OPINIÓN de Salvador González Briceño
“La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el agua sobre el aceite”, Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
Resistencia al cambio
En la historia de los países hay circunstancias o coyunturas álgidas que, cuando se presentan dejan una buena impresión, o casi siempre una herida que no cierra fácilmente. Es el caso, por ejemplo, del estallido de revoluciones, la promulgación de constituciones, el fin de prolongadas guerras o la caída de tiranos, entre otros. Acontecimientos que trascienden y son inevitables porque se entrecruzan con el presente y amalgaman el futuro de los pueblos.
Como sucede en los países pobres y en “desarrollo”, México tiene en la actualidad un corolario de situaciones tan complejas, álgidas y hasta peligrosas. Para explicarlas hay que ver, como en la dialéctica, la dinámica interna que está en primera fila. Desde afuera, por su parte, hay que medir tanto el yugo geopolítico y geoeconómico imperial con el cual avasalla al mundo los Estados Unidos, como los coletazos de la llamada globalización neoliberal en declive.
Se trata, por un lado, de los síntomas de descomposición de un sistema político mexicano caduco y que se resiste al cambio; la democracia, que se alude cual si fuera mercachifle electoral, como un simple ardid publicitario. Los políticos se quedan con la revisión de los problemas nacionales y el diagnóstico, porque se niegan a emprender la reestructuración. Por ello tanto parche a la Constitución y tantas leyes “complementarias”, porque los líderes de la clase política defienden privilegios —propios y ajenos, los del poder económico— frente a cualquier intento de renovación, provenga de donde provenga.
Por eso también la llamada transición del sistema político no cuaja, y se queda en buenas intenciones y enredos discursivos. Porque no hay voluntad política desde la institución presidencial —vivimos en un sistema presidencialista y a ella le competen los primeros pasos—, sobre todo, para negociarla. Porque hay muchas resistencias. Pero se requieren estadistas, no gobernantes. Por eso transiciones como la española tienen mérito; seguro que por su casta imperial y por todos los favores que la vieja Europa le debía. Eso explica los apoyos recibidos.
Los presidentes mexicanos, o bien que no resisten a la presión de los intereses mezquinos de los grupos de poder, establecidos y fácticos, o están sujetos a ellos. Peor cuando se trata de un presidente sin credibilidad, ilegítimo y carente del apoyo de todos los sectores de la sociedad sin los cuales no pasa nada.
Por eso mismo la llamada alternancia del año 2000, se quedó en un simple cambio de estafeta —del ocupante de Los Pinos— entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, no se tradujo en beneficio alguno para el país. Nada para el sistema político, tampoco para el modelo económico; ese creador de encumbrados millonarios y tremendo socializador de pobres.
La ilegitimidad, el negocio
Corolario de esta compleja situación, resulta que el pueblo mexicano vive tiempos de inseguridad, incertidumbre, violencia, pobreza, abandono, y miedo en el campo y la ciudad, desde el norte hasta el sur del país. Y las elecciones como parteaguas sui géneris que son, forman parte importante de la renovación de un sistema político mexicano en crisis.
De ahí que la elección sea, como nudo gordiano, también soporte y reproductor dicho sistema político precario. Punto de encuentro o de confluencia entre las fuerzas políticas que se disputan el poder. Eso sí, funciona también como mecanismo legitimador, por el filtro del votante. Por eso no importa que sea legal, esa legalidad intrincada y saturada de normas. ¡Cuántas reformas a las leyes electorales!
¿Por qué y de quién tanta desconfianza?: ¡Que la democracia electoral! ¡Qué el respeto al voto ciudadano! ¡Que las campañas político-electorales! ¡Que los candidatos de los partidos! ¡Que los grandes recursos destinados a las elecciones! ¡Que las propuestas —ausentes— de los candidatos!
Pero, ¡no señores! Como diría Salinas, respeto de Luis Donaldo Colosio siendo el candidato presidencial cuando Manuel Camacho Solís atraía los reflectores como negociador del gobierno frente al EZLN: “No se hagan bolas”.
La verdad es que el fraude electoral es redituable. Es negocio para la clase político-económica porque la ilegitimidad es mejor para ellos. Un presidente ilegítimo no tiene la fuerza, ni consenso, ni credibilidad ni los hilos suficientes para emprender cambios de fondo que atenten contra sus intereses. Y a río revuelto ganancia de pescadores. Porque la elite político-económica presume que el modelo económico neoliberal llegó para quedarse. Y contra toda resistencia tiene la fuerza que manejarlo a su antojo: a la economía y a los políticos.
De ahí que en la práctica política de México, en el ejercicio del poder, la ilegitimidad se haya convertido en ilegalidad. Y la ilegalidad se considere como circunstancial pero a su vez como “normal”. Porque el modelo neoliberal que sirve sólo a los grandes intereses, tanto internos como externos porque desde afuera llegó el Consenso de Washington —así lo firmó, mediante Cartas de Intención en 1983, el ahora extinto presidente Miguel de la Madrid Hurtado y profundizó el ilegítimo Carlos Salinas—, es como cl “cuerno de la abundancia” o una gran alcancía. México es país agraciado de Latinoamérica por su distinción de su marcada desigualdad en la distribución de la riqueza. Y tiene para más, en tanto el modelo siga su curso.
De ahí la guerra continua de los ricos contra los pobres. Porque la trampa neoliberal se sustenta, entre otros candados, en las privatizaciones —llamadas pomposamente “reformas estructurales”— y venta de garaje de los bienes nacionales del otrora Estado benefactor que los administraba, para luego ir a parar a manos de particulares. Dizque por la eficacia del mercado. Patrañas, porque el neoliberalismo resulta a todas luces disfuncional y desarticulador de las economías reales y a beneficio de los capitales especulativos, golondrinos.
Por eso la llamada reforma del Estado en México generó en pocos años un montón de potentados, entre ellos a Carlos Slim ahora el hombre más rico del mundo. Y tantos más, como uno de los favoritos de Forbes, en estos tiempos Joaquín Loera El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.
¿No era Teléfonos de México una paraestatal? Al igual que el resto de las empresas privatizadas; algunas mal administradas, lo cual también es verdad, pero había una mejor distribución de la riqueza. Y la dinámica económica era otra, generaba empleos y reportaba índices de crecimiento del PIB del 6 por ciento —el llamado “desarrollo estabilizador”.
Por eso el acoso hacia Petróleos Mexicanos iniciado por Carlos Salinas de Gortari, continúa hoy por los panistas (Véase el libro de Ana Lilia Pérez, Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos. Grijalbo, febrero 2010). Sustento del cuento legislativo para brincarse una Constitución que blindara Lázaro Cárdenas desde los tiempos de la nacionalización de Pemex, para impedir el saqueo con la explotación del sector por las trasnacionales petroleras. ¿A beneficio de quién? (Ahora la situación está mucho peor; el saqueo tiene origen corporativo, y el crimen organizado ya llegó. De la misma autora: El cartel negro). Por cierto que los mexicanos pierden, porque las gasolinas están entre las más caras del mundo.
El caso Pemex
Por merecer trato aparte —sigue siendo la empresa más importante del país—, del caso Petróleos Mexicanos en Maniobras del poder escribimos lo siguiente.
Pemex, nido de ratas
*De la expropiación a la privatización
*El saqueo que atenta contra la nación
No queda nada qué celebrar en 18 de marzo con motivo de la Expropiación Petrolera del general Lázaro Cárdenas de 1937-38. ¡Bueno! Ni siquiera el día, porque se perdió con las iniciativas de Vicente Fox, y el aval del Congreso de la Unión, que modificaron el calendario para recorrer algunos días “festivos” como éste, para el lunes inmediato anterior.
El petróleo expropiado se convirtió en petróleo privatizado, de unos años para acá. Y, a estas alturas, casi no hay áreas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en las cuales no estén metidas las manos de particulares “amigos” y “contratistas”; sobre todo en la subsidiaria más importante: Pemex, Exploración y Producción (PEP). Bueno, ni siquiera pudieron esperar —los administradores y el gobierno federal panista—, a que la reforma de Calderón fuera aprobada por los legisladores en el Congreso. Hasta la presencia de inversionistas extranjeros ocurrió tiempo atrás.
Basta revisar el libro de Ana Lilia Pérez, Camisas azules… cit.), que desnuda las trapacerías de los panistas, para destapar la cloaca y ver solo algunas de las tantas transas que alimentan la voracidad de las mafias que trabajan en la paraestatal “de todos los mexicanos”, por los negocios que se ofertan (licitaciones amañadas) entre contratistas privilegiados.
Más lo que se acumula con el entreguismo a los beneficiarios mediante figuras anticonstitucionales como fueron los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), para algunas empresas extranjeras. ¡Sí, a extranjeros!, porque el petróleo pasó de la Petroleum Company of California (hoy Chevron-Texaco), la Standard Oil Company (hoy Exxon-Mobil), la Pebb Mex Oil Company (hoy Penzoil), de los tiempos de Cárdenas, a las petroleras trasnacionales de ahora: Repsol, Petrobras, Teikoku, Oil Techint, Tecpetro, y D&S Petroleum (p. 47), en los tiempos del PAN. Entreguismo de ¡alta traición contra los mexicanos!
