OPINI脫N de Factor M茅ndez Doninelli.-
Adem谩s de que el Estado de Sitio era ilegal, a lo mejor el rechazo ciudadano que provoc贸, sirvi贸 de acicate para que el Gobernante P茅rez tomara la decisi贸n de suspender esa impopular medida. El Gobernante P茅rez como lo ha hecho en otras ocasiones, tuvo que volver a recular, esta vez, suspendiendo el Estado de Sitio decretado en municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, porque en apariencia, los diputados del Congreso Nacional no conocieron la decisi贸n del Ejecutivo dentro del t茅rmino de tres d铆as que se帽ala la ley. Pero tambi茅n advirti贸 que ahora, se impone el Estado de Prevenci贸n.
La percepci贸n social sobre el Estado de Sitio que el Gobierno decret贸 el 2 de mayo en los municipios de Casillas, Jalapa, San Rafael y Mataquescuintla de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, respectivamente, est谩 dividida entre los que piensan que esa medida es correcta, porque ayuda a controlar los hechos de violencia, y por otra parte, est谩n los que repudiamos los Estados de Excepci贸n, porque como he sostenido antes, en un Estado de Derecho restringir y suspender derechos y libertades consagrados en la Constituci贸n Pol铆tica de la Rep煤blica, es violar derechos humanos universales y debilitar la democracia.
La opini贸n social que rechaza el Estado de Sitio se ha dejado sentir con mayor presencia, mediante comunicados, pronunciamientos y el uso de las redes sociales, se帽alando que esa disposici贸n gubernamental, s贸lo sirve para reprimir a la poblaci贸n, para intimidar a las personas y amenazar la tranquilidad social de las comunidades. Organizaciones sociales, acad茅micas, activistas, religiosas, profesionales, nacionales y extranjeras, denunciaron la militarizaci贸n de las comunidades, la captura y persecuci贸n de dirigentes comunitarios, la criminalizaci贸n de la lucha social. Al mismo tiempo, se solidarizaron con los pobladores de los municipios sitiados y pidieron el cese del Estado de Sitio.
La percepci贸n social tambi茅n est谩 enfocada en el juego de intereses que rodean la protesta de las comunidades, percibiendo que ese tipo de medidas gubernamentales, como el Estado de Sitio suspendido ayer, se decretan para contener la lucha social y favorecer intereses de compa帽铆as transnacionales, en este caso, del proyecto El Escobal, de la minera San Rafael, S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources. Como es sabido, esta es la empresa minera que en pr贸ximas semanas iniciar谩 operaciones extractivas de minerales en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Por ahora, el foco principal del conflicto de intereses es esta empresa minera canadiense. Pero la fuente de la conflictividad social es hist贸rica estructural, basada en el despojo permanente de la tierra a los pueblos originarios, en la discriminaci贸n y marginamiento de sus poblaciones, en el irrespeto a su cultura, usos, tradiciones, en la violaci贸n sistem谩tica a los derechos humanos y libertades fundamentales, en abierta violaci贸n a Convenios y Tratados internacionales sobre Derechos de los Pueblos Ind铆genas y Derechos Humanos.
Son esas algunas de las razones por las que la poblaci贸n Xinca defiende su territorio y se opone a los trabajos de la minera San Rafael ubicada en San Rafael las Flores, por eso l铆deres comunitarios que dicen no a las operaciones de la mina, fueron arrestados, varios tienen orden de captura y est谩n siendo perseguidos, se帽alados de pertenecer al crimen organizado.Entonces lo que se puede deducir, es que en efecto, los gobernantes est谩n siendo fieles, sirviendo los intereses oligarcas y extranjeros, dispuestos a que la protesta social generada por la oposici贸n a las actividades extractivas de la minera San Rafael, debe ser dominada, sometida a fuerza de represi贸n y de violaci贸n de los derechos humanos, para callar el descontento que tiene la poblaci贸n.
S贸lo la formaci贸n castrense del Gobernante P茅rez, explica que privilegie la fuerza y la represi贸n antes que el di谩logo, la raz贸n y la negociaci贸n. ¡Qu茅 pena!
*Catedr谩tico e investigador guatemalteco, Universidad Rafael Landivar. Defensor de Derechos Humanos.
