El PSOE y el Partido Popular cerraron filas para “demonizar” una reivindicación legítima, que se podrá compartir o no, pero que en ningún caso debe ignorarse porque se trata de una expresión pacífica de la voluntad popular. El Estado, quiera verlo o no, tiene un problema político, que deben resolver los representantes políticos a través de los instrumentos que les brinda la política. No hay más alternativas. Apelar a la Constitución, cada vez más ajena a las demandas y al sentir de las nuevas generaciones, es un error, que sólo conduce a la frustración. Una Constitución que incumplen sistemáticamente o cambian en reformas-express como ha sucedido con la modificación del artículo 135 para contentar a la Troika y a los “mercados”.
Sin duda alguna, el mejor caldo de cultivo para el auge del independentismo lo encontramos en un Estado que no reconoce las aspiraciones de los pueblos que ahora lo conforman. Esta situación se agrava cuando el Gobierno en cuestión impulsa políticas regresivas en materia laboral y social, que coinciden con el estallido de una cadena de casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, que erosionan su propia credibilidad. La solución exige altura de miras, voluntad sincera de promover acuerdos y respeto a todas las ideas.
Es cierto que una lectura férrea de la Carta Magna veta el ejercicio del derecho a decidir, pero es igualmente cierto que una lectura libre de prejuicios deja espacio para evitar la confrontación . El planteamiento compartido por el Partido Popular y el PSOE podrá apelar al aval de la ley, pero la reivindicación de la mayoría política en esta iniciativa tiene la legitimidad que le confiere el respaldo de la ciudadanía. Se equivocan, por tanto, quienes quieren hacer de la Constitución un escudo contra el sentir mayoritario de Catalunya.
En democracia la voluntad popular debe estar siempre por encima de la ley. Las normas han de amoldarse a las personas, adecuando sus postulados a los nuevos retos y corrientes de opinión que surgen en las sociedades vivas y dinámicas. El ejercicio del derecho a decidir, antes o después, tendrá un reconocimiento jurídico. Es cuestión de tiempo. Escocia puede ser un espejo en el que mirarnos, especialmente en lo que respecta a la capacidad de los Ejecutivos de Edimburgo y Londres para pactar el procedimiento y la regulación del referéndum que se celebrará en 2014.
Un Gobierno sensible no puede pretender acallar las voces de la ciudadanía con desplantes a sus aspiraciones, del mismo modo que tampoco logrará acallar las protestas por su política económica y social con un proyecto de ley de Seguridad( ley mordaza), que vulnera derechos fundamentales mediante la represión y las multas abusivas. Mariano Rajoy no lo tiene fácil. Su fortaleza radica en la alianza con el PSOE, que en este tema le permite mantenerse fiel a sus postulados, más allá de las apelaciones de Rubalcaba al modelo federal, que son sólo una coartada para diferenciarse del Partido Popular y calmar el descontento de sectores del PSC más proclives a la defensa del derecho a decidir.
La experiencia vivida en Euskadi en la etapa del Gobierno tripartito está posiblemente en el origen del distanciamiento emocional con el que desde Euskadi se viven los acontecimientos que están sucediendo en Catalunya. Sabemos que el referéndum anunciado difícilmente podrá ser convocado, al igual que ocurrió en nuestra Comunidad. La mayoría en el Congreso PP-PSOE actuará de rodillo y el Tribunal Constitucional declarará ilegal la consulta. La competencia para convocar una consulta de esta naturaleza corresponde al Estado y, aunque la Constitución contempla la opción de delegar esta potestad, es obvio que no se hará. El choque de trenes está servido para regocijo de los nacionalismos excluyentes( de uno u otro signo).
Sin embargo, lejos de neutralizar el auge del independentismo en Catalunya, esta actitud contribuirá a enraizarlo. La solución pasa por buscar puntos de encuentro que aborden una segunda transición ante el agotamiento de nuestro marco institucional( Carta Magna y Estado de las Autonomías) que se construyó bajo la fórmula del “café para todos” y se vulneró después con la aprobación de la LOAPA y leyes básicas que han erosionado sus potencialidades. Cada generación debe definir su propio camino. Ha llegado el momento de explorar vías alternativas y, entre ellas, la propuesta confederal( federalismo asimétrico)podría ser un modelo válido de convivencia para un Estado plurinacional. El futuro apunta hacia el respeto a la identidad, la escucha activa, la convivencia y la libre adhesión.
Pensando en Catalunya y también en Euskadi, recuerdo unas palabras, escritas en 2001 por José Saramago, Vázquez Montalbán y Bernardo Atxaga, en un documento de apoyo a Ezker Batua. Dicen así: “La sociedad vasca tiene derecho a decidir qué quiere y qué no quiere. En todos los terrenos. No sólo en el nacional, pero también en el nacional. Quien le niegue tal cosa podrá exhibir muchos títulos, pero no el de demócrata. Queremos que Euskadi pueda resolver sus problemas como nación, pero, en tanto que gente de izquierda, queremos también que las rencillas nacionales dejen de ocultar y permitan el afrontamiento real de los gravísimos problemas sociales que padece el País Vasco”.
