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HONDURAS - ¿Un Estado tercerizado?

OPINIÓN de Galel Cárdenas.- 31.07.13. 

Posiblemente vivimos la época más trágica de la historia nacional. Nunca antes un partido tradicional se había atrevido a tanto en tanto poco tiempo, tercerizar todo lo posible institucional de la gobernanza estatal.

El neoliberalismo posee una enfermiza compulsión por arrebatar a los Estados libres, independientes, la riqueza pública. Evitará con todos los poderes a su disposición la posibilidad de generar una riqueza sin que haya inversión alguna, o con el menor capital posible atesorar sus arcas transnacionales y locales.

El neoliberalismo ha emprendido en las naciones que están dominadas políticamente por los gobiernos más conservadores, a destajo, contra viento y marea, a contra reloj, la tercerización de las funciones básicas del Estado, con el fin de apropiarse de territorio, población y riqueza mediante los menores gastos posibles y con la perspectiva de poseer el negocio más jugoso de todos los tiempos por varias décadas, asegurando por siempre su plusvalía personal, grupal o de clase.

La tercerización neoliberal imperial, es un mecanismo que permite —según la teoría que corresponde— la competitividad, sobre todo, de acuerdo con sus elucubraciones y falacias, una competencia entre el sector público y privado, determinando que el sector público no conlleva la eficiencia ni las calidades correspondientes a la competitividad de cualquier asunto administrativo del Estado.

Toda tercerización implica una entrega a la empresa privada de ciertos rubros, estructuras y administraciones del Estado, alegando que éste gasta más en el personal de administración que en la misma productividad, agrandando su presupuesto y sus gastos anuales.

Cuando un gobierno, a través del poder legislativo y ejecutivo emiten y sancionan leyes en donde toda actividad económica, financiera o administrativa de la gobernanza se traslada a una estructura privada, o a una simbiosis público privada, en cualquiera de los rubros donde el Estado debe manejar con soberanía plena la dirección y ejecución de las tareas gubernamentales, entonces ha empezado a desnaturalizarse la función del Estado y a deprimir sus tareas correspondientes.

En este caso las acciones del gobierno deben ir encaminadas a dictar y aplicar medidas coercitivas tendientes a cumplir con leyes que implican la ejecución de la soberanía en su sentido más amplio posible.

La administración pública es una específica función del Estado, y se expresa mediante estructuras orgánicas capaces de regular a través del derecho positivo todo ordenamiento jurídico relacionado con las normas atingentes. La administración pública es el acto concreto de gobernanza del Estado debido a que tiene a su cargo la dirección y gestión de los negocios cualesquiera que estos sean en el marco del derecho, y tiene como norte una orientación política determinada por la constitución y las leyes derivadas de la carta fundamental.

Al renunciar un Estado a sus prerrogativas —mediante leyes que incorporan en estas gestiones y direcciones a la empresa privada, dejando en suspenso los privilegios correspondientes—, la estructura del poder coercitivo pierde su fuerza jurídica, su poder político y su rol público que deben estar en consonancia con la soberanía, ya que el pueblo mediante elecciones generales, es decir el soberano, ha otorgado a sus representantes en los poderes republicanos, la defensa de sus intereses públicos, generales de la nación.

Si se emiten leyes que contravengan los más altos intereses del poder soberano, otorgado en las elecciones generales, entonces tales representantes traicionan la patria y traicionan al soberano.

Toda ley emitida por el poder legislativo y ejecutivo no debe transferir el mandato del soberano a la empresa privada, a la gestión particular, al negocio de grupos o personas que mediante las nuevas normas ejercen la gestión y la dirección que solo es potestativo del estado.

Es una norma universal que la gestión de los asuntos respecto a las personas, los bienes y las acciones del ciudadano como miembro del estado, sean problemas de orden público y no privado.

El territorio no puede ser tercerizado porque atenta contra la soberanía que el pueblo guarda en su decisión electoral republicana.

Los negocios del Estado no causan plusvalía personal, la plusvalía del Estado consiste en ofrecer la mayor cantidad y calidad de servicios a sus electores, a sus miembros, a sus ciudadanos, su recaudación no posee ganancia para el bolsillo privado, si no para satisfacer al ciudadano y sus necesidades vitales.

Si el Estado hondureño, en manos del partido nacional avanza con más profundidad en la política de tercerización nacional pública, los resultados serán catastróficos para cualquier gobierno que asuma las riendas del poder público; esta línea de comportamiento del gobierno actual está encaminada a dejar al gobierno de LIBRE, con doña Xiomara a la cabeza, una fuerza política opositora surgida del proceso de tercerización a nivel general en los negocios del Estado.

La patraña de la tercerización de este juego de ajedrez infernal dejará al país sin país, a la patria sin patria, y al Estado sin Estado.

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