OPINIÓN de Samuel García Arencibia.-
Casas sin personas, personas sin hogar
La situación resultante de los años de capitalismo a toda máquina que satisface a oligarquías y pueblo complaciente con su consumismo es una colosal deuda de los promotores que fueron llamados por los cantos de sirena de un precio de la vivienda que no dejaba de subir, bancos que no cobran los créditos concedidos y no pueden hacer frente a sus deudas con otros bancos, familias con más miembros en desempleo o con sueldos reducidos y con incapacidad para afrontar alquileres o cuotas hipotecarias, administraciones públicas que no recaudan lo suficiente porque perdonan impuestos a los ricos y la actividad económica deprimida no produce ingresos suficientes, …
En esta situación, a las casas vacías para especular de la época anterior se han sumado los inmuebles que no se pueden vender. Los esfuerzos públicos para que se vendan y disminuya la asfixia no paran de hacerse: reducciones del IVA de la vivienda en época de Zapatero mientras subía el IVA de todo lo demás para que los europeos adquirieran una segunda residencia; otorgamiento del permiso de residencia a extranjeros que adquieran una vivienda, en planes.
Igualmente, a las personas y familias que accedían en el mercado a la vivienda en alquiler con dificultad se le suman aquellas que consiguieron entrar en alquiler o propiedad durante los años de puestos de trabajo sostenidos por respiración artificial, expulsados con su eliminación. A las personas y familias que se vieron forzadas a relaciones de arrendamiento de mercado y no pueden afrontar la renta se les desahucia; a las personas y familias que pudieron iniciar un intento de adquirir la propiedad y no pueden pagar la cuota del préstamo, se les ejecuta la hipoteca, que tiene como resultado la pérdida de la casa y en muchas ocasiones la persistencia de una deuda (crédito no pagado, intereses de demora, gastos de ejecución de la hipoteca, …).
Las hipotecas colgadas
En los créditos con garantía hipotecaria a veces hay otras garantías, como avales de familiares. Los bancos cuando dan a la firma un contrato saben muy bien lo que han escrito para ganar en cada operación. Tienen detrás unos equipos de valoración del riesgo y elaboración de contratos. Aún así muchas entidades se han visto con altos niveles de morosidad (especialmente promotora) y con incapacidad para cumplir con los créditos interbancarios que pidieron en el exterior. El Estado ha acudido en su rescate.
En cambio, muchas veces las personas físicas firmamos estos contratos y las escrituras de constitución de hipoteca con la inconsciencia de la gente normal, que vive confiada en el ciclo indeclinable de crecimiento, que no imagina que se está formando una tormenta perfecta y que no sabe las consecuencias de aquellas hojas que firmó sin leer o de aquel párrafo que no entendió. Cuando ocurre lo imprevisto llegan los lamentos por haber firmado un pacto con el diablo, con el alma como garantía.
La cultura de leer los contratos hubiese evitado muchos disgustos a personas que ahora se sienten indefensas contra esos contratos. En Derecho del Consumo se explica la desigualdad existente entre gran empresa y usuario. Por eso, en ese tipo de relaciones se han creado insuficientes instituciones de defensa. Pero una de las lecciones que ha enseñado la vida es que son precisas las precauciones propias.
Constantemente llega la información sobre el número de ejecuciones hipotecarias diarias o desde el año 2007. Unas quinientas al día o unos 400 mil en estos años. No obstante, parece claro que ese dato no se comunica con rigor, ya que en ese número se mezclan ejecuciones de hipoteca en vivienda habitual, que es el que debería preocupar, con otros tipos de ejecuciones hipotecarias sobre segundas viviendas o locales que no se dedican a la residencia. Los datos precisos sobre familias que por la ejecución hipotecaria se ven sometidos a una situación social vulnerable nadie los ha elaborado.
