OPINIÓN de Beatriz Gimeno.-
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha rechazado la solicitud de aborto de una joven que padece diversas enfermedades y la ha ordenado continuar con el embarazo de un feto sin cerebro, un embarazo que pone en riesgo su propia vida. En el colmo de la impudicia, el tribunal sostiene que “los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (el que ha de nacer) ni viceversa”. En realidad, los derechos de una persona sí pueden privilegiarse sobre los de un nasciturus, que no es persona, que no tiene la consideración de persona en la mayoría de los códigos civiles. Las personas lo son cuando nacen y antes de eso son fetos cuyas vidas merecen cierta protección, nunca una protección igual a la de las personas.
Pero, además, ocurre que en este sangrante caso el derecho del nasciturus (un nasciturus condenado a morir a las pocas horas de nacer) está de hecho primando sobre el derecho a la vida de la mujer, puesto que se permite que este feto la ponga en grave riesgo; se condena a Beatriz a permitir que su embarazo ponga en peligro su vida. Nos encontramos así con que las mujeres embarazadas sometidas al fanatismo religioso son los únicos seres humanos sobre la tierra a los que se les exige que pongan su vida en peligro por salvar la de otros, en este caso, no nacidos. Aun suponiendo que mereciera exactamente la misma consideración moral o legal una persona que un feto no nacido, resulta que a ninguna persona se le exige (se le impone) ese sacrificio. Si vemos que alguien se ahoga y no movemos un dedo por ayudarle estaremos incurriendo en el delito de “denegación de auxilio” que será castigado dependiendo de las circunstancias, pero jamás en ningún código legal, ni en ninguna sociedad, se exige a una persona que ponga su vida en peligro por salvar la de otro. Puede que arriesgar la propia vida para salvar la de otro sea algo que merece mucha consideración, pero es una elección, jamás una exigencia.
Pero a las mujeres embarazadas el integrismo fanático sí que les impone ese sacrificio. El caso de la joven salvadoreña Beatriz hace que tengamos que recordar, tantas veces como sea necesario, que cuando luchamos por el derecho al aborto lo hacemos por ese derecho concreto sí, porque no haya más jóvenes en una situación como la de Beatriz, pero que luchamos también por el estatus social de las mujeres, porque nuestras vidas sean tan valiosas como las de los hombres, porque se nos reconozca dueñas de nuestros cuerpos y autónomas en las decisiones que nos conciernen. La lucha por el derecho al aborto es una lucha por los derechos humanos puesto que ser obligadas a arriesgar la vida por una idea (el machismo es una ideología, además de una práctica) es fascismo.
La propia Comisión Nacional de Bioética de El Salvador ha acusado al estado de imponer “las opiniones externadas por algunos grupos [que] buscan el cumplimiento de sus principios/motivos personales y no la conservación de la vida de B.C.”. Es decir, de imponer una idea sobre una vida. Poner en peligro la vida de una mujer por una idea que le es ajena a ella es fascismo puro porque convierte a esta mujer en un medio al servicio de una ideología en la cual los seres humanos mujeres no valen tanto como los seres humanos hombres, ocupan un lugar diferente y su estatus es menor. Es fascista porque no se les reconoce a estos seres humanos mujeres la plena capacidad para tomar decisiones que afectan de manera fundamental a sus vidas, a su salud, a su futuro, a su equilibrio psicológico, a su bienestar. Porque se les pone al servicio de una determinada organización social en la que se les obliga a llevar inscritos en sus cuerpos ese menor estatus, esa menor valía, esa menor capacidad de decisión. Es fascismo someter a una persona, a una mujer, a una situación en la que se la obliga a arriesgar su vida contra su voluntad (supuestamente para salvar la de otro, aun cuando esta no sea la causa real).
La ideología patriarcal es naturalmente compleja pero en lo que se refiere al aborto lo que prescribe es que las mujeres son eso, un medio para garantizar la inscripción de un menor estatus: cuerpos al servicio de, no seres humanos para sí mismas con capacidad de tomar sus propias decisiones en lo que hace a sus cuerpos, a sus embarazos y partos, a sus vidas. El sistema patriarcal ha otorgado a los hombres el control de los úteros de las mujeres como manera de asegurar el control de la reproducción, es decir, que la descendencia era suya. Ese es el origen de ese control que hoy ha derivado en patología social, patología personal en muchos casos y en fascismo ideológico en muchos otros, como esta sentencia del Tribunal Constitucional de El Salvador. Si Beatriz muere nadie será culpable ni nadie irá a la cárcel o será juzgado. La vida de Beatriz, como de la cualquier mujer en El Salvador y en tantos lugares en los que el fanatismo católico todavía tiene poder, no vale casi nada. Este es el camino que aquí pretende abrirse paso poco a poco.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha rechazado la solicitud de aborto de una joven que padece diversas enfermedades y la ha ordenado continuar con el embarazo de un feto sin cerebro, un embarazo que pone en riesgo su propia vida. En el colmo de la impudicia, el tribunal sostiene que “los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (el que ha de nacer) ni viceversa”. En realidad, los derechos de una persona sí pueden privilegiarse sobre los de un nasciturus, que no es persona, que no tiene la consideración de persona en la mayoría de los códigos civiles. Las personas lo son cuando nacen y antes de eso son fetos cuyas vidas merecen cierta protección, nunca una protección igual a la de las personas.
