OPINI脫N de Javier Couso
Las im谩genes de brutalidad policial contra estudiantes y ciudadanos valencianos han causado impresi贸n en todo el mundo. No porque sean las m谩s violentas que hayamos visto, ni porque el mundo se sorprenda hoy en d铆a al ver agresiones en las pantallas de las televisiones, sino porque esa violencia exacerbada, ejercida por funcionarios policiales de la unidades antidisturbios, estaba dirigida contra menores que se manifestaban de manera pac铆fica.
La actuaci贸n de las UIP (Unidades de Intervenci贸n Policial) en Valencia se asemejaba m谩s a un Estado de Excepci贸n o de Sitio, donde las garant铆as constitucionales hab铆an sido suspendidas, que al mantenimiento del «orden p煤blico» que les otorga el Real Decreto 1668/1989 de 29 de diciembre como 脫rganos M贸viles de Seguridad P煤blica.
Hay que pararse de vez en cuando en las leyes, sobre todo en las que ceden el monopolio de la violencia al Estado y concretamente a los funcionarios policiales. Mirar con lupa las cuestiones que afectan a la legitimidad y la profesionalidad de las unidades especiales de la polic铆a.
Lo que da legitimidad a una actuaci贸n policial es, en teor铆a, el cumplimiento de la ley, y como en casi todas las normas o disposiciones legales que afectan a la guerra o al uso de la violencia, los criterios fundamentales son los de «proporcionalidad y distinci贸n», b谩sicos tambi茅n en el Derecho Internacional Humanitario. Afortunadamente, y debido a la extensi贸n de los tel茅fonos con c谩maras y conexi贸n a Internet, se han podido tomar un amplio n煤mero de grabaciones que permiten apreciar que las actuaciones policiales no han cumplido estos principios.
No existe proporcionalidad cuando se agrede con patadas, bofetadas, empujones contra coches, insultos machistas o apaleamientos cinco a uno, ni hay distinci贸n cuando se actua indiscriminadamente contra personas de cualquier edad y condici贸n.
El marco que permite a la polic铆a actuar para disolver protestas, est谩 descrito en el art. 557 del C贸digo Penal que dice: «... los que, actuando en grupo, y con el fin de atentar contra la paz p煤blica, alteren el orden p煤blico causando lesiones a las personas, produciendo da帽os en las propiedades, obstaculizando las v铆as p煤blicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este C贸digo».
A煤n haciendo caso a las informaciones policiales que dicen que la primera actuaci贸n se produjo al ocupar los alumnos del IES Llu铆s Vives una v铆a p煤blica, parece que, y a tenor de las im谩genes grabadas por los chavales, el peligro al que hace alusi贸n el citado art铆culo fue causado por una aplicaci贸n desmedida de la fuerza, teniendo en cuenta que la mayor铆a de los que ocupaban la v铆a p煤blica eran menores.
A partir de este momento y con la difusi贸n de las im谩genes por las redes sociales como mecha catalizadora, se produce una movilizaci贸n social que, de los colegios, pasa a los institutos, saltando finalmente a la universidad. A partir de aqu铆 todo se desmadra por una escalada de violencia policial, que en vez de apagar el fuego, incendia la ciudad y contagia a otros sectores sociales que se suman a la repulsa de esta toma violenta de la ciudad de Valencia.
Queda claro que el gobierno del Partido Popular utiliz贸 est谩 situaci贸n como un laboratorio para experimentar un especie de «doctrina del shock», que con la aplicaci贸n de una dura y generalizada represi贸n, pretend铆a servir de ejemplo para ense帽ar a todo el pa铆s como va a gestionar el nuevo gobierno la previsible conflicitividad social producida por los recortes.
Que era algo premeditado y avalado desde las m谩s altas instancias lo deja bien claro la rueda de prensa que se ve obligada a dar la Delegada del Gobierno, flanqueada por un Jefe de Polic铆a que en el m谩s puro estilo de grupo de tareas de la CIA o de mentalidad falangista de paseo, califica a los que se manifiestan como «enemigos».