Pequeñas concesiones del poder
Después del guiño de Rubalcaba al 15M en la precampaña del 20N de 2012, el mínimo inembargable para deudores hipotecarios en vivienda habitual es de 962 euros más 192 por personas dependiente. Eso quiere decir que si tras la ejecución queda deuda pendiente, el banco empezaría a cobrar a partir de 962 en el caso de familias monoparentales, 1054 en familia de dos personas, 1266 en familias de tres, … Aunque lo despreciáramos por oportunista e insuficiente, debo reconocer que en una valoración sosegada y justa es bastante protectora de la renta familiar frente a las caídas en desgracia. Aunque se pueda reducir la deuda pendiente.
También es importante el esfuerzo que se hace para eliminar cláusulas abusivas de los contratos de hipoteca que elevan la cuantía de la deuda por ejemplo por una imposición excesiva de intereses de demora, que ha tenido como consecuencia la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de la aminoración de la deuda pendiente y la protección de la renta familiar hasta un determinado punto, hace poco, tras la representación de la preocupación por los dos partidos mayoritarios del país, se declaró la moratoria durante dos años del acto de lanzamiento en unos casos muy determinados, con ánimo cicatero. Para esas mismas familias se prevé la creación de un fondo social de viviendas de renta asumible. Unas medidas de poca trascendencia.
En estas acciones valoro que en lo importante, potenciar el derecho de disfrute de una vivienda digna y adecuada, se ha avanzado casi nada y en lo secundario, ayudar a quien se arriesgó a adquirir en tiempos brumosos firmando un contrato con zorros viejos, se ha adelantado mucho más.
¿Qué hacer?
En esta situación cabe preguntarse qué hacer. Una propuesta de acción es la de las personas afectadas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclama la suspensión inmediata de lanzamientos, la dación en pago retroactiva, la creación de vivienda social, como puede verse en la iniciativa legislativa popular de esta plataforma, que consiguió 600 mil firmas.
Sus acciones han servido para visibilizar esta consecuencia del cambio de ciclo en el modelo social y económico de nuestra sociedad. Su propuesta reclama una solución específica para las personas afectadas por la hipoteca. Su organización es una de las más fuertes de los colectivos afectados por la crisis, mejor organizada por ejemplo que el de personas en situación de desempleo. Es normal que en su situación se rebelen contra el pisotón que les da el sistema.
Como otras iniciativas la PAH surge del fracaso del capitalismo de especulación con la vivienda como centro de gravedad. No es una iniciativa que antes del fracaso ya criticara las muchas contradicciones y propusiera un modelo social y económico diferente, con una política de vivienda social.
Sin embargo, me parece conveniente que alguien cuide una mirada más general, no de afectados. Habría que mantener la demanda que nunca se debió abandonar de una política pública de vivienda social e integradora, en la que el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada prevalezca de forma rotunda sobre la especulación, todo lo contrario que hasta el momento, pero no con la perspectiva de enderezar el destino sólo a personas y familias a las que se le torció en aquel juego de engaños sino también para los que no pudieron o no quisieron jugar.
