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BOLIVIA. Fiscales antidrogas atentan a la libertad de información

OPINIÓN de Alex Contreras Baspineiro   

La Ley de Imprenta vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia señala que la fuente de información es inviolable; sin embargo, la Fiscalía de Sustancias Controladas conminó a dos periodistas de un canal de televisión a declarar en torno al tráfico de precursores y la elaboración de droga, por el solo hecho de informar.

El artículo 8 de la Ley de Imprenta reza que “el secreto en materia de imprenta es inviolable” y el artículo 1 de la misma legislación señala: “Todo hombre tiene el derecho a publicar sus pensamientos por la prensa, sin censura previa, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.

Desconociendo, o más bien, conociendo perfectamente esa legislación, las autoridades antidrogas, en las últimas horas, citaron a declarar a Mauricio Noya, director de Tele C y al periodista Edwar Ayma por el presunto delito de omisión de denuncia.

Hace tres semanas, una investigación periodística del mencionado medio de comunicación, pudo constatar que en predios de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) ubicadas en la población de Valle Sacta en el trópico cochabambino, se transportaba en rústicas canoas una gran cantidad de hojas de coca y precursores destinados a la fabricación de droga.

Los periodistas informaron sobre ese caso a la sociedad en su conjunto, los fiscales antidrogas pretendieron que antes de informar debían denunciar a los encargados de luchar contra el narcotráfico.

El tráfico de precursores, las pozas de maceración y la fabricación de droga en la zona de Valle Sacta no es nuevo, data de 2008 y las autoridades antidroga -así como los fiscales- conocen que ese flagelo de la humanidad crece en esa región del país.

La nueva Constitución Política del Estado (CPE) protege la labor periodística, defiende la libertad de información y garantiza a la población la libertad de expresión.

El artículo 106, dice: “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”.

Agrega que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

Además, el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

La Fiscalía de Sustancias Controladas intenta procesar penalmente a los dos periodistas de Tele C por haber informado sobre el negocio oscuro del narcotráfico.

Estos intentos de acallar a la prensa no son nuevos. Hace meses atrás, el periodista John Arandia de Cadena A, fue citado a la Fiscalía de La Paz para brindar declaraciones en torno al denominado caso “video soborno” por haber informado primicialmente sobre el soborno que recibía un testigo clave del caso de terrorismo en el país.

En esa oportunidad, como ahora, los gremios periodísticos, defendieron a ultranza el secreto de la fuente informativa, como base para el ejercicio libre del periodismo.

El periodista Edwar Ayma lamentó que la Fiscalía de Sustancias Controladas quiera amedrentarlo, pero sobretodo pretenda poner un cerrojo a las denuncias periodísticas que desde 2011 se realizan sobre la actividad del narcotráfico en Valle Sacta.

La Fiscalía lo convocó a declarar en dos oportunidades: el 9 y el 27 de febrero, con argumentos ambiguos. En la primera ocasión se los condujo a una inspección a los terrenos dela UMSS, en Valle Sacta, fueron conducidos en una lancha hasta el lugar donde realizaron la filmación, oportunidad en que la coordinadora de la Fiscalía de Sustancias Controladas pidió que se instale una audiencia para que revele su fuente de información. No lograron su objetivo.

“Nuestro deber es informar a la población y más allá de los procesos, amenazas y amedrentamientos debemos seguir informando”, aseveró el periodista.

Vivir con el riesgo

En Bolivia, en más de una oportunidad, los periodistas fueron declarados como “los peores enemigos del gobierno”. Se los calificó de todo, se los denigró y hasta se los trató de involucrar en casos fuera de la profesión.

Sin embargo, ninguna de las acusaciones pudo ser comprobada.

En el “proceso de cambio” que vive Bolivia por determinación de la Cumbre Plurinacional –reunión de sectores afines al partido en función de gobierno, realizada en enero del presente año- se determinó elaborar una Ley de Medios de Comunicación.

La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, así como otros gremios a nivel nacional, cuestionaron la determinación porque el único objetivo de la nueva ley es atentar a la libertad de información.

“Vamos a defender el derecho a la libre expresión, pero sobretodo el derecho al acceso a la información que tiene la ciudadanía y no permitiremos que sectores sociales afines al partido en función de gobierno pretendan modificar la Ley de Imprenta para uniformizar los mensajes en los medios de comunicación”, aseveró el dirigente Ramiro Echazú.

En este “proceso de cambio” los casos ligados al narcotráfico y la corrupción se incrementan diariamente y de manera peligrosa, así como los casos de inseguridad ciudadana. Los periodistas informan, pero algunas autoridades pretenden acallarlos.

Un ejemplo que, en las últimas horas, espantó a la población boliviana, está relacionada al asesinato de dos periodistas. Los cuerpos sin vida de Verónica Peñasco Layme, jefa de prensa de la radio San Gabriel de la Red ERBOL y de su hermano Victor Hugo, locutor de la emisora Pachakamasa, fueron encontrados en las últimas horas en la morgue del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz.

El sábado pasado, al promediar las 04.30, ambos salieron de su vivienda ubicada en la zona Franz Tamayo de El Alto, carretera a Laja, para trabajar y nunca más volvieron.

Desaparecieron misteriosamente y luego se los encontró muertos.

Aunque aún no se conoce una información oficial sobre las causa del deceso de los periodistas, se presume que fue producto de la inseguridad ciudadana.

Las organizaciones periodísticas exigieron al gobierno que se esclarezca este caso, como varios otros que permanecen en la impunidad.

Lo cierto es que en el “proceso de cambio” –sin ingresar en lo que significa la gestión de gobierno- se están incrementando de manera peligrosa los casos vinculados al narcotráfico, a la delincuencia, a la corrupción y, por tanto, a la inseguridad ciudadana que son debidamente informados por los medios de comunicación, pero que disgusta a algunas autoridades.

Esos flagelos de los debe combatir de raíz y la prensa debe jugar un rol importante.

En medio de acusaciones de algunas autoridades contra la labor periodística, la elaboración de una nueva ley de medios de comunicación que podría vulnerar derechos ciudadanos y el asesinato de dos periodistas es bueno ratificar que la calidad de la democracia depende de la calidad de la libertad de información…

*Alex Contreras Baspineiro es Periodista y escritor boliviano

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