Adem谩s de que el Estado de Sitio era ilegal, a lo mejor el rechazo ciudadano que provoc贸, sirvi贸 de acicate para que el Gobernante P茅rez tomara la decisi贸n de suspender esa impopular medida. El Gobernante P茅rez como lo ha hecho en otras ocasiones, tuvo que volver a recular, esta vez, suspendiendo el Estado de Sitio decretado en municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, porque en apariencia, los diputados del Congreso Nacional no conocieron la decisi贸n del Ejecutivo dentro del t茅rmino de tres d铆as que se帽ala la ley. Pero tambi茅n advirti贸 que ahora, se impone el Estado de Prevenci贸n.
La percepci贸n social sobre el Estado de Sitio que el Gobierno decret贸 el 2 de mayo en los municipios de Casillas, Jalapa, San Rafael y Mataquescuintla de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, respectivamente, est谩 dividida entre los que piensan que esa medida es correcta, porque ayuda a controlar los hechos de violencia, y por otra parte, est谩n los que repudiamos los Estados de Excepci贸n, porque como he sostenido antes, en un Estado de Derecho restringir y suspender derechos y libertades consagrados en la Constituci贸n Pol铆tica de la Rep煤blica, es violar derechos humanos universales y debilitar la democracia.
La opini贸n social que rechaza el Estado de Sitio se ha dejado sentir con mayor presencia, mediante comunicados, pronunciamientos y el uso de las redes sociales, se帽alando que esa disposici贸n gubernamental, s贸lo sirve para reprimir a la poblaci贸n, para intimidar a las personas y amenazar la tranquilidad social de las comunidades. Organizaciones sociales, acad茅micas, activistas, religiosas, profesionales, nacionales y extranjeras, denunciaron la militarizaci贸n de las comunidades, la captura y persecuci贸n de dirigentes comunitarios, la criminalizaci贸n de la lucha social. Al mismo tiempo, se solidarizaron con los pobladores de los municipios sitiados y pidieron el cese del Estado de Sitio.
La percepci贸n social tambi茅n est谩 enfocada en el juego de intereses que rodean la protesta de las comunidades, percibiendo que ese tipo de medidas gubernamentales, como el Estado de Sitio suspendido ayer, se decretan para contener la lucha social y favorecer intereses de compa帽铆as transnacionales, en este caso, del proyecto El Escobal, de la minera San Rafael, S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources. Como es sabido, esta es la empresa minera que en pr贸ximas semanas iniciar谩 operaciones extractivas de minerales en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Por ahora, el foco principal del conflicto de intereses es esta empresa minera canadiense. Pero la fuente de la conflictividad social es hist贸rica estructural, basada en el despojo permanente de la tierra a los pueblos originarios, en la discriminaci贸n y marginamiento de sus poblaciones, en el irrespeto a su cultura, usos, tradiciones, en la violaci贸n sistem谩tica a los derechos humanos y libertades fundamentales, en abierta violaci贸n a Convenios y Tratados internacionales sobre Derechos de los Pueblos Ind铆genas y Derechos Humanos.
Son esas algunas de las razones por las que la poblaci贸n Xinca defiende su territorio y se opone a los trabajos de la minera San Rafael ubicada en San Rafael las Flores, por eso l铆deres comunitarios que dicen no a las operaciones de la mina, fueron arrestados, varios tienen orden de captura y est谩n siendo perseguidos, se帽alados de pertenecer al crimen organizado.Entonces lo que se puede deducir, es que en efecto, los gobernantes est谩n siendo fieles, sirviendo los intereses oligarcas y extranjeros, dispuestos a que la protesta social generada por la oposici贸n a las actividades extractivas de la minera San Rafael, debe ser dominada, sometida a fuerza de represi贸n y de violaci贸n de los derechos humanos, para callar el descontento que tiene la poblaci贸n.
S贸lo la formaci贸n castrense del Gobernante P茅rez, explica que privilegie la fuerza y la represi贸n antes que el di谩logo, la raz贸n y la negociaci贸n. ¡Qu茅 pena!
*Catedr谩tico e investigador guatemalteco, Universidad Rafael Landivar. Defensor de Derechos Humanos.