Por eso, a estas alturas del partido no hay nada para celebrar. Todo lo contrario. Hay elementos para castigar a los responsables de tamañas acciones anticonstitucionales y atentatorias de la propia seguridad nacional (el petróleo para cualquier país es asunto de seguridad nacional, ni mencionar a Estados Unidos que por ese motivo emprendió las últimas guerras en Asia Central), porque hay funcionarios que han estado entregando a manos privadas el patrimonio de los mexicanos; el fruto de la decimoprimera empresa mundial de un energético que todavía mueve al mundo de la industria y los servicios.
Denunciar y juzgar, es lo que anticiparon algunos legisladores de oposición al PRI/PAN la semana anterior (sesiones de martes 9 y jueves 11 en la Cámara), cuando panistas y priistas se dieron hasta con la cubeta con motivo de los enjuagues para proteger a Enrique Peña Nieto, rumbo a la elección presidencial del 2012 […], aún a costa del aumento en los impuestos en prejuicio de los mexicanos. Sesión en donde los priistas mostraron la portada del libro citado para arremeter contra César Nava, como amigo cercano de Calderón que —junto con los “treintañeros y arrogantes” yuppies, y el malogrado Juan Camilo Mouriño— hizo negocios privados de la empresa pública número uno del país.
Y así lo asienta Miguel Ángel Granados Chapa en el prólogo del citado libro. “La inclinación de miembros del PAN al latrocinio y al abuso alcanza hasta a los mejores, o que parecían ostentar ese título, hasta que la indagación de Ana Lilia Pérez los puso en su lugar”. Y arremete contra Nava, luego de tantos elementos que aporta la autora. “El caso paradigmático de cuantos están expuestos en estas páginas es el de César Nava. Duró poco tiempo en la oficina del abogado general de Pemex. Pero su huella es tan profunda que parece haber estado allí una eternidad. En poco menos de dos años —de octubre de 2001 a septiembre de 2003— protagonizó casos que en otras circunstancias lo hubieran llevado a los tribunales” (p.p. i, ii). Y en esas anda. Tirando línea como líder de los diputados panistas en San Lázaro.
Baste el tema de los llamados CSM, como lamentable ejemplo. “Documentos internos de la paraestatal y la SFP (Secretaría de la Función Pública) revelan cómo Nava Vázquez, al frente de la OAG (Oficina del Abogado General), autorizó el diseño de los CSM… a la firma Pricewarderhouse Coopers”. Con todo y que “violaba el artículo 27 constitucional, la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM)” (p. 47).
Así, “en el periodo en que Raúl Muñoz Leos era director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo director de PEP, y César Nava abogado de la paraestatal, operaron para que ésta suscribiera contratos como si se tratara de una compañía privada, cediendo a terceros la exploración y explotación de pozos. Y al hacerlo pasaron por alto las consideraciones de especialistas adscritos a la OAG, quienes desde 2002, cuando se diseñaron los CSM, advirtieron que el modelo propuesto por Pricewarderhouse Coopers violentaba la ley” (p. 48).
Hay más triquiñuelas: “Al beneficiar a las trasnacionales con contratos por más de 4 000 millones de dólares que les permitiera explorar, explotar, producir, transportar o almacenar gas natural y sus condensados en la Cuenca de Burgos durante 20 años, Nava Vázquez les cedió actividades estratégicas de Pemex, por lo que habría incurrido en supuestas violaciones a los cuatro primeros artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, así como a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP)” (Ibíd.).
Aparte de Nava, aparecen documentadas las transas de Mouriño, de los hijos de Marta Sahagún en el apoyo de Oceanografía, de negro historial, de Sain Martin. Y tantas personalidades más, como el diputado Nordhausen y Juan Bueno Tenorio. Por esto, el 18 de marzo nada se celebra. [18.3.10]. (Está en: //bit.ly/HymHjd).
Elecciones fraudulentas
Con algunos testimonios. En las últimas décadas, el país cuenta en su haber con un saldo de por lo menos dos elecciones tramposas. Dos elecciones presidenciales agudamente cuestionadas, al grado de cargar con el señalamiento de la ilegitimidad: la de Carlos Salinas de Gortari el 6 de julio de 1988, señalada como la “caída del sistema” porque las trampas impidieron a Cuauhtémoc Cárdenas ser el Presidente. La de Felipe Calderón Hinojosa en el 2006, quien se negó al recuento de votos pese a que la diferencia fue tan pequeña que no le garantizaba el triunfo per sé. Y menos con los engaños cibernéticos que todos vimos la noche del 2 de julio del 2006. Impidiendo así el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial. (Véase a: José Antonio Crespo, 2006. Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, Debate, 2008).
Elecciones de Estado, a fin de cuentas. Porque sin respetar la voluntad popular se construye la imposición de ganadores que deriva en el rechazo y el desencanto popular. Con Salinas se gestó el desastre nacional; con Calderón vino la estocada. Por ello, ambos presidentes requirieron golpes de timón para tratar de legitimarse. Y lo consiguieron a medias, pero cómo han castigado al país.
El primero pretendió lograrlo con El Quinazo, la detención de Joaquín Hernández Galicia líder del sindicato petrolero. Luego la sustitución de Carlos Jonguitud por Elba Esther Gordillo, en deterioro de la educación del país y para el uso político del sindicato magisterial. El segundo se sacó de la manga una guerra contra el narcotráfico, de la cual el país padece ahora las más graves y violentas consecuencias. Porque ningún número de muertos justifica una determinación presidencial de ese tamaño. Y ya van 60 mil, según la estadística, porque la justicia brilla por su ausencia. Sólo hay impunidad. Como si le faltara algo a un sistema político disfuncional, que se distingue también por su elevada corrupción en el ranquin mundial.
1988
Del primero hasta su mentor se arrepintió. Se trata del testimonio de De la Madrid sobre Salinas, que veremos ahora. Hay muchas opiniones, pero veamos sólo algunas. Primero en la reflexión de Porfirio Muñoz Ledo sobre el fraude electoral. Cita larga pero necesaria, porque su significado es mayúsculo para el país. Más cuando Salinas anda escribiendo libros autojustificatorios sobre su gestión. Que más bien son de cinismo y perversidad políticos.
“Un libro esencial —dice Muñoz Ledo— para el conocimiento del acontecer contemporáneo del país es 1988: El año que calló el sistema. Su autora, la noble periodista Martha Anaya. Leerlo es una experiencia estremecedora e imprescindible. Debiera generar un análisis responsable sobre los orígenes inmediatos de la tragedia nacional. No es un alegato ideológico sino un repaso objetivo y documentado de [los] sucesos que descarrilaron el cambio histórico. El abatimiento de los velos piadosos que han encubierto la enorme tradición cometida contra la voluntad popular: el juego suicida entre inercias y mezquindades que ha marcado desde entonces el despeñadero moral de la República.
“La obra en una crónica de las jornadas iniciadas el día de la elección y desarrolladas más tarde entre bambalinas, hasta que el sistema recobró el control político mediante la aceptación —interesada o medrosa— de una victoria oficial que nunca existió, por parte de quienes realmente la obtuvieran. Los testimonios de los actores no dejan lugar a dudas sobre las cuestiones a debate.
“Ante todo el verdadero resultado de los comicios, ¿Cárdenas obtuvo más sufragios que Salinas o sólo quisieron preservar una mayoría holgada para el régimen? Además de que los hechos relativos apuntan inequívocamente en el primer sentido, ninguno de los interrogados afirma que Salinas ganó la elección.
“Quien es titular del Ejecutivo dice: `portar el sambenito del fraude es penoso pero lo hubiera sido más perder el poder´; `a la izquierda no habría ni hay que dejarla llegar´. `Creo que hice bien en impedirlo´. Aunque no haya sido obra de su firmeza, sino de las maquinaciones del beneficiario primordial.
“La célebre caída del sistema es más sustantiva de lo que muchos suponen. No fue sólo una decisión de emergencia para evitar la diseminación de cifras abundantemente favorables a la oposición en el Valle de México. Derivó también de obstrucciones informativas de los comités estatales, que improvisaban malabarismo para maquillar los resultados en todo el territorio nacional.
“El cúmulo de falsificaciones comprobables, el `escalofrío de Los Pinos´ descrito por la autora, el desconcierto de la clase gobernante, la perceptible neutralidad del Ejército, la convicción de nuestro triunfo en la opinión internacional y sobre todo el enardecimiento popular, habían creado las condiciones para exigir la nulidad de la elección e impulsar una genuina transición democrática.
“Así lo convinimos el 6 de julio en el Llamado a la legalidad redactado por Carlos Castillo Peraza y por mí: `En caso de que no se restablezca la legalidad de proceso electoral no aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos a las autoridades que provinieran de hechos fraudulentos, por lo que procederíamos a defender los derechos del pueblo mexicano con todas las armas que la Constitución nos otorga´.