Esta declaraci贸n de principios, que parece el comienzo de un plan para tratar de manera militar el disenso ciudadano, se ve reforzada por la medida de gracia que otorga el gobierno entrante a tres Mossos de Escuadra a los que indulta a pesar de estar condenados de manera firme por torturas. El mensaje pues, est谩 claro: Chicos, pod茅is hacer lo que quer谩is, da igual que pegu茅is a menores, que lesion茅is, que incluso tortur茅is, mientras defend谩is los intereses de los poderosos, tendr茅is el apoyo de vuestros superiores jer谩rquicos y la protecci贸n del Poder Ejecutivo por si acaso el Poder Judicial os alcanza. Aprovechad, sois impunes.
Se nos viene encima algo muy duro, una paz social entendida como pax romana. Y esta “extraordinaria placidez” ser谩 impuesta por unos cuerpos de 茅lite, en cuyo interior existe un alto indice de elementos adscritos al espectro ideol贸gico del odio neonazi o que simplemente tienen, por lo que se ve y se escucha en sus actuaciones, un trastorno de agresividad y de descontrol de la violencia.
Si tratamos de entender lo que es una unidad de 茅lite en el 谩mbito militar o policial, deberemos hablar de grupos especiales entrenados para operar en situaciones de riesgo, con un alto grado de especializaci贸n, movimiento y capacidad de fuego. No cualquier polic铆a o militar puede pertenecer a ellas, de hecho hay una criba f铆sica e intelectual que da paso a un riguroso entrenamiento que las hace polivalentes.
Una de las cosas que se busca en la moderna concepci贸n de los cuerpos de operaciones especiales es la estabilidad emocional ¿Por qu茅? Porque al igual que en los motos y coches deportivos, no es tan importante o determinante la potencia, como la gesti贸n de ella, es decir se necesitan unos buenos frenos mec谩nicos y un gran freno cerebral para gestionar con 茅xito todo ese torrente de fuerza.
En el caso de las unidades de protecci贸n, por poner un ejemplo, imaginemos un grupo de escoltas que frente a una amenaza exterior, en vez de anularla de forma discrecional y proporcional, la enfrenta con una ensalada de tiros indiscriminada. El resultado ser铆a, adem谩s de un fracaso en la protecci贸n de la personalidad, la p茅rdida de la legitimidad en el uso de la fuerza.
En el caso que nos ata帽e, las Unidades de Intervenci贸n Policial (UIP) son unidades de 茅lite policial con diferentes especialidades, entre las que se encuentran las que afectan al orden p煤blico por medio de los llamados popularmente antidisturbios. Por lo tanto, son estructuras a las que se puede aplicar lo antes dicho sobre los grupos o unidades de operaciones especiales. Estos funcionarios est谩n entrenados, no solo en la utilizaci贸n de la fuerza, en teor铆a de manera acorde a la ley, si no en la gesti贸n del miedo, el control de la agresividad y el uso de fuerza no letal en el marco de unas garant铆as democr谩ticas.
Por el contrario y empezando por sus jefes, nos encontramos con individuos que ven con unas gafas que convierten a los ciudadanos en enemigos, que cuando ejercen la violencia la hacen con odio irrefrenable y con una infiltraci贸n cada d铆a m谩s evidente de extremistas de derechas o macarras descontrolados con inexistente empat铆a con sus semejantes.
Esto, que a m铆 me aterra, deber铆a dar miedo hasta a nuestros gobernantes por la incapacidad de manejar a estos elementos en situaciones de gran estallido social. Sin embargo, y a pesar de las denuncias internacionales de abusos y torturas policiales, nos encontramos con que en vez de ser depurados, son legitimados y cuidados.
En momentos de emergencia social, adem谩s de los recortes de derechos, nos espera la extrema violencia y la impunidad.
El expolio financiero van a defenderlo, aunque sea a sangre y fuego.
