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Irritación por preocupación

OPINIÓN de Teodoro Rentería Arróyave   

De que irritó, irritó en Los Pinos la demanda que presentaron más de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional contra el presidente, Felipe Calderón Hinojosa y los titulares de su gabinete de seguridad por los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad.

El problema ha aflorado más allá de las rejas de Chapultepec que custodian a la Residencia Oficial Presidencial, puesto que en lugar de preocupar la acusación ante la corte de La Haya, irritó de tal manera que consejeros también irritados redactaron un largo, larguísimo desplegado que con cargo al erario ordenaron publicar en un sinfín de diarios de la República.

Por la tarde vinieron sino los arrepentimientos, cuando menos la mesura, a tal grado que la Coordinara General de Comunicación Social y Vocera del Gobierno Federal, Alejandra Mota Mirafuentes trató de atemperar el sentido de la contrademanda que se había anunciado para castigar a los demandantes que osaron acusar al presidente Calderón Hinojosa.

En verdad que caló y fuerte la serie de comentarios contra el despropósito, como el nuestro en que señalamos que sería un espectáculo inédito ver apresados y encerrados en la cárcel a los 23 mil denunciantes, comentario que hoy no pocos caricaturistas manejan con especial destreza.

Nuevamente revisemos el párrafo final del multicitado desplegado: “Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.

Recurren a voces autorizadas sin mencionar un solo nombre, afirman que la demanda afecta terriblemente el buen nombre de México, sin aceptar el mea culpa de los más de 50 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos que ha dejado la cruenta lucha contra el crimen organizado, que ahora ya no es guerra y finalmente la amenaza de proceder legalmente con los demandantes.

Algo más, en el largo escrito se acepta que existen violaciones a los derechos humanos a la población, motivo de la demanda internacional, que por supuesto aseguran, “son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano”, pero eso sí, aclara, “no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el Gobierno Federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber”.

El caso es que tanto las Comisiones de Derechos Humanos, federal y locales como las Organizaciones no Gubernamentales, ONGs, tienen documentados cientos de casos no atendidos como los 420 que fueron presentados por los demandantes.

La Presidencia de la República en lugar de irritarse debe preocuparse y dejar que sea la Corte Penal Internacional de la Haya la que decida, primero si ha lugar a la entrada de la demanda y segundo, si la acepta, defenderse conforme al derecho internacional proceda.

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