OPINIÓN de José Arlex Arias Arias
En el debate electoral para la presidencia hubo personalidades y partidos que expresaron que “Santos Uno, equivalía a Uribe Tres”, para denotar que un futuro gobierno suyo significaría, más que un cambio de estilo en la forma de decir y hacer las cosas, la profundización del modelo neoliberal que para ser implementado necesita un régimen autoritario; por esta razón, el imperio norteamericano precisaba de una figura que concitara a una Unidad Nacional, evitando la reacción que estaba generando Uribe, pero que en el contenido sirviera a los intereses de sus multinacionales y la banca multilateral. Ese era Juan Manuel Santos, un buen estratega para sus intereses –algunos opinan que mejor tahúr-, por la capacidad de manipulación y maniobra.
Santos no los ha defraudado. La reforma a las regalías le limita los recursos a las regiones para concentrarlos en unos fondos que entrega a los especuladores financieros; continúa concesionando los recursos naturales a cambio de pírricas regalías; mantiene la exoneración tributaria con la cual el Estado deja de recibir “billonarios” recursos; recapitaliza a multinacionales como Telefónica, a través de una ley presentada por su Gobierno que le adjudica a Coltel, de la cual Telefónica es propietaria del 52%, $3.5 billones. Para que no queden dudas, finiquita la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, encargado de: arrasar la producción nacional por la importación masiva, generar desempleo estructural, proliferando el rebusque, y que el país renuncie a la autonomía para lograr un desarrollo tecnológico y científico.
Pero si algo retrata a Santos es la adecuación de la superestructura del Estado a dichas conveniencias. En este aspecto, ha criminalizado la lucha social: mediante la Ley de Seguridad Ciudadana estableció que quien obstaculice una vía pública tendrá prisión de 3 a 4 años, es decir, sin excarcelación, como a los peores bandidos. Es un peldaño en la arquitectura de un Estado policivo. Pero el gran salto lo está dando en la Reforma a la Justicia, una propuesta tan regresiva que ultraconservadores como el Procurador Alejandro Ordoñez le han pedido que la retire, en carta conjunta firmada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y por la Fiscal, Vivian Morales; esto sin mencionar editorialistas, analistas y columnistas.
Santos se hace “el ciego y sordo”; en respuesta, consideró que “el proyecto es un paso en la dirección correcta y de ninguna manera vulnera la independencia del poder judicial ni tampoco busca privatizar la justicia”. Al contrario, los Altos Tribunales dicen que viola la separación de poderes, concentrándolos en el Presidente y el Legislativo: elimina el papel que cumplen las Cortes en la elección del Procurador, Registrador y Contralor -en los dos primeros la terna la elaboraría el Presidente y elige el Congreso y, en el tercero, ternará el Senado y escogerá la Cámara; el Presidente forma la terna para Fiscal General-. Con el ministro de Justicia en la Sala de Gobierno del Consejo de la Judicatura, el Ejecutivo se entromete en los asuntos internos de la Rama Judicial, definiendo: existencia de juzgados y tribunales, actuación de jueces y magistrados, administración de la carrera judicial y aprobación de su presupuesto. El proyecto le otorga a la Sala Disciplinaria del mismo Consejo -elegida por el Congreso de terna del Presidente- el derecho a juzgar la actuación de los jueces, quedando el Ejecutivo en una posición de dominio sobre la rama judicial.
Hay otros aspectos tan graves como los anteriores: la profundización de la privatización de la justicia que inició Uribe con “los aranceles judiciales” -un cobro por la administración de justicia- facultando a notarios y abogados para impartir justicia –hoy reservada a los jueces-; la ampliación del fuero militar -que a pesar de las advertencias de organizaciones internacionales va hacia delante- establece que no serán de la justicia ordinaria sino de la militar, “las operaciones y procedimientos en los que miembros de la fuerza pública violen la ley”, patente de corso para legalizar los eufemísticos “falsos Positivos”. Pero el campanazo va más allá: Santos pretendió –hundido a última hora en conciliación- despojar a la Corte Suprema la investigación y juzgamiento de funcionarios con fuero especial, a cambio de una “Supercorte” de bolsillo, compuesta por 6 magistrados elegidos: 2 por el Presidente de la República, 2 por el Congreso y 2 por el Consejo Superior de la Judicatura.
Si ésta no es la arquitectura de un Estado fascista y dictatorial, entonces ¿qué es una dictadura civil? Por eso Santos ha avanzado más que Uribe y es peor que éste.
