OPINIÓN de Lidón Soriano
El 9 de julio de 2005 se conmemoró el primer aniversario de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en la que quedaba patente la ilegalidad del muro construido por Israel en Cisjordania, instando a su demolición y a la indemnización de las personas perjudicadas durante su construcción. Sin embargo, el Estado de Israel, acostumbrado a implementar una política de hechos, no sólo prosiguió con su construcción, sino que aumentó su altura a 8 ó 9 metros y lo rodeó de alambradas de espino y electrificadas a modo de sistema de seguridad carcelario.
Ante la absoluta pasividad de los diferentes gobiernos del mundo frente a tamaño atentado al Derecho Internacional, una coalición de 171 organizaciones de la Sociedad Civil Palestina que incluía asociaciones de mujeres, de estudiantes, de profesorado, de agricultores, de pescadores, partidos políticos, organizaciones de Derechos Humanos, asociaciones de presos y presas, organizaciones ecologistas, de salud y ONG de todo tipo e inclinación política, hizo un llamamiento para la puesta en marcha de una campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel hasta que éste cumpla con el derecho internacional y los principios universales de los Derechos Humanos.
Los poderes fácticos y gubernamentales de la comunidad internacional no sólo han vulnerado sus obligaciones democráticas de cumplir y hacer cumplir el Derecho Internacional vigente, sino que han sido cómplices, por omisión o acción, de las violaciones de dicha legalidad internacional cometidas por el Estado sionista. De hecho, desde su establecimiento en Palestina en 1948, Israel lleva configurando un sistema de apartheid sobre la población no judía en diferentes formatos según la localización geográfica de dicha población, a la que separa no sólo por muros, sino también por diferentes sistemas administrativos y legales que intentan, y en algunos casos consiguen, segregarles para inducirles a perder su identidad colectiva como pueblo. De esa forma, el sionismo promueve la configuración de subgrupos con una nueva identidad que, con el tiempo, pueden terminar por no reconocerse y a los que, además, bajo pretexto religioso o de colaboracionismo, quiere enfrentar entre sí para de, esa forma, cumplir el sueño israelí de acabar con la unidad del pueblo palestino, que ha sido la base de su fuerza en estos 64 años de lucha y ocupación.
Los formatos del sistema de apartheid, término afrikáner que significa “separación”, utilizados por Israel son diferentes e incluyen:
• Al millón doscientos mil palestinos y palestinas que viven en Israel les aplican todo tipo de medidas discriminatorias: sociales (negación de ayudas estatales), educativas (negación de becas), administrativas (negación de compra de tierras a los no judíos), legales (menos recursos para la población árabe), etc.
• A los más de doscientos mil palestinos y palestinas que viven en Jerusalén les aplican todo tipo de políticas, principalmente administrativas (negación del estatus de ciudadanía, considerándoles exclusivamente como residentes), que persiguen la expulsión de su tierra para “desarabizar” la ciudad y posteriormente judaizarla.
• A los tres millones de palestinos y palestinas que viven en Cisjordania les están aprisionando en guetos eliminando la libertad de movimiento e impidiendo cualquier posibilidad de auto-supervivencia.
• Al millón y medio de palestinos y palestinas que viven en Gaza, Israel les mantiene en unas condiciones de miseria y reclusión absolutamente inhumanas, cerrando todos los pasos fronterizos e impidiendo el tránsito tanto de personas como de materiales básicos como harina, leche, lápices, hormigón o jabón.
• A los casi seis millones de palestinos y palestinas que viven como refugiados en la diáspora les impide volver a pesar de la Resolución 194 de la ONU aprobada por mayoría desde 1948 que reconoce su derecho a regresar. Todas estas acciones, que suponen Todas estas acciones, que suponen claras violaciones del Derecho Internacional, no han sido sancionadas nunca por la comunidad internacional. Por ello, el pueblo palestino, emulando la lucha por los derechos civiles llevada a cabo en Sudáfrica durante la época del apartheid, decidió en 2005 comenzar a diseñar una campaña de resistencia civil organizada. Esta campaña, que recoge algunas experiencias previas como el boicot académico a Israel (PACBI), supone la regulación, organización y coordinación de diferentes frentes de lucha, incluyendo a todos los estratos sociales y abarcando diferentes ámbitos de actuación. Busca alianzas a nivel internacional para tejer unas redes de solidaridad que acaben convirtiéndose en la tela de araña en la que el sionismo, materializado en el Estado de Israel, sea atrapado y desestructurado.
