OPINI脫N de Alex Contreras Baspineiro
La Ley de Imprenta vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia se帽ala que la fuente de informaci贸n es inviolable; sin embargo, la Fiscal铆a de Sustancias Controladas conmin贸 a dos periodistas de un canal de televisi贸n a declarar en torno al tr谩fico de precursores y la elaboraci贸n de droga, por el solo hecho de informar.
El art铆culo 8 de la Ley de Imprenta reza que “el secreto en materia de imprenta es inviolable” y el art铆culo 1 de la misma legislaci贸n se帽ala: “Todo hombre tiene el derecho a publicar sus pensamientos por la prensa, sin censura previa, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.
Desconociendo, o m谩s bien, conociendo perfectamente esa legislaci贸n, las autoridades antidrogas, en las 煤ltimas horas, citaron a declarar a Mauricio Noya, director de Tele C y al periodista Edwar Ayma por el presunto delito de omisi贸n de denuncia.
Hace tres semanas, una investigaci贸n period铆stica del mencionado medio de comunicaci贸n, pudo constatar que en predios de la Universidad Mayor de San Sim贸n (UMSS) ubicadas en la poblaci贸n de Valle Sacta en el tr贸pico cochabambino, se transportaba en r煤sticas canoas una gran cantidad de hojas de coca y precursores destinados a la fabricaci贸n de droga.
Los periodistas informaron sobre ese caso a la sociedad en su conjunto, los fiscales antidrogas pretendieron que antes de informar deb铆an denunciar a los encargados de luchar contra el narcotr谩fico.
El tr谩fico de precursores, las pozas de maceraci贸n y la fabricaci贸n de droga en la zona de Valle Sacta no es nuevo, data de 2008 y las autoridades antidroga -as铆 como los fiscales- conocen que ese flagelo de la humanidad crece en esa regi贸n del pa铆s.
La nueva Constituci贸n Pol铆tica del Estado (CPE) protege la labor period铆stica, defiende la libertad de informaci贸n y garantiza a la poblaci贸n la libertad de expresi贸n.
El art铆culo 106, dice: “El Estado garantiza el derecho a la comunicaci贸n y el derecho a la informaci贸n”.
Agrega que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresi贸n, de opini贸n y de informaci贸n, a la rectificaci贸n y a la r茅plica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusi贸n, sin censura previa.
Adem谩s, el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresi贸n, el derecho a la comunicaci贸n y a la informaci贸n.
La Fiscal铆a de Sustancias Controladas intenta procesar penalmente a los dos periodistas de Tele C por haber informado sobre el negocio oscuro del narcotr谩fico.
Estos intentos de acallar a la prensa no son nuevos. Hace meses atr谩s, el periodista John Arandia de Cadena A, fue citado a la Fiscal铆a de La Paz para brindar declaraciones en torno al denominado caso “video soborno” por haber informado primicialmente sobre el soborno que recib铆a un testigo clave del caso de terrorismo en el pa铆s.
En esa oportunidad, como ahora, los gremios period铆sticos, defendieron a ultranza el secreto de la fuente informativa, como base para el ejercicio libre del periodismo.
El periodista Edwar Ayma lament贸 que la Fiscal铆a de Sustancias Controladas quiera amedrentarlo, pero sobretodo pretenda poner un cerrojo a las denuncias period铆sticas que desde 2011 se realizan sobre la actividad del narcotr谩fico en Valle Sacta.
La Fiscal铆a lo convoc贸 a declarar en dos oportunidades: el 9 y el 27 de febrero, con argumentos ambiguos. En la primera ocasi贸n se los condujo a una inspecci贸n a los terrenos dela UMSS, en Valle Sacta, fueron conducidos en una lancha hasta el lugar donde realizaron la filmaci贸n, oportunidad en que la coordinadora de la Fiscal铆a de Sustancias Controladas pidi贸 que se instale una audiencia para que revele su fuente de informaci贸n. No lograron su objetivo.
“Nuestro deber es informar a la poblaci贸n y m谩s all谩 de los procesos, amenazas y amedrentamientos debemos seguir informando”, asever贸 el periodista.
Vivir con el riesgo
En Bolivia, en m谩s de una oportunidad, los periodistas fueron declarados como “los peores enemigos del gobierno”. Se los calific贸 de todo, se los denigr贸 y hasta se los trat贸 de involucrar en casos fuera de la profesi贸n.
Sin embargo, ninguna de las acusaciones pudo ser comprobada.
En el “proceso de cambio” que vive Bolivia por determinaci贸n de la Cumbre Plurinacional –reuni贸n de sectores afines al partido en funci贸n de gobierno, realizada en enero del presente a帽o- se determin贸 elaborar una Ley de Medios de Comunicaci贸n.
La Confederaci贸n de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, as铆 como otros gremios a nivel nacional, cuestionaron la determinaci贸n porque el 煤nico objetivo de la nueva ley es atentar a la libertad de informaci贸n.
