OPINI脫N de Pascual Serrano
Es frecuente utilizar el t茅rmino libertad de prensa para referirse a la libertad de expresi贸n. Yo prefiero 茅ste 煤ltimo o, mejor todav铆a, derecho a informar y estar informado. En principio, la libertad de prensa deber铆a consistir en la existencia de garant铆as para que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edici贸n de medios de comunicaci贸n cuyos contenidos no est茅n controlados ni censurados por los poderes del Estado. El problema es que en un sistema de econom铆a de mercado como el actual, con el grado de industrializaci贸n tan desarrollado que requieren los medios de comunicaci贸n y las grandes inversiones imprescindibles, ese derecho solo puede ser utilizado por un determinado sector social. Hoy no existe en ning煤n pa铆s industrializado un medio de comunicaci贸n m铆nimamente fuerte e influyente que haya nacido como resultado de un grupo de ciudadanos que se hayan organizado para poder p煤blicamente expresarse. Por tanto, confundir libertad de prensa con libertad de expresi贸n es como confundir el derecho a la salud con el derecho a crear y poner en funcionamiento un hospital. No estoy en contra de ello, como no estoy en contra de que un empresario funde un peri贸dico, pero eso es muy diferente de la libertad de expresi贸n. De modo que en la realidad la libertad de prensa es, dig谩moslo as铆, el derecho del empresariado a operar en un determinado sector. No es ning煤n derecho de la ciudadan铆a en general.
Cuarto Poder
En los periodos de la revoluci贸n francesa se acu帽贸 el t茅rmino Cuarto Poder para referirse a los medios de comunicaci贸n. Con esa denominaci贸n se planteaba que los medios iban a ser el cuarto poder, es decir, ese poder ciudadano que vigilar铆a a los otros tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Con el paso de los a帽os y el desarrollo de la econom铆a de mercado hemos comprobado que los tres citados poderes est谩n siendo gravemente amenazados por el poder econ贸mico que, con su influencia, su ambici贸n desmedida y su capacidad de corrupci贸n se ha convertido en un actor fundamental de nuestros sistemas pol铆ticos. A pesar de esta peligrosa influencia, los tres poderes tradicionales mantienen mecanismos de democracia y control p煤blico de mayor o menor efectividad. Sin embargo, es el cuarto poder, el medi谩tico, el que se ha visto totalmente permeabilizado y controlado por el poder econ贸mico. Los procesos pol铆ticos neoliberales sufridos en la d茅cada de los ochenta y noventa arrasaron con los sistemas de informaci贸n p煤blicos con el apoyo de la derecha y la indiferencia de la izquierda que, con raz贸n, los asociaba a los dictadores anteriores. A ello se a帽ad铆a el papel cada vez m谩s sofisticado y potente que han adquirido los medios de comunicaci贸n en las sociedades democr谩ticas, donde la conformaci贸n de la opini贸n p煤blica es un elemento fundamental para el ejercicio del poder. Como resultado tenemos un cuarto poder con las siguientes caracter铆sticas:
Es un mero ap茅ndice de grupos econ贸micos empresariales.
No dudar铆amos en considerarlo m谩s poderoso que los otros tres. Basta observar la agresividad con la que han reaccionado ante las pol铆ticas progresistas en Am茅rica Latina. Hoy la oposici贸n a estos gobiernos no son los partidos pol铆ticos de la ideolog铆a contraria con su correspondiente militancia ciudadana, son los grandes medios de comunicaci贸n que se han convertido en actores pol铆ticos fundamentales.
A diferencia de los otros tres poderes, el medi谩tico no tiene ninguna legitimidad democr谩tica. Nadie les vota, nadie les elige. En Brasil, se le ha llegado a denominar “coronelismo informativo”, creo que el t茅rmino, teniendo en cuenta lo que significan en Am茅rica Latina los coronoles, es suficientemente elocuente.
Bajo el paraguas de la libertad de prensa han logrado un nivel de impunidad impresionante. Los medios hoy mienten constantemente, manipulan, insultan, desprestigian y destrozan prestigios y trayectorias de quien se les ponga en su camino. Su intolerancia ante cualquier poder leg铆timo y democr谩tico que ose tocar sus privilegios es absoluta. Han embestido duramente contra los gobiernos latinoamericanos progresistas por desarrollar sus televisiones p煤blicas, por conceder licencias de emisi贸n a los movimientos sociales, por aprobar leyes que obligan a garantizar la veracidad de los contenidos. El pasado 31 de octubre aparec铆a este titular en el diario espa帽ol El Pa铆s: Los jueces amenazan la libertad de prensa en Latinoam茅rica. Como si los jueces latinoamericanos se hubieran puesto de acuerdo para atentar contra la libertad de prensa. Sencillamente estaban aplicando legislaciones aprobadas de forma democr谩tica y leg铆tima por gobiernos y parlamentos, en base a las cuales algunos medios estaban siendo sancionados por mentir, calumniar o hacer apolog铆a de delitos.
En la medida en que son empresas, no est谩n sometidos a controles econ贸micos como lo est谩n el resto de poderes. Un diputado, un funcionario, un ministro o un juez acabar铆a en prisi贸n si recibiera dinero de sector o persona en litigio. Los medios todos los d铆as reciben dinero (mediante publicidad o cualquier otra v铆a) de sectores interesados o con vocaci贸n de influencia social.
A diferencia tambi茅n de otros poderes, los medios no tienen un contrapoder. El gobierno tiene una oposici贸n, los empresarios tienen unos sindicatos, las empresas tienen asociaciones de usuarios. No hay contrapoder al medi谩tico. Se intent贸 con los denominados observatorios de comunicaci贸n pero no se han consolidado.
Recordemos que los due帽os de los medios no son ni siquiera empresarios de la comunicaci贸n, sus due帽os son emporios empresariales con acciones e intereses en todos los sectores, desde multinacionales de las telecomunicaciones que controlan las v铆as de difusi贸n de la informaci贸n hasta grupos bancarios imprescindibles para la financiaci贸n. Y su viabilidad depende de grandes anunciantes del tipo de empresas de hidrocarburos, automovil铆sticas, grandes almacenes. Estos medios no son ning煤n cuarto poder, son el poder del dinero. A帽adamos otro elemento. Seg煤n las legislaciones de las econom铆as de mercado, las empresas privadas est谩n obligadas por ley a maximizar los beneficios de sus accionistas. La ley proh铆be a los directivos empresariales y administradores del dinero ajeno llevar a cabo, en el marco de su empresa, cualquier actividad que afecte negativamente a los intereses econ贸micos de los accionistas. De este modo, pagar a sus trabajadores m谩s de lo imprescindible, cuidar el medio ambiente, trabajar en pos de la resoluci贸n de un conflicto b茅lico o defender los derechos humanos de una minor铆a, si afectaran negativamente a la cuenta de resultados de la corporaci贸n empresarial podr铆an ser denunciados por los accionistas y castigados penalmente1. Por lo tanto los principios 茅ticos y morales son incompatibles con el esp铆ritu del mercado. Es a partir de esta regla cuando podemos comenzar a comprender a d贸nde nos est谩n llevando los medios de comunicaci贸n, propiedades de grandes empresas privadas y su incompatibilidad con los valores de la democracia.
