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PANAMÁ - El gobierno arremete contra la salud pública


11.10.13. OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h.-  Faltando 6 meses para las elecciones generales de mayo de 2014, el presidente Martinelli ha creado un ambiente de zozobra en el país, tanto en lo concerniente a lo social como también en lo político. En la primera semana de octubre provocó una crisis en el sector salud. Al mismo tiempo, arrastra problemas en el sector educativo, estudiantil, indígena y en el transporte.

Los médicos y trabajadores de la salud han decretado un paro de labores en oposición a una ley aprobada a tambor batiente que pretende privatizar los servicios de salud tanto del gobierno nacional como los de la Caja de Seguro Social. A su vez, el presidente pretende abrirle la puerta a la contratación de médicos extranjeros en una operación ligada a la construcción de una ‘Ciudad Hospitalaria’. Esta ciudad es un complejo de edificaciones que tiene un costo de US$500 millones de dólares que pareciera estar desvinculada de las demandas de salud del país.

Al igual que en el sector educativo, el gobierno actual maneja el sector salud como un negocio. Las estadísticas que arrojan resultados de morbilidad y mortalidad, así como en acueductos rurales o nutrición han sido descartadas. En materia de agua potable, enfermedades contagiosas y alimentación el país retrocede.

Sin embargo, el gobierno celebra sus avances en el campo de las finanzas. Con satisfacción señala que las transacciones en salud benefician cada vez más a los inversionistas. Incluso, invitan a los especuladores a Panamá donde encontrarán terreno fértil para hacer ganancias a costilla de las pérdidas del pueblo panameño.

Según los gremios médicos, la semana pasada una empresa española llegó a los centros de salud del interior con órdenes superiores de que debían asumir la dirección de los establecimientos.

“En las provincias de Chiriquí y Coclé los representantes de 2 compañías españolas (Health Lean Logistics) se presentaron ante las autoridades alegando que eran poseedores de la Concesión Administrativa de toda la Red Primaria de Atención”. En 2012, la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) denunció el pago de 3.1 millones de dólares a una Consultora privada de España.

Los médicos sospechan que hubo corrupción ya que un grupo de médicos panameños se ofrecieron para hacer la asesoría ad honorem. La oferta no fue aceptada por las autoridades de salud.

La empresa española que recibió el beneplácito del gobierno para montar la “Red Primaria” es la misma que en ese país peninsular organizó la atención privatizada en Madrid y otras regiones. Según los gremios médicos la experiencia española ha “sido un estrepitoso fracaso” para la población.

La Health Lean Logistic (HLL) es una empresa de Cataluña que se constituyó el 25 de mayo de 2004 en Barcelona. La empresa se ganó la licitación por parte de la CSS del sistema de aprovisionamiento y manejo de medicamentos así como de productos utilizados por los centros hospitalarios y sanitarios públicos del país.

El importe de la adjudicación asciende a más de 3 millones de euros (equivalente a 4 millones de dólares) y tiene una duración de tres años.

La resolución de Gabinete No 74 de 17 de mayo de 2011, que emite concepto favorable a la externalización de los servicios, está en abierta violación de la ley 51 de 2005 que “prohíbe externalizar servicios: Queda expresamente prohibida la externalizarían de aquellos servicios que la CSS se provee a sí misma y a los asegurados de manera formal, salvo en los casos en que la institución se encuentre temporalmente imposibilitada. En esta última circunstancia, las autoridades de la Caja de Seguro Social estarán obligadas a acelerar los procesos que permitan eliminar lo más rápidamente posible la adquisición externa de dichos servicios”.

El objetivo del presidente Martinelli, según COMENENAL, es privatizar todo el sistema de salud del país. La empresa española Health Lean Logistics pretende dividir el país en tres regiones y crear concesiones administrativas privadas. Actualmente, los servicios de salud del sector público representan varios miles de millones de dólares.

Según los gremios, el propósito de importar personal de salud especializado de otros países extranjeros sería para abaratar la mano de obra, destruir las organizaciones y someter a los trabajadores de la salud a condiciones económicas desfavorables. “La nueva legislación es la herramienta para crear mano de obra barata extranjera que maximice las ganancias de las compañías privadas”. El siguiente paso es rebajar los salarios de los médicos y otros trabajadores de la salud panameños.

Los médicos también denunciaron la contratación directa - por un total de 15 años - de la administración de la futura Ciudad Hospitalaria de la CSS a una empresa privada. La Ciudad Hospitalaria pretende convertir ese centro de salud en el ‘hub’ de la región latinoamericana en esta materia. Sería una sucursal de los centros hospitalarios que existen actualmente en Houston, EEUU. El gobierno pretende que los concesionarios tengan clínicas con capacidad para atender ‘clientes’ extranjeros de toda la región. En medio del complejo se está construyendo un hotel para recibir a los ‘clientes’ (que ya no se llaman pacientes).

Los panameños que serían atendidos en los diversos hospitales y podrían alojarse en el hotel tendrían que pagar precios competitivos a nivel internacional. Es decir, el 90 por ciento de los panameños no tendrían acceso a los servicios de las clínicas y hotel de la Ciudad Hospitalaria.

Los médicos y otros gremios de la salud han planteado que se mantendrán firmes en su oposición contra los planes de privatización del gobierno. En su pliego exigen cuatro condiciones para poner fin al paro:

En primer lugar, un compromiso por escrito y público del gobierno y las autoridades de salud a no seguir privatizando la salud. Además, que no se dé concesión administrativa alguna a la llamada ciudad hospitalaria. Exigen que tampoco se manipulen contratos ‘publico-privados’. A su vez, plantean que todo acuerdo pase por la Mesa del Diálogo que actualmente discute el nuevo Código Sanitario.

En segundo lugar, piden la derogación de la ley aprobada sin consulta con los sectores interesados.

También piden la “restitución de todos los colegas médicos, enfermeras, técnicos y funcionarios administrativos despedidos”. Plantean el “pago de todos los turnos extras adeudados desde hace 4 meses a todos los médicos, enfermeras, técnicos, funcionarios administrativos”.

10 de octubre de 2013.

*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) http://marcoagandasegui11.blogspot.com

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