Los objetivos que la campaña establece son tres: primero, la finalización de su ocupación y colonización de todas las tierras árabes y el desmantelamiento del muro. Segundo, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos árabepalestinos de Israel para una igualdad completa. Tercero, el reconocimiento del derecho del pueblo palestino refugiado a retornar a sus hogares y propiedades como lo estipuló la resolución 194.
Los ejes de la campaña
Los ejes fundamentales de trabajo que la campaña BDS marca son:
• Sanciones: Los gobiernos, en base al Derecho Público Internacional, tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir sus principios básicos. Aquellos Estados que incumplen dicha legalidad deben ser objeto de sanciones aplicadas por organismos internacionales y por los diferentes gobiernos como herramienta de disuasión a la aplicación de las políticas que vulneren la legalidad vigente establecida.
Consecuentemente, la campaña BDS insta a los movimientos de solidaridad internacional a presionar a sus gobiernos para que apliquen las sanciones pertinentes al Estado de Israel hasta que las acciones de éste se ajusten a derecho. De todas las acciones que deberían llevarse a cabo en este ámbito, la ruptura del acuerdo comercial preferencial de la Unión Europea (UE) con Israel es el principal objetivo de esta vía de trabajo.
• Desinversiones: Este eje de trabajo implica tanto a las empresas israelíes que no denuncian las políticas de limpieza étnica que su Estado realiza, como a las empresas nacionales de cada país que comercian con Israel, a las que invierten en empresas israelíes o a las que participan con fondos o proyectos en la realización de infraestructuras para Israel que son de manera más o menos abierta instrumentos de la colonización y el apartheid. Por ejemplo, la empresa Caterpillar que construye los bulldozers con los que se destruyen los hogares palestinos.
• Boicot. Este llamamiento se concreta en 4 bloques:
Boicot institucional: Con él se persigue la ruptura de cualquier tipo de relación institucional de nuestros gobiernos locales, autonómicos y estatales con Israel en tanto que éste no cumpla con el Derecho Internacional.
Boicot económico y comercial: Por un lado, pretende convertirse en un elemento de sensibilización para el resto de consumidores que desconocen el origen del producto o las actividades ilegales de Israel. Por otro, persigue dañar los resultados económicos de dichas empresas intentando su cierre o quiebra como sucedió este mismo año con la compañía Agrexco, responsable de la venta de productos (principalmente frutas y verduras) que en un 60 por ciento provienen de las colonias en territorio ocupado.
Boicot cultural y deportivo: La normalización del Estado de Israel pasa por su participación en festivales culturales y en actividades deportivas que representan la cara amable de Israel. El caso más evidente, por insólito, es la participación de Israel en Eurovisión, es decir, un país asiático que participa en un evento exclusivamente europeo.
El Estado sionista, en sus esfuerzos frenéticos por blanquear sus violaciones continuas del Derecho Internacional intenta mostrarse al mundo, gracias a sus artistas y deportistas, como un Estado moderno.
Boicot académico: Con él se apela al conjunto de la comunidad académica a hacer campañas encaminadas a romper los vínculos de hermanamiento y cooperación entre las universidades israelíes y las de los diferentes estados a nivel internacional. El principal objetivo es la suspensión del actual acceso preferente que las universidades y centros de investigación israelíes tienen al Espacio Europeo de Investigación en virtud del Acuerdo de Asociación Euro-Mediterráneo UE-Israel.
La campaña BDS, en sus escasos 7 años de vida, ha acumulado numerosas victorias, algunas de las cuales son: llamamiento al boicot académico en universidades noruegas como la de Bergein o Trondheim; aprobación de una moción a favor del boicot académico a Israel por parte de los trabajadores universitarios miembros del Sindicato Canadiense de Funcionarios Públicos; más de 400 profesores y profesoras universitarias apoyan la campaña BDS en Gran Bretaña; desinversión noruega estatal en Elbit Systems por su relación directa en la construcción del muro del apartheid que Israel construye en Cisjordania, etc.
Israel contraataca
Una clara muestra del miedo que la campaña BDS como herramienta de lucha civil ha creado en Israel ha sido la aprobación en la Knesset (parlamento israelí) de la Ley Antiboicot en julio de 2011. Esta ley, presentada por el diputado del Likud (derecha israelí) Zeev Elkin, persigue y penaliza a todo aquel que dentro y fuera de Israel llame al boicot contra el Estado sionista, con el agravante de convertir a cualquier ciudadano en potencial investigador y acusador, socializando una medida a todas luces antidemocrática y fascista criticada por políticos de diferentes partidos dentro y fuera de Israel y por organizaciones de solidaridad con el pueblo palestino dentro y fuera de la Palestina histórica, incluyendo grupos israelíes. Este hecho debería hacernos conscientes de la importancia de la implementación de la campaña BDS por parte de los movimientos de solidaridad con el pueblo palestino.