“Las evidencias del fraude eran mucho mayores a las que cualquier legislación establece para anular comicios, y la capacidad de movilización social muy superior a otras que desplomaron regímenes por la vía pacífica. La equiparación con el 68 es desproporcionada, y el hipotético `baño de sangre´, sólo una excusa a posteriori del discernimiento. No era factible, ni con Atila despachando en Palacio.
[…]
“Pudimos ser adelantados de la historia, pero los principales dirigentes carecían de los tamaños para entenderlo. Se requería, como escribió Jorge Castañeda, `una visión de largo plazo y la definición precisa de que la meta era la liquidación del sistema´.
“En aquél entonces le dije: `si dejamos que este chaparrito se recupere y reagrupe sus fuerzas, no nos lo quitamos de encima´. Así sucedió y la derecha se instaló en el poder durante dos decenios para ejecutar un programa radicalmente opuesto al plebiscitado por el pueblo.
“El desastre acaecido hasta hoy es nuestra responsabilidad por omisión y la pequeñez de algunos apenas se distingue de la complicidad.
“Afirma De la Madrid que, al entrevistarse secretamente con su contrincante, Cárdenas admitió la derrota: `Aceptó la victoria de Salinas en los hechos; se sentó con él a negociar´. A cambio de ninguna ventaja política comprobable, ya que todas fueron a las alforjas de Acción Nacional. Para acá reservaron la represión y finalmente el desprecio.
“No imagino a los conspiradores de Querétaro —cierra el autor apaleando a Cuauhtémoc— negociando en la sombra posiciones con el virreinato ni a los maderistas o constitucionalistas enviando en la batalla mensajes subterráneos de retirada. Para infortunio de nuestra generación, los héroes no se dan en maceta ni la grandeza es un bien heredable”. Hasta aquí. (Tomado de: La vía radical. Para refundar la República. Grijalbo, 2010. P.p. 13-15).
También el periodista Martín Moreno califica: “Salinas de Gortari llegó a la presidencia mediante ese fraude”. (p. 126). Y resalta el diálogo de Martha Anaya con De la Madrid. (P.p. 126-128). “El fraude electoral… radica también en la actuación de los poderes establecidos: en las autoridades electorales, en los presidentes de casilla, en el Tribunal Federal Electoral, en los secretarios de Estado, y en el Presidente de la República”. (p. 128).
Y remata: “El fraude del 88 estuvo en el 50 por ciento de casillas no contadas por la oposición; en las 1 762 con votación absoluta para el PRI y ningún sufragio para otro partido; en el retardo de los resultados electorales. Pero fundamentalmente, estuvo en la intervención del presidente Miguel de la Madrid, utilizando todo el poder del Estado, para manipular y dar tiempo a los operadores priistas para `la votación y adjudicarle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. En resumen, 1988 fue un ejemplo mayúsculo del abuso del poder en México. De ellos, los priistas”. (En: Abuso del poder en México. Aguilar, 2012, p. 130).
En la entrevista con Carmen Aristegui para el libro Transición, De la Madrid no mencionó el fraude electoral, pero sí “rompió la regla de oro” de hablar de su sucesor. Se dijo decepcionado de él. En MVS Radio Noticias, se retransmite la entrevista el 13 de mayo de 2009.
Carmen lanza la pregunta: “¿Qué dice a la distancia de haber sido, porque no me lo va a negar, el factor para que Salinas llegara a la presidencia? ¿Se equivocó?
“MMH: Me siento decepcionado porque me equivoqué, pero en aquel entonces no tenía elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas; me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores.
“CAF: ¿Qué le decepcionó más de Carlos Salinas?
MMH: Principalmente esa inmoralidad que hubo.
CAF: Respecto al dinero. ¿Y de su gestión política?
MMH: También creo que cometió equivocaciones graves, que le trajeron la antipatía de ciertos grupos de la población”. (Grijalbo. 2011. p. 108).
Luego Salinas descalificó a su mentor obligándolo, por intermediación de su familia, a firmar un desmentido: que “sus respuestas carecen de validez y exactitud”. Salinas alegó en carta a la periodista sobre la “limitación de sus capacidades” del interlocutor. Hizo todo para eludir políticamente las consecuencias.
Y Aristegui concluye, en entrevista posterior con La Jornada: “Sin que haya un juicio de interdicción, aquí simplemente se aceptó porque Carlos Salinas lo decía. Los ejes de poder de este país silenciaron a un expresidente y por la noche el duopolio televisivo hizo caso omiso; esto último nos habla de uno de los principales asuntos que existen en este país, y que nos hacen pensar que la democracia en México, si es que es tal cosa, es de tan baja calidad que se atenta contra un derecho fundamental de los ciudadanos: el derecho a la información”. (27 de noviembre de 2009). Un régimen absolutamente rudo que lleva 20 años de continuidad, decía Camacho Solís con la entrevistadora.
Pero el dictamen estaba hecho tiempo atrás. Carlos Salinas no se salva del repudio popular, y menos del juicio de la historia.
2006
Sobre el modo bajo el cual Calderón llegó al poder, también se ha escrito lo suficiente como para saber que no ganó con votos sino a chaleco. Es decir con un dictamen torcido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De ahí que en las calles —porque la gente común nunca olvida— el “presidente legítimo” siga siendo López Obrador.
El 30 de mayo de 2010 en la columna “Elecciones a la mexicana”, escribíamos: “El 3 de agosto de 2006, reunidos en un seminario especial de trabajo en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 61 investigadores y científicos de diversas disciplinas pertenecientes a 25 instituciones del país, tras analizar y discutir cuidadosamente los resultados de trece estudios realizados en México y uno en la Universidad de Cornell, Estados Unidos de Norteamérica, con base en los datos publicados por el IFE, concluyeron que en la elección de Presidente de la República del 2 de julio de 2006 hubo anomalías lo suficientemente evidentes que no permiten decir que se haya cumplido con el principio rector de certeza”. (Tomado de: “Elecciones presidenciales. México 2006”, http://bit.ly/w0WUvY). Fraude cibernético.
¿Por qué no se anuló la elección? ¿A cuentas de qué el TEPJF benefició a uno de los candidatos, en su caso a Calderón, sin atender plenamente las anomalías de la citada elección? ¿Por qué el IFE declaró ganador a Calderón sin las evidencias plenas? ¿Los intereses de quién se impusieron para dar el triunfo al PAN? ¿Por no permitir la llegada de Obrador al poder? ¿Por temores de quién o quiénes? ¿Por qué no respetar la voluntad ciudadana? ¿Otro fraude después del 88? ¿Qué clase de presidente sería electo con tamañas anomalías? ¿Se merecen eso los mexicanos? Algunos pocos, los detentadores del poder dirían que sí; de hecho porque lo dijeron es que se validó la elección.
José Antonio Crespo, quien realizó una investigación seria, no pudo concluir que Calderón ganó; aunque tampoco dijo que ganara Obrador. Sólo sembró la duda, que el cúmulo de irregularidades no podía ser el basamento de una determinación legal para el TEPJF, pero lo hizo. Aquí una apretada síntesis de su indagación.
“La elección presidencial de 2006 —comienza diciendo el autor— representó un fracaso, en tanto no pudo generar consenso sobre el resultado, es decir, la convicción generalizada de que quien ganó oficialmente lo hizo en buena lid”.
La equidad en la contienda, la imparcialidad de las autoridades encargadas de organizar y calificar los comicios y la pulcritud del proceso electoral, son elementos que contribuyen a obtener el consenso electoral. Cierto. “Pero no siempre es posible garantizar tales condiciones al cien por ciento; o mejor dicho, casi nunca lo es.” (p. 17).
Dada la demanda del “voto por voto, casilla por casilla”, con la cual Obrador enfiló sus protestas partidistas y de simpatizantes ciudadanos, “me acerqué al PREP del IFE, para preguntar cuántos errores aritméticos detectaba entre los rubros del acta que estaban diseñados para coincidir. La cantidad resultó abrumadora: entre 800 mil y dos millones y medio, según los rubros comparados”. (p. 13).
Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE, al difundir los resultados computados dijo: “La regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que tenga más votos. Han sido los ciudadanos, y sólo ellos, quienes han decidido el resultado final”. No obstante, agrega Crespo: Si existen votos irregulares o inciertos en número superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la contienda, no es posible determinar cuál fue esa voluntad ciudadana de la que hablaba Ugalde.
Y en las conclusiones agrega que a la regla de oro citada por Ugalde suele omitirse que: “Si por un voto se gana o se pierde, basta uno solo que sea irregular, de origen incierto, espurio o que no se hubiera considerado en el cómputo total, para generar incertidumbre en el cómputo total, para generar incertidumbre sobre quién ganó”. (p. 165).