En consecuencia, a estos grupos de comunicaci贸n que tanto reivindican la libertad de prensa y se presentan como defenderos y baluartes de la democracia no les interesa la verdad, ni la democracia de la misma manera que no le interesa a un fabricante de lavadoras. Al contrario, defender谩n a esos bancos que desahucian a quienes no pagan sus hipotecas, a las grandes empresas que aplican despidos para mejorar sus ganancias, a las corporaciones que destruyen el planeta con tal de que sigan contratando publicidad, a los hospitales y universidades privadas que seguro insertar谩n m谩s anuncios que los servicios p煤blicos y adem谩s ser谩n de los mismos due帽os que los bancos que les financian. Un periodista estadounidense coment贸 que en su pa铆s se podr铆a escribir contra el presidente dem贸crata, o contra el presidente republicano; pero lo que nunca se pod铆a publicar es la noticia de que se hubiese descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola.
Y por supuesto, esos medios apoyaran a todos los pol铆ticos que propongan m谩s poder para el mercado y menos para los ciudadanos. Los peri贸dicos, las televisiones y las radios, con sus columnistas, sus editoriales, sus reportajes por encargo y sus informaciones manipuladas se lanzar谩n como hienas contra cualquiera que ose atentar contra los privilegios del mercado porque ellos est谩n creados para defenderlo. Y lo m谩s grave: a eso lo llamar谩n libertad de prensa.
Voy a contar un ejemplo de Espa帽a que ilustra el poder de los medios y sus empresas. Se trata de la publicidad de la prostituci贸n en prensa escrita. Podemos leer en cualquier peri贸dico la denuncia de las tristes condiciones de las trabajadoras del sexo y la explotaci贸n a la que se ven sometidas miles de mujeres procedentes de pa铆ses empobrecidos, pero son pocos los diarios que han renunciado a estos anuncios que les aportan ping眉es beneficios. Seg煤n una comisi贸n parlamentaria que abord贸 el asunto en 2007 y elabor贸 un informe sobre la situaci贸n de la prostituci贸n2, en un d铆a laboral, los peri贸dicos espa帽oles recog铆an entre 700 y cien anuncios de prostituci贸n. As铆, peri贸dicos como El Pa铆s y El Mundo, ingresaban en torno a seis millones de euros anuales. Otros, como el Grupo Vocento, llegaban hasta los 10 millones. El Gobierno espa帽ol elabor贸 un Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotaci贸n sexual que entr贸 en vigor el 1 de enero de 2009 y que defin铆a a las prostitutas como “v铆ctimas”. En Europa la prostituci贸n est谩 estrechamente ligada a una situaci贸n de semiesclavitud de mujeres tra铆das enga帽adas o a la fuerza. El Plan elaborado por el gobierno instaba a los diarios a que, mediante la autorregulaci贸n, eliminasen cualquier relaci贸n empresarial con la prostituci贸n. Apenas unos pocos peri贸dicos de segunda importancia siguieron la recomendaci贸n, la mayor铆a y los principales siguieron haciendo caja con esos anuncios. La prohibici贸n de esta publicidad a buen seguro contar铆a con el apoyo de todo el espectro social e ideol贸gico de la ciudadan铆a. Sin embargo ning煤n gobierno se atreve a prohibir los anuncios para no ofender a los grandes peri贸dicos que contin煤an as铆 lucr谩ndose con esta prostituci贸n3. Si los prohibiesen seguro que ser铆an acusados de atentar contra la libertad de prensa.
¿Por qu茅 la libertad de prensa no garantiza la libertad de expresi贸n de los ciudadanos?
El art铆culo 19 de la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos establece el derecho “a recibir informaciones y opiniones”. En el caso espa帽ol, nuestra Constituci贸n es la primera en Europa que recoge el derecho a recibir una informaci贸n “veraz”. Por lo tanto, si las noticias de nuestros medios no poseen la veracidad ni la calidad necesaria y las opiniones no est谩n equilibradas, se estar谩n violando los dos pilares legislativos fundamentales de nuestra comunidad por mucho que sigan alardeando de libertad de prensa.
Pero para que unos ciudadanos disfruten el derecho de recibir informaciones y opiniones se debe garantizar a otros el derecho de emitir informaciones y opiniones. Y ese derecho, todos los sabemos, lo posee solo un oligopolio de unas pocas empresas de comunicaci贸n. En consecuencia los medios no ejercen el derecho a la libertad de expresi贸n, ejercen el derecho a la censura puesto que deciden qu茅 es lo que se publica y difunde, y qu茅 es lo que no.
La nueva censura
Durante mucho tiempo hemos asociado dictadura o abuso de poder en lo relacionado con la informaci贸n con censura. Consist铆a en la prohibici贸n de difundir una determinada informaci贸n. Es evidente que el problema de la informaci贸n hoy no es la censura, en pocos pa铆ses se impide difundir un determinado dato, un determinado hecho o una determinada opini贸n. Sin embargo sigue existiendo un importante d茅ficit del derecho a la informaci贸n. O dicho de otra manera, existen otras formas de censura.
Y a煤n hay m谩s, el escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski comparaba la situaci贸n de censura que vivi贸 en su pa铆s durante el denominado socialismo real con el panorama actual en los medios. Seg煤n 茅l, aquella censura ahora est谩 maquillada por la manipulaci贸n. Si antes, en su Polonia natal, los gobiernos imped铆an la difusi贸n de determinadas noticias, ahora mediante los silenciamientos, la frivolizaci贸n, el desv铆o de la atenci贸n a asuntos menores, la marginaci贸n de intelectuales d铆scolos e incluso las mentiras, el panorama de desinformaci贸n de la misma v铆ctima –el ciudadano de a pie- no ha mejorado.