Las im谩genes de brutalidad policial contra estudiantes y ciudadanos valencianos han causado impresi贸n en todo el mundo. No porque sean las m谩s violentas que hayamos visto, ni porque el mundo se sorprenda hoy en d铆a al ver agresiones en las pantallas de las televisiones, sino porque esa violencia exacerbada, ejercida por funcionarios policiales de la unidades antidisturbios, estaba dirigida contra menores que se manifestaban de manera pac铆fica.
La actuaci贸n de las UIP (Unidades de Intervenci贸n Policial) en Valencia se asemejaba m谩s a un Estado de Excepci贸n o de Sitio, donde las garant铆as constitucionales hab铆an sido suspendidas, que al mantenimiento del «orden p煤blico» que les otorga el Real Decreto 1668/1989 de 29 de diciembre como 脫rganos M贸viles de Seguridad P煤blica.
Hay que pararse de vez en cuando en las leyes, sobre todo en las que ceden el monopolio de la violencia al Estado y concretamente a los funcionarios policiales. Mirar con lupa las cuestiones que afectan a la legitimidad y la profesionalidad de las unidades especiales de la polic铆a.
Lo que da legitimidad a una actuaci贸n policial es, en teor铆a, el cumplimiento de la ley, y como en casi todas las normas o disposiciones legales que afectan a la guerra o al uso de la violencia, los criterios fundamentales son los de «proporcionalidad y distinci贸n», b谩sicos tambi茅n en el Derecho Internacional Humanitario. Afortunadamente, y debido a la extensi贸n de los tel茅fonos con c谩maras y conexi贸n a Internet, se han podido tomar un amplio n煤mero de grabaciones que permiten apreciar que las actuaciones policiales no han cumplido estos principios.
No existe proporcionalidad cuando se agrede con patadas, bofetadas, empujones contra coches, insultos machistas o apaleamientos cinco a uno, ni hay distinci贸n cuando se actua indiscriminadamente contra personas de cualquier edad y condici贸n.
El marco que permite a la polic铆a actuar para disolver protestas, est谩 descrito en el art. 557 del C贸digo Penal que dice: «... los que, actuando en grupo, y con el fin de atentar contra la paz p煤blica, alteren el orden p煤blico causando lesiones a las personas, produciendo da帽os en las propiedades, obstaculizando las v铆as p煤blicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este C贸digo».
A煤n haciendo caso a las informaciones policiales que dicen que la primera actuaci贸n se produjo al ocupar los alumnos del IES Llu铆s Vives una v铆a p煤blica, parece que, y a tenor de las im谩genes grabadas por los chavales, el peligro al que hace alusi贸n el citado art铆culo fue causado por una aplicaci贸n desmedida de la fuerza, teniendo en cuenta que la mayor铆a de los que ocupaban la v铆a p煤blica eran menores.
A partir de este momento y con la difusi贸n de las im谩genes por las redes sociales como mecha catalizadora, se produce una movilizaci贸n social que, de los colegios, pasa a los institutos, saltando finalmente a la universidad. A partir de aqu铆 todo se desmadra por una escalada de violencia policial, que en vez de apagar el fuego, incendia la ciudad y contagia a otros sectores sociales que se suman a la repulsa de esta toma violenta de la ciudad de Valencia.
Queda claro que el gobierno del Partido Popular utiliz贸 est谩 situaci贸n como un laboratorio para experimentar un especie de «doctrina del shock», que con la aplicaci贸n de una dura y generalizada represi贸n, pretend铆a servir de ejemplo para ense帽ar a todo el pa铆s como va a gestionar el nuevo gobierno la previsible conflicitividad social producida por los recortes.
Que era algo premeditado y avalado desde las m谩s altas instancias lo deja bien claro la rueda de prensa que se ve obligada a dar la Delegada del Gobierno, flanqueada por un Jefe de Polic铆a que en el m谩s puro estilo de grupo de tareas de la CIA o de mentalidad falangista de paseo, califica a los que se manifiestan como «enemigos».
