OPINIÓN de Francesca Emanuele.-
Durante la burbuja inmobiliaria, los bancos financiaron a empresas inmobiliarias para que construyeran viviendas que serían posteriormente vendidas a la población. Los compradores se hipotecaron con los bancos para adquirir unas casas por las que se pedían sumas que, en ocasiones, eran más del 100% de su valor real, sin que los bancos advirtieran de la estafa. Los bancos españoles, cuando veían que les faltaba capital para prestar, se endeudaban con otros bancos del corazón de Europa.
Cuando empezó a desinflarse la burbuja inmobiliaria, se perdieron miles de empleos, y quebraron muchas empresas constructoras. Los bancos, prestamistas de estas empresas, y prestamistas de la población, iban recolectando (por los impagos) muchos activos inmobiliarios (casas y suelo) que habían perdido gran parte de su valor.
Desde 2008 casi medio millón de familias han sido expulsadas de sus casas. Actualmente, se ejecutan una media de 159 desahucios por día. Los bancos se quedan en posesión de las viviendas desalojadas.
En junio pasado, el gobierno español pidió 100 mil millones de euros al Eurogrupo para rescatar a sus bancos que estaban minados de activos tóxicos. El partido oficialista negó que aquel “rescate” tuviera condiciones de ajustes estructurales.
No obstante, vemos que el IVA (IGV en Perú), un impuesto no progresivo (general) y que afecta a ricos y pobres, ha subido del 18 al 21%. Todos los ministerios han recortado su presupuesto. El de cultura, en 30%. El ministerio de Educación en más del 20%. Se ha incrementado el precio de las matrículas en la universidad hasta en un 50%. Los hospitales ya no atienden a inmigrantes sin papeles, ni tampoco a jóvenes que hasta los 26 no hayan cotizado a la Seguridad Social. Hubo una reforma laboral, y ahora se encuentran trabajos incluso más explotadores y peor remunerados que hace unos meses.
Después de tantos ajustes que desmantelan el “estado del bienestar” español, el poder adquisitivo de la población es muy escaso, por lo que la economía se sigue yendo a pique. Hay un desempleo del 24,63% y existen más de 1 millón 736 mil familias en las que ningún miembro tiene trabajo. La pobreza infantil supera el 26%, lo que crea un estigma, puede que permanente, a 1/4 de esta generación.
Desde hace más de 3 meses se venía organizando una protesta para el 25 de setiembre, la que consistiría en rodear el Congreso del Estado español y mostrar la repulsa de la población por unas medidas que pauperizan la vida de la mayoría. La respuesta del gobierno y de las autoridades ante una concentración pacífica fue la de plagar el centro de Madrid de policías antidisturbios, quienes cargaban con escopetas de balas de goma. Pasadas las 9 de la noche, unos policías infiltrados que se hacían pasar por asistentes a la manifestación, simularon enfrentarse con la policía. A raíz de esta pantomima, la policía empezaría a golpear a todos los verdaderos protestantes. El teatrillo habría estado pactado para disolver la protesta y que no suceda como el año pasado, cuando después de una gran concentración, los asistentes acamparon y no dejaron de hacerlo hasta más de 2 semanas después. Esta vez, la estrategia del gobierno ha resultado conveniente, no solo para disolver la manifestación y sembrar el miedo, sino también para tirar tierra a la carga política de la protesta.
Los antidisturbios golpearon a todos los que tenían cerca, incluso a personas de avanzada edad, los siguieron hasta el metro, los persiguieron hasta los bares en donde se guarecían. Los protestantes corrían despavoridos, mientras los pitufos azules blandían sus porras y disparaban sus escopetas de balas de goma a menos de 50 metros de distancia (distancia reglamentaria).
Frente a tanta criminalidad institucional, tanto “terrorismo de Estado”, como le han llamado algunos, los manifestantes volvieron a las inmediaciones del Congreso el día 26 de setiembre, y volverán también el 29. No quieren que sus autoridades llenen las calles de verdugos, para no oírlos. Buscan denunciar que su gobierno se ha olvidado del contrato social que tiene con el pueblo, y únicamente vela por los contratos que tiene con los bancos privados y por los que tiene con la llamada Troika (FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea).