Analicemos dos s铆miles. Si estoy viviendo bajo un gobierno dictatorial que quiere impedir que me llegue la carta de un amigo procedente de fuera del pa铆s, 茅ste gobierno puede hacer lo tradicional de un sistema opresor: poner un polic铆a a vigilar mi buz贸n de correos y cuando llegue la carta apropi谩rsela e impedir que me llegue. O podr铆a hacer otra cosa, encargar a sus agentes dejar todos los d铆as quinientas cartas en mi buz贸n mezcladas con la que buena que llegue de mi amigo y que yo no la pueda diferenciar. De este modo habr谩n logrado igualmente obstaculizar la informaci贸n entre nosotros dos. Otro s铆mil es ese juego de ni帽os en el que Pepito le quiere decir algo a Juanito y el resto de los amigos no quiere que Juanito se entere. Entonces, cuando Pepito va a decir algo, todos empiezan a gritar y a hablar al mismo tiempo. Como resultado Juanito no sabe lo que Pepito le quiere contar.
Estaremos de acuerdo en que estos dos ejemplos gr谩ficos y anecd贸ticos poseen la misma eficacia que un sistema de censura para evitar la transmisi贸n de un mensaje. La idea que yo quiero transmitir es que existe una nueva forma de censura, diferente a la tradicional, pero igual de eficaz: Enterrar la verdad con la mentira o la informaci贸n in煤til. Si la impunidad de los medios les permite mentir sin asumir ninguna responsabilidad, lo har谩n constantemente, lo hacen, y el ciudadano no sabe diferenciar entre la verdad y la mentira, no sabe cu谩l es la verdad. O sea, igual que la censura de la dictadura.
El derecho a la censura
Seguimos hablando de censura. La libertad de expresi贸n -que ellos llaman libertad de prensa- debe consistir tambi茅n en que podamos conocer las reclamaciones y aportaciones de una asociaci贸n ecologista, un sindicato, unos abogados de derechos humanos, etc... Es decir, voces cr铆ticas que tienen algo que decir. ¿Existen prohibiciones para que esas personas y colectivos puedan hacer sus denuncias? En la mayor铆a de los pa铆ses no. Sin embargo, ¿qui茅n tiene el poder para que esas voces lleguen a los ciudadanos? Evidentemente los medios de comunicaci贸n. Ellos no ejercen el derecho a la libertad de expresi贸n, sino el derecho a la censura, en la medida en que deciden lo que vamos a conocer los ciudadanos y lo que no. Una democracia debe garantizar el derecho ciudadano a informar y ser informado, no puede quedar en manos de unas empresas de comunicaci贸n privadas sin participaci贸n democr谩tica, como sucede habitualmente. En nuestros sistemas de mercado no son los gobiernos los que aplican la censura, son los medios de comunicaci贸n.
Los medios atropellan a los otros poderes
Nuestra sociedad est谩 funcionando bajo los par谩metros de los medios de comunicaci贸n. Al apostar por una democracia representativa, el principal poder es la opini贸n p煤blica, de ah铆 que los agentes que operan en la conformaci贸n de esa opini贸n se han convertido en el poder principal de nuestras democracias. Los medios nacieron para llevar a la ciudadan铆a informaciones sobre acontecimientos, propuestas de los pol铆ticos, informaciones sobre las acciones de nuestros gobernantes, opiniones al respecto de la oposici贸n y de los movimientos sociales. Sin embargo, la hipertrofia del modelo medi谩tico ha convertido a los medios en interceptadores de la informaci贸n m谩s que en transmisores. Como resultado han terminado atropellando y desplazando a los otros tres poderes.
Ejecutivo. El poder ejecutivo se encuentra a merced de los medios para explicar a los ciudadanos sus pol铆ticas, posiciones o intenciones. Un presidente o un ministro (que representa a millones de personas) da una rueda de prensa y ser谩n los medios (que no representan a nadie) los que decidan si difunden su mensaje y c贸mo lo hacen. Un columnista de prensa tendr谩 m谩s acceso a los ciudadanos a trav茅s de su presencia medi谩tica que un ministro.
Legislativo. Los ciudadanos no van a los parlamentos a escuchar los debates, tampoco los siguen en directo por televisi贸n o radio. Son los medios los que transmiten lo que consideran oportuno. Yo mismo he comprobado c贸mo un partido de la oposici贸n que quiera denunciar algo convoca antes una rueda de prensa que una iniciativa parlamentaria para debatir en el Congreso. Y, a continuaci贸n, el gobierno convocar谩 una rueda de prensa para responder a la oposici贸n. De esta forma, la instituci贸n en la que se sustenta el poder legislativo, con sus representaciones proporcionales a los resultados electorales, sus procedimientos de debate e intervenci贸n, termina desplazada por los micr贸fonos y las c谩maras. Hoy, si un diputado tuviera que elegir entre media hora de intervenci贸n en el pleno del parlamento y diez minutos ante la televisi贸n elegir铆a lo segundo porque sabe que es m谩s eficaz.
Judicial. El poder judicial tampoco se libra del atropello medi谩tico. Todos sabemos que, cada vez con m谩s frecuencia, los jueces deciden aislar a los jurados durante el transcurso de los juicios para que no se vean condicionados por el clima creado por los medios de comunicaci贸n. Eso quiere decir que los medios poseen un poder sobre decisiones judiciales. En otros casos, los jueces, como los peri贸dicos, han terminado siendo v铆ctimas de campa帽as medi谩ticas indecentes. No hay que buscar los ejemplos en el tercer mundo. En Italia el juez Raimondo Mesiano conden贸 a la empresa de Berluconi, Fininvest, a indemnizar con 750 millones de euros al ciudadano De Benedetti por el denominado caso Mondadori. La sentencia estableci贸 que la empresa de Berluconi arrebat贸 de forma ilegal la propiedad de una editorial a Carlo De Benedetti. Entonces las televisiones de Berlusconi comienzan una campa帽a contra el juez, de m谩s de sesenta a帽os, para ridiculizarlo. Las c谩maras de la televisi贸n le siguen en secreto cuando pasea por la calle para ver si le descubren en alg煤n hecho poco honorable. Como no ven nada anormal emiten las im谩genes de c贸mo se dirige a la peluquer铆a. Le ridiculizan diciendo que anda despistado, que se comporta de forma extra帽a andando para delante para detr谩s, que no deja de fumar, (en realidad solo estaba en la calle esperando su turno en la peluquer铆a) y terminan el reportaje se帽alando “una extravagancia”: que lleva camisa blanca, pantal贸n azul, mocas铆n blanco y calcet铆n azul turquesa, que “no son los m谩s apropiados en un tribunal”, dice la periodista. La televisi贸n cuyo propietario tiene citas sexuales remuneradas con menores de edad se pronuncia sobre lo inapropiado de llevar calcetines azules. Todas las asociaciones de magistrados denunciaron la miserable campa帽a medi谩tica.
