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Derecho a decidir

CARTA Rafaela Crespín*

La libertad es un derecho fundamental reconocido en la Constitución española, al cual no debemos renunciar como personas, ni paralizarnos desde la responsabilidad pública, pues tenemos la obligación de preservar este principio democrático que nos hace iguales y vela por la justicia social.

Hoy, 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con el que intrínsecamente no sólo reivindicamos la acción en sí de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones óptimas, sino que también, se hace un ejercicio en defensa de la libertad de decisión de las mujeres.

En este sentido, España había superado un gran vacío legal con la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el año 2010. De esta forma, el PSOE supo dar respuesta a una realidad generadora de desigualdades al respecto.

Asimismo, nuestro país se equiparó en este asunto a países de nuestro entorno, en los que el aborto se lleva a cabo en condiciones seguras y bajo control médico, además de no estipularlo como ilegal, desde hace tiempo. Pero, estos cimientos han empezado a tambalear de nuevo tras anunciar el Gobierno su intención de reformar esta ley, cuyas primeras nociones plantean un retroceso en esta materia.

¿Un paso atrás?… Ni para coger impulso. Después del esfuerzo común de las mujeres, de muchos colectivos sociales y profesionales para avanzar en este asunto, volver a una legislación obsoleta sería denegar de nuevo la capacidad de elegir de las mujeres y por tanto, eliminar un derecho conquistado.

La actual ley de 2010 nos ofrece a las mujeres la posibilidad de ejercer nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva. Y en el caso de una decisión libre de interrumpir un embarazo no deseado, este precepto es garante de un asesoramiento previo, informando de los derechos que se tiene tanto si se continúa con la gestación, como si no. Por tanto, lo que se articula es la libertad de elección y siempre, bajo la responsabilidad individual de cada mujer.

Esta es la cuestión, que cada cual pueda hacer o no hacer en función de un respaldo legislativo que nos permita actuar a cada una bajo nuestra responsabilidad. La amenaza de la reforma planteada por el PP rompe con este consenso social, además de ser arbitraria en el manejo y uso del concepto derecho , puesto que nunca el derecho puede correr el riesgo de ser penado. Las mujeres queremos decidir bajo la garantía de una norma que ampare la libertad y la seguridad personal y legal.

* Coordinadora de Igualdad y Bienestar Social del PSOE de Córdoba

 

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