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La dictadura de las transnacionales

OPINIÓN de Carlos Alonso Bedoya.- 31.07.13. 

La Alianza del Pacífico es en realidad un proyecto político contra el Mercosur, el Alba y la propia UNASUR. En el centro de esta iniciativa, que estará vigente antes de fines de año cuando sus cuatro fundadores: México, Perú, Colombia y Chile (todos con TLC con Estados Unidos) depositen sus ratificaciones y pasen 60 días, encontramos el blindaje a los inversores así violen las leyes o sus propios contratos con los estados. A continuación dos casos de abuso transnacional para tener presente que el chantaje de las inversiones que promueve la Alianza del Pacífico.

Es una vergüenza para la dignidad latinoamericana que el Perú lidere junto con Colombia, Chile y México un proyecto político e ideológico como la Alianza del Pacífico. Pues además de jugar para los intereses geoestratégicos norteamericanos cuyo objetivo en la región es aislar a los países Mercosur y Alba, somete a la población a una dictadura de los inversores transnacionales.

Basta ver el atropello jurídico contra Ecuador por parte del CIADI y UNCITRAL (paneles de arbitraje entre inversores y estados del Banco Mundial y Naciones Unidas respectivamente) para constatar el chantaje al que Humala, Santos, Piñera, Peña Nieto y sus respectivos congresos en el que están metiendo a peruanos, colombianos, chilenos, mexicanos y -vía TLC- a varios más.

El caso OXY versus Ecuador gráfica esto muy bien. La ley de hidrocarburos de nuestro vecino establece que si un concesionario petrolero quiere vender todo o parte de su concesión a un tercero, debe tener aprobación del estado ecuatoriano. Si no lo hace, la ley faculta al gobierno a caducar la concesión. La OXY se zurró en la ley y vendió el 40 por ciento de su concesión en el 2006. Lógicamente, la respuesta de un gobierno fuerte como el de Correa fue declarar la caducidad. Y no obstante que el contrato OXY-Ecuador señala con claridad que no procede un arbitraje en este caso, la todopoderosa transnacional del petróleo demando ante el CIADI, quien se declaró competente a pesar de lo pactado entre las partes.

Contra toda lógica jurídica, el CIADI estableció que aún cuando la OXY violó ley y contrato, la respuesta ecuatoriana fue muy fuerte. Y con quién sabe qué criterio estableció que la culpa era compartida en un 25% para la OXY y un 75% para el estado. Como también estableció que la empresa perdería 2,500 millones de dólares por la caducidad, Ecuador pagaría 1,700 millones de acuerdo a su cuota de “responsabilidad”, lo que más intereses quedó en 2,300 millones. Todo esto en base al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que firmó Ecuador con Estados Unidos en 1997.

Lo de Chevrón es peor, porque demandó a Ecuador en UNCITRAL, por un lío de TEXACO (empresa que adsorbió) 5 años antes de la firma del TBI. Y encima lo demandó porque un tribunal ecuatoriano sentenció a CHEVRON-TEXACO a reparar el daño ambiental y a la salud que había ocasionado a comunidades indígenas. Y eso que la empresa se pasó años evitando que el juicio se haga en Nueva York aduciendo que el juez competente debía ser ecuatoriano.

Como perdió, no tuvo mejor idea que demandar a Ecuador y ganarle 18 mil millones de dólares en el arbitraje internacional, porque es muy raro que en estos procesos pierdan los inversores.

La Alianza del Pacífico se basa en proteger inversiones principalmente, poniendo en un altar a mecanismos como el CIADI y UNCITRAL. Por dignidad, deberíamos deshacer ese tipo de integración que no integra a nadie, sino que nos somete al lucro transnacional.


*Carlos Alonso Bedoya es Abogado y periodista peruano miembro de Latindadd y columnista del diario La Primera. Fuente: http://www.latindadd.org/economiacritica/?p=1824

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