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El Salvador: La masacre de El Mozote sigue impune 30 años después

EMD/ AGENCIAS.- Activistas rindieron homenaje el sábado homenaje a las víctimas de la Masacre de El Mozote, cometida por el ejercito durante la guerra civil, y en la que murieron 966 personas. Activistas exigieron juzgar a los responsables.

"Nos estamos reuniendo para conmemorar los 30 años de la masacre de El Mozote, donde el ejército asesinó a 966 personas, ancianos, mujeres y niños", dijo Marta Sigarán, activista del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, alrededor de un millar de personas fueron asesinados en El Mozote y otros caseríos aledaños, durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, durante la guerra civil (1980-1992), en el departamento de Morazán, al este del país.

Los soldados, entrenado en los Estados Unidos, ingresaron a la zona en busca de las unidades del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero mataron con lujo de barbarie a cuanto civil encontraron en el lugar.

Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una pequeña iglesia y luego procedieron a incendiarla. El grupo de organizaciones humanitarias, entre ellas el Cejil, suscribieron un comunicado conjunto en el que demandan justicia para las víctimas y sus familiares.

"Rendimos un sentido homenaje a los cientos de víctimas mortales, a sus familiares y las centenares de personas que debieron desplazarse forzosamente de sus hogares a causa de la masacre de El Mozote y sitios aledaños", dice el comunicado. Agrega que "las víctimas sobrevivientes siguen reivindicando sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, ninguna de las personas responsables de perpetrar la masacre han sido juzgadas por estos hechos hasta la fecha".

La Oficina de Tutela legal del Arzobispado de San Salvador y Cejil mantienen una denuncia en representación de la víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Nosotros estamos a la espera que se convoque a la audiencia por este caso en el transcurso del 2012", agregó Sigarán.

La procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador sostuvo en un comunicado que "el estado salvadoreño tiene la obligación de hacer valer a las víctimas de estos hechos su legitimo derecho a la verdad , justicia y reparación y se juzgue a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad".

El informe de una comisión de la verdad de Naciones Unidas, divulgado en 1993 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, por entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales, entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani horas antes de divulgarse el documento de la ONU.

Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla. soldados del batallón Atlacatl también fueron señalados por la comisión de la verdad del asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas.


"Treinta años después de una de las más mayores atrocidades cometidas durante la sangrienta guerra civil de El Salvador, los supervivientes y los familiares de las víctimas todavía siguen luchando para que se haga justicia", ha declarado la organización Amnistía Internacional.

Al menos 966 personas del pueblo de El Mozote y otras poblaciones cercanas fueron asesinadas por las fuerzas gubernamentales entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981.

Incluso para los dramáticos niveles alcanzados en la guerra civil de El Salvador, esta masacre representó un espantoso episodio. La víctima más joven fue una niña de tan solo tres meses, y la de más edad, un hombre de 105 años. Antes de ser asesinados, muchos hombres y mujeres fueron sometidos a torturas, incluida violencia sexual, y algunos niños y niñas fueron apuñalados o golpeados hasta causarles la muerte.

Sin embargo, hasta el momento nadie ha sido procesado. Ovidio Gonzales, abogado de una organización de derechos humanos que representa a los familiares de las víctimas y a los supervivientes, ha dicho a Amnistía Internacional que esto ha tenido un efecto psicológico terrible en todos ellos.

“Los supervivientes y los familiares de las víctimas todavía tienen traumas psicológicos, y reviven las imágenes de todo lo que ocurrió aquellos días”, ha afirmado Gonzales.

“Muchos de los que perdieron a sus familiares tienen cicatrices psicológicas. No pueden llorar los restos de sus seres queridos, y tampoco saben dónde encontrarlos. Algunos todavía tienen miedo, y temen que pueda pasarles algo, aunque la guerra ya ha terminado.”

En 1993, la ONU publicó un informe en el que se identificaba a muchas de las personas responsables de la masacre. No obstante, una semana después de su publicación, entró en vigor una ley general de amnistía en El Salvador, que protegía a los responsables y negaba la justicia a las víctimas y sus familiares.

Casi dos décadas más tarde, esa ley general de amnistía aún sigue en vigor, a pesar de que el gobierno se ha comprometido públicamente a tomar medidas para revocarla.

Este fin de semana, por primera vez, el gobierno salvadoreño se ha disculpado por la masacre y ha pedido perdón por “la ceguera del Estado que provocó la violencia”.

“Es positivo que las autoridades de El Salvador hayan reconocido finalmente la responsabilidad del Estado en este terrible suceso”, ha expresado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

Sin embargo, quienes sobrevivieron a la matanza, y los familiares de las víctimas, no han conseguido que se haga justicia ni han recibido reparación alguna. Las familias necesitan saber qué ocurrió exactamente con sus seres queridos; necesitan que las personas que cometieron estos horribles crímenes rindan cuentas ante los tribunales, y tienen derecho a reparaciones por lo que ellos mismos han sufrido.”

Para algunos, el tiempo se está acabando. Los únicos dos testigos que quedaban de la masacre de El Mozote murieron hace poco. Muchos familiares de las víctimas se están haciendo mayores, y temen que no llegarán a saber la verdad ni a lograr que se haga justicia antes de morir.

El Comité de la ONU contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran que el tormento de estas personas es una forma de tortura.

“Ya es hora de que El Salvador siga el ejemplo de otros países de la zona y revoque sus leyes de amnistía”, ha expresado Guadalupe Marengo.

Ovidio Gonzales asegura que las familias no se dan por vencidas. La semana pasada, afirma, un comité de representación de las víctimas de El Mozote se reunió con el presidente Carlos Mauricio Funes. “Le dijeron que quieren que se haga justicia, y que el Estado debe tomar las medidas necesarias para ello.”

Alrededor de 75.000 personas murieron durante la guerra civil de El Salvador, que se prolongó desde 1980 hasta 1992. La población del país fue sometida a abusos generalizados de derechos humanos, entre los que se incluyen asesinatos, desapariciones y torturas.

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