Durante la burbuja inmobiliaria, los bancos financiaron a empresas inmobiliarias para que construyeran viviendas que serían posteriormente vendidas a la población. Los compradores se hipotecaron con los bancos para adquirir unas casas por las que se pedían sumas que, en ocasiones, eran más del 100% de su valor real, sin que los bancos advirtieran de la estafa. Los bancos españoles, cuando veían que les faltaba capital para prestar, se endeudaban con otros bancos del corazón de Europa.
Cuando empezó a desinflarse la burbuja inmobiliaria, se perdieron miles de empleos, y quebraron muchas empresas constructoras. Los bancos, prestamistas de estas empresas, y prestamistas de la población, iban recolectando (por los impagos) muchos activos inmobiliarios (casas y suelo) que habían perdido gran parte de su valor.
Desde 2008 casi medio millón de familias han sido expulsadas de sus casas. Actualmente, se ejecutan una media de 159 desahucios por día. Los bancos se quedan en posesión de las viviendas desalojadas.
En junio pasado, el gobierno español pidió 100 mil millones de euros al Eurogrupo para rescatar a sus bancos que estaban minados de activos tóxicos. El partido oficialista negó que aquel “rescate” tuviera condiciones de ajustes estructurales.
No obstante, vemos que el IVA (IGV en Perú), un impuesto no progresivo (general) y que afecta a ricos y pobres, ha subido del 18 al 21%. Todos los ministerios han recortado su presupuesto. El de cultura, en 30%. El ministerio de Educación en más del 20%. Se ha incrementado el precio de las matrículas en la universidad hasta en un 50%. Los hospitales ya no atienden a inmigrantes sin papeles, ni tampoco a jóvenes que hasta los 26 no hayan cotizado a la Seguridad Social. Hubo una reforma laboral, y ahora se encuentran trabajos incluso más explotadores y peor remunerados que hace unos meses.
Después de tantos ajustes que desmantelan el “estado del bienestar” español, el poder adquisitivo de la población es muy escaso, por lo que la economía se sigue yendo a pique. Hay un desempleo del 24,63% y existen más de 1 millón 736 mil familias en las que ningún miembro tiene trabajo. La pobreza infantil supera el 26%, lo que crea un estigma, puede que permanente, a 1/4 de esta generación.
Desde hace más de 3 meses se venía organizando una protesta para el 25 de setiembre, la que consistiría en rodear el Congreso del Estado español y mostrar la repulsa de la población por unas medidas que pauperizan la vida de la mayoría. La respuesta del gobierno y de las autoridades ante una concentración pacífica fue la de plagar el centro de Madrid de policías antidisturbios, quienes cargaban con escopetas de balas de goma. Pasadas las 9 de la noche, unos policías infiltrados que se hacían pasar por asistentes a la manifestación, simularon enfrentarse con la policía. A raíz de esta pantomima, la policía empezaría a golpear a todos los verdaderos protestantes. El teatrillo habría estado pactado para disolver la protesta y que no suceda como el año pasado, cuando después de una gran concentración, los asistentes acamparon y no dejaron de hacerlo hasta más de 2 semanas después. Esta vez, la estrategia del gobierno ha resultado conveniente, no solo para disolver la manifestación y sembrar el miedo, sino también para tirar tierra a la carga política de la protesta.
Los antidisturbios golpearon a todos los que tenían cerca, incluso a personas de avanzada edad, los siguieron hasta el metro, los persiguieron hasta los bares en donde se guarecían. Los protestantes corrían despavoridos, mientras los pitufos azules blandían sus porras y disparaban sus escopetas de balas de goma a menos de 50 metros de distancia (distancia reglamentaria).
Frente a tanta criminalidad institucional, tanto “terrorismo de Estado”, como le han llamado algunos, los manifestantes volvieron a las inmediaciones del Congreso el día 26 de setiembre, y volverán también el 29. No quieren que sus autoridades llenen las calles de verdugos, para no oírlos. Buscan denunciar que su gobierno se ha olvidado del contrato social que tiene con el pueblo, y únicamente vela por los contratos que tiene con los bancos privados y por los que tiene con la llamada Troika (FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea).
*http://diario16.pe/columnista/17/francesca-emanuele/2012/golpes-a-la-espaa-ola