Pero, además, ocurre que en este sangrante caso el derecho del nasciturus (un nasciturus condenado a morir a las pocas horas de nacer) está de hecho primando sobre el derecho a la vida de la mujer, puesto que se permite que este feto la ponga en grave riesgo; se condena a Beatriz a permitir que su embarazo ponga en peligro su vida. Nos encontramos así con que las mujeres embarazadas sometidas al fanatismo religioso son los únicos seres humanos sobre la tierra a los que se les exige que pongan su vida en peligro por salvar la de otros, en este caso, no nacidos. Aun suponiendo que mereciera exactamente la misma consideración moral o legal una persona que un feto no nacido, resulta que a ninguna persona se le exige (se le impone) ese sacrificio. Si vemos que alguien se ahoga y no movemos un dedo por ayudarle estaremos incurriendo en el delito de “denegación de auxilio” que será castigado dependiendo de las circunstancias, pero jamás en ningún código legal, ni en ninguna sociedad, se exige a una persona que ponga su vida en peligro por salvar la de otro. Puede que arriesgar la propia vida para salvar la de otro sea algo que merece mucha consideración, pero es una elección, jamás una exigencia.
Pero a las mujeres embarazadas el integrismo fanático sí que les impone ese sacrificio. El caso de la joven salvadoreña Beatriz hace que tengamos que recordar, tantas veces como sea necesario, que cuando luchamos por el derecho al aborto lo hacemos por ese derecho concreto sí, porque no haya más jóvenes en una situación como la de Beatriz, pero que luchamos también por el estatus social de las mujeres, porque nuestras vidas sean tan valiosas como las de los hombres, porque se nos reconozca dueñas de nuestros cuerpos y autónomas en las decisiones que nos conciernen. La lucha por el derecho al aborto es una lucha por los derechos humanos puesto que ser obligadas a arriesgar la vida por una idea (el machismo es una ideología, además de una práctica) es fascismo.
La propia Comisión Nacional de Bioética de El Salvador ha acusado al estado de imponer “las opiniones externadas por algunos grupos [que] buscan el cumplimiento de sus principios/motivos personales y no la conservación de la vida de B.C.”. Es decir, de imponer una idea sobre una vida. Poner en peligro la vida de una mujer por una idea que le es ajena a ella es fascismo puro porque convierte a esta mujer en un medio al servicio de una ideología en la cual los seres humanos mujeres no valen tanto como los seres humanos hombres, ocupan un lugar diferente y su estatus es menor. Es fascista porque no se les reconoce a estos seres humanos mujeres la plena capacidad para tomar decisiones que afectan de manera fundamental a sus vidas, a su salud, a su futuro, a su equilibrio psicológico, a su bienestar. Porque se les pone al servicio de una determinada organización social en la que se les obliga a llevar inscritos en sus cuerpos ese menor estatus, esa menor valía, esa menor capacidad de decisión. Es fascismo someter a una persona, a una mujer, a una situación en la que se la obliga a arriesgar su vida contra su voluntad (supuestamente para salvar la de otro, aun cuando esta no sea la causa real).
La ideología patriarcal es naturalmente compleja pero en lo que se refiere al aborto lo que prescribe es que las mujeres son eso, un medio para garantizar la inscripción de un menor estatus: cuerpos al servicio de, no seres humanos para sí mismas con capacidad de tomar sus propias decisiones en lo que hace a sus cuerpos, a sus embarazos y partos, a sus vidas. El sistema patriarcal ha otorgado a los hombres el control de los úteros de las mujeres como manera de asegurar el control de la reproducción, es decir, que la descendencia era suya. Ese es el origen de ese control que hoy ha derivado en patología social, patología personal en muchos casos y en fascismo ideológico en muchos otros, como esta sentencia del Tribunal Constitucional de El Salvador. Si Beatriz muere nadie será culpable ni nadie irá a la cárcel o será juzgado. La vida de Beatriz, como de la cualquier mujer en El Salvador y en tantos lugares en los que el fanatismo católico todavía tiene poder, no vale casi nada. Este es el camino que aquí pretende abrirse paso poco a poco.
