OPINI脫N de Ra煤l Wiener
Ayer vi retazos de una entrevista con la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos a la que Beto Ortiz quer铆a derrotar (y obtener el titular para el d铆a siguiente) contraponiendo el simple derecho del rendido a no ser eliminado por sus captores, a la crueldad de los secuestradores y a los cr铆menes del llamado terrorismo. El supuesto, era otra vez que las organizaciones de derechos humanos s贸lo se interesan por los subversivos (como ser铆a el caso Chav铆n de Hu谩ntar) y se olvidan del sufrimiento de los soldados y polic铆as v铆ctimas de la guerra, y de sus familias.
Obviamente Ortiz sabe que el centro de actividad de la Coordinadora y sus afiliadas ha sido la poblaci贸n civil afectada por la guerra, sin ser parte de ella. Desde hace un buen n煤mero de a帽os, sin embargo, se publican comunicados de solidaridad y condena cada vez que un uniformado cae en el VRAE o el Huallaga, y se hacen gestos para demostrar que los derechos humanos son los mismos para todos, pero para Giampietri, Rey, Flores Araoz, Alcorta y otros, nada de eso existe. Casi como si la palabra derechos humanos tuviera connotaci贸n pro-terrorista y que por extensi贸n eso implicara a la CIDH en Washington y a la Corte Internacional de Costa Rica.
Uno podr铆a decir que cuando hablan gentes que han sido o son gobierno, o que han circulado por el Congreso, el Poder Judicial o la gran prensa, estamos ante sinceros protectores de los derechos de los polic铆as y soldados que participaron en el conflicto, no en una operaci贸n aislada, sino que arriesgaron la vida todos los d铆as, durante muchos a帽os. Digo esto, porque a m铆 me toco recibir delegaciones de viudas, mutilados y personal en retiro de la PNP que ni siquiera reclamaban un resarcimiento especial, como el que se prometi贸 a muchos casos y casi siempre se incumpli贸 (incluso a las viudas de los comandos muertos en la casa del embajador), sino el pago de una deuda que el Estado ten铆a a favor de ellos, por la aplicaci贸n de una ley del primer gobierno de Alan Garc铆a que valoraba como doble la jornada de jueces fiscales e integrantes de UDEX (explosivos) y Dincote (investigaci贸n de terrorismo), que estuvo vigente de 1987 a 1992.
Este beneficio s铆 fue cancelado a los administradores de justicia, pero no a los polic铆as a pesar que fueron ellos los que sufrieron las m谩s penosas bajas por acci贸n de servicio. Si el Estado tuviese la sensibilidad que se dice que es ajena a las ONG, habr铆a podido ayudar a algunos de los actores del conflicto que llevaron la peor parte en la contienda. Y los grandes medios pudieron tomar este u otros casos para hacer campa帽as para que se cumpla con las viudas de la guerra, los discapacitados y los que fueron al retiro luego de estar en la l铆nea de fuego. Pero no. En el Per煤 es f谩cil esgrimir un micr贸fono para enrostrar las inconsecuencias ajenas y no tener la m铆nima coherencia de emplear el gran poder de la prensa para defender a las personas concretas en sus derechos m谩s elementales.
El tema no es si el reclamo de justicia de los familiares de los ejecutados extrajudicialmente en la casa del embajador japon茅s, se contrapone a los soldados y polic铆as que participaron limpiamente en la guerra. ¿Por qu茅 tendr铆a que ser as铆? No se帽or, no es por los uniformados y sus familias que sufren las secuelas de la guerra, que se arman tremendos barullos y se acusa de terruco al que no participa del discurso oficial. Es m谩s bien para sostener un pa铆s de fantas铆a que nos venden cada d铆a, en el que todo caminar铆a muy bien sin izquierda, derechos humanos y laborales, ONG, y seguro este periodista que molesta m谩s de la cuenta.
Ayer vi retazos de una entrevista con la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos a la que Beto Ortiz quer铆a derrotar (y obtener el titular para el d铆a siguiente) contraponiendo el simple derecho del rendido a no ser eliminado por sus captores, a la crueldad de los secuestradores y a los cr铆menes del llamado terrorismo. El supuesto, era otra vez que las organizaciones de derechos humanos s贸lo se interesan por los subversivos (como ser铆a el caso Chav铆n de Hu谩ntar) y se olvidan del sufrimiento de los soldados y polic铆as v铆ctimas de la guerra, y de sus familias.
Obviamente Ortiz sabe que el centro de actividad de la Coordinadora y sus afiliadas ha sido la poblaci贸n civil afectada por la guerra, sin ser parte de ella. Desde hace un buen n煤mero de a帽os, sin embargo, se publican comunicados de solidaridad y condena cada vez que un uniformado cae en el VRAE o el Huallaga, y se hacen gestos para demostrar que los derechos humanos son los mismos para todos, pero para Giampietri, Rey, Flores Araoz, Alcorta y otros, nada de eso existe. Casi como si la palabra derechos humanos tuviera connotaci贸n pro-terrorista y que por extensi贸n eso implicara a la CIDH en Washington y a la Corte Internacional de Costa Rica.
Uno podr铆a decir que cuando hablan gentes que han sido o son gobierno, o que han circulado por el Congreso, el Poder Judicial o la gran prensa, estamos ante sinceros protectores de los derechos de los polic铆as y soldados que participaron en el conflicto, no en una operaci贸n aislada, sino que arriesgaron la vida todos los d铆as, durante muchos a帽os. Digo esto, porque a m铆 me toco recibir delegaciones de viudas, mutilados y personal en retiro de la PNP que ni siquiera reclamaban un resarcimiento especial, como el que se prometi贸 a muchos casos y casi siempre se incumpli贸 (incluso a las viudas de los comandos muertos en la casa del embajador), sino el pago de una deuda que el Estado ten铆a a favor de ellos, por la aplicaci贸n de una ley del primer gobierno de Alan Garc铆a que valoraba como doble la jornada de jueces fiscales e integrantes de UDEX (explosivos) y Dincote (investigaci贸n de terrorismo), que estuvo vigente de 1987 a 1992.
Este beneficio s铆 fue cancelado a los administradores de justicia, pero no a los polic铆as a pesar que fueron ellos los que sufrieron las m谩s penosas bajas por acci贸n de servicio. Si el Estado tuviese la sensibilidad que se dice que es ajena a las ONG, habr铆a podido ayudar a algunos de los actores del conflicto que llevaron la peor parte en la contienda. Y los grandes medios pudieron tomar este u otros casos para hacer campa帽as para que se cumpla con las viudas de la guerra, los discapacitados y los que fueron al retiro luego de estar en la l铆nea de fuego. Pero no. En el Per煤 es f谩cil esgrimir un micr贸fono para enrostrar las inconsecuencias ajenas y no tener la m铆nima coherencia de emplear el gran poder de la prensa para defender a las personas concretas en sus derechos m谩s elementales.
El tema no es si el reclamo de justicia de los familiares de los ejecutados extrajudicialmente en la casa del embajador japon茅s, se contrapone a los soldados y polic铆as que participaron limpiamente en la guerra. ¿Por qu茅 tendr铆a que ser as铆? No se帽or, no es por los uniformados y sus familias que sufren las secuelas de la guerra, que se arman tremendos barullos y se acusa de terruco al que no participa del discurso oficial. Es m谩s bien para sostener un pa铆s de fantas铆a que nos venden cada d铆a, en el que todo caminar铆a muy bien sin izquierda, derechos humanos y laborales, ONG, y seguro este periodista que molesta m谩s de la cuenta.