OPINIÓN de Juan Torres López.-
La situación en la que se encuentra la economía española y la de otros países de la Eurozona es dramática. Se mire por donde se mire, permanecer en las condiciones en las que estamos no puede llevarnos sino a un desastre de consecuencias imprevisibles.
No se trata de ser catastrofistas sino de contemplar con realismo lo que está sucediendo y de anticipar lo que es previsible que venga detrás, a la vista de lo que ya ha ocurrido en otros países que pasaron por circunstancias parecidas a las nuestras.
Permanecer sin más en el euro y aplicar las políticas de austeridad va a destruir la actividad productiva y a poner en las nubes la cifra de parados. Nos hundirá en la depresión durante años y hará que se vaya acumulando un volumen de deuda insoportable que imposibilitará cualquier tipo de cambio en el futuro inmediato. Seguir como estamos, simplemente aguantar el chaparrón, es suicida y, a mi modo de ver, la peor política posible.
La impresión generalizada es que no hay alternativas a las imposiciones de Europa, que no queda más remedio que obedecer lo que dice la señora Merkel y aplicar sin rechistar lo que impone la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
Es cierto que nuestra pertenencia a la Unión Monetaria supone un corsé agobiante teniendo en cuenta la forma tan inadecuada en que conformó en su día. Y tan apretado que, a estas alturas, sería muy difícil salir de él sin tener que soportar un trauma social extraordinario (de hecho, ni siquiera está formalmente contemplado que un país abandone el euro) y costes económicos muy grandes.
Pero, incluso en el marco de ese estrecho corsé, hay posibilidades alternativas y caminos diferentes a los que estamos siguiendo en España bajo el gobierno del Partido Socialista primero y ahora del Partido Popular.
No me refiero aquí a políticas concretas o sectoriales, de las que me ocupé junto a Vicenç Navarro y Alberto Garzón en nuestro libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, sino a los grandes escenarios en las que podría ser posible afrontar la parálisis económica en la que estamos como consecuencia, sobre todo, del incremento de la deuda soberana y de la falta de demanda y financiación que nos agobia.
En este sentido más general también hay alternativas diversas, de diferente naturaleza y efectos, que incluso son compatibles con la pertenencia al euro. Me he ocupado de alguna de ellas en los últimos artículos que vengo escribiendo, que pueden encontrarse en mi web (http://www.juantorreslopez.com), y ahora me voy a limitar a mencionar las cinco que señalaba Ellen Brown hace unos meses refiriéndose al caso griego (Greece and the euro: fifty ways to leave your lover) y que creo que son perfectamente extrapolables a nuestro país.
Una primera sería la emisión por parte del Banco de España de una moneda complementaria al euro. Sería una moneda de curso legal electrónica, cerrada, es decir, no convertible en otras divisas y utilizada como paralela y complementaria del euro, solo en los intercambios nacionales y que serviría para que se puedan realizar las transacciones que ahora no se pueden llevar a cabo por insuficiencia de euros.
Aunque su puesta en marcha presenta lógicas dificultades técnicas y legales, que son comprensibles y evitables sin demasiados problemas, tendría grandes ventajas porque permitiría reducir el déficit comercial, bajar la necesidad de financiación y su coste, y propiciar una rápida recuperación de la liquidez interna para dinamizar la actividad empresarial y el consumo.
Otra segunda vía sería que el propio Banco de España fuese el que emitiese euros para financiar sin apenas coste al Estado y evitar así que éste tenga que pagar unos intereses tan elevados como los que han provocado el gran incremento de la deuda en los últimos años. Puede parecer una posibilidad estrambótica pero lo cierto es que lo permite la normativa que regula el funcionamiento del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y que ya se ha utilizado en Irlanda. Si allí se permitió para salvar a los bancos privados lo complicado sería justificar que no se haya permitido para salvar a los países enteros.