El papel del Estado
En los tradicionales reg铆menes dictatoriales, medio de comunicaci贸n de propiedad estatal era sin贸nimo de control por parte del aparato militar y represor. La verdad, la denuncia y la cr铆tica s贸lo pod铆an venir de medios no estatales que eran perseguidos y reprimidos. El modelo actual de democracia representativa, con todos sus defectos, ha variado esa situaci贸n, el Estado deja de ser el ente represor para convertirse, o deber铆a convertirse, en el leg铆timo delegado de la sociedad civil organizada. En democracia, los legisladores y gobernantes son nuestros representantes; las leyes, las que desea el pueblo, y su justicia, la que aplica la legislaci贸n aprobada por los representantes p煤blicos. No hay leg铆timos legisladores, ni leyes, ni jueces fuera del Estado democr谩tico, aunque s铆 grupos sociales representativos a tener en cuenta. Por tanto, y volviendo a los medios, es -o deber铆a ser- el Estado el garante de los valores de pluralidad, democracia y participaci贸n en los medios de comunicaci贸n. En realidad, no se trata de otra cosa diferente de lo que sucede con otros servicios y derechos, como la sanidad o la educaci贸n. Estamos convencidos de que s贸lo un Estado social y de derecho podr谩 garantizar asistencia m茅dica a quienes no tengan recursos y educaci贸n digna a todos los ciudadanos, algo que sabemos no har谩 nunca la sanidad privada o los colegios privados, planteados con el objetivo de lograr beneficios. De la misma forma, un sistema comunicacional basado en la empresa y el mercado tampoco podr谩 garantizar el derecho ciudadano a informar y a estar informado. La interpretaci贸n torticera del concepto de libertad de expresi贸n, presentada como libertad de prensa, consiste en el privilegio de los medios privados. En realidad lo que reivindican es el derecho a la censura, es decir, a ser ellos quienes eligen lo que se difunde o no.
Es verdad que los intentos de los gobernantes y sus partidos de controlar los medios p煤blicos son un problema que est谩 a la orden del d铆a, pero la alternativa ser谩 establecer mecanismos e instituciones que impidan ese control y m茅todos que garanticen la independencia y profesionalidad de periodistas y directivos. Adem谩s, los medios privados, aunque pueda parecer parad贸jico, pueden ser m谩s serviles con el poder pol铆tico que los p煤blicos. No olvidemos que gran parte de sus ingresos procede de decisiones gubernamentales: publicidad institucional, medidas fiscales beneficiosas, subvenciones, ayudas a I+D, etc. Y sin embargo, no existen los mecanismos de control que se pueden establecer para los p煤blicos: consejo editorial, representantes de la oposici贸n o comisi贸n parlamentaria, consejos ciudadanos... Esta situaci贸n origina un doble discurso de los due帽os de los medios privados: denuncian intervencionismo cuando las decisiones democr谩ticas no son de su gusto, pero exigen dinero y ayudas p煤blicas cuando tienen problemas econ贸micos.
No vamos a negar que, a pesar de todo, por ejemplo las televisiones p煤blicas no cuentan con los mecanismos de participaci贸n democr谩tica que todos desear铆amos, y que el poder de los gobiernos en muchas ocasiones es excesivo. Lo que es indiscutible es que los profesionales de las televisiones privadas nunca podr谩n denunciar y mostrar en pantalla los intentos de presi贸n por parte de sus propietarios. De modo que la verdadera independencia y pluralidad, la verdadera libertad de prensa, o viene de los medios de comunicaci贸n p煤blicos y comunitarios con apoyo del Estado o no vendr谩 nunca. Por tanto, la conclusi贸n es que debemos reivindicar el papel del Estado en los medios de comunicaci贸n, un papel, eso s铆, que se fundamente en la participaci贸n social y la pluralidad y no en el uso partidista de un gobierno. Del mismo modo que la Administraci贸n p煤blica contrata m茅dicos, catedr谩ticos de universidad, jueces y diplom谩ticos de carrera sin atender a su ideolog铆a ni condicionarles pol铆ticamente despu茅s, as铆 podr铆a suceder con los profesionales de los medios de comunicaci贸n p煤blicos. Todo sin olvidar el derecho de la ciudadan铆a organizada a crear sus propias v铆as de comunicaci贸n, medios comunitarios que realmente s贸lo podr谩n ser valiosos y s贸lidos si el Estado ayuda con recursos para que salgan de la marginalidad.
Debemos reconocer que, en democracia, ha habido muchos malos precedentes de medios p煤blicos que se han destinado al uso exclusivo del grupo pol铆tico gobernante, ignorando la voz de colectivos ciudadanos, opositores e intelectuales independientes. Pero eso no debe impedirnos que apostemos por el Estado como v铆a de democratizaci贸n del panorama comunicativo. No vamos a privatizar los juzgados porque consideremos a sus jueces demasiados parciales a favor del gobierno, no podemos pensar que el mercado nos proveer谩 de la pluralidad que no da el Estado. La estigmatizaci贸n de lo p煤blico en la que tanto ha insistido la ideolog铆a neoliberal ha sido eficaz en numerosas ocasiones, y una de ellas ha sido en la percepci贸n de lo p煤blico en lo referente a los medios de comunicaci贸n.
Nos encontramos ante un nuevo reto, buscar el m茅todo para que los ciudadanos recuperen su derecho a la informaci贸n mediante un Estado al que debemos exigir que cumpla con su obligaci贸n de garantizarlo. A ese Estado los ciudadanos debemos darle poder y el Estado a los ciudadanos, control. Esa es la verdadera libertad de prensa en una democracia.
Es frecuente utilizar el t茅rmino libertad de prensa para referirse a la libertad de expresi贸n. Yo prefiero 茅ste 煤ltimo o, mejor todav铆a, derecho a informar y estar informado. En principio, la libertad de prensa deber铆a consistir en la existencia de garant铆as para que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edici贸n de medios de comunicaci贸n cuyos contenidos no est茅n controlados ni censurados por los poderes del Estado. El problema es que en un sistema de econom铆a de mercado como el actual, con el grado de industrializaci贸n tan desarrollado que requieren los medios de comunicaci贸n y las grandes inversiones imprescindibles, ese derecho solo puede ser utilizado por un determinado sector social. Hoy no existe en ning煤n pa铆s industrializado un medio de comunicaci贸n m铆nimamente fuerte e influyente que haya nacido como resultado de un grupo de ciudadanos que se hayan organizado para poder p煤blicamente expresarse. Por tanto, confundir libertad de prensa con libertad de expresi贸n es como confundir el derecho a la salud con el derecho a crear y poner en funcionamiento un hospital. No estoy en contra de ello, como no estoy en contra de que un empresario funde un peri贸dico, pero eso es muy diferente de la libertad de expresi贸n. De modo que en la realidad la libertad de prensa es, dig谩moslo as铆, el derecho del empresariado a operar en un determinado sector. No es ning煤n derecho de la ciudadan铆a en general.