Esta declaraci贸n de principios, que parece el comienzo de un plan para tratar de manera militar el disenso ciudadano, se ve reforzada por la medida de gracia que otorga el gobierno entrante a tres Mossos de Escuadra a los que indulta a pesar de estar condenados de manera firme por torturas. El mensaje pues, est谩 claro: Chicos, pod茅is hacer lo que quer谩is, da igual que pegu茅is a menores, que lesion茅is, que incluso tortur茅is, mientras defend谩is los intereses de los poderosos, tendr茅is el apoyo de vuestros superiores jer谩rquicos y la protecci贸n del Poder Ejecutivo por si acaso el Poder Judicial os alcanza. Aprovechad, sois impunes.
Se nos viene encima algo muy duro, una paz social entendida como pax romana. Y esta “extraordinaria placidez” ser谩 impuesta por unos cuerpos de 茅lite, en cuyo interior existe un alto indice de elementos adscritos al espectro ideol贸gico del odio neonazi o que simplemente tienen, por lo que se ve y se escucha en sus actuaciones, un trastorno de agresividad y de descontrol de la violencia.
Si tratamos de entender lo que es una unidad de 茅lite en el 谩mbito militar o policial, deberemos hablar de grupos especiales entrenados para operar en situaciones de riesgo, con un alto grado de especializaci贸n, movimiento y capacidad de fuego. No cualquier polic铆a o militar puede pertenecer a ellas, de hecho hay una criba f铆sica e intelectual que da paso a un riguroso entrenamiento que las hace polivalentes.
Una de las cosas que se busca en la moderna concepci贸n de los cuerpos de operaciones especiales es la estabilidad emocional ¿Por qu茅? Porque al igual que en los motos y coches deportivos, no es tan importante o determinante la potencia, como la gesti贸n de ella, es decir se necesitan unos buenos frenos mec谩nicos y un gran freno cerebral para gestionar con 茅xito todo ese torrente de fuerza.
En el caso de las unidades de protecci贸n, por poner un ejemplo, imaginemos un grupo de escoltas que frente a una amenaza exterior, en vez de anularla de forma discrecional y proporcional, la enfrenta con una ensalada de tiros indiscriminada. El resultado ser铆a, adem谩s de un fracaso en la protecci贸n de la personalidad, la p茅rdida de la legitimidad en el uso de la fuerza.
En el caso que nos ata帽e, las Unidades de Intervenci贸n Policial (UIP) son unidades de 茅lite policial con diferentes especialidades, entre las que se encuentran las que afectan al orden p煤blico por medio de los llamados popularmente antidisturbios. Por lo tanto, son estructuras a las que se puede aplicar lo antes dicho sobre los grupos o unidades de operaciones especiales. Estos funcionarios est谩n entrenados, no solo en la utilizaci贸n de la fuerza, en teor铆a de manera acorde a la ley, si no en la gesti贸n del miedo, el control de la agresividad y el uso de fuerza no letal en el marco de unas garant铆as democr谩ticas.
Por el contrario y empezando por sus jefes, nos encontramos con individuos que ven con unas gafas que convierten a los ciudadanos en enemigos, que cuando ejercen la violencia la hacen con odio irrefrenable y con una infiltraci贸n cada d铆a m谩s evidente de extremistas de derechas o macarras descontrolados con inexistente empat铆a con sus semejantes.
Esto, que a m铆 me aterra, deber铆a dar miedo hasta a nuestros gobernantes por la incapacidad de manejar a estos elementos en situaciones de gran estallido social. Sin embargo, y a pesar de las denuncias internacionales de abusos y torturas policiales, nos encontramos con que en vez de ser depurados, son legitimados y cuidados.
En momentos de emergencia social, adem谩s de los recortes de derechos, nos espera la extrema violencia y la impunidad.
El expolio financiero van a defenderlo, aunque sea a sangre y fuego.