La tercera es una vía que si no ha sido utilizada ya es porque los gobiernos actúan o con una torpeza gigantesca o con una enorme complicidad con los intereses privados más poderosos. Como es sabido, el Banco Central Europeo tiene prohibido financiar a los gobiernos y eso es lo que ha obligado a estos últimos a endeudarse a altos tipos de interés en lugar de haberlo hecho sin apenas coste (España ha debido pagar en concepto de intereses unos 350.000 millones de euros de 1995 a 2011). Pero el artículo 123.1 del Tratado de Lisboa sí le permite financiar a las entidades de crédito públicas, de modo que si se hubieran nacionalizado bancos o cajas de ahorros podrían recurrir a la liquidez que proporciona el BCE sin apenas coste (actualmente al 0,75%) y utilizarla, a diferencia de lo que están haciendo los bancos privados que la reciben a manos llenas, para proporcionar crédito a las empresas y consumidores.
El argumento que se da para no adoptar estas dos vías anteriores es que provocarían inflación. Pero eso no tiene fundamento. Si esa medida va acompañada de un plan efectivo de recuperación económica no cabe temer que produzca alza de precios y, en todo caso, no tiene por qué tener un efecto inflacionista mayor que el que puede provocar el extraordinario incremento de la base monetaria que se ha generado inyectando liquidez a los bancos privados.
La cuarta vía que propone Ellen Brown la hemos defendido también otros muchos economistas y organizaciones sociales: un impuesto sobre las transacciones financieras. Algunos cálculos, como el del investigador Simon Thorpe a partir de los datos del Banco Central Europeo cifran el volumen total de transacciones financieras en Europa entendidas en el más amplio sentido en 1.600 billones de euros (Total Eurozone Transactions in 2011: € 1.6 quadrillion) lo que da idea de la inmensa cantidad de recursos que se podría obtener (además de otros efectos positivos de la medida) si se aplicase incluso un impuesto moderado del 0,3 ó 0,5%.
Cualquiera de estas medidas o su combinación permitiría abordar y solucionar los problemas que padecemos con mayor eficacia y desde luego con mucha más justicia. El mencionado Simon Thorpe pone el ejemplo de Grecia y señala que si allí se crease una banca pública y esta recibiera prestado del Banco Central Europeo al 1% el dinero suficiente para comprar la deuda griega, podría amortizar ese préstamo en diez años solo con el rendimiento de un modesto impuesto del 0,3% sobre las transacciones financieras. Es decir, sin necesidad de recurrir a los dramáticos recortes y sacrificios que se le están imponiendo a su población.
Finalmente, Ellen Brown indica que los pueblos también tienen como alternativa, y como derecho, el repudio de una deuda que es verdaderamente odiosa si se tiene en cuenta que en gran parte es el resultado de manipulaciones en los mercados o, simplemente, de no haber tomado medidas como las que acabo de señalar y de las que ni siquiera nadie puede decir que sean contrarias a lo establecido en las normas que regulan la unión monetaria.
Es precisamente el hecho de que no se hayan tomado para evitar fácilmente el sufrimiento de la población y la ruina de las economías lo que demuestra que las políticas que se vienen imponiendo no se aplican porque sean irremediables o no tengan alternativas sino porque lo que se desea es favorecer con ellas a los grandes poderes financieros y empresariales. Así lo demuestra el resultado distributivo tan desigual que vienen produciendo. Y de ahí, justamente, el carácter inmoral, odioso y repudiable de la deuda que generan.
Hay, pues, alternativas, no diré abundantes pero sí suficientes, que si se pusieran en marcha podrían evitar los daños que están causando las políticas actuales de austeridad y recortes de derechos.
Nadie afirma que los caminos alternativos sean de fácil factura o que su implementación esté exenta de riesgos y dificultades pero lo cierto es que están a nuestro alcance. Es mentira que no los haya y que solo se pueda hacer lo que dictan los de arriba por boca de la señora Merkel. Se podrían poner en marcha si hubiese voluntad política y eso demuestra una vez más que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas y neutras sino políticas que tienen más bien que ver con el poder y con la democracia realmente existente.