La propuesta desde luego no debe mirar sólo al derecho de vivienda, sino a todos los derechos humanos, de quienes están afectadas por una ejecución hipotecaria y de quienes están libres de esa losa. Una orientación socialista-estatalista, más cómoda para las mayorías que una posición socialista-libertaria para la que se requiere un arrojo que nuestra generación no posee, debería exigir soluciones generales de reparto del trabajo; de empoderar a los trabajadores en las grandes empresas para limitar la desigualdad retributiva o la elevada desviación de beneficios para el capital; de fiscalidad progresiva y combate contra el fraude; de nacionalización de las riquezas personales y corporativas acumuladas en las décadas de inconciencia popular; de nacionalización de las empresas estratégicas; de nacionalización real de las empresas rescatadas con fondos públicos; de búsqueda colectiva de soluciones para las necesidades de vivienda, sanidad, educación, seguros; de formación en valores de austeridad; de verdadera solidaridad con los pueblos empobrecidos por nuestro modo de vida ahora que hemos descubierto lo desagradable que es el empobrecimiento; …
Casas sin personas, personas sin hogar
La situación resultante de los años de capitalismo a toda máquina que satisface a oligarquías y pueblo complaciente con su consumismo es una colosal deuda de los promotores que fueron llamados por los cantos de sirena de un precio de la vivienda que no dejaba de subir, bancos que no cobran los créditos concedidos y no pueden hacer frente a sus deudas con otros bancos, familias con más miembros en desempleo o con sueldos reducidos y con incapacidad para afrontar alquileres o cuotas hipotecarias, administraciones públicas que no recaudan lo suficiente porque perdonan impuestos a los ricos y la actividad económica deprimida no produce ingresos suficientes, …
En esta situación, a las casas vacías para especular de la época anterior se han sumado los inmuebles que no se pueden vender. Los esfuerzos públicos para que se vendan y disminuya la asfixia no paran de hacerse: reducciones del IVA de la vivienda en época de Zapatero mientras subía el IVA de todo lo demás para que los europeos adquirieran una segunda residencia; otorgamiento del permiso de residencia a extranjeros que adquieran una vivienda, en planes.
Igualmente, a las personas y familias que accedían en el mercado a la vivienda en alquiler con dificultad se le suman aquellas que consiguieron entrar en alquiler o propiedad durante los años de puestos de trabajo sostenidos por respiración artificial, expulsados con su eliminación. A las personas y familias que se vieron forzadas a relaciones de arrendamiento de mercado y no pueden afrontar la renta se les desahucia; a las personas y familias que pudieron iniciar un intento de adquirir la propiedad y no pueden pagar la cuota del préstamo, se les ejecuta la hipoteca, que tiene como resultado la pérdida de la casa y en muchas ocasiones la persistencia de una deuda (crédito no pagado, intereses de demora, gastos de ejecución de la hipoteca, …).
Las hipotecas colgadas
En los créditos con garantía hipotecaria a veces hay otras garantías, como avales de familiares. Los bancos cuando dan a la firma un contrato saben muy bien lo que han escrito para ganar en cada operación. Tienen detrás unos equipos de valoración del riesgo y elaboración de contratos. Aún así muchas entidades se han visto con altos niveles de morosidad (especialmente promotora) y con incapacidad para cumplir con los créditos interbancarios que pidieron en el exterior. El Estado ha acudido en su rescate.
En cambio, muchas veces las personas físicas firmamos estos contratos y las escrituras de constitución de hipoteca con la inconsciencia de la gente normal, que vive confiada en el ciclo indeclinable de crecimiento, que no imagina que se está formando una tormenta perfecta y que no sabe las consecuencias de aquellas hojas que firmó sin leer o de aquel párrafo que no entendió. Cuando ocurre lo imprevisto llegan los lamentos por haber firmado un pacto con el diablo, con el alma como garantía.
La cultura de leer los contratos hubiese evitado muchos disgustos a personas que ahora se sienten indefensas contra esos contratos. En Derecho del Consumo se explica la desigualdad existente entre gran empresa y usuario. Por eso, en ese tipo de relaciones se han creado insuficientes instituciones de defensa. Pero una de las lecciones que ha enseñado la vida es que son precisas las precauciones propias.
Constantemente llega la información sobre el número de ejecuciones hipotecarias diarias o desde el año 2007. Unas quinientas al día o unos 400 mil en estos años. No obstante, parece claro que ese dato no se comunica con rigor, ya que en ese número se mezclan ejecuciones de hipoteca en vivienda habitual, que es el que debería preocupar, con otros tipos de ejecuciones hipotecarias sobre segundas viviendas o locales que no se dedican a la residencia. Los datos precisos sobre familias que por la ejecución hipotecaria se ven sometidos a una situación social vulnerable nadie los ha elaborado.
