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Durao Barroso: Una secesión de Cataluña debe resolverse de acuerdo con la legislación internacional

Joana Ortega: Cataluña percibe un "independentismo de reacción" por la "prepotencia" de Rajoy

AGENCIAS.- El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha dejado claro que las consecuencias de una hipotética secesión por parte de un territorio de algún Estado miembro debería gestionarse de acuerdo con la legislación internacional para que los ciudadanos del territorio independizado mantengan la ciudadanía europea, que es complementaria pero no sustituye a la nacional, tal como establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

"Confirma que en el hipotético caso de una secesión de una parte de un Estado miembro, la solución tendría que encontrarse y negociarse dentro del ordenamiento legal internacional", ha explicado Barroso en una respuesta parlamentaria a la eurodiputada italiana de la Liga Norte, Mara Bizzotto.

La eurodiputada ha recordado que la Iniciativa Ciudadana Europea sobre Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la Toma de Decisiones sobre la Soberanía Colectiva, promovida por Reagrupament --que el Ejecutivo comunitario no quiso admitir a trámite argumentando que estaba fuera de su ámbito de competencia-- tenía por objetivo "garantizar que los ciudadanos de un nuevo Estado que pueda resultar de una posible secesión de Cataluña de España mantuvieran su estatus de ciudadanos de la UE".

Bizzotto ha reclamado que Bruselas aclare si los catalanes "perderían inmediatamente su estatus de ciudadanos de la UE y sus consiguientes derechos y obligaciones" en caso de independizarse del territorio español.

El presidente del Ejecutivo comunitario aclara en su respuesta que el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la UE precisa que "la ciudadanía de la UE es adicional y no sustituye a la ciudadanía nacional, esto es, la ciudadanía de un Estado miembro de la UE".

"También confirma que en el hipotético caso de una secesión de una parte de un Estado miembro, la solución tendría que encontrarse y negociarse dentro del ordenamiento legal internacional. Cualquier otra consideración relacionada con las consecuencias de tal caso sería de naturaleza conjetural", apostilla el portugués.

INICIATIVA CIUDADANA RECHAZADA

El Ejecutivo comunitario se negó en mayo a registrar la iniciativa, presentada un mes antes a Bruselas, por considerar, tras "un examen exhaustivo", que "está manifiestamente fuera del ámbito de las competencias de la Comisión", según explicó la secretaria general de la Comisión, Catherine Day, a los promotores de la iniciativa en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

"De acuerdo con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, solo las personas que tengan nacionalidad de un Estado miembro son ciudadanos de la UE. La ciudadanía de la UE es complementaria, pero no sustitutiva, de la ciudadanía nacional", explicó Day en la carta, con fecha del 30 de mayo.

Además, la secretaria general del Ejecutivo comunitario dejó claro en la misma que "no existe base jurídica alguna" en los Tratados de la Unión para "abordar las consecuencias de una secesión de una parte de un Estado miembro" a través de la legislación secundaria para garantizar que mantienen la ciudadanía europea y que "la solución se tendría que encontrar y negociar dentro del ordenamiento jurídico internacional".

Las denominadas Iniciativas Ciudadanas Europeas se crearon en virtud del Tratado de Lisboa para permitir que los ciudadanos de a pie puedan reclamar a la Unión Europea que presente legislaciones de su interés en ámbitos de competencia comunitaria.

Las iniciativas, que pueden presentarse desde el 1 de abril, deberán estar respaldadas por un millón de firmas de ciudadanos de al menos siete Estados miembros, que comienzan a recogerse sólo después de que la Comisión acepta registrarla.

La Comisión Europea tiene potestad para rechazar iniciativas "manifiestamente abusivas, frívolas, ofensivas, contrarias a los valores europeos o que estén fuera de la competencia de la Comisión".


INDEPENDENTISMO
La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Joana Ortega, ha advertido de la existencia, en la Comunidad Autónoma, de un "independentismo de reacción" alimentado por la "prepotencia" del Ejecutivo de España a través de las declaraciones de los ministros Montoro y de Guindos, o de él mismo. Además, ha advertido al presidente del Gobierno de que "no se puede centrifugar constantemente todo el déficit y toda la deuda en las comunidades autónomas" y actuar con ellas como Europa con España.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortega ha asegurado que ha sido el sistema de financiación de Cataluña "totalmente incoherente" el que ha ocasionado que la situación en la Comunidad sea "tremendamente complicada" y le ha llevado a pedir el rescate a España.