La situación en la que se encuentra la economía española y la de otros países de la Eurozona es dramática. Se mire por donde se mire, permanecer en las condiciones en las que estamos no puede llevarnos sino a un desastre de consecuencias imprevisibles.
No se trata de ser catastrofistas sino de contemplar con realismo lo que está sucediendo y de anticipar lo que es previsible que venga detrás, a la vista de lo que ya ha ocurrido en otros países que pasaron por circunstancias parecidas a las nuestras.
Permanecer sin más en el euro y aplicar las políticas de austeridad va a destruir la actividad productiva y a poner en las nubes la cifra de parados. Nos hundirá en la depresión durante años y hará que se vaya acumulando un volumen de deuda insoportable que imposibilitará cualquier tipo de cambio en el futuro inmediato. Seguir como estamos, simplemente aguantar el chaparrón, es suicida y, a mi modo de ver, la peor política posible.
La impresión generalizada es que no hay alternativas a las imposiciones de Europa, que no queda más remedio que obedecer lo que dice la señora Merkel y aplicar sin rechistar lo que impone la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
Es cierto que nuestra pertenencia a la Unión Monetaria supone un corsé agobiante teniendo en cuenta la forma tan inadecuada en que conformó en su día. Y tan apretado que, a estas alturas, sería muy difícil salir de él sin tener que soportar un trauma social extraordinario (de hecho, ni siquiera está formalmente contemplado que un país abandone el euro) y costes económicos muy grandes.
Pero, incluso en el marco de ese estrecho corsé, hay posibilidades alternativas y caminos diferentes a los que estamos siguiendo en España bajo el gobierno del Partido Socialista primero y ahora del Partido Popular.
No me refiero aquí a políticas concretas o sectoriales, de las que me ocupé junto a Vicenç Navarro y Alberto Garzón en nuestro libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, sino a los grandes escenarios en las que podría ser posible afrontar la parálisis económica en la que estamos como consecuencia, sobre todo, del incremento de la deuda soberana y de la falta de demanda y financiación que nos agobia.
En este sentido más general también hay alternativas diversas, de diferente naturaleza y efectos, que incluso son compatibles con la pertenencia al euro. Me he ocupado de alguna de ellas en los últimos artículos que vengo escribiendo, que pueden encontrarse en mi web (http://www.juantorreslopez.com), y ahora me voy a limitar a mencionar las cinco que señalaba Ellen Brown hace unos meses refiriéndose al caso griego (Greece and the euro: fifty ways to leave your lover) y que creo que son perfectamente extrapolables a nuestro país.
Una primera sería la emisión por parte del Banco de España de una moneda complementaria al euro. Sería una moneda de curso legal electrónica, cerrada, es decir, no convertible en otras divisas y utilizada como paralela y complementaria del euro, solo en los intercambios nacionales y que serviría para que se puedan realizar las transacciones que ahora no se pueden llevar a cabo por insuficiencia de euros.
Aunque su puesta en marcha presenta lógicas dificultades técnicas y legales, que son comprensibles y evitables sin demasiados problemas, tendría grandes ventajas porque permitiría reducir el déficit comercial, bajar la necesidad de financiación y su coste, y propiciar una rápida recuperación de la liquidez interna para dinamizar la actividad empresarial y el consumo.
Otra segunda vía sería que el propio Banco de España fuese el que emitiese euros para financiar sin apenas coste al Estado y evitar así que éste tenga que pagar unos intereses tan elevados como los que han provocado el gran incremento de la deuda en los últimos años. Puede parecer una posibilidad estrambótica pero lo cierto es que lo permite la normativa que regula el funcionamiento del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y que ya se ha utilizado en Irlanda. Si allí se permitió para salvar a los bancos privados lo complicado sería justificar que no se haya permitido para salvar a los países enteros.