Cuarto Poder
En los periodos de la revoluci贸n francesa se acu帽贸 el t茅rmino Cuarto Poder para referirse a los medios de comunicaci贸n. Con esa denominaci贸n se planteaba que los medios iban a ser el cuarto poder, es decir, ese poder ciudadano que vigilar铆a a los otros tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Con el paso de los a帽os y el desarrollo de la econom铆a de mercado hemos comprobado que los tres citados poderes est谩n siendo gravemente amenazados por el poder econ贸mico que, con su influencia, su ambici贸n desmedida y su capacidad de corrupci贸n se ha convertido en un actor fundamental de nuestros sistemas pol铆ticos. A pesar de esta peligrosa influencia, los tres poderes tradicionales mantienen mecanismos de democracia y control p煤blico de mayor o menor efectividad. Sin embargo, es el cuarto poder, el medi谩tico, el que se ha visto totalmente permeabilizado y controlado por el poder econ贸mico. Los procesos pol铆ticos neoliberales sufridos en la d茅cada de los ochenta y noventa arrasaron con los sistemas de informaci贸n p煤blicos con el apoyo de la derecha y la indiferencia de la izquierda que, con raz贸n, los asociaba a los dictadores anteriores. A ello se a帽ad铆a el papel cada vez m谩s sofisticado y potente que han adquirido los medios de comunicaci贸n en las sociedades democr谩ticas, donde la conformaci贸n de la opini贸n p煤blica es un elemento fundamental para el ejercicio del poder. Como resultado tenemos un cuarto poder con las siguientes caracter铆sticas:
Es un mero ap茅ndice de grupos econ贸micos empresariales.
No dudar铆amos en considerarlo m谩s poderoso que los otros tres. Basta observar la agresividad con la que han reaccionado ante las pol铆ticas progresistas en Am茅rica Latina. Hoy la oposici贸n a estos gobiernos no son los partidos pol铆ticos de la ideolog铆a contraria con su correspondiente militancia ciudadana, son los grandes medios de comunicaci贸n que se han convertido en actores pol铆ticos fundamentales.
A diferencia de los otros tres poderes, el medi谩tico no tiene ninguna legitimidad democr谩tica. Nadie les vota, nadie les elige. En Brasil, se le ha llegado a denominar “coronelismo informativo”, creo que el t茅rmino, teniendo en cuenta lo que significan en Am茅rica Latina los coronoles, es suficientemente elocuente.
Bajo el paraguas de la libertad de prensa han logrado un nivel de impunidad impresionante. Los medios hoy mienten constantemente, manipulan, insultan, desprestigian y destrozan prestigios y trayectorias de quien se les ponga en su camino. Su intolerancia ante cualquier poder leg铆timo y democr谩tico que ose tocar sus privilegios es absoluta. Han embestido duramente contra los gobiernos latinoamericanos progresistas por desarrollar sus televisiones p煤blicas, por conceder licencias de emisi贸n a los movimientos sociales, por aprobar leyes que obligan a garantizar la veracidad de los contenidos. El pasado 31 de octubre aparec铆a este titular en el diario espa帽ol El Pa铆s: Los jueces amenazan la libertad de prensa en Latinoam茅rica. Como si los jueces latinoamericanos se hubieran puesto de acuerdo para atentar contra la libertad de prensa. Sencillamente estaban aplicando legislaciones aprobadas de forma democr谩tica y leg铆tima por gobiernos y parlamentos, en base a las cuales algunos medios estaban siendo sancionados por mentir, calumniar o hacer apolog铆a de delitos.
En la medida en que son empresas, no est谩n sometidos a controles econ贸micos como lo est谩n el resto de poderes. Un diputado, un funcionario, un ministro o un juez acabar铆a en prisi贸n si recibiera dinero de sector o persona en litigio. Los medios todos los d铆as reciben dinero (mediante publicidad o cualquier otra v铆a) de sectores interesados o con vocaci贸n de influencia social.
A diferencia tambi茅n de otros poderes, los medios no tienen un contrapoder. El gobierno tiene una oposici贸n, los empresarios tienen unos sindicatos, las empresas tienen asociaciones de usuarios. No hay contrapoder al medi谩tico. Se intent贸 con los denominados observatorios de comunicaci贸n pero no se han consolidado.
Recordemos que los due帽os de los medios no son ni siquiera empresarios de la comunicaci贸n, sus due帽os son emporios empresariales con acciones e intereses en todos los sectores, desde multinacionales de las telecomunicaciones que controlan las v铆as de difusi贸n de la informaci贸n hasta grupos bancarios imprescindibles para la financiaci贸n. Y su viabilidad depende de grandes anunciantes del tipo de empresas de hidrocarburos, automovil铆sticas, grandes almacenes. Estos medios no son ning煤n cuarto poder, son el poder del dinero. A帽adamos otro elemento. Seg煤n las legislaciones de las econom铆as de mercado, las empresas privadas est谩n obligadas por ley a maximizar los beneficios de sus accionistas. La ley proh铆be a los directivos empresariales y administradores del dinero ajeno llevar a cabo, en el marco de su empresa, cualquier actividad que afecte negativamente a los intereses econ贸micos de los accionistas. De este modo, pagar a sus trabajadores m谩s de lo imprescindible, cuidar el medio ambiente, trabajar en pos de la resoluci贸n de un conflicto b茅lico o defender los derechos humanos de una minor铆a, si afectaran negativamente a la cuenta de resultados de la corporaci贸n empresarial podr铆an ser denunciados por los accionistas y castigados penalmente1. Por lo tanto los principios 茅ticos y morales son incompatibles con el esp铆ritu del mercado. Es a partir de esta regla cuando podemos comenzar a comprender a d贸nde nos est谩n llevando los medios de comunicaci贸n, propiedades de grandes empresas privadas y su incompatibilidad con los valores de la democracia.
En consecuencia, a estos grupos de comunicaci贸n que tanto reivindican la libertad de prensa y se presentan como defenderos y baluartes de la democracia no les interesa la verdad, ni la democracia de la misma manera que no le interesa a un fabricante de lavadoras. Al contrario, defender谩n a esos bancos que desahucian a quienes no pagan sus hipotecas, a las grandes empresas que aplican despidos para mejorar sus ganancias, a las corporaciones que destruyen el planeta con tal de que sigan contratando publicidad, a los hospitales y universidades privadas que seguro insertar谩n m谩s anuncios que los servicios p煤blicos y adem谩s ser谩n de los mismos due帽os que los bancos que les financian. Un periodista estadounidense coment贸 que en su pa铆s se podr铆a escribir contra el presidente dem贸crata, o contra el presidente republicano; pero lo que nunca se pod铆a publicar es la noticia de que se hubiese descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola.