“…Mientras más cerrado es un resultado, más pulcra y equitativa debe ser la elección para que un veredicto estrecho genere, pese a todo, consenso y credibilidad entre los candidatos y sus respectivos partidarios. De lo contrario surgen la incertidumbre, la duda, la impugnación, el cuestionamiento sobre la legitimidad de la elección misma y de su ganador oficial”. (p. 18.)
Y la norma dicta: “La ley de impugnación establece que, cuando los votos irregulares en una casilla no permiten saber por quién votó el electorado de esa casilla, lo consecuente es anular la elección”. (p. 166). Y si los informes de IFE reportaban inconsistencias aritméticas “en las actas de aproximadamente 81 mil casillas (63 por ciento de las poco más de 130 mil casillas que se instalaron)…, el tribunal interpretó en su primera sentencia (5 de agosto) que el IFE debió abrir “todos los paquetes electorales cuyas actas registraran cualquier inconsistencia aritmética…”
Pero no. El IFE sólo abrió el 3.5 por ciento de los paquetes, lo que implicaba que el 96 por ciento restante no fuera abierto en ese proceso conforme lo estipulaba la ley. (p. 167). Así, ante la incertidumbre prevaleciente lo lógico hubiera sido declarar nula la elección, no por la citada ley de impugnación cuando por “la causal de nulidad abstracta… según la cuál cuando se detecta alguna irregularidad que afecte gravemente alguno de los principios rectores de los procesos electorales —en este caso la certeza—, procede invalidar la elección respectiva”. (p. 172).
Sin embargo, “los magistrados determinaron que las irregularidades detectadas no habían sido determinantes en el resultado…”, pero “la verdad aritmética contenida en las actas electorales difiere, en este punto, de la verdad jurídica determinada por el Tribunal”. (p. 173). En fin, que “el propio tribunal estableció en su dictamen final (5 de septiembre) que la ley de impugnación electoral valía para desahogar los juicios de inconformidad, pero no era aplicable al hacer el cómputo final ni al ponderar la validez de la elección.” (sub. nuestro). (Ib.).
Concluye Crespo con la siguiente metáfora: “Al preguntarle a las actas electorales —únicas con valor oficial para determinar el resultado final— ¿quién ganó?, estas no nos respondieron, como muchos podrían suponer, que triunfó Felipe Calderón. Tampoco responden que ganó Andrés Manuel López Obrador, como muchos otros suponen. Lo que afirman es que lógica y aritméticamente no es posible saber quién ganó.” Por lo tanto, “el triunfo inobjetable e inequívoco de Calderón se convierte, también a la luz de lo que dicen las actas, en otro mito”. (p. 171).
Luego entonces, “El Tribunal Electoral validó jurídicamente el triunfo de Calderón, para lo cual está facultado, pero no lo demostró fehacientemente. Lo hizo al margen de la información contenida en las actas, en lo que respecta a los votos irregulares”. (Ib.). Las actas dicen algo muy distinto a lo que los magistrados nos informaron que decían.
Un sistema caduco
Desde los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu y Posadas Ocampo, quedó más claro que los grupos políticos estaban dispuestos a seguir disputándose el poder a balazos. Como durante la posrevolución, cuando los generales y caciques controlaban el territorio nacional. Como lo plantea el ya clásico politólogo Don Daniel Cosío Villegas en El sistema político mexicano: “Y en 1928 la lucha facciosa concluyó con la muerte de los tres candidatos revolucionarios: los generales (Francisco R.) Serrano y (Álvaro) Obregón, asesinados, y Arnulfo R. Gómez, fusilado”. (Joaquín Mortiz, p. 37).
Hoy el país parece fuera de control. Sujeto a la voluntad de la élite político-empresarial. Ahora las disputas por una rebanada del pastel son sangrientas. La lucha contra el narcotráfico sacó a los militares a las calles y no hay contención alguna del flagelo. Más allá del arresto de narcos menores, no se vislumbra mayor solución porque la sociedad no encuentra el sosiego, la paz y tranquilidad familiar, la seguridad que necesita para el diario vivir.
Ni los presidentes ni los partidos parecen estar disciplinando siquiera a sus huestes. El autoritarismo presidencialista alentado por el PRI durante su vigencia de siete décadas, entró en descomposición desde los últimos sexenios del priismo neoliberal, y se agravó con la alternancia panista. Más resultó que el PAN llegó a instaurar un gobierno proempresarial todavía más agresivo. Por eso no hay solución a sus promesas. ¿Cuál “tele, vocho y changarro” como prometió Vicente Fox? ¿Cuál presidente del empleo, como lo dijo Calderón?
Las promesas, promesas son. ¡A juzgar por estos tiempos electorales!
¿Alguien de los políticos, aún los candidatos presidenciales (Enrique Peña Nieto por el PRI; Josefina Vásquez Mota del PAN; Andrés Manuel López Obrador por el PRD —con sus satélites los tres—, Gabriel Cuadri de la Torre por el Panal), se acuerda del sistema político mexicano? ¿Algún candidato sabe, y tiene presente que dicho sistema demanda cambios? ¿Qué el sistema político está en vías de descomposición?
El presidente en turno, como cabeza del Estado, es el responsable de las directrices nacionales y de las políticas de seguimiento. El garante del buen funcionamiento del entramado institucional y gubernamental, no para el laissez faire, laissez passer sino para resolver los problemas del país. En dos sentidos: 1) Cambios al propio sistema político mexicano; 2) A la política económica que comprende el modelo de desarrollo y el proyecto de país.
Sin desdeñar la relación de México con el exterior.
El contexto internacional
Por último, el titular del Ejecutivo es el responsable de rendir cuentas por lo que se hace y deja de hacer, ya interna como en política exterior. Y en el terreno internacional, el presidente debe estar atento a las políticas no diplomáticas sino de agresión, injerencista e intervencionismo de los Estados Unidos. No rendir pleitesía, como los últimos presidentes mexicanos, es o debiera ser el reto para el que gane el 1° de julio.
Nada más por tratarse de la cúpula económico-política del poder imperial, hay puntos que no pueden dejar de señalarse:
1.- La política exterior de EU es agresiva. Deriva por lo menos de cuatro momentos clave: a) una concepción geopolítica y geoeconómica trasnacional en Jauja, consolidada durante la segunda posguerra fría (su economía ganó con la fabricación y venta de armas a los países aliados, primordialmente durante la Segunda Guerra, y también con la reconstrucción europea); b) del trastrocamiento causado por la crisis petrolera de 1973, gracias al férreo control de la extracción y exportación por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP; c) ahora en decadencia con el arribo a la primera década del siglo XXI, manifiesta como una crisis inmobiliaria que devino en burbuja financiera en 2007 y estalló fatalmente como crisis profunda en 2008, misma de la cual ni vísperas tiene de salir porque no ve la luz al final del túnel.
2.- A pesar de las revelaciones del portal Wikileaks que desnudaron por completo al estilo de ejercer la “diplomacia” en contra de todo el mundo, porque las embajadas operan como centro de espionaje, cuando no interviniendo abiertamente en acciones de clara competencia local. La historia latinoamericana redunda en ejemplos de tal intervencionismo.
3.- Los gobernantes mexicanos desdeñan también que de sus políticas de agresión, los EU desatan luego cruentas guerras por motivos de su “seguridad nacional”, como los energéticos petróleo y gas, según lo determinan los estrategas del Pentágono, la maquinaria militar/industrial de Eisenhower más grande del mundo.
4.- La reacción a los atentados del 11/S-2001, más que arremeter contra Osama bin Laden, otrora entrenado por la Agencia Central de Inteligencia para repeler la invasión soviética a Afganistán en 1979, fue el pretexto de EU para invadir ese mismo país en el año 2011, de interés por el control del cultivo de amapola; Irak en 2003, con todo y nunca se demostró la existencia de las “armas de destrucción masiva” en manos de Sadam Hussein, y Paquistán en 2008.
5) Téngase presente que en alianza con Israel, EU amenaza ahora a países como Irán y Siria, lo que puede desatar una guerra más amenazante para la región y el mundo.
Ante este mínimo panorama México carece de una visión geopolítica e institucional, no únicamente de las acciones imperiales de EU en el mundo, sino primordialmente en lo que atañe al propio país. Ni qué decir de un aparato de inteligencia que alerte sobre estas políticas ofensivas gringas. Los órganos locales existentes no funcionan. Sólo generan espionaje, pero contra los “enemigos internos”. Como si no supieran que la amenaza se está gestando desde afuera.
¿Alguien sabe qué intenciones hay atrás de los promotores de la violencia, con programas como la venta de armas a bandas del crimen organizado, a los carteles de las drogas en la frontera norte? Cuidado, porque no son almas de la caridad. Al menos tienen fines desestabilizadores en contra de México. Los energéticos están atrás. ¿Qué más? La ilegitimidad neoliberal le conviene a la elite político empresarial local, pero también al intervencionismo imperial de EU.
A México le urge enderezar el rumbo; esa es la más urgente demanda ciudadana. Para ello se requiere un presidente, sobre todo, legítimo. Estaremos viendo quién lo logra.
* N° 1 de Reporte México, Revista de Reportajes. México, abril-mayo de 2012.