Pequeñas concesiones del poder
Después del guiño de Rubalcaba al 15M en la precampaña del 20N de 2012, el mínimo inembargable para deudores hipotecarios en vivienda habitual es de 962 euros más 192 por personas dependiente. Eso quiere decir que si tras la ejecución queda deuda pendiente, el banco empezaría a cobrar a partir de 962 en el caso de familias monoparentales, 1054 en familia de dos personas, 1266 en familias de tres, … Aunque lo despreciáramos por oportunista e insuficiente, debo reconocer que en una valoración sosegada y justa es bastante protectora de la renta familiar frente a las caídas en desgracia. Aunque se pueda reducir la deuda pendiente.
También es importante el esfuerzo que se hace para eliminar cláusulas abusivas de los contratos de hipoteca que elevan la cuantía de la deuda por ejemplo por una imposición excesiva de intereses de demora, que ha tenido como consecuencia la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de la aminoración de la deuda pendiente y la protección de la renta familiar hasta un determinado punto, hace poco, tras la representación de la preocupación por los dos partidos mayoritarios del país, se declaró la moratoria durante dos años del acto de lanzamiento en unos casos muy determinados, con ánimo cicatero. Para esas mismas familias se prevé la creación de un fondo social de viviendas de renta asumible. Unas medidas de poca trascendencia.
En estas acciones valoro que en lo importante, potenciar el derecho de disfrute de una vivienda digna y adecuada, se ha avanzado casi nada y en lo secundario, ayudar a quien se arriesgó a adquirir en tiempos brumosos firmando un contrato con zorros viejos, se ha adelantado mucho más.
¿Qué hacer?
En esta situación cabe preguntarse qué hacer. Una propuesta de acción es la de las personas afectadas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclama la suspensión inmediata de lanzamientos, la dación en pago retroactiva, la creación de vivienda social, como puede verse en la iniciativa legislativa popular de esta plataforma, que consiguió 600 mil firmas.
Sus acciones han servido para visibilizar esta consecuencia del cambio de ciclo en el modelo social y económico de nuestra sociedad. Su propuesta reclama una solución específica para las personas afectadas por la hipoteca. Su organización es una de las más fuertes de los colectivos afectados por la crisis, mejor organizada por ejemplo que el de personas en situación de desempleo. Es normal que en su situación se rebelen contra el pisotón que les da el sistema.
Como otras iniciativas la PAH surge del fracaso del capitalismo de especulación con la vivienda como centro de gravedad. No es una iniciativa que antes del fracaso ya criticara las muchas contradicciones y propusiera un modelo social y económico diferente, con una política de vivienda social.
Sin embargo, me parece conveniente que alguien cuide una mirada más general, no de afectados. Habría que mantener la demanda que nunca se debió abandonar de una política pública de vivienda social e integradora, en la que el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada prevalezca de forma rotunda sobre la especulación, todo lo contrario que hasta el momento, pero no con la perspectiva de enderezar el destino sólo a personas y familias a las que se le torció en aquel juego de engaños sino también para los que no pudieron o no quisieron jugar.
La propuesta desde luego no debe mirar sólo al derecho de vivienda, sino a todos los derechos humanos, de quienes están afectadas por una ejecución hipotecaria y de quienes están libres de esa losa. Una orientación socialista-estatalista, más cómoda para las mayorías que una posición socialista-libertaria para la que se requiere un arrojo que nuestra generación no posee, debería exigir soluciones generales de reparto del trabajo; de empoderar a los trabajadores en las grandes empresas para limitar la desigualdad retributiva o la elevada desviación de beneficios para el capital; de fiscalidad progresiva y combate contra el fraude; de nacionalización de las riquezas personales y corporativas acumuladas en las décadas de inconciencia popular; de nacionalización de las empresas estratégicas; de nacionalización real de las empresas rescatadas con fondos públicos; de búsqueda colectiva de soluciones para las necesidades de vivienda, sanidad, educación, seguros; de formación en valores de austeridad; de verdadera solidaridad con los pueblos empobrecidos por nuestro modo de vida ahora que hemos descubierto lo desagradable que es el empobrecimiento; …