Y por supuesto, esos medios apoyaran a todos los pol铆ticos que propongan m谩s poder para el mercado y menos para los ciudadanos. Los peri贸dicos, las televisiones y las radios, con sus columnistas, sus editoriales, sus reportajes por encargo y sus informaciones manipuladas se lanzar谩n como hienas contra cualquiera que ose atentar contra los privilegios del mercado porque ellos est谩n creados para defenderlo. Y lo m谩s grave: a eso lo llamar谩n libertad de prensa.
Voy a contar un ejemplo de Espa帽a que ilustra el poder de los medios y sus empresas. Se trata de la publicidad de la prostituci贸n en prensa escrita. Podemos leer en cualquier peri贸dico la denuncia de las tristes condiciones de las trabajadoras del sexo y la explotaci贸n a la que se ven sometidas miles de mujeres procedentes de pa铆ses empobrecidos, pero son pocos los diarios que han renunciado a estos anuncios que les aportan ping眉es beneficios. Seg煤n una comisi贸n parlamentaria que abord贸 el asunto en 2007 y elabor贸 un informe sobre la situaci贸n de la prostituci贸n2, en un d铆a laboral, los peri贸dicos espa帽oles recog铆an entre 700 y cien anuncios de prostituci贸n. As铆, peri贸dicos como El Pa铆s y El Mundo, ingresaban en torno a seis millones de euros anuales. Otros, como el Grupo Vocento, llegaban hasta los 10 millones. El Gobierno espa帽ol elabor贸 un Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotaci贸n sexual que entr贸 en vigor el 1 de enero de 2009 y que defin铆a a las prostitutas como “v铆ctimas”. En Europa la prostituci贸n est谩 estrechamente ligada a una situaci贸n de semiesclavitud de mujeres tra铆das enga帽adas o a la fuerza. El Plan elaborado por el gobierno instaba a los diarios a que, mediante la autorregulaci贸n, eliminasen cualquier relaci贸n empresarial con la prostituci贸n. Apenas unos pocos peri贸dicos de segunda importancia siguieron la recomendaci贸n, la mayor铆a y los principales siguieron haciendo caja con esos anuncios. La prohibici贸n de esta publicidad a buen seguro contar铆a con el apoyo de todo el espectro social e ideol贸gico de la ciudadan铆a. Sin embargo ning煤n gobierno se atreve a prohibir los anuncios para no ofender a los grandes peri贸dicos que contin煤an as铆 lucr谩ndose con esta prostituci贸n3. Si los prohibiesen seguro que ser铆an acusados de atentar contra la libertad de prensa.
¿Por qu茅 la libertad de prensa no garantiza la libertad de expresi贸n de los ciudadanos?
El art铆culo 19 de la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos establece el derecho “a recibir informaciones y opiniones”. En el caso espa帽ol, nuestra Constituci贸n es la primera en Europa que recoge el derecho a recibir una informaci贸n “veraz”. Por lo tanto, si las noticias de nuestros medios no poseen la veracidad ni la calidad necesaria y las opiniones no est谩n equilibradas, se estar谩n violando los dos pilares legislativos fundamentales de nuestra comunidad por mucho que sigan alardeando de libertad de prensa.
Pero para que unos ciudadanos disfruten el derecho de recibir informaciones y opiniones se debe garantizar a otros el derecho de emitir informaciones y opiniones. Y ese derecho, todos los sabemos, lo posee solo un oligopolio de unas pocas empresas de comunicaci贸n. En consecuencia los medios no ejercen el derecho a la libertad de expresi贸n, ejercen el derecho a la censura puesto que deciden qu茅 es lo que se publica y difunde, y qu茅 es lo que no.
La nueva censura
Durante mucho tiempo hemos asociado dictadura o abuso de poder en lo relacionado con la informaci贸n con censura. Consist铆a en la prohibici贸n de difundir una determinada informaci贸n. Es evidente que el problema de la informaci贸n hoy no es la censura, en pocos pa铆ses se impide difundir un determinado dato, un determinado hecho o una determinada opini贸n. Sin embargo sigue existiendo un importante d茅ficit del derecho a la informaci贸n. O dicho de otra manera, existen otras formas de censura.
Y a煤n hay m谩s, el escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski comparaba la situaci贸n de censura que vivi贸 en su pa铆s durante el denominado socialismo real con el panorama actual en los medios. Seg煤n 茅l, aquella censura ahora est谩 maquillada por la manipulaci贸n. Si antes, en su Polonia natal, los gobiernos imped铆an la difusi贸n de determinadas noticias, ahora mediante los silenciamientos, la frivolizaci贸n, el desv铆o de la atenci贸n a asuntos menores, la marginaci贸n de intelectuales d铆scolos e incluso las mentiras, el panorama de desinformaci贸n de la misma v铆ctima –el ciudadano de a pie- no ha mejorado.
Analicemos dos s铆miles. Si estoy viviendo bajo un gobierno dictatorial que quiere impedir que me llegue la carta de un amigo procedente de fuera del pa铆s, 茅ste gobierno puede hacer lo tradicional de un sistema opresor: poner un polic铆a a vigilar mi buz贸n de correos y cuando llegue la carta apropi谩rsela e impedir que me llegue. O podr铆a hacer otra cosa, encargar a sus agentes dejar todos los d铆as quinientas cartas en mi buz贸n mezcladas con la que buena que llegue de mi amigo y que yo no la pueda diferenciar. De este modo habr谩n logrado igualmente obstaculizar la informaci贸n entre nosotros dos. Otro s铆mil es ese juego de ni帽os en el que Pepito le quiere decir algo a Juanito y el resto de los amigos no quiere que Juanito se entere. Entonces, cuando Pepito va a decir algo, todos empiezan a gritar y a hablar al mismo tiempo. Como resultado Juanito no sabe lo que Pepito le quiere contar.
Estaremos de acuerdo en que estos dos ejemplos gr谩ficos y anecd贸ticos poseen la misma eficacia que un sistema de censura para evitar la transmisi贸n de un mensaje. La idea que yo quiero transmitir es que existe una nueva forma de censura, diferente a la tradicional, pero igual de eficaz: Enterrar la verdad con la mentira o la informaci贸n in煤til. Si la impunidad de los medios les permite mentir sin asumir ninguna responsabilidad, lo har谩n constantemente, lo hacen, y el ciudadano no sabe diferenciar entre la verdad y la mentira, no sabe cu谩l es la verdad. O sea, igual que la censura de la dictadura.
