Tras la confirmación oficial de la ejecución de 9 condenados a muerte la semana pasada y la promesa del gobierno de seguir adelante con las ejecuciones, al menos 38 personas que siguen condenadas a muerte en Gambia corren peligro de ejecución inminente, ha afirmado Amnistía Internacional.
Cabe imaginar el estado de terror de los condenados a muerte y sus familiares sabiendo que en cualquier momento pueden sacarlos de sus celdas y ponerlos ante un pelotón de fusilamiento”, ha afirmado Paule Rigaud, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para África.
“Amnistía Internacional sigue expresando su preocupación por el hecho de que muchos reclusos fueron condenados tras juicios injustos en los que no tuvieron acceso a un abogado ni a un proceso de apelación. Algunos fueron juzgados por cargos políticamente motivados y declarados culpables tras ser objeto de tortura y otros malos tratos como medio de obligarlos a confesar.”
Las condiciones de reclusión que soportan los condenados a muerte son, al parecer, penosas y desde la semana pasada han empeorado debido al refuerzo de las medidas de seguridad: según informes, todos los reclusos están sometidos a aislamiento en la práctica.
Gambia no llevaba a cabo ejecuciones desde 1985 y era considerado un Estado abolicionista en la práctica.
Las recientes ejecuciones se han realizado tras las alocuciones del presidente Jammeh, televisadas los días 19 y 20 de agosto, en las que aseguró que Gambia ejecutaría a todos los condenados a muerte antes de mediados de septiembre.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ninguno de los ejecutados ni sus familiares recibieron notificación previa de la ejecución. La ejecución secreta, en la que no se informa con antelación al recluso ni a familiares y abogados, vulnera las disposiciones del derecho internacional relativas al uso de la pena de muerte.
Las familias de quienes siguen en espera de ejecución no han podido acceder a la cárcel ni comunicarse con ellos.
La esposa de un condenado a muerte en Gambia contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Los últimos días han sido como una pesadilla. No sabemos lo que está pasando, quién ha muerto y quién está vivo. Ni sabemos quién será el siguiente. Muchos todavía están en trámites de apelación, y tenemos miedo porque no sabemos lo que les va a pasar.”
La noche del jueves, 23 de agosto, ocho hombres y una mujer fueron sacados de sus celdas de la prisión de Mile 2, próxima a la capital, Banjul, y al poco tiempo ejecutados por un pelotón de fusilamiento.
Amnistía Internacional cree que las ejecuciones se llevaron a cabo entre la noche del jueves y la mañana del viernes a pesar de que el gobierno, en una declaración emitida el lunes 27 de agosto, asegura que tuvieron lugar el domingo 26 de agosto.
La declaración, procedente del Ministerio del Interior, reiteraba la intención del gobierno de “ejecutar al pie de la letra todas las penas previstas en la legislación, incluida la pena de muerte”. Esto parece confirmar que Gambia seguirá adelante con las ejecuciones a pesar del clamor internacional de protesta.
Amnistía Internacional ha señalado que el número de condenas de muerte impuestas se ha incrementado en los dos últimos años, a pesar de que todavía no se han subsanado las deficiencias del sistema de justicia penal.
“El presidente debe retractarse de su amenaza de ejecutar a todos los condenados a muerte, y no sólo eso: también debe confirmar que Gambia declarará una suspensión de las ejecuciones de manera inmediata y efectiva” ha afirmado Rigaud.
Amnistía Internacional solicita que se revisen todos los casos de pena de muerte. La comunidad internacional debe prestar asistencia para garantizar juicios con las debidas garantías a todos los condenados a muerte.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del delito de que se trate, las características de su autor y el sistema de ejecución utilizado por el Estado. La organización hace campaña en favor de la abolición absoluta de este castigo cruel e inhumano.
Si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Gambia es Estado Parte, no prohíbe la pena de muerte, el derecho y las normas internacionales imponen limitaciones claras sobre su uso y establecen garantías para preservar los derechos de todas las personas que se enfrentan a la pena capital. Entre otras cosas, sólo puede imponerse la pena de muerte por delitos en los que haya existido intención de matar con resultado de pérdida de vida. Según la ONU, eso excluye la posibilidad de condenar a muerte a una persona por actividades de carácter político, como la traición, el espionaje y otros actos de ambigua definición calificados de “crímenes contra el Estado”. Sólo es posible imponer una condena a muerte tras un juicio que cumpla con las más rigurosas normas sobre juicios justos internacionalmente reconocidas.
Las ejecuciones realizadas en Gambia contrastan agudamente con la tendencia a terminar con el uso de la pena de muerte, observada tanto en África Occidental como en el resto del mundo. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ningún país de África Occidental ha llevado a cabo ejecuciones en los últimos años. Desde el año 2000, Costa de Marfil, Senegal y Togo en África Occidental, así como Burundi, Gabón y Ruanda, han abolido la pena de muerte para todos los delitos.
Después de estas ejecuciones en Gambia, son 140 los países del mundo que han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. En África, 21 de los 54 Estados miembros de la Unión Africana son abolicionistas en la práctica, y 16 son abolicionistas en la ley para todos los delitos. Anteriormente, Gambia también se clasificaba como Estado abolicionista en la práctica. La última ejecución realizada antes del viernes pasado tuvo lugar en 1985, según el gobierno, hace más de un cuarto de siglo.