En el debate electoral para la presidencia hubo personalidades y partidos que expresaron que “Santos Uno, equivalía a Uribe Tres”, para denotar que un futuro gobierno suyo significaría, más que un cambio de estilo en la forma de decir y hacer las cosas, la profundización del modelo neoliberal que para ser implementado necesita un régimen autoritario; por esta razón, el imperio norteamericano precisaba de una figura que concitara a una Unidad Nacional, evitando la reacción que estaba generando Uribe, pero que en el contenido sirviera a los intereses de sus multinacionales y la banca multilateral. Ese era Juan Manuel Santos, un buen estratega para sus intereses –algunos opinan que mejor tahúr-, por la capacidad de manipulación y maniobra.
Santos no los ha defraudado. La reforma a las regalías le limita los recursos a las regiones para concentrarlos en unos fondos que entrega a los especuladores financieros; continúa concesionando los recursos naturales a cambio de pírricas regalías; mantiene la exoneración tributaria con la cual el Estado deja de recibir “billonarios” recursos; recapitaliza a multinacionales como Telefónica, a través de una ley presentada por su Gobierno que le adjudica a Coltel, de la cual Telefónica es propietaria del 52%, $3.5 billones. Para que no queden dudas, finiquita la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, encargado de: arrasar la producción nacional por la importación masiva, generar desempleo estructural, proliferando el rebusque, y que el país renuncie a la autonomía para lograr un desarrollo tecnológico y científico.
Pero si algo retrata a Santos es la adecuación de la superestructura del Estado a dichas conveniencias. En este aspecto, ha criminalizado la lucha social: mediante la Ley de Seguridad Ciudadana estableció que quien obstaculice una vía pública tendrá prisión de 3 a 4 años, es decir, sin excarcelación, como a los peores bandidos. Es un peldaño en la arquitectura de un Estado policivo. Pero el gran salto lo está dando en la Reforma a la Justicia, una propuesta tan regresiva que ultraconservadores como el Procurador Alejandro Ordoñez le han pedido que la retire, en carta conjunta firmada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y por la Fiscal, Vivian Morales; esto sin mencionar editorialistas, analistas y columnistas.
Santos se hace “el ciego y sordo”; en respuesta, consideró que “el proyecto es un paso en la dirección correcta y de ninguna manera vulnera la independencia del poder judicial ni tampoco busca privatizar la justicia”. Al contrario, los Altos Tribunales dicen que viola la separación de poderes, concentrándolos en el Presidente y el Legislativo: elimina el papel que cumplen las Cortes en la elección del Procurador, Registrador y Contralor -en los dos primeros la terna la elaboraría el Presidente y elige el Congreso y, en el tercero, ternará el Senado y escogerá la Cámara; el Presidente forma la terna para Fiscal General-. Con el ministro de Justicia en la Sala de Gobierno del Consejo de la Judicatura, el Ejecutivo se entromete en los asuntos internos de la Rama Judicial, definiendo: existencia de juzgados y tribunales, actuación de jueces y magistrados, administración de la carrera judicial y aprobación de su presupuesto. El proyecto le otorga a la Sala Disciplinaria del mismo Consejo -elegida por el Congreso de terna del Presidente- el derecho a juzgar la actuación de los jueces, quedando el Ejecutivo en una posición de dominio sobre la rama judicial.
Hay otros aspectos tan graves como los anteriores: la profundización de la privatización de la justicia que inició Uribe con “los aranceles judiciales” -un cobro por la administración de justicia- facultando a notarios y abogados para impartir justicia –hoy reservada a los jueces-; la ampliación del fuero militar -que a pesar de las advertencias de organizaciones internacionales va hacia delante- establece que no serán de la justicia ordinaria sino de la militar, “las operaciones y procedimientos en los que miembros de la fuerza pública violen la ley”, patente de corso para legalizar los eufemísticos “falsos Positivos”. Pero el campanazo va más allá: Santos pretendió –hundido a última hora en conciliación- despojar a la Corte Suprema la investigación y juzgamiento de funcionarios con fuero especial, a cambio de una “Supercorte” de bolsillo, compuesta por 6 magistrados elegidos: 2 por el Presidente de la República, 2 por el Congreso y 2 por el Consejo Superior de la Judicatura.
Si ésta no es la arquitectura de un Estado fascista y dictatorial, entonces ¿qué es una dictadura civil? Por eso Santos ha avanzado más que Uribe y es peor que éste.
