Los maltratos contra dos detenidos en una comisar铆a de General G眉emes, en la noroccidental provincia argentina de Salta, dejan en evidencia la necesidad urgente de una reformas estructural de los sistemas penitenciarios y policiales del pa铆s y de sancionar el Mecanismo Nacional de Prevenci贸n contra la Tortura, aprobado por la C谩mara de Diputados en septiembre pasado y que, desde entonces, espera ser debatido en el Senado.
Estos cr铆menes, a manos de un grupo de efectivos de la Divisi贸n de Drogas Peligrosas de la polic铆a provincial salte帽a, no constituyen una situaci贸n aislada. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina), denunci贸 el car谩cter estructural y cotidiano de las violaciones de derechos humanos que deben soportar las personas privadas de libertad en este pa铆s.
En los 煤ltimos a帽os, han tomado estado p煤blico casos de torturas, malos tratos o condiciones inhumanas de detenci贸n a nivel nacional y en distintas provincias del pa铆s.
S贸lo por mencionar algunos ejemplos, cabe se帽alar los incendios que tuvieron lugar en el penal de Magdalena en la provincia de Buenos Aires (2005) y en Santiago del Estero (2007); lo sucedido en febrero de 2005 en el penal de C贸rdoba que dej贸 en evidencia la crisis de un sistema colapsado y violento; las constantes denuncias por la situaci贸n de las c谩rceles e institutos de menores en Santa Fe, Neuqu茅n y Corrientes, los casos en el Sistema Penitenciario Federal; la intervenci贸n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relaci贸n con la situaci贸n de Mendoza o de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos por las denuncias de violencia sistem谩tica, torturas y tratos inhumanos en la provincia de Buenos Aires.
El CELS ha manifestado en reiteradas oportunidades que las pr谩cticas de tortura forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las c谩rceles, comisar铆as, institutos de menores y unidades psiqui谩tricas de nuestro pa铆s. Junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, defensores p煤blicos e integrantes de la Procuraci贸n Penitenciaria de la Naci贸n particip贸 en la elaboraci贸n del proyecto del Mecanismo Nacional que permitir铆a avanzar en la construcci贸n de institucionalidad para prevenir una de las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en el pa铆s.
El proyecto busca cumplir con el mandato del Protocolo Facultativo de la Convenci贸n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas firmado y ratificado por Argentina en 2004 mediante la ley 25.932, estableciendo un Mecanismo Nacional independiente, con amplias facultades, que prevea la participaci贸n de la sociedad civil, con alcance en todo el territorio nacional, y articulado con los mecanismos provinciales.
En marzo de este a帽o, representantes de distintas fuerzas pol铆ticas de la C谩mara de Senadores se comprometieron a tratar la creaci贸n del mecanismo al participar del encuentro “Hacia la implementaci贸n del Mecanismo Nacional de Prevenci贸n de la Tortura en Argentina”, junto a miembros del Subcomit茅 para la Prevenci贸n de la Tortura de Naciones Unidas, el representante argentino Mario Coriolano y el espa帽ol Emilio Gin茅s Santidri谩n. Asistieron al evento los senadores nacionales Rub茅n Giustiniani (PS, Santa Fe), Eugenio “Nito” Artaza (UCR, Corrientes), Juan Manuel Irraz谩bal (FPV, Misiones), Norma Morandini (FAP, C贸rdoba), Liliana Fellner (FPV, Jujuy) y Pablo Verani (UCR, R铆o Negro), y representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Minutos antes, Gin茅s Santidri谩n se reuni贸 con la vicepresidente de la c谩mara alta, Beatriz Rojk茅s de Alperovich, quien asegur贸 que hab铆a consenso entre las diferentes fuerzas para su aprobaci贸n.
Durante 2011, obtuvo dictamen favorable de las tres comisiones con giro dentro del Senado Nacional, aunque no lleg贸 a ser tratado en el recinto. La falta de sanci贸n de un mecanismo nacional est谩 repercutiendo en el armado provincial de esos organismos, dado que varias provincias han comenzando a implementar su propio sistema de prevenci贸n de la tortura pero con estructuras dis铆miles.