“La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el agua sobre el aceite”, Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
Resistencia al cambio
En la historia de los países hay circunstancias o coyunturas álgidas que, cuando se presentan dejan una buena impresión, o casi siempre una herida que no cierra fácilmente. Es el caso, por ejemplo, del estallido de revoluciones, la promulgación de constituciones, el fin de prolongadas guerras o la caída de tiranos, entre otros. Acontecimientos que trascienden y son inevitables porque se entrecruzan con el presente y amalgaman el futuro de los pueblos.
Como sucede en los países pobres y en “desarrollo”, México tiene en la actualidad un corolario de situaciones tan complejas, álgidas y hasta peligrosas. Para explicarlas hay que ver, como en la dialéctica, la dinámica interna que está en primera fila. Desde afuera, por su parte, hay que medir tanto el yugo geopolítico y geoeconómico imperial con el cual avasalla al mundo los Estados Unidos, como los coletazos de la llamada globalización neoliberal en declive.
Se trata, por un lado, de los síntomas de descomposición de un sistema político mexicano caduco y que se resiste al cambio; la democracia, que se alude cual si fuera mercachifle electoral, como un simple ardid publicitario. Los políticos se quedan con la revisión de los problemas nacionales y el diagnóstico, porque se niegan a emprender la reestructuración. Por ello tanto parche a la Constitución y tantas leyes “complementarias”, porque los líderes de la clase política defienden privilegios —propios y ajenos, los del poder económico— frente a cualquier intento de renovación, provenga de donde provenga.
Por eso también la llamada transición del sistema político no cuaja, y se queda en buenas intenciones y enredos discursivos. Porque no hay voluntad política desde la institución presidencial —vivimos en un sistema presidencialista y a ella le competen los primeros pasos—, sobre todo, para negociarla. Porque hay muchas resistencias. Pero se requieren estadistas, no gobernantes. Por eso transiciones como la española tienen mérito; seguro que por su casta imperial y por todos los favores que la vieja Europa le debía. Eso explica los apoyos recibidos.
Los presidentes mexicanos, o bien que no resisten a la presión de los intereses mezquinos de los grupos de poder, establecidos y fácticos, o están sujetos a ellos. Peor cuando se trata de un presidente sin credibilidad, ilegítimo y carente del apoyo de todos los sectores de la sociedad sin los cuales no pasa nada.
Por eso mismo la llamada alternancia del año 2000, se quedó en un simple cambio de estafeta —del ocupante de Los Pinos— entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, no se tradujo en beneficio alguno para el país. Nada para el sistema político, tampoco para el modelo económico; ese creador de encumbrados millonarios y tremendo socializador de pobres.
La ilegitimidad, el negocio
Corolario de esta compleja situación, resulta que el pueblo mexicano vive tiempos de inseguridad, incertidumbre, violencia, pobreza, abandono, y miedo en el campo y la ciudad, desde el norte hasta el sur del país. Y las elecciones como parteaguas sui géneris que son, forman parte importante de la renovación de un sistema político mexicano en crisis.
De ahí que la elección sea, como nudo gordiano, también soporte y reproductor dicho sistema político precario. Punto de encuentro o de confluencia entre las fuerzas políticas que se disputan el poder. Eso sí, funciona también como mecanismo legitimador, por el filtro del votante. Por eso no importa que sea legal, esa legalidad intrincada y saturada de normas. ¡Cuántas reformas a las leyes electorales!
¿Por qué y de quién tanta desconfianza?: ¡Que la democracia electoral! ¡Qué el respeto al voto ciudadano! ¡Que las campañas político-electorales! ¡Que los candidatos de los partidos! ¡Que los grandes recursos destinados a las elecciones! ¡Que las propuestas —ausentes— de los candidatos!
Pero, ¡no señores! Como diría Salinas, respeto de Luis Donaldo Colosio siendo el candidato presidencial cuando Manuel Camacho Solís atraía los reflectores como negociador del gobierno frente al EZLN: “No se hagan bolas”.
La verdad es que el fraude electoral es redituable. Es negocio para la clase político-económica porque la ilegitimidad es mejor para ellos. Un presidente ilegítimo no tiene la fuerza, ni consenso, ni credibilidad ni los hilos suficientes para emprender cambios de fondo que atenten contra sus intereses. Y a río revuelto ganancia de pescadores. Porque la elite político-económica presume que el modelo económico neoliberal llegó para quedarse. Y contra toda resistencia tiene la fuerza que manejarlo a su antojo: a la economía y a los políticos.
De ahí que en la práctica política de México, en el ejercicio del poder, la ilegitimidad se haya convertido en ilegalidad. Y la ilegalidad se considere como circunstancial pero a su vez como “normal”. Porque el modelo neoliberal que sirve sólo a los grandes intereses, tanto internos como externos porque desde afuera llegó el Consenso de Washington —así lo firmó, mediante Cartas de Intención en 1983, el ahora extinto presidente Miguel de la Madrid Hurtado y profundizó el ilegítimo Carlos Salinas—, es como cl “cuerno de la abundancia” o una gran alcancía. México es país agraciado de Latinoamérica por su distinción de su marcada desigualdad en la distribución de la riqueza. Y tiene para más, en tanto el modelo siga su curso.
De ahí la guerra continua de los ricos contra los pobres. Porque la trampa neoliberal se sustenta, entre otros candados, en las privatizaciones —llamadas pomposamente “reformas estructurales”— y venta de garaje de los bienes nacionales del otrora Estado benefactor que los administraba, para luego ir a parar a manos de particulares. Dizque por la eficacia del mercado. Patrañas, porque el neoliberalismo resulta a todas luces disfuncional y desarticulador de las economías reales y a beneficio de los capitales especulativos, golondrinos.
Por eso la llamada reforma del Estado en México generó en pocos años un montón de potentados, entre ellos a Carlos Slim ahora el hombre más rico del mundo. Y tantos más, como uno de los favoritos de Forbes, en estos tiempos Joaquín Loera El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.
¿No era Teléfonos de México una paraestatal? Al igual que el resto de las empresas privatizadas; algunas mal administradas, lo cual también es verdad, pero había una mejor distribución de la riqueza. Y la dinámica económica era otra, generaba empleos y reportaba índices de crecimiento del PIB del 6 por ciento —el llamado “desarrollo estabilizador”.
Por eso el acoso hacia Petróleos Mexicanos iniciado por Carlos Salinas de Gortari, continúa hoy por los panistas (Véase el libro de Ana Lilia Pérez, Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos. Grijalbo, febrero 2010). Sustento del cuento legislativo para brincarse una Constitución que blindara Lázaro Cárdenas desde los tiempos de la nacionalización de Pemex, para impedir el saqueo con la explotación del sector por las trasnacionales petroleras. ¿A beneficio de quién? (Ahora la situación está mucho peor; el saqueo tiene origen corporativo, y el crimen organizado ya llegó. De la misma autora: El cartel negro). Por cierto que los mexicanos pierden, porque las gasolinas están entre las más caras del mundo.
El caso Pemex
Por merecer trato aparte —sigue siendo la empresa más importante del país—, del caso Petróleos Mexicanos en Maniobras del poder escribimos lo siguiente.
Pemex, nido de ratas
*De la expropiación a la privatización
*El saqueo que atenta contra la nación
No queda nada qué celebrar en 18 de marzo con motivo de la Expropiación Petrolera del general Lázaro Cárdenas de 1937-38. ¡Bueno! Ni siquiera el día, porque se perdió con las iniciativas de Vicente Fox, y el aval del Congreso de la Unión, que modificaron el calendario para recorrer algunos días “festivos” como éste, para el lunes inmediato anterior.
El petróleo expropiado se convirtió en petróleo privatizado, de unos años para acá. Y, a estas alturas, casi no hay áreas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en las cuales no estén metidas las manos de particulares “amigos” y “contratistas”; sobre todo en la subsidiaria más importante: Pemex, Exploración y Producción (PEP). Bueno, ni siquiera pudieron esperar —los administradores y el gobierno federal panista—, a que la reforma de Calderón fuera aprobada por los legisladores en el Congreso. Hasta la presencia de inversionistas extranjeros ocurrió tiempo atrás.
Basta revisar el libro de Ana Lilia Pérez, Camisas azules… cit.), que desnuda las trapacerías de los panistas, para destapar la cloaca y ver solo algunas de las tantas transas que alimentan la voracidad de las mafias que trabajan en la paraestatal “de todos los mexicanos”, por los negocios que se ofertan (licitaciones amañadas) entre contratistas privilegiados.
Más lo que se acumula con el entreguismo a los beneficiarios mediante figuras anticonstitucionales como fueron los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), para algunas empresas extranjeras. ¡Sí, a extranjeros!, porque el petróleo pasó de la Petroleum Company of California (hoy Chevron-Texaco), la Standard Oil Company (hoy Exxon-Mobil), la Pebb Mex Oil Company (hoy Penzoil), de los tiempos de Cárdenas, a las petroleras trasnacionales de ahora: Repsol, Petrobras, Teikoku, Oil Techint, Tecpetro, y D&S Petroleum (p. 47), en los tiempos del PAN. Entreguismo de ¡alta traición contra los mexicanos!