“Vamos a defender el derecho a la libre expresi贸n, pero sobretodo el derecho al acceso a la informaci贸n que tiene la ciudadan铆a y no permitiremos que sectores sociales afines al partido en funci贸n de gobierno pretendan modificar la Ley de Imprenta para uniformizar los mensajes en los medios de comunicaci贸n”, asever贸 el dirigente Ramiro Echaz煤.
En este “proceso de cambio” los casos ligados al narcotr谩fico y la corrupci贸n se incrementan diariamente y de manera peligrosa, as铆 como los casos de inseguridad ciudadana. Los periodistas informan, pero algunas autoridades pretenden acallarlos.
Un ejemplo que, en las 煤ltimas horas, espant贸 a la poblaci贸n boliviana, est谩 relacionada al asesinato de dos periodistas. Los cuerpos sin vida de Ver贸nica Pe帽asco Layme, jefa de prensa de la radio San Gabriel de la Red ERBOL y de su hermano Victor Hugo, locutor de la emisora Pachakamasa, fueron encontrados en las 煤ltimas horas en la morgue del Hospital de Cl铆nicas de la ciudad de La Paz.
El s谩bado pasado, al promediar las 04.30, ambos salieron de su vivienda ubicada en la zona Franz Tamayo de El Alto, carretera a Laja, para trabajar y nunca m谩s volvieron.
Desaparecieron misteriosamente y luego se los encontr贸 muertos.
Aunque a煤n no se conoce una informaci贸n oficial sobre las causa del deceso de los periodistas, se presume que fue producto de la inseguridad ciudadana.
Las organizaciones period铆sticas exigieron al gobierno que se esclarezca este caso, como varios otros que permanecen en la impunidad.
Lo cierto es que en el “proceso de cambio” –sin ingresar en lo que significa la gesti贸n de gobierno- se est谩n incrementando de manera peligrosa los casos vinculados al narcotr谩fico, a la delincuencia, a la corrupci贸n y, por tanto, a la inseguridad ciudadana que son debidamente informados por los medios de comunicaci贸n, pero que disgusta a algunas autoridades.
Esos flagelos de los debe combatir de ra铆z y la prensa debe jugar un rol importante.
En medio de acusaciones de algunas autoridades contra la labor period铆stica, la elaboraci贸n de una nueva ley de medios de comunicaci贸n que podr铆a vulnerar derechos ciudadanos y el asesinato de dos periodistas es bueno ratificar que la calidad de la democracia depende de la calidad de la libertad de informaci贸n…
*Alex Contreras Baspineiro es Periodista y escritor boliviano
La Ley de Imprenta vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia se帽ala que la fuente de informaci贸n es inviolable; sin embargo, la Fiscal铆a de Sustancias Controladas conmin贸 a dos periodistas de un canal de televisi贸n a declarar en torno al tr谩fico de precursores y la elaboraci贸n de droga, por el solo hecho de informar.
El art铆culo 8 de la Ley de Imprenta reza que “el secreto en materia de imprenta es inviolable” y el art铆culo 1 de la misma legislaci贸n se帽ala: “Todo hombre tiene el derecho a publicar sus pensamientos por la prensa, sin censura previa, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.
Desconociendo, o m谩s bien, conociendo perfectamente esa legislaci贸n, las autoridades antidrogas, en las 煤ltimas horas, citaron a declarar a Mauricio Noya, director de Tele C y al periodista Edwar Ayma por el presunto delito de omisi贸n de denuncia.
Hace tres semanas, una investigaci贸n period铆stica del mencionado medio de comunicaci贸n, pudo constatar que en predios de la Universidad Mayor de San Sim贸n (UMSS) ubicadas en la poblaci贸n de Valle Sacta en el tr贸pico cochabambino, se transportaba en r煤sticas canoas una gran cantidad de hojas de coca y precursores destinados a la fabricaci贸n de droga.
Los periodistas informaron sobre ese caso a la sociedad en su conjunto, los fiscales antidrogas pretendieron que antes de informar deb铆an denunciar a los encargados de luchar contra el narcotr谩fico.
El tr谩fico de precursores, las pozas de maceraci贸n y la fabricaci贸n de droga en la zona de Valle Sacta no es nuevo, data de 2008 y las autoridades antidroga -as铆 como los fiscales- conocen que ese flagelo de la humanidad crece en esa regi贸n del pa铆s.
La nueva Constituci贸n Pol铆tica del Estado (CPE) protege la labor period铆stica, defiende la libertad de informaci贸n y garantiza a la poblaci贸n la libertad de expresi贸n.
El art铆culo 106, dice: “El Estado garantiza el derecho a la comunicaci贸n y el derecho a la informaci贸n”.
Agrega que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresi贸n, de opini贸n y de informaci贸n, a la rectificaci贸n y a la r茅plica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusi贸n, sin censura previa.
Adem谩s, el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresi贸n, el derecho a la comunicaci贸n y a la informaci贸n.
La Fiscal铆a de Sustancias Controladas intenta procesar penalmente a los dos periodistas de Tele C por haber informado sobre el negocio oscuro del narcotr谩fico.
