OPINIÓN de Carlos Taibo.-
Felipe González dijo ayer que le gustaría poder votar en un eventual referendo de autodeterminación en Cataluña. Como de costumbre, a mi me gustaría hacer lo contrario que a González o, lo que es lo mismo, y en este caso, dejar en manos de los habitantes de Cataluña ese derecho. Con el compromiso franco, eso sí, de respetar el criterio mayoritario, tanto si lo es a favor de una Cataluña independiente como si se inclina por ratificar el escenario actual o por defender otro cualquiera.
No se me escapa que nos hallamos ante un choque de dos "legitimidades": la que nace de las instituciones catalanas y la que ve la luz en las españolas. No puedo por menos que anotar que la principal plasmación de esta última, la Constitución en vigor en España, vio la luz en condiciones de dudoso carácter democrático, lejos de un debate amplio y plural, y con la absurda pretensión -hoy lo sabemos- de cerrar para siempre, antidemocráticamente, toda posible contestación del principio de integridad territorial del Estado correspondiente.
Convertir esa Constitución en un cerrojo que impide, hoy, darle alas a ese debate que se nos hurtó 35 años atrás es poco afortunado. Tanto más si lo hacen quienes durante tres decenios y medio afirmaron que estaba claro que en Cataluña no había en modo alguno una mayoría favorable a la independencia y ahora prefieren trampear para que no cobre cuerpo una fórmula que permita, democráticamente, despejar las dudas al respecto.
Felipe González dijo ayer que le gustaría poder votar en un eventual referendo de autodeterminación en Cataluña. Como de costumbre, a mi me gustaría hacer lo contrario que a González o, lo que es lo mismo, y en este caso, dejar en manos de los habitantes de Cataluña ese derecho. Con el compromiso franco, eso sí, de respetar el criterio mayoritario, tanto si lo es a favor de una Cataluña independiente como si se inclina por ratificar el escenario actual o por defender otro cualquiera.
No se me escapa que nos hallamos ante un choque de dos "legitimidades": la que nace de las instituciones catalanas y la que ve la luz en las españolas. No puedo por menos que anotar que la principal plasmación de esta última, la Constitución en vigor en España, vio la luz en condiciones de dudoso carácter democrático, lejos de un debate amplio y plural, y con la absurda pretensión -hoy lo sabemos- de cerrar para siempre, antidemocráticamente, toda posible contestación del principio de integridad territorial del Estado correspondiente.
Convertir esa Constitución en un cerrojo que impide, hoy, darle alas a ese debate que se nos hurtó 35 años atrás es poco afortunado. Tanto más si lo hacen quienes durante tres decenios y medio afirmaron que estaba claro que en Cataluña no había en modo alguno una mayoría favorable a la independencia y ahora prefieren trampear para que no cobre cuerpo una fórmula que permita, democráticamente, despejar las dudas al respecto.
