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GUATEMALA. El inicio del fin de la impunidad

OPINIÓN de Diego S. García.- 

Desde 1954, año en el que fue destruida la Revolución y sus conquistas sociales, Guatemala ha sido gobernada por el Terror. La mano dura no es más que eso, y está dirigida hacia el sometimiento y control de la población.

La impunidad sobre los crímenes de Estado y los sucesivos gobiernos que se rigieron por la línea autoritaria parece que tiene los días contados. Guatemala se está abriendo paso a paso, y aunque sea muy lento, hacia la democracia. Es importante considerar que la Democracia está permanentemente bloqueada por las fuerzas conservadoras y retardatarias que impiden que el largo proceso de transición, la haga efectiva.

La política de “Tierra Arrasada” practicada por la dictadura del Jefe de Estado de facto General José Efraín Ríos Montt y los crímenes cometidos, parecía que quedarían en la impunidad. Se ha negado que tal política se pusiera en práctica por parte del Estado, otros dicen que si sucedió, puede que “algunos” oficiales la practicaron. Aún después de la firma de la paz en nuestro país, quedaron secuelas del terror y nadie se atrevió a defender a las víctimas, porque el miedo permeó a las instituciones de justicia, por el temor a las represalias y ante las acusaciones de “estar defendiendo a los guerrilleros”.

Los crímenes se cometieron sistemáticamente contra la población, aplicando la máxima de “sacar el pez del agua”, o lo que es lo mismo, secar el agua donde supuestamente vivía ese pez, es decir: la guerrilla. La acción armada del Estado se encaminó a aniquilar a la población, que supuestamente era la base social de la guerrilla. Más de 400 aldeas fueron borradas del mapa con todo y población.

Cuando se pregona que en 1984 la guerrilla perdió la guerra, a eso se refiere, a que se aniquiló a la población; valiente victoria aniquilar población indefensa. Sin embargo, en 1987 el Estado de Guatemala, se ve obligado a dar inicio a un proceso de negociación para poner fin a la guerra; caramba, entonces no estaba aniquilada la guerrilla, y aniquilar a la población no dio los resultados esperados. A la luz de la historia se podría decir que las masacres contra la población desarmada, contra mujeres, ancianos y niños, constituyeron una Victoria Pírrica.

Todo acto o demanda encaminada a pedir justicia contra los crímenes perpetrados contra muchas comunidades, a lo largo y ancho del país, durante el Conflicto Armado Interno, ha sido deslegitimado con los argumento de que se trata de revanchismo de la izquierda; de ONGs que reciben grandes sumas y que viven todavía de la guerra; de algunos países de la comunidad internacional que invierten grandes cantidades de dinero para desprestigiar al país, etc. Las mismas familias de las víctimas no tenían ningún amparo de las instituciones de justicia y, durante muchos años, todo indicaba que así se quedaría, pero parece que eso está cambiando.

A lo largo de 13 años en que se abrió el proceso penal contra José Ríos Montt, los abogados encaminaron su defensa, tratando de probar que el General no tenía nada que ver en las masacres, o más bien no estaba enterado de ellas. Sin embargo en palabras de sus mismos defensores, “no se enteró de las masacres” ocurridas en el Triángulo Ixil. Es decir, no niegan que las masacres fueron perpetradas. Se trata entonces de salvar al General, pero deja mal parada a la institución castrense, la que tendrá que pagar el costo de las políticas de terror aplicadas por los regímenes autoritarios. Tal parece que se trata de zafar bulto y ahí vean como resuelven los problemas los que quedan.

En otras palabras, la famosa unidad de cuerpo que existe en las filas de la institución armada, es burlada por la defensa del ex jefe de Estado de facto. En un sálvese quien pueda, queda abierta la posibilidad de iniciar más juicios por la misma acusación: por crímenes de lesa humanidad. Si el juicio prospera, y aunque se quede en solo la acusación por los querellantes, es un paso decisivo en la búsqueda de justicia para cientos de miles de víctimas. Sería el inicio del fin de la impunidad.

Las que son preocupantes, son las acciones que podrían tomar los que quedan y los veteranos del conflicto armado. Esto por el grado de polarización que se observa a raíz del inicio de esos juicios, lo cual pronostica malos augurios. Las revanchas y vendettas ya se han anunciado por varios medios, y todo hace pensar que se puede desatar una ola de violencia tratando de negar la existencia de las políticas de terror aplicadas por el Estado; negando su participación, o lo que ha estado sucediendo, justificando la aplicación del terror para salvar al país, para que, supuestamente, no cayera en manos del comunismo.


*Fuente: Reporte Diario de análisis de tendencias, Tercera Época número 2325, servicio informativo de Incidencia Democrática, I.DEM, Guatemala, 30 de enero de 2013.

 

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