Estos intentos de acallar a la prensa no son nuevos. Hace meses atr谩s, el periodista John Arandia de Cadena A, fue citado a la Fiscal铆a de La Paz para brindar declaraciones en torno al denominado caso “video soborno” por haber informado primicialmente sobre el soborno que recib铆a un testigo clave del caso de terrorismo en el pa铆s.
En esa oportunidad, como ahora, los gremios period铆sticos, defendieron a ultranza el secreto de la fuente informativa, como base para el ejercicio libre del periodismo.
El periodista Edwar Ayma lament贸 que la Fiscal铆a de Sustancias Controladas quiera amedrentarlo, pero sobretodo pretenda poner un cerrojo a las denuncias period铆sticas que desde 2011 se realizan sobre la actividad del narcotr谩fico en Valle Sacta.
La Fiscal铆a lo convoc贸 a declarar en dos oportunidades: el 9 y el 27 de febrero, con argumentos ambiguos. En la primera ocasi贸n se los condujo a una inspecci贸n a los terrenos dela UMSS, en Valle Sacta, fueron conducidos en una lancha hasta el lugar donde realizaron la filmaci贸n, oportunidad en que la coordinadora de la Fiscal铆a de Sustancias Controladas pidi贸 que se instale una audiencia para que revele su fuente de informaci贸n. No lograron su objetivo.
“Nuestro deber es informar a la poblaci贸n y m谩s all谩 de los procesos, amenazas y amedrentamientos debemos seguir informando”, asever贸 el periodista.
Vivir con el riesgo
En Bolivia, en m谩s de una oportunidad, los periodistas fueron declarados como “los peores enemigos del gobierno”. Se los calific贸 de todo, se los denigr贸 y hasta se los trat贸 de involucrar en casos fuera de la profesi贸n.
Sin embargo, ninguna de las acusaciones pudo ser comprobada.
En el “proceso de cambio” que vive Bolivia por determinaci贸n de la Cumbre Plurinacional –reuni贸n de sectores afines al partido en funci贸n de gobierno, realizada en enero del presente a帽o- se determin贸 elaborar una Ley de Medios de Comunicaci贸n.
La Confederaci贸n de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, as铆 como otros gremios a nivel nacional, cuestionaron la determinaci贸n porque el 煤nico objetivo de la nueva ley es atentar a la libertad de informaci贸n.
“Vamos a defender el derecho a la libre expresi贸n, pero sobretodo el derecho al acceso a la informaci贸n que tiene la ciudadan铆a y no permitiremos que sectores sociales afines al partido en funci贸n de gobierno pretendan modificar la Ley de Imprenta para uniformizar los mensajes en los medios de comunicaci贸n”, asever贸 el dirigente Ramiro Echaz煤.
En este “proceso de cambio” los casos ligados al narcotr谩fico y la corrupci贸n se incrementan diariamente y de manera peligrosa, as铆 como los casos de inseguridad ciudadana. Los periodistas informan, pero algunas autoridades pretenden acallarlos.
Un ejemplo que, en las 煤ltimas horas, espant贸 a la poblaci贸n boliviana, est谩 relacionada al asesinato de dos periodistas. Los cuerpos sin vida de Ver贸nica Pe帽asco Layme, jefa de prensa de la radio San Gabriel de la Red ERBOL y de su hermano Victor Hugo, locutor de la emisora Pachakamasa, fueron encontrados en las 煤ltimas horas en la morgue del Hospital de Cl铆nicas de la ciudad de La Paz.
El s谩bado pasado, al promediar las 04.30, ambos salieron de su vivienda ubicada en la zona Franz Tamayo de El Alto, carretera a Laja, para trabajar y nunca m谩s volvieron.
Desaparecieron misteriosamente y luego se los encontr贸 muertos.
Aunque a煤n no se conoce una informaci贸n oficial sobre las causa del deceso de los periodistas, se presume que fue producto de la inseguridad ciudadana.
Las organizaciones period铆sticas exigieron al gobierno que se esclarezca este caso, como varios otros que permanecen en la impunidad.
Lo cierto es que en el “proceso de cambio” –sin ingresar en lo que significa la gesti贸n de gobierno- se est谩n incrementando de manera peligrosa los casos vinculados al narcotr谩fico, a la delincuencia, a la corrupci贸n y, por tanto, a la inseguridad ciudadana que son debidamente informados por los medios de comunicaci贸n, pero que disgusta a algunas autoridades.
Esos flagelos de los debe combatir de ra铆z y la prensa debe jugar un rol importante.
En medio de acusaciones de algunas autoridades contra la labor period铆stica, la elaboraci贸n de una nueva ley de medios de comunicaci贸n que podr铆a vulnerar derechos ciudadanos y el asesinato de dos periodistas es bueno ratificar que la calidad de la democracia depende de la calidad de la libertad de informaci贸n…
*Alex Contreras Baspineiro es Periodista y escritor boliviano