100 mil habitantes. Según las peritas, hay un patrón en los asesinatos, ya que primero son desaparecidas, privadas de su libertad.

Urgen medidas de prevención y de protección, tanto como la seguridad y la reparación del daño. Es el gobierno el llamado a impulsar esas políticas. Son tantas las deficiencias existentes que es difícil establecer prioridades, pero sin estadísticas y registro unificados será imposible mejorar el diagnóstico y lograr la eficacia de las medidas. La investigación, la reparación y el castigo van de la mano, pero también debe mejorarse la coordinación interinstitucional.

El Inacif ofreció mejorar el flujo de información en esta materia y dar más acceso a ella, continuar con los mecanismos de evaluación de desempeño y los procesos de depuración del personal, para que la atención sea de calidad y con calidez, establecer formas de coordinación con el MP para garantizar una adecuada investigación e incorporar nuevas tecnologías para el banco de genética. La fiscal general ofreció la creación de un registro con 10 variables sociodemográficas. La Comisión de la Mujer del Congreso prometió incorporar en la agenda legislativa la ratificación del Estatuto de Roma, organizar un Congreso Interparlamentario Mesoamericano y hacer una campaña con los alcaldes y autoridades locales para que aborden el problema.

El compromiso más patético fue el del magistrado vocal segundo de la Corte Suprema de Justicia, quien solo se comprometió a que el pleno reciba información sobre las ventajas que tendría la adhesión al Estatuto de Roma. Pero ilustrar a la Magistratura sobre la Corte Penal Internacional no solo es absurdo para ese alto tribunal, sino que innecesario; cualquiera puede hacer llegar información sin esa promesa. Esperamos que esta postura sea rectificada por la magistrada presidente, Thelma Aldana, quien ha patentizado con acciones la defensa de los derechos humanos de las mujeres y ha mencionado la necesidad de hacer una evaluación de los juzgados especializados para el delito de femicidio, la instalación de otros y continuar con las capacitaciones al personal.

Todo esto está amarrado al presupuesto. Sin dinero nada se puede hacer, esa es la concreción de la voluntad. Veremos quién la patentiza y si de verdad la seguridad será una prioridad.


*Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA

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