Por eso, a estas alturas del partido no hay nada para celebrar. Todo lo contrario. Hay elementos para castigar a los responsables de tamañas acciones anticonstitucionales y atentatorias de la propia seguridad nacional (el petróleo para cualquier país es asunto de seguridad nacional, ni mencionar a Estados Unidos que por ese motivo emprendió las últimas guerras en Asia Central), porque hay funcionarios que han estado entregando a manos privadas el patrimonio de los mexicanos; el fruto de la decimoprimera empresa mundial de un energético que todavía mueve al mundo de la industria y los servicios.
Denunciar y juzgar, es lo que anticiparon algunos legisladores de oposición al PRI/PAN la semana anterior (sesiones de martes 9 y jueves 11 en la Cámara), cuando panistas y priistas se dieron hasta con la cubeta con motivo de los enjuagues para proteger a Enrique Peña Nieto, rumbo a la elección presidencial del 2012 […], aún a costa del aumento en los impuestos en prejuicio de los mexicanos. Sesión en donde los priistas mostraron la portada del libro citado para arremeter contra César Nava, como amigo cercano de Calderón que —junto con los “treintañeros y arrogantes” yuppies, y el malogrado Juan Camilo Mouriño— hizo negocios privados de la empresa pública número uno del país.
Y así lo asienta Miguel Ángel Granados Chapa en el prólogo del citado libro. “La inclinación de miembros del PAN al latrocinio y al abuso alcanza hasta a los mejores, o que parecían ostentar ese título, hasta que la indagación de Ana Lilia Pérez los puso en su lugar”. Y arremete contra Nava, luego de tantos elementos que aporta la autora. “El caso paradigmático de cuantos están expuestos en estas páginas es el de César Nava. Duró poco tiempo en la oficina del abogado general de Pemex. Pero su huella es tan profunda que parece haber estado allí una eternidad. En poco menos de dos años —de octubre de 2001 a septiembre de 2003— protagonizó casos que en otras circunstancias lo hubieran llevado a los tribunales” (p.p. i, ii). Y en esas anda. Tirando línea como líder de los diputados panistas en San Lázaro.
Baste el tema de los llamados CSM, como lamentable ejemplo. “Documentos internos de la paraestatal y la SFP (Secretaría de la Función Pública) revelan cómo Nava Vázquez, al frente de la OAG (Oficina del Abogado General), autorizó el diseño de los CSM… a la firma Pricewarderhouse Coopers”. Con todo y que “violaba el artículo 27 constitucional, la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM)” (p. 47).
Así, “en el periodo en que Raúl Muñoz Leos era director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo director de PEP, y César Nava abogado de la paraestatal, operaron para que ésta suscribiera contratos como si se tratara de una compañía privada, cediendo a terceros la exploración y explotación de pozos. Y al hacerlo pasaron por alto las consideraciones de especialistas adscritos a la OAG, quienes desde 2002, cuando se diseñaron los CSM, advirtieron que el modelo propuesto por Pricewarderhouse Coopers violentaba la ley” (p. 48).
Hay más triquiñuelas: “Al beneficiar a las trasnacionales con contratos por más de 4 000 millones de dólares que les permitiera explorar, explotar, producir, transportar o almacenar gas natural y sus condensados en la Cuenca de Burgos durante 20 años, Nava Vázquez les cedió actividades estratégicas de Pemex, por lo que habría incurrido en supuestas violaciones a los cuatro primeros artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, así como a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP)” (Ibíd.).
Aparte de Nava, aparecen documentadas las transas de Mouriño, de los hijos de Marta Sahagún en el apoyo de Oceanografía, de negro historial, de Sain Martin. Y tantas personalidades más, como el diputado Nordhausen y Juan Bueno Tenorio. Por esto, el 18 de marzo nada se celebra. [18.3.10]. (Está en: //bit.ly/HymHjd).
Elecciones fraudulentas
Con algunos testimonios. En las últimas décadas, el país cuenta en su haber con un saldo de por lo menos dos elecciones tramposas. Dos elecciones presidenciales agudamente cuestionadas, al grado de cargar con el señalamiento de la ilegitimidad: la de Carlos Salinas de Gortari el 6 de julio de 1988, señalada como la “caída del sistema” porque las trampas impidieron a Cuauhtémoc Cárdenas ser el Presidente. La de Felipe Calderón Hinojosa en el 2006, quien se negó al recuento de votos pese a que la diferencia fue tan pequeña que no le garantizaba el triunfo per sé. Y menos con los engaños cibernéticos que todos vimos la noche del 2 de julio del 2006. Impidiendo así el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial. (Véase a: José Antonio Crespo, 2006. Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, Debate, 2008).
Elecciones de Estado, a fin de cuentas. Porque sin respetar la voluntad popular se construye la imposición de ganadores que deriva en el rechazo y el desencanto popular. Con Salinas se gestó el desastre nacional; con Calderón vino la estocada. Por ello, ambos presidentes requirieron golpes de timón para tratar de legitimarse. Y lo consiguieron a medias, pero cómo han castigado al país.
El primero pretendió lograrlo con El Quinazo, la detención de Joaquín Hernández Galicia líder del sindicato petrolero. Luego la sustitución de Carlos Jonguitud por Elba Esther Gordillo, en deterioro de la educación del país y para el uso político del sindicato magisterial. El segundo se sacó de la manga una guerra contra el narcotráfico, de la cual el país padece ahora las más graves y violentas consecuencias. Porque ningún número de muertos justifica una determinación presidencial de ese tamaño. Y ya van 60 mil, según la estadística, porque la justicia brilla por su ausencia. Sólo hay impunidad. Como si le faltara algo a un sistema político disfuncional, que se distingue también por su elevada corrupción en el ranquin mundial.
1988
Del primero hasta su mentor se arrepintió. Se trata del testimonio de De la Madrid sobre Salinas, que veremos ahora. Hay muchas opiniones, pero veamos sólo algunas. Primero en la reflexión de Porfirio Muñoz Ledo sobre el fraude electoral. Cita larga pero necesaria, porque su significado es mayúsculo para el país. Más cuando Salinas anda escribiendo libros autojustificatorios sobre su gestión. Que más bien son de cinismo y perversidad políticos.
“Un libro esencial —dice Muñoz Ledo— para el conocimiento del acontecer contemporáneo del país es 1988: El año que calló el sistema. Su autora, la noble periodista Martha Anaya. Leerlo es una experiencia estremecedora e imprescindible. Debiera generar un análisis responsable sobre los orígenes inmediatos de la tragedia nacional. No es un alegato ideológico sino un repaso objetivo y documentado de [los] sucesos que descarrilaron el cambio histórico. El abatimiento de los velos piadosos que han encubierto la enorme tradición cometida contra la voluntad popular: el juego suicida entre inercias y mezquindades que ha marcado desde entonces el despeñadero moral de la República.
“La obra en una crónica de las jornadas iniciadas el día de la elección y desarrolladas más tarde entre bambalinas, hasta que el sistema recobró el control político mediante la aceptación —interesada o medrosa— de una victoria oficial que nunca existió, por parte de quienes realmente la obtuvieran. Los testimonios de los actores no dejan lugar a dudas sobre las cuestiones a debate.
“Ante todo el verdadero resultado de los comicios, ¿Cárdenas obtuvo más sufragios que Salinas o sólo quisieron preservar una mayoría holgada para el régimen? Además de que los hechos relativos apuntan inequívocamente en el primer sentido, ninguno de los interrogados afirma que Salinas ganó la elección.
“Quien es titular del Ejecutivo dice: `portar el sambenito del fraude es penoso pero lo hubiera sido más perder el poder´; `a la izquierda no habría ni hay que dejarla llegar´. `Creo que hice bien en impedirlo´. Aunque no haya sido obra de su firmeza, sino de las maquinaciones del beneficiario primordial.
“La célebre caída del sistema es más sustantiva de lo que muchos suponen. No fue sólo una decisión de emergencia para evitar la diseminación de cifras abundantemente favorables a la oposición en el Valle de México. Derivó también de obstrucciones informativas de los comités estatales, que improvisaban malabarismo para maquillar los resultados en todo el territorio nacional.
“El cúmulo de falsificaciones comprobables, el `escalofrío de Los Pinos´ descrito por la autora, el desconcierto de la clase gobernante, la perceptible neutralidad del Ejército, la convicción de nuestro triunfo en la opinión internacional y sobre todo el enardecimiento popular, habían creado las condiciones para exigir la nulidad de la elección e impulsar una genuina transición democrática.
“Así lo convinimos el 6 de julio en el Llamado a la legalidad redactado por Carlos Castillo Peraza y por mí: `En caso de que no se restablezca la legalidad de proceso electoral no aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos a las autoridades que provinieran de hechos fraudulentos, por lo que procederíamos a defender los derechos del pueblo mexicano con todas las armas que la Constitución nos otorga´.
