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GUATEMALA - No debe quedar en la impunidad

OPINIÓN de Rigoberta Menchú Tum.- 30.08.13. 

La comunidad Monte Olivo se encuentra a 50 kilómetros de la ciudad de Cobán, ruta a Chisec, del departamento de Alta Verapaz. En este territorio q´eqchi´ en el año 2008 inconsultamente con las comunidades, el Ministerio de Energía y Minas concedió licencia a Hidro Santa Rita, S. A., para construir una hidroeléctrica en el río Dolores. Posteriormente, la empresa compró terrenos de la finca Xalaha Canguinic, lugar donde se pretende construir una represa con capacidad de 25 megavatios.

En el año 2009, en esta misma zona, la ONG Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CEDER) promovió proyectos como donación de tinacos, pilas, becas para estudiantes, escritorios y útiles escolares, con el fin de ganarse la confianza de la población, obligando a los Consejos Comunitarios de Desarrollo a firmar actas donde manifestaron su acuerdo y apoyo en la construcción de la represa en la zona. Ante semejante manipulación y el inicio de las operaciones de la empresa, en febrero de 2012, 20 comunidades de la región realizaron una asamblea para discutir qué hacer ante la situación. La primera acción de las comunidades fue organizar una manifestación en el lugar donde opera la empresa, cuyo resultado fue que la empresa decidiera suspender operaciones. En estas mismas fechas, el Gobernador Departamental de Alta Verapaz solicitó al gobierno central la instalación de un destacamento militar en la comunidad, la cual se hace efectiva el 22 de marzo, fecha en la que se estaba realizando la marcha indígena, campesina y popular de la ciudad de Cobán a la ciudad de Guatemala.

Estos modos de operar del Estado, como de las empresas hidroeléctricas, mineras, petroleras y de cultivo de palma africana, no son nuevos en territorios indígenas, quienes pagan las consecuencias por cuanto terminan no solamente expulsados y desarraigados, económica, social y culturalmente, sino también pagan con la muerte la implementación de políticas supuestamente de desarrollo que contravienen y violan sus derechos fundamentales. Tal como lo ilustran los hechos de la comunidad Monte Olivo, el 14 y 23 de agosto de este año, en donde fueron heridos con arma de fuego los niños David Estuardo Pacay Maas, de 11 años, y Ageo Isaac Guitz Maas, de 13 años, quienes fueron trasladados a la ciudad de Guatemala en donde murieron el 27 de agosto por la gravedad de las heridas.

Esta es una realidad que enluta una vez más al pueblo maya y que pone al descubierto los intereses del actual gobierno de proteger a toda costa los proyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros y de cultivo de palma africana. El Ministerio Público debe investigar de oficio y de manera pronta los hechos. El sistema de justicia no puede en este y otros casos, donde hay pérdida de vidas humanas, dejarlos en la impunidad, sobre todo si se trata de niños que en lugar de permitir su muerte, el Estado debería de brindarles seguridad y protección haciendo eco de los postulados constitucionales.

Mi solidaridad y más sentido pésame a la familia Pacay Maas y Guitz Maas. La pérdida irreparable de sus hijos debe ser resarcida por la justicia.

Rigoberta Menchú Tum
*Premio Nobel de la Paz

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