Unos meses más tarde, y siguiendo la misma tónica, el que fuera embajador israelí en Sudáfrica entre 1992 y 1994 y director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Alon Liel, críticamente declaró lo siguiente en el diario El País (21-12-2011): “Nuestros políticos israelíes justifican sus actos con idénticos temores. El fundamento de la Ley Kirshenbaum-Akunis es que ‘unas organizaciones que suelen calificarse a sí mismas de organizaciones de Derechos Humanos', en realidad, tienen ‘el único propósito de hacer daño y alterar el discurso político de Israel desde dentro'. Sin embargo, la verdad es que las organizaciones que se verán más afectadas son las que luchan para preservar lo que queda de la democracia israelí y la interpretación progresista de la declaración de independencia”. Esta ley aprobada por la Knesset fue inspirada por la Comisión Schlebusch, creada en los años duros del apartheid sudafricano con el objetivo de controlar y anular a las organizaciones de Derechos Humanos que denunciaran las políticas de apartheid y sus consecuencias criminales sobre la población segregada. La diputada israelí Kirshenbaum propuso en 2011 la creación de una comisión similar para atacar a los grupos de defensa de Derechos Humanos en Israel. La propuesta de esta comisión acabó convirtiéndose en ley.
Estas leyes, aprobadas el año pasado, no hacen sino aumentar la larga lista de actos políticos antidemocráticos y de violación del Derecho Internacional cometidos por Israel que le afianzan en su definición de Estado de apartheid que practica la limpieza étnica sobre el pueblo palestino. Esta situación requiere una respuesta política contundente y, es por ello por lo que en el movimiento de solidaridad internacional, siguiendo las premisas establecidas por los propios palestinos y palestinas, tiene que mantener y fortalecer la campaña de sanciones, desinversiones y boicot (BDS) al Estado sionista de Israel hasta que éste cumpla con la legislación internacional vigente y respete los derechos inalienables del pueblo palestino
*Lidón Soriano es coordinadora de las brigadas a Palestina de Komite Internazionalistak (KI) y miembro de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP). Este artículo ha sido publicado en el nº 52 de Pueblos - Revista de Información y Debate - Especial junio 2012: Palestina
El 9 de julio de 2005 se conmemoró el primer aniversario de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en la que quedaba patente la ilegalidad del muro construido por Israel en Cisjordania, instando a su demolición y a la indemnización de las personas perjudicadas durante su construcción. Sin embargo, el Estado de Israel, acostumbrado a implementar una política de hechos, no sólo prosiguió con su construcción, sino que aumentó su altura a 8 ó 9 metros y lo rodeó de alambradas de espino y electrificadas a modo de sistema de seguridad carcelario.
Ante la absoluta pasividad de los diferentes gobiernos del mundo frente a tamaño atentado al Derecho Internacional, una coalición de 171 organizaciones de la Sociedad Civil Palestina que incluía asociaciones de mujeres, de estudiantes, de profesorado, de agricultores, de pescadores, partidos políticos, organizaciones de Derechos Humanos, asociaciones de presos y presas, organizaciones ecologistas, de salud y ONG de todo tipo e inclinación política, hizo un llamamiento para la puesta en marcha de una campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel hasta que éste cumpla con el derecho internacional y los principios universales de los Derechos Humanos.
Los poderes fácticos y gubernamentales de la comunidad internacional no sólo han vulnerado sus obligaciones democráticas de cumplir y hacer cumplir el Derecho Internacional vigente, sino que han sido cómplices, por omisión o acción, de las violaciones de dicha legalidad internacional cometidas por el Estado sionista. De hecho, desde su establecimiento en Palestina en 1948, Israel lleva configurando un sistema de apartheid sobre la población no judía en diferentes formatos según la localización geográfica de dicha población, a la que separa no sólo por muros, sino también por diferentes sistemas administrativos y legales que intentan, y en algunos casos consiguen, segregarles para inducirles a perder su identidad colectiva como pueblo. De esa forma, el sionismo promueve la configuración de subgrupos con una nueva identidad que, con el tiempo, pueden terminar por no reconocerse y a los que, además, bajo pretexto religioso o de colaboracionismo, quiere enfrentar entre sí para de, esa forma, cumplir el sueño israelí de acabar con la unidad del pueblo palestino, que ha sido la base de su fuerza en estos 64 años de lucha y ocupación.