“Las evidencias del fraude eran mucho mayores a las que cualquier legislación establece para anular comicios, y la capacidad de movilización social muy superior a otras que desplomaron regímenes por la vía pacífica. La equiparación con el 68 es desproporcionada, y el hipotético `baño de sangre´, sólo una excusa a posteriori del discernimiento. No era factible, ni con Atila despachando en Palacio.
[…]
“Pudimos ser adelantados de la historia, pero los principales dirigentes carecían de los tamaños para entenderlo. Se requería, como escribió Jorge Castañeda, `una visión de largo plazo y la definición precisa de que la meta era la liquidación del sistema´.
“En aquél entonces le dije: `si dejamos que este chaparrito se recupere y reagrupe sus fuerzas, no nos lo quitamos de encima´. Así sucedió y la derecha se instaló en el poder durante dos decenios para ejecutar un programa radicalmente opuesto al plebiscitado por el pueblo.
“El desastre acaecido hasta hoy es nuestra responsabilidad por omisión y la pequeñez de algunos apenas se distingue de la complicidad.
“Afirma De la Madrid que, al entrevistarse secretamente con su contrincante, Cárdenas admitió la derrota: `Aceptó la victoria de Salinas en los hechos; se sentó con él a negociar´. A cambio de ninguna ventaja política comprobable, ya que todas fueron a las alforjas de Acción Nacional. Para acá reservaron la represión y finalmente el desprecio.
“No imagino a los conspiradores de Querétaro —cierra el autor apaleando a Cuauhtémoc— negociando en la sombra posiciones con el virreinato ni a los maderistas o constitucionalistas enviando en la batalla mensajes subterráneos de retirada. Para infortunio de nuestra generación, los héroes no se dan en maceta ni la grandeza es un bien heredable”. Hasta aquí. (Tomado de: La vía radical. Para refundar la República. Grijalbo, 2010. P.p. 13-15).
También el periodista Martín Moreno califica: “Salinas de Gortari llegó a la presidencia mediante ese fraude”. (p. 126). Y resalta el diálogo de Martha Anaya con De la Madrid. (P.p. 126-128). “El fraude electoral… radica también en la actuación de los poderes establecidos: en las autoridades electorales, en los presidentes de casilla, en el Tribunal Federal Electoral, en los secretarios de Estado, y en el Presidente de la República”. (p. 128).
Y remata: “El fraude del 88 estuvo en el 50 por ciento de casillas no contadas por la oposición; en las 1 762 con votación absoluta para el PRI y ningún sufragio para otro partido; en el retardo de los resultados electorales. Pero fundamentalmente, estuvo en la intervención del presidente Miguel de la Madrid, utilizando todo el poder del Estado, para manipular y dar tiempo a los operadores priistas para `la votación y adjudicarle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. En resumen, 1988 fue un ejemplo mayúsculo del abuso del poder en México. De ellos, los priistas”. (En: Abuso del poder en México. Aguilar, 2012, p. 130).
En la entrevista con Carmen Aristegui para el libro Transición, De la Madrid no mencionó el fraude electoral, pero sí “rompió la regla de oro” de hablar de su sucesor. Se dijo decepcionado de él. En MVS Radio Noticias, se retransmite la entrevista el 13 de mayo de 2009.
Carmen lanza la pregunta: “¿Qué dice a la distancia de haber sido, porque no me lo va a negar, el factor para que Salinas llegara a la presidencia? ¿Se equivocó?
“MMH: Me siento decepcionado porque me equivoqué, pero en aquel entonces no tenía elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas; me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores.
“CAF: ¿Qué le decepcionó más de Carlos Salinas?
MMH: Principalmente esa inmoralidad que hubo.
CAF: Respecto al dinero. ¿Y de su gestión política?
MMH: También creo que cometió equivocaciones graves, que le trajeron la antipatía de ciertos grupos de la población”. (Grijalbo. 2011. p. 108).
Luego Salinas descalificó a su mentor obligándolo, por intermediación de su familia, a firmar un desmentido: que “sus respuestas carecen de validez y exactitud”. Salinas alegó en carta a la periodista sobre la “limitación de sus capacidades” del interlocutor. Hizo todo para eludir políticamente las consecuencias.
Y Aristegui concluye, en entrevista posterior con La Jornada: “Sin que haya un juicio de interdicción, aquí simplemente se aceptó porque Carlos Salinas lo decía. Los ejes de poder de este país silenciaron a un expresidente y por la noche el duopolio televisivo hizo caso omiso; esto último nos habla de uno de los principales asuntos que existen en este país, y que nos hacen pensar que la democracia en México, si es que es tal cosa, es de tan baja calidad que se atenta contra un derecho fundamental de los ciudadanos: el derecho a la información”. (27 de noviembre de 2009). Un régimen absolutamente rudo que lleva 20 años de continuidad, decía Camacho Solís con la entrevistadora.
Pero el dictamen estaba hecho tiempo atrás. Carlos Salinas no se salva del repudio popular, y menos del juicio de la historia.
2006
Sobre el modo bajo el cual Calderón llegó al poder, también se ha escrito lo suficiente como para saber que no ganó con votos sino a chaleco. Es decir con un dictamen torcido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De ahí que en las calles —porque la gente común nunca olvida— el “presidente legítimo” siga siendo López Obrador.
El 30 de mayo de 2010 en la columna “Elecciones a la mexicana”, escribíamos: “El 3 de agosto de 2006, reunidos en un seminario especial de trabajo en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 61 investigadores y científicos de diversas disciplinas pertenecientes a 25 instituciones del país, tras analizar y discutir cuidadosamente los resultados de trece estudios realizados en México y uno en la Universidad de Cornell, Estados Unidos de Norteamérica, con base en los datos publicados por el IFE, concluyeron que en la elección de Presidente de la República del 2 de julio de 2006 hubo anomalías lo suficientemente evidentes que no permiten decir que se haya cumplido con el principio rector de certeza”. (Tomado de: “Elecciones presidenciales. México 2006”, http://bit.ly/w0WUvY). Fraude cibernético.
¿Por qué no se anuló la elección? ¿A cuentas de qué el TEPJF benefició a uno de los candidatos, en su caso a Calderón, sin atender plenamente las anomalías de la citada elección? ¿Por qué el IFE declaró ganador a Calderón sin las evidencias plenas? ¿Los intereses de quién se impusieron para dar el triunfo al PAN? ¿Por no permitir la llegada de Obrador al poder? ¿Por temores de quién o quiénes? ¿Por qué no respetar la voluntad ciudadana? ¿Otro fraude después del 88? ¿Qué clase de presidente sería electo con tamañas anomalías? ¿Se merecen eso los mexicanos? Algunos pocos, los detentadores del poder dirían que sí; de hecho porque lo dijeron es que se validó la elección.
José Antonio Crespo, quien realizó una investigación seria, no pudo concluir que Calderón ganó; aunque tampoco dijo que ganara Obrador. Sólo sembró la duda, que el cúmulo de irregularidades no podía ser el basamento de una determinación legal para el TEPJF, pero lo hizo. Aquí una apretada síntesis de su indagación.
“La elección presidencial de 2006 —comienza diciendo el autor— representó un fracaso, en tanto no pudo generar consenso sobre el resultado, es decir, la convicción generalizada de que quien ganó oficialmente lo hizo en buena lid”.
La equidad en la contienda, la imparcialidad de las autoridades encargadas de organizar y calificar los comicios y la pulcritud del proceso electoral, son elementos que contribuyen a obtener el consenso electoral. Cierto. “Pero no siempre es posible garantizar tales condiciones al cien por ciento; o mejor dicho, casi nunca lo es.” (p. 17).
Dada la demanda del “voto por voto, casilla por casilla”, con la cual Obrador enfiló sus protestas partidistas y de simpatizantes ciudadanos, “me acerqué al PREP del IFE, para preguntar cuántos errores aritméticos detectaba entre los rubros del acta que estaban diseñados para coincidir. La cantidad resultó abrumadora: entre 800 mil y dos millones y medio, según los rubros comparados”. (p. 13).
Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE, al difundir los resultados computados dijo: “La regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que tenga más votos. Han sido los ciudadanos, y sólo ellos, quienes han decidido el resultado final”. No obstante, agrega Crespo: Si existen votos irregulares o inciertos en número superior a la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la contienda, no es posible determinar cuál fue esa voluntad ciudadana de la que hablaba Ugalde.
Y en las conclusiones agrega que a la regla de oro citada por Ugalde suele omitirse que: “Si por un voto se gana o se pierde, basta uno solo que sea irregular, de origen incierto, espurio o que no se hubiera considerado en el cómputo total, para generar incertidumbre en el cómputo total, para generar incertidumbre sobre quién ganó”. (p. 165).
“…Mientras más cerrado es un resultado, más pulcra y equitativa debe ser la elección para que un veredicto estrecho genere, pese a todo, consenso y credibilidad entre los candidatos y sus respectivos partidarios. De lo contrario surgen la incertidumbre, la duda, la impugnación, el cuestionamiento sobre la legitimidad de la elección misma y de su ganador oficial”. (p. 18.)