La tercera es una vía que si no ha sido utilizada ya es porque los gobiernos actúan o con una torpeza gigantesca o con una enorme complicidad con los intereses privados más poderosos. Como es sabido, el Banco Central Europeo tiene prohibido financiar a los gobiernos y eso es lo que ha obligado a estos últimos a endeudarse a altos tipos de interés en lugar de haberlo hecho sin apenas coste (España ha debido pagar en concepto de intereses unos 350.000 millones de euros de 1995 a 2011). Pero el artículo 123.1 del Tratado de Lisboa sí le permite financiar a las entidades de crédito públicas, de modo que si se hubieran nacionalizado bancos o cajas de ahorros podrían recurrir a la liquidez que proporciona el BCE sin apenas coste (actualmente al 0,75%) y utilizarla, a diferencia de lo que están haciendo los bancos privados que la reciben a manos llenas, para proporcionar crédito a las empresas y consumidores.
El argumento que se da para no adoptar estas dos vías anteriores es que provocarían inflación. Pero eso no tiene fundamento. Si esa medida va acompañada de un plan efectivo de recuperación económica no cabe temer que produzca alza de precios y, en todo caso, no tiene por qué tener un efecto inflacionista mayor que el que puede provocar el extraordinario incremento de la base monetaria que se ha generado inyectando liquidez a los bancos privados.
La cuarta vía que propone Ellen Brown la hemos defendido también otros muchos economistas y organizaciones sociales: un impuesto sobre las transacciones financieras. Algunos cálculos, como el del investigador Simon Thorpe a partir de los datos del Banco Central Europeo cifran el volumen total de transacciones financieras en Europa entendidas en el más amplio sentido en 1.600 billones de euros (Total Eurozone Transactions in 2011: € 1.6 quadrillion) lo que da idea de la inmensa cantidad de recursos que se podría obtener (además de otros efectos positivos de la medida) si se aplicase incluso un impuesto moderado del 0,3 ó 0,5%.
Cualquiera de estas medidas o su combinación permitiría abordar y solucionar los problemas que padecemos con mayor eficacia y desde luego con mucha más justicia. El mencionado Simon Thorpe pone el ejemplo de Grecia y señala que si allí se crease una banca pública y esta recibiera prestado del Banco Central Europeo al 1% el dinero suficiente para comprar la deuda griega, podría amortizar ese préstamo en diez años solo con el rendimiento de un modesto impuesto del 0,3% sobre las transacciones financieras. Es decir, sin necesidad de recurrir a los dramáticos recortes y sacrificios que se le están imponiendo a su población.
Finalmente, Ellen Brown indica que los pueblos también tienen como alternativa, y como derecho, el repudio de una deuda que es verdaderamente odiosa si se tiene en cuenta que en gran parte es el resultado de manipulaciones en los mercados o, simplemente, de no haber tomado medidas como las que acabo de señalar y de las que ni siquiera nadie puede decir que sean contrarias a lo establecido en las normas que regulan la unión monetaria.
Es precisamente el hecho de que no se hayan tomado para evitar fácilmente el sufrimiento de la población y la ruina de las economías lo que demuestra que las políticas que se vienen imponiendo no se aplican porque sean irremediables o no tengan alternativas sino porque lo que se desea es favorecer con ellas a los grandes poderes financieros y empresariales. Así lo demuestra el resultado distributivo tan desigual que vienen produciendo. Y de ahí, justamente, el carácter inmoral, odioso y repudiable de la deuda que generan.
Hay, pues, alternativas, no diré abundantes pero sí suficientes, que si se pusieran en marcha podrían evitar los daños que están causando las políticas actuales de austeridad y recortes de derechos.
Nadie afirma que los caminos alternativos sean de fácil factura o que su implementación esté exenta de riesgos y dificultades pero lo cierto es que están a nuestro alcance. Es mentira que no los haya y que solo se pueda hacer lo que dictan los de arriba por boca de la señora Merkel. Se podrían poner en marcha si hubiese voluntad política y eso demuestra una vez más que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas y neutras sino políticas que tienen más bien que ver con el poder y con la democracia realmente existente.
*Publicado en el blog de Alternativas Económicas el 27 de enero de 2013