Los formatos del sistema de apartheid, término afrikáner que significa “separación”, utilizados por Israel son diferentes e incluyen:
• Al millón doscientos mil palestinos y palestinas que viven en Israel les aplican todo tipo de medidas discriminatorias: sociales (negación de ayudas estatales), educativas (negación de becas), administrativas (negación de compra de tierras a los no judíos), legales (menos recursos para la población árabe), etc.
• A los más de doscientos mil palestinos y palestinas que viven en Jerusalén les aplican todo tipo de políticas, principalmente administrativas (negación del estatus de ciudadanía, considerándoles exclusivamente como residentes), que persiguen la expulsión de su tierra para “desarabizar” la ciudad y posteriormente judaizarla.
• A los tres millones de palestinos y palestinas que viven en Cisjordania les están aprisionando en guetos eliminando la libertad de movimiento e impidiendo cualquier posibilidad de auto-supervivencia.
• Al millón y medio de palestinos y palestinas que viven en Gaza, Israel les mantiene en unas condiciones de miseria y reclusión absolutamente inhumanas, cerrando todos los pasos fronterizos e impidiendo el tránsito tanto de personas como de materiales básicos como harina, leche, lápices, hormigón o jabón.
• A los casi seis millones de palestinos y palestinas que viven como refugiados en la diáspora les impide volver a pesar de la Resolución 194 de la ONU aprobada por mayoría desde 1948 que reconoce su derecho a regresar. Todas estas acciones, que suponen Todas estas acciones, que suponen claras violaciones del Derecho Internacional, no han sido sancionadas nunca por la comunidad internacional. Por ello, el pueblo palestino, emulando la lucha por los derechos civiles llevada a cabo en Sudáfrica durante la época del apartheid, decidió en 2005 comenzar a diseñar una campaña de resistencia civil organizada. Esta campaña, que recoge algunas experiencias previas como el boicot académico a Israel (PACBI), supone la regulación, organización y coordinación de diferentes frentes de lucha, incluyendo a todos los estratos sociales y abarcando diferentes ámbitos de actuación. Busca alianzas a nivel internacional para tejer unas redes de solidaridad que acaben convirtiéndose en la tela de araña en la que el sionismo, materializado en el Estado de Israel, sea atrapado y desestructurado.
Los objetivos que la campaña establece son tres: primero, la finalización de su ocupación y colonización de todas las tierras árabes y el desmantelamiento del muro. Segundo, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos árabepalestinos de Israel para una igualdad completa. Tercero, el reconocimiento del derecho del pueblo palestino refugiado a retornar a sus hogares y propiedades como lo estipuló la resolución 194.
Los ejes de la campaña
Los ejes fundamentales de trabajo que la campaña BDS marca son:
• Sanciones: Los gobiernos, en base al Derecho Público Internacional, tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir sus principios básicos. Aquellos Estados que incumplen dicha legalidad deben ser objeto de sanciones aplicadas por organismos internacionales y por los diferentes gobiernos como herramienta de disuasión a la aplicación de las políticas que vulneren la legalidad vigente establecida.
Consecuentemente, la campaña BDS insta a los movimientos de solidaridad internacional a presionar a sus gobiernos para que apliquen las sanciones pertinentes al Estado de Israel hasta que las acciones de éste se ajusten a derecho. De todas las acciones que deberían llevarse a cabo en este ámbito, la ruptura del acuerdo comercial preferencial de la Unión Europea (UE) con Israel es el principal objetivo de esta vía de trabajo.
• Desinversiones: Este eje de trabajo implica tanto a las empresas israelíes que no denuncian las políticas de limpieza étnica que su Estado realiza, como a las empresas nacionales de cada país que comercian con Israel, a las que invierten en empresas israelíes o a las que participan con fondos o proyectos en la realización de infraestructuras para Israel que son de manera más o menos abierta instrumentos de la colonización y el apartheid. Por ejemplo, la empresa Caterpillar que construye los bulldozers con los que se destruyen los hogares palestinos.
• Boicot. Este llamamiento se concreta en 4 bloques:
Boicot institucional: Con él se persigue la ruptura de cualquier tipo de relación institucional de nuestros gobiernos locales, autonómicos y estatales con Israel en tanto que éste no cumpla con el Derecho Internacional.
Boicot económico y comercial: Por un lado, pretende convertirse en un elemento de sensibilización para el resto de consumidores que desconocen el origen del producto o las actividades ilegales de Israel. Por otro, persigue dañar los resultados económicos de dichas empresas intentando su cierre o quiebra como sucedió este mismo año con la compañía Agrexco, responsable de la venta de productos (principalmente frutas y verduras) que en un 60 por ciento provienen de las colonias en territorio ocupado.