Y la norma dicta: “La ley de impugnación establece que, cuando los votos irregulares en una casilla no permiten saber por quién votó el electorado de esa casilla, lo consecuente es anular la elección”. (p. 166). Y si los informes de IFE reportaban inconsistencias aritméticas “en las actas de aproximadamente 81 mil casillas (63 por ciento de las poco más de 130 mil casillas que se instalaron)…, el tribunal interpretó en su primera sentencia (5 de agosto) que el IFE debió abrir “todos los paquetes electorales cuyas actas registraran cualquier inconsistencia aritmética…”
Pero no. El IFE sólo abrió el 3.5 por ciento de los paquetes, lo que implicaba que el 96 por ciento restante no fuera abierto en ese proceso conforme lo estipulaba la ley. (p. 167). Así, ante la incertidumbre prevaleciente lo lógico hubiera sido declarar nula la elección, no por la citada ley de impugnación cuando por “la causal de nulidad abstracta… según la cuál cuando se detecta alguna irregularidad que afecte gravemente alguno de los principios rectores de los procesos electorales —en este caso la certeza—, procede invalidar la elección respectiva”. (p. 172).
Sin embargo, “los magistrados determinaron que las irregularidades detectadas no habían sido determinantes en el resultado…”, pero “la verdad aritmética contenida en las actas electorales difiere, en este punto, de la verdad jurídica determinada por el Tribunal”. (p. 173). En fin, que “el propio tribunal estableció en su dictamen final (5 de septiembre) que la ley de impugnación electoral valía para desahogar los juicios de inconformidad, pero no era aplicable al hacer el cómputo final ni al ponderar la validez de la elección.” (sub. nuestro). (Ib.).
Concluye Crespo con la siguiente metáfora: “Al preguntarle a las actas electorales —únicas con valor oficial para determinar el resultado final— ¿quién ganó?, estas no nos respondieron, como muchos podrían suponer, que triunfó Felipe Calderón. Tampoco responden que ganó Andrés Manuel López Obrador, como muchos otros suponen. Lo que afirman es que lógica y aritméticamente no es posible saber quién ganó.” Por lo tanto, “el triunfo inobjetable e inequívoco de Calderón se convierte, también a la luz de lo que dicen las actas, en otro mito”. (p. 171).
Luego entonces, “El Tribunal Electoral validó jurídicamente el triunfo de Calderón, para lo cual está facultado, pero no lo demostró fehacientemente. Lo hizo al margen de la información contenida en las actas, en lo que respecta a los votos irregulares”. (Ib.). Las actas dicen algo muy distinto a lo que los magistrados nos informaron que decían.
Un sistema caduco
Desde los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu y Posadas Ocampo, quedó más claro que los grupos políticos estaban dispuestos a seguir disputándose el poder a balazos. Como durante la posrevolución, cuando los generales y caciques controlaban el territorio nacional. Como lo plantea el ya clásico politólogo Don Daniel Cosío Villegas en El sistema político mexicano: “Y en 1928 la lucha facciosa concluyó con la muerte de los tres candidatos revolucionarios: los generales (Francisco R.) Serrano y (Álvaro) Obregón, asesinados, y Arnulfo R. Gómez, fusilado”. (Joaquín Mortiz, p. 37).
Hoy el país parece fuera de control. Sujeto a la voluntad de la élite político-empresarial. Ahora las disputas por una rebanada del pastel son sangrientas. La lucha contra el narcotráfico sacó a los militares a las calles y no hay contención alguna del flagelo. Más allá del arresto de narcos menores, no se vislumbra mayor solución porque la sociedad no encuentra el sosiego, la paz y tranquilidad familiar, la seguridad que necesita para el diario vivir.
Ni los presidentes ni los partidos parecen estar disciplinando siquiera a sus huestes. El autoritarismo presidencialista alentado por el PRI durante su vigencia de siete décadas, entró en descomposición desde los últimos sexenios del priismo neoliberal, y se agravó con la alternancia panista. Más resultó que el PAN llegó a instaurar un gobierno proempresarial todavía más agresivo. Por eso no hay solución a sus promesas. ¿Cuál “tele, vocho y changarro” como prometió Vicente Fox? ¿Cuál presidente del empleo, como lo dijo Calderón?
Las promesas, promesas son. ¡A juzgar por estos tiempos electorales!
¿Alguien de los políticos, aún los candidatos presidenciales (Enrique Peña Nieto por el PRI; Josefina Vásquez Mota del PAN; Andrés Manuel López Obrador por el PRD —con sus satélites los tres—, Gabriel Cuadri de la Torre por el Panal), se acuerda del sistema político mexicano? ¿Algún candidato sabe, y tiene presente que dicho sistema demanda cambios? ¿Qué el sistema político está en vías de descomposición?
El presidente en turno, como cabeza del Estado, es el responsable de las directrices nacionales y de las políticas de seguimiento. El garante del buen funcionamiento del entramado institucional y gubernamental, no para el laissez faire, laissez passer sino para resolver los problemas del país. En dos sentidos: 1) Cambios al propio sistema político mexicano; 2) A la política económica que comprende el modelo de desarrollo y el proyecto de país.
Sin desdeñar la relación de México con el exterior.
El contexto internacional
Por último, el titular del Ejecutivo es el responsable de rendir cuentas por lo que se hace y deja de hacer, ya interna como en política exterior. Y en el terreno internacional, el presidente debe estar atento a las políticas no diplomáticas sino de agresión, injerencista e intervencionismo de los Estados Unidos. No rendir pleitesía, como los últimos presidentes mexicanos, es o debiera ser el reto para el que gane el 1° de julio.
Nada más por tratarse de la cúpula económico-política del poder imperial, hay puntos que no pueden dejar de señalarse:
1.- La política exterior de EU es agresiva. Deriva por lo menos de cuatro momentos clave: a) una concepción geopolítica y geoeconómica trasnacional en Jauja, consolidada durante la segunda posguerra fría (su economía ganó con la fabricación y venta de armas a los países aliados, primordialmente durante la Segunda Guerra, y también con la reconstrucción europea); b) del trastrocamiento causado por la crisis petrolera de 1973, gracias al férreo control de la extracción y exportación por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP; c) ahora en decadencia con el arribo a la primera década del siglo XXI, manifiesta como una crisis inmobiliaria que devino en burbuja financiera en 2007 y estalló fatalmente como crisis profunda en 2008, misma de la cual ni vísperas tiene de salir porque no ve la luz al final del túnel.
2.- A pesar de las revelaciones del portal Wikileaks que desnudaron por completo al estilo de ejercer la “diplomacia” en contra de todo el mundo, porque las embajadas operan como centro de espionaje, cuando no interviniendo abiertamente en acciones de clara competencia local. La historia latinoamericana redunda en ejemplos de tal intervencionismo.
3.- Los gobernantes mexicanos desdeñan también que de sus políticas de agresión, los EU desatan luego cruentas guerras por motivos de su “seguridad nacional”, como los energéticos petróleo y gas, según lo determinan los estrategas del Pentágono, la maquinaria militar/industrial de Eisenhower más grande del mundo.
4.- La reacción a los atentados del 11/S-2001, más que arremeter contra Osama bin Laden, otrora entrenado por la Agencia Central de Inteligencia para repeler la invasión soviética a Afganistán en 1979, fue el pretexto de EU para invadir ese mismo país en el año 2011, de interés por el control del cultivo de amapola; Irak en 2003, con todo y nunca se demostró la existencia de las “armas de destrucción masiva” en manos de Sadam Hussein, y Paquistán en 2008.
5) Téngase presente que en alianza con Israel, EU amenaza ahora a países como Irán y Siria, lo que puede desatar una guerra más amenazante para la región y el mundo.
Ante este mínimo panorama México carece de una visión geopolítica e institucional, no únicamente de las acciones imperiales de EU en el mundo, sino primordialmente en lo que atañe al propio país. Ni qué decir de un aparato de inteligencia que alerte sobre estas políticas ofensivas gringas. Los órganos locales existentes no funcionan. Sólo generan espionaje, pero contra los “enemigos internos”. Como si no supieran que la amenaza se está gestando desde afuera.
¿Alguien sabe qué intenciones hay atrás de los promotores de la violencia, con programas como la venta de armas a bandas del crimen organizado, a los carteles de las drogas en la frontera norte? Cuidado, porque no son almas de la caridad. Al menos tienen fines desestabilizadores en contra de México. Los energéticos están atrás. ¿Qué más? La ilegitimidad neoliberal le conviene a la elite político empresarial local, pero también al intervencionismo imperial de EU.
A México le urge enderezar el rumbo; esa es la más urgente demanda ciudadana. Para ello se requiere un presidente, sobre todo, legítimo. Estaremos viendo quién lo logra.
* N° 1 de Reporte México, Revista de Reportajes. México, abril-mayo de 2012.