La existencia de patrones estructurales de violaci贸n de derechos sobre las personas privadas de libertad en el pa铆s exige una respuesta pol铆tica en茅rgica. Hasta el d铆a de hoy no se ha logrado revertir una situaci贸n que el Comit茅 contra la Tortura de Naciones Unidas, en 2004, marc贸 como “generalizada y habitual por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en las provincias como en la Capital Federal”.
http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1523
Estos cr铆menes, a manos de un grupo de efectivos de la Divisi贸n de Drogas Peligrosas de la polic铆a provincial salte帽a, no constituyen una situaci贸n aislada. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina), denunci贸 el car谩cter estructural y cotidiano de las violaciones de derechos humanos que deben soportar las personas privadas de libertad en este pa铆s.
En los 煤ltimos a帽os, han tomado estado p煤blico casos de torturas, malos tratos o condiciones inhumanas de detenci贸n a nivel nacional y en distintas provincias del pa铆s.
S贸lo por mencionar algunos ejemplos, cabe se帽alar los incendios que tuvieron lugar en el penal de Magdalena en la provincia de Buenos Aires (2005) y en Santiago del Estero (2007); lo sucedido en febrero de 2005 en el penal de C贸rdoba que dej贸 en evidencia la crisis de un sistema colapsado y violento; las constantes denuncias por la situaci贸n de las c谩rceles e institutos de menores en Santa Fe, Neuqu茅n y Corrientes, los casos en el Sistema Penitenciario Federal; la intervenci贸n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relaci贸n con la situaci贸n de Mendoza o de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos por las denuncias de violencia sistem谩tica, torturas y tratos inhumanos en la provincia de Buenos Aires.
El CELS ha manifestado en reiteradas oportunidades que las pr谩cticas de tortura forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las c谩rceles, comisar铆as, institutos de menores y unidades psiqui谩tricas de nuestro pa铆s. Junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, defensores p煤blicos e integrantes de la Procuraci贸n Penitenciaria de la Naci贸n particip贸 en la elaboraci贸n del proyecto del Mecanismo Nacional que permitir铆a avanzar en la construcci贸n de institucionalidad para prevenir una de las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en el pa铆s.
El proyecto busca cumplir con el mandato del Protocolo Facultativo de la Convenci贸n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas firmado y ratificado por Argentina en 2004 mediante la ley 25.932, estableciendo un Mecanismo Nacional independiente, con amplias facultades, que prevea la participaci贸n de la sociedad civil, con alcance en todo el territorio nacional, y articulado con los mecanismos provinciales.
En marzo de este a帽o, representantes de distintas fuerzas pol铆ticas de la C谩mara de Senadores se comprometieron a tratar la creaci贸n del mecanismo al participar del encuentro “Hacia la implementaci贸n del Mecanismo Nacional de Prevenci贸n de la Tortura en Argentina”, junto a miembros del Subcomit茅 para la Prevenci贸n de la Tortura de Naciones Unidas, el representante argentino Mario Coriolano y el espa帽ol Emilio Gin茅s Santidri谩n. Asistieron al evento los senadores nacionales Rub茅n Giustiniani (PS, Santa Fe), Eugenio “Nito” Artaza (UCR, Corrientes), Juan Manuel Irraz谩bal (FPV, Misiones), Norma Morandini (FAP, C贸rdoba), Liliana Fellner (FPV, Jujuy) y Pablo Verani (UCR, R铆o Negro), y representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Minutos antes, Gin茅s Santidri谩n se reuni贸 con la vicepresidente de la c谩mara alta, Beatriz Rojk茅s de Alperovich, quien asegur贸 que hab铆a consenso entre las diferentes fuerzas para su aprobaci贸n.
Durante 2011, obtuvo dictamen favorable de las tres comisiones con giro dentro del Senado Nacional, aunque no lleg贸 a ser tratado en el recinto. La falta de sanci贸n de un mecanismo nacional est谩 repercutiendo en el armado provincial de esos organismos, dado que varias provincias han comenzando a implementar su propio sistema de prevenci贸n de la tortura pero con estructuras dis铆miles.
La existencia de patrones estructurales de violaci贸n de derechos sobre las personas privadas de libertad en el pa铆s exige una respuesta pol铆tica en茅rgica. Hasta el d铆a de hoy no se ha logrado revertir una situaci贸n que el Comit茅 contra la Tortura de Naciones Unidas, en 2004, marc贸 como “generalizada y habitual por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en las provincias como en la Capital Federal”.
http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1523