El derecho a la censura
Seguimos hablando de censura. La libertad de expresi贸n -que ellos llaman libertad de prensa- debe consistir tambi茅n en que podamos conocer las reclamaciones y aportaciones de una asociaci贸n ecologista, un sindicato, unos abogados de derechos humanos, etc... Es decir, voces cr铆ticas que tienen algo que decir. ¿Existen prohibiciones para que esas personas y colectivos puedan hacer sus denuncias? En la mayor铆a de los pa铆ses no. Sin embargo, ¿qui茅n tiene el poder para que esas voces lleguen a los ciudadanos? Evidentemente los medios de comunicaci贸n. Ellos no ejercen el derecho a la libertad de expresi贸n, sino el derecho a la censura, en la medida en que deciden lo que vamos a conocer los ciudadanos y lo que no. Una democracia debe garantizar el derecho ciudadano a informar y ser informado, no puede quedar en manos de unas empresas de comunicaci贸n privadas sin participaci贸n democr谩tica, como sucede habitualmente. En nuestros sistemas de mercado no son los gobiernos los que aplican la censura, son los medios de comunicaci贸n.
Los medios atropellan a los otros poderes
Nuestra sociedad est谩 funcionando bajo los par谩metros de los medios de comunicaci贸n. Al apostar por una democracia representativa, el principal poder es la opini贸n p煤blica, de ah铆 que los agentes que operan en la conformaci贸n de esa opini贸n se han convertido en el poder principal de nuestras democracias. Los medios nacieron para llevar a la ciudadan铆a informaciones sobre acontecimientos, propuestas de los pol铆ticos, informaciones sobre las acciones de nuestros gobernantes, opiniones al respecto de la oposici贸n y de los movimientos sociales. Sin embargo, la hipertrofia del modelo medi谩tico ha convertido a los medios en interceptadores de la informaci贸n m谩s que en transmisores. Como resultado han terminado atropellando y desplazando a los otros tres poderes.
Ejecutivo. El poder ejecutivo se encuentra a merced de los medios para explicar a los ciudadanos sus pol铆ticas, posiciones o intenciones. Un presidente o un ministro (que representa a millones de personas) da una rueda de prensa y ser谩n los medios (que no representan a nadie) los que decidan si difunden su mensaje y c贸mo lo hacen. Un columnista de prensa tendr谩 m谩s acceso a los ciudadanos a trav茅s de su presencia medi谩tica que un ministro.
Legislativo. Los ciudadanos no van a los parlamentos a escuchar los debates, tampoco los siguen en directo por televisi贸n o radio. Son los medios los que transmiten lo que consideran oportuno. Yo mismo he comprobado c贸mo un partido de la oposici贸n que quiera denunciar algo convoca antes una rueda de prensa que una iniciativa parlamentaria para debatir en el Congreso. Y, a continuaci贸n, el gobierno convocar谩 una rueda de prensa para responder a la oposici贸n. De esta forma, la instituci贸n en la que se sustenta el poder legislativo, con sus representaciones proporcionales a los resultados electorales, sus procedimientos de debate e intervenci贸n, termina desplazada por los micr贸fonos y las c谩maras. Hoy, si un diputado tuviera que elegir entre media hora de intervenci贸n en el pleno del parlamento y diez minutos ante la televisi贸n elegir铆a lo segundo porque sabe que es m谩s eficaz.
Judicial. El poder judicial tampoco se libra del atropello medi谩tico. Todos sabemos que, cada vez con m谩s frecuencia, los jueces deciden aislar a los jurados durante el transcurso de los juicios para que no se vean condicionados por el clima creado por los medios de comunicaci贸n. Eso quiere decir que los medios poseen un poder sobre decisiones judiciales. En otros casos, los jueces, como los peri贸dicos, han terminado siendo v铆ctimas de campa帽as medi谩ticas indecentes. No hay que buscar los ejemplos en el tercer mundo. En Italia el juez Raimondo Mesiano conden贸 a la empresa de Berluconi, Fininvest, a indemnizar con 750 millones de euros al ciudadano De Benedetti por el denominado caso Mondadori. La sentencia estableci贸 que la empresa de Berluconi arrebat贸 de forma ilegal la propiedad de una editorial a Carlo De Benedetti. Entonces las televisiones de Berlusconi comienzan una campa帽a contra el juez, de m谩s de sesenta a帽os, para ridiculizarlo. Las c谩maras de la televisi贸n le siguen en secreto cuando pasea por la calle para ver si le descubren en alg煤n hecho poco honorable. Como no ven nada anormal emiten las im谩genes de c贸mo se dirige a la peluquer铆a. Le ridiculizan diciendo que anda despistado, que se comporta de forma extra帽a andando para delante para detr谩s, que no deja de fumar, (en realidad solo estaba en la calle esperando su turno en la peluquer铆a) y terminan el reportaje se帽alando “una extravagancia”: que lleva camisa blanca, pantal贸n azul, mocas铆n blanco y calcet铆n azul turquesa, que “no son los m谩s apropiados en un tribunal”, dice la periodista. La televisi贸n cuyo propietario tiene citas sexuales remuneradas con menores de edad se pronuncia sobre lo inapropiado de llevar calcetines azules. Todas las asociaciones de magistrados denunciaron la miserable campa帽a medi谩tica.
El papel del Estado
En los tradicionales reg铆menes dictatoriales, medio de comunicaci贸n de propiedad estatal era sin贸nimo de control por parte del aparato militar y represor. La verdad, la denuncia y la cr铆tica s贸lo pod铆an venir de medios no estatales que eran perseguidos y reprimidos. El modelo actual de democracia representativa, con todos sus defectos, ha variado esa situaci贸n, el Estado deja de ser el ente represor para convertirse, o deber铆a convertirse, en el leg铆timo delegado de la sociedad civil organizada. En democracia, los legisladores y gobernantes son nuestros representantes; las leyes, las que desea el pueblo, y su justicia, la que aplica la legislaci贸n aprobada por los representantes p煤blicos. No hay leg铆timos legisladores, ni leyes, ni jueces fuera del Estado democr谩tico, aunque s铆 grupos sociales representativos a tener en cuenta. Por tanto, y volviendo a los medios, es -o deber铆a ser- el Estado el garante de los valores de pluralidad, democracia y participaci贸n en los medios de comunicaci贸n. En realidad, no se trata de otra cosa diferente de lo que sucede con otros servicios y derechos, como la sanidad o la educaci贸n. Estamos convencidos de que s贸lo un Estado social y de derecho podr谩 garantizar asistencia m茅dica a quienes no tengan recursos y educaci贸n digna a todos los ciudadanos, algo que sabemos no har谩 nunca la sanidad privada o los colegios privados, planteados con el objetivo de lograr beneficios. De la misma forma, un sistema comunicacional basado en la empresa y el mercado tampoco podr谩 garantizar el derecho ciudadano a informar y a estar informado. La interpretaci贸n torticera del concepto de libertad de expresi贸n, presentada como libertad de prensa, consiste en el privilegio de los medios privados. En realidad lo que reivindican es el derecho a la censura, es decir, a ser ellos quienes eligen lo que se difunde o no.