Boicot cultural y deportivo: La normalización del Estado de Israel pasa por su participación en festivales culturales y en actividades deportivas que representan la cara amable de Israel. El caso más evidente, por insólito, es la participación de Israel en Eurovisión, es decir, un país asiático que participa en un evento exclusivamente europeo.
El Estado sionista, en sus esfuerzos frenéticos por blanquear sus violaciones continuas del Derecho Internacional intenta mostrarse al mundo, gracias a sus artistas y deportistas, como un Estado moderno.
Boicot académico: Con él se apela al conjunto de la comunidad académica a hacer campañas encaminadas a romper los vínculos de hermanamiento y cooperación entre las universidades israelíes y las de los diferentes estados a nivel internacional. El principal objetivo es la suspensión del actual acceso preferente que las universidades y centros de investigación israelíes tienen al Espacio Europeo de Investigación en virtud del Acuerdo de Asociación Euro-Mediterráneo UE-Israel.
La campaña BDS, en sus escasos 7 años de vida, ha acumulado numerosas victorias, algunas de las cuales son: llamamiento al boicot académico en universidades noruegas como la de Bergein o Trondheim; aprobación de una moción a favor del boicot académico a Israel por parte de los trabajadores universitarios miembros del Sindicato Canadiense de Funcionarios Públicos; más de 400 profesores y profesoras universitarias apoyan la campaña BDS en Gran Bretaña; desinversión noruega estatal en Elbit Systems por su relación directa en la construcción del muro del apartheid que Israel construye en Cisjordania, etc.
Israel contraataca
Una clara muestra del miedo que la campaña BDS como herramienta de lucha civil ha creado en Israel ha sido la aprobación en la Knesset (parlamento israelí) de la Ley Antiboicot en julio de 2011. Esta ley, presentada por el diputado del Likud (derecha israelí) Zeev Elkin, persigue y penaliza a todo aquel que dentro y fuera de Israel llame al boicot contra el Estado sionista, con el agravante de convertir a cualquier ciudadano en potencial investigador y acusador, socializando una medida a todas luces antidemocrática y fascista criticada por políticos de diferentes partidos dentro y fuera de Israel y por organizaciones de solidaridad con el pueblo palestino dentro y fuera de la Palestina histórica, incluyendo grupos israelíes. Este hecho debería hacernos conscientes de la importancia de la implementación de la campaña BDS por parte de los movimientos de solidaridad con el pueblo palestino.
Unos meses más tarde, y siguiendo la misma tónica, el que fuera embajador israelí en Sudáfrica entre 1992 y 1994 y director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Alon Liel, críticamente declaró lo siguiente en el diario El País (21-12-2011): “Nuestros políticos israelíes justifican sus actos con idénticos temores. El fundamento de la Ley Kirshenbaum-Akunis es que ‘unas organizaciones que suelen calificarse a sí mismas de organizaciones de Derechos Humanos', en realidad, tienen ‘el único propósito de hacer daño y alterar el discurso político de Israel desde dentro'. Sin embargo, la verdad es que las organizaciones que se verán más afectadas son las que luchan para preservar lo que queda de la democracia israelí y la interpretación progresista de la declaración de independencia”. Esta ley aprobada por la Knesset fue inspirada por la Comisión Schlebusch, creada en los años duros del apartheid sudafricano con el objetivo de controlar y anular a las organizaciones de Derechos Humanos que denunciaran las políticas de apartheid y sus consecuencias criminales sobre la población segregada. La diputada israelí Kirshenbaum propuso en 2011 la creación de una comisión similar para atacar a los grupos de defensa de Derechos Humanos en Israel. La propuesta de esta comisión acabó convirtiéndose en ley.
Estas leyes, aprobadas el año pasado, no hacen sino aumentar la larga lista de actos políticos antidemocráticos y de violación del Derecho Internacional cometidos por Israel que le afianzan en su definición de Estado de apartheid que practica la limpieza étnica sobre el pueblo palestino. Esta situación requiere una respuesta política contundente y, es por ello por lo que en el movimiento de solidaridad internacional, siguiendo las premisas establecidas por los propios palestinos y palestinas, tiene que mantener y fortalecer la campaña de sanciones, desinversiones y boicot (BDS) al Estado sionista de Israel hasta que éste cumpla con la legislación internacional vigente y respete los derechos inalienables del pueblo palestino
*Lidón Soriano es coordinadora de las brigadas a Palestina de Komite Internazionalistak (KI) y miembro de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP). Este artículo ha sido publicado en el nº 52 de Pueblos - Revista de Información y Debate - Especial junio 2012: Palestina