En este sentido, ha destacado el hecho de que Cataluña deba pedir ayuda financiera al Estado cuando es una de las Comunidades "que más contribuye" a sus arcas e "ingresa muchísimo más de lo que recibe y necesita".

Por esta causa, cree que existe "este clamor" en Cataluña, plasmado en la petición de su Parlamento de un pacto fiscal que permitiría dotarse de un modelo similar al Concierto económico y "ayudar también a España" a salir de la crisis.

"Este déficit económico tan importante que sufre Cataluña y nos hace arrastrar una situación complicada, en esta ocasión ya es un clamor general del pueblo catalán, que reclama y exige un sistema justo", ha insistido.

Ortega ha calificado de "viernes recentralizadores" las jornadas en las que se reúne el Consejo de Ministros y anuncia nuevas medidas de ajuste, porque "en los últimos meses se ha visto cómo se van recortando en derechos y en autogobierno", ha apuntado.

Según ha advertido, el Gobierno catalán no permitirá que "bajo los ajustes económicos se vaya limitando la autonomía catalana". "Lo que no se puede hacer son, constantemente, estos ejercicios de pedir a las Comunidades autónomas aquello que ellos mismos reclaman a Europa, no tener la misma actitud de austeridad y objetivo de déficit hacia las Comunidades Autónomas. No se puede centrifugar constantemente todo el déficit y toda la deuda en las Comunidades autónoma", ha advertido.

A su juicio, la "lealtad institucional" también implica el cumplimiento de las leyes "por lo que hace referencia a Cataluña", y ha recordado que la Comunidad autónoma está "esperando" a la disposición adicional tercera "que el Estado debe a Cataluña" y que suma más de 1.200 millones, "por un lado", y más de 700 millones "por otro".

"Lo que no puede hacer el Estado es incumplir constantemente aquellos compromisos acordados vía Estatut de Cataluña con el pueblo catalán", ha afirmado. Por esta causa, ha dicho de que "hay un clamor en Cataluña respecto a la falta de lealtad del Estado español y la necesidad de dotarnos de un sistema de financiación justo".

INDEPENDENTISMO

La número 2 del Ejecutivo catalán ha advertido de la existencia de un "independentismo de reacción" y, en su opinión, "quien más ayuda a este independentismo son muchas de las declaraciones del ministro Montoro, del mismo presidente del Gobierno, o del ministro de Economía, Guindos".

"Cuando se niega la realidad de Cataluña, cuando se actúa con esta prepotencia, o se menosprecia la autonomía de un país como Cataluña, que ha luchado y lucha por sobrevivir, es cuando se crea este sentimiento de rechazo hacia España", ha indicado.

Ortega consideran en este sentido, que el pacto fiscal es una forma de "buscar la manera de conseguir un sistema que permita poder compartir con el resto de España toda su autonomía, con su máxima expresión". "Lo que pasa es que si cada día y cada acción va rechazando todo aquello que hace Cataluña, al final se va creando un caldo de cultivo que puede ser muy complicado de gestionar", ha dicho.

Por esa causa, ha reclamado "una responsabilidad del PP" para decidir "específicamente" qué es aquello que se puede negar y qué es lo que no se puede negar", así como de "obedecer al principio de lealtad institucional y, sobre todo, de justicia social, política y económica".

ESPAÑA, SIN COMPENSACIONES

Ortega cree que en Cataluña existe un sentimiento de "incomprensión e insatisfacción cada vez mayor" por pertenecer al Estado español "sin tener ningunas compensaciones, ni las mínimas, ni las más lógicas".

Ha añadido que, en medio de una "situación complicada", Cataluña "encara" una Diada "con un gran clamor reivindicativo", en alusión a la manifestación independentista organizada por la sociedad civil para la tarde del 11 de septiembre y que constituirá "no la voz de una institución, sino de todo un pueblo que ya clama por un tema que es totalmente injusto".

La vicepresidenta catalana ha afirmado que ella acudirá "a todos aquellos actos institucionales que vayan en la línea de reivindicar el pacto fiscal" y ha apostado por "evitar al máximo cualquier manifestación que nos acabe separando".

Su asistencia o no a la marcha independentista es "anecdótica", según sus palabras, porque "el sentimiento es que el máximo de personas puedan participar en todos los actos reivindicativos de este 11 de septiembre".

En este sentido, ha precisado que desde la Generalitat diferentes consejeros acudirán, no tanto como Gobierno, sino "como miembros de nuestros diferentes partidos". Ortega ha indicado que el Ejecutivo, "en tanto a que somos dirigentes de partidos" estudiará "cuál es la mejor posición" que debe adoptar.




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