Es verdad que los intentos de los gobernantes y sus partidos de controlar los medios p煤blicos son un problema que est谩 a la orden del d铆a, pero la alternativa ser谩 establecer mecanismos e instituciones que impidan ese control y m茅todos que garanticen la independencia y profesionalidad de periodistas y directivos. Adem谩s, los medios privados, aunque pueda parecer parad贸jico, pueden ser m谩s serviles con el poder pol铆tico que los p煤blicos. No olvidemos que gran parte de sus ingresos procede de decisiones gubernamentales: publicidad institucional, medidas fiscales beneficiosas, subvenciones, ayudas a I+D, etc. Y sin embargo, no existen los mecanismos de control que se pueden establecer para los p煤blicos: consejo editorial, representantes de la oposici贸n o comisi贸n parlamentaria, consejos ciudadanos... Esta situaci贸n origina un doble discurso de los due帽os de los medios privados: denuncian intervencionismo cuando las decisiones democr谩ticas no son de su gusto, pero exigen dinero y ayudas p煤blicas cuando tienen problemas econ贸micos.
No vamos a negar que, a pesar de todo, por ejemplo las televisiones p煤blicas no cuentan con los mecanismos de participaci贸n democr谩tica que todos desear铆amos, y que el poder de los gobiernos en muchas ocasiones es excesivo. Lo que es indiscutible es que los profesionales de las televisiones privadas nunca podr谩n denunciar y mostrar en pantalla los intentos de presi贸n por parte de sus propietarios. De modo que la verdadera independencia y pluralidad, la verdadera libertad de prensa, o viene de los medios de comunicaci贸n p煤blicos y comunitarios con apoyo del Estado o no vendr谩 nunca. Por tanto, la conclusi贸n es que debemos reivindicar el papel del Estado en los medios de comunicaci贸n, un papel, eso s铆, que se fundamente en la participaci贸n social y la pluralidad y no en el uso partidista de un gobierno. Del mismo modo que la Administraci贸n p煤blica contrata m茅dicos, catedr谩ticos de universidad, jueces y diplom谩ticos de carrera sin atender a su ideolog铆a ni condicionarles pol铆ticamente despu茅s, as铆 podr铆a suceder con los profesionales de los medios de comunicaci贸n p煤blicos. Todo sin olvidar el derecho de la ciudadan铆a organizada a crear sus propias v铆as de comunicaci贸n, medios comunitarios que realmente s贸lo podr谩n ser valiosos y s贸lidos si el Estado ayuda con recursos para que salgan de la marginalidad.
Debemos reconocer que, en democracia, ha habido muchos malos precedentes de medios p煤blicos que se han destinado al uso exclusivo del grupo pol铆tico gobernante, ignorando la voz de colectivos ciudadanos, opositores e intelectuales independientes. Pero eso no debe impedirnos que apostemos por el Estado como v铆a de democratizaci贸n del panorama comunicativo. No vamos a privatizar los juzgados porque consideremos a sus jueces demasiados parciales a favor del gobierno, no podemos pensar que el mercado nos proveer谩 de la pluralidad que no da el Estado. La estigmatizaci贸n de lo p煤blico en la que tanto ha insistido la ideolog铆a neoliberal ha sido eficaz en numerosas ocasiones, y una de ellas ha sido en la percepci贸n de lo p煤blico en lo referente a los medios de comunicaci贸n.
Nos encontramos ante un nuevo reto, buscar el m茅todo para que los ciudadanos recuperen su derecho a la informaci贸n mediante un Estado al que debemos exigir que cumpla con su obligaci贸n de garantizarlo. A ese Estado los ciudadanos debemos darle poder y el Estado a los ciudadanos, control. Esa es la verdadera libertad de prensa en una democracia.
*Pascual Serrano es periodista. Su 煤ltimo libro es "Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryzard Kapu艣ci艅sky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa" . Editorial Pen铆nsula. Barcelona
Este texto est谩 basado en la intervenci贸n en la mesa redonda “Democracia y libertad de prensa” dentro del Seminario “Democratizaci贸n de los medios”, organizado por la Asociaci贸n de Juristas de R铆o Grande del Sur (Ajuris), Altercom e Intervozes y celebrado en Porto Alegre, Brasil. 3 de noviembre de 2011. Parte de la informaci贸n y las argumentaciones expuestas proceden de mis libros El periodismo es noticia (Icaria 2010) y Desinformaci贸n. C贸mo los medios ocultan el mundo(Pen铆nsula, 2009)
1 Esta tesis es presentada extensamente en el libro Los guardianes del poder. El mito de la prensa progresista. David Edwards y David Cromwell (Txalaparta, 2011)
2 Acuerdo de la Comisi贸n Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades por el que se aprueba el Informe de la Ponencia sobre la situaci贸n actual de la prostituci贸n en nuestro pa铆s. BOE, 24-4-2007
3 Esta informaci贸n se presenta m谩s extensamente en el libro Traficantes de informaci贸n. La historia oculta de los grupos de comunicaci贸n espa帽oles. Pascual Serrano (Foca, 2010)
Este texto est谩 basado en la intervenci贸n en la mesa redonda “Democracia y libertad de prensa” dentro del Seminario “Democratizaci贸n de los medios”, organizado por la Asociaci贸n de Juristas de R铆o Grande del Sur (Ajuris), Altercom e Intervozes y celebrado en Porto Alegre, Brasil. 3 de noviembre de 2011. Parte de la informaci贸n y las argumentaciones expuestas proceden de mis libros El periodismo es noticia (Icaria 2010) y Desinformaci贸n. C贸mo los medios ocultan el mundo(Pen铆nsula, 2009)
1 Esta tesis es presentada extensamente en el libro Los guardianes del poder. El mito de la prensa progresista. David Edwards y David Cromwell (Txalaparta, 2011)
2 Acuerdo de la Comisi贸n Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades por el que se aprueba el Informe de la Ponencia sobre la situaci贸n actual de la prostituci贸n en nuestro pa铆s. BOE, 24-4-2007
3 Esta informaci贸n se presenta m谩s extensamente en el libro Traficantes de informaci贸n. La historia oculta de los grupos de comunicaci贸n espa帽oles. Pascual Serrano (Foca, 2010)