OPINIÓN de Teodoro Rentería Arróyave, México.- Como lo hemos dicho y sostenido, desde cuando muy orondo el entonces huésped de Los Pinos, Vicente Fox Quesada, promulgó la supuesta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la misma es una simple "ley mordaza" mientras no se deroguen los artículos 13 y 14 de la misma que permiten, valga la redundancia, legalmente y a sus anchas e intereses de los funcionarios en turno, mandar o encerrar en la reserva las informaciones que decidan unilateralmente.
No nos cansaremos de repetirlo, esa norma debería cambiar a una amplia que obligara a la Rendición de Cuentas, para evitar recurrir a esa puerta falsa que permite esconder ¿vaya usted a saber por qué? informaciones que no se atreven a ventilar públicamente en violación al principio de que toda información gubernamental es patrimonio de los pueblos, puesto que la mismas se generan con los dineros del pueblo, vía impuestos.
Ya en otras ocasiones, hemos dejado expuesto el latrocinio de los gobiernos federales panistas, el del mismo Fox y el de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quienes mandaron a la reserva miles de expedientes.
En aquella ocasión en que el ranchero guanajuatense se burló de todos, incluyendo a los periodistas que no formamos parte de su círculo cerrado, se defendió con el torpe discurso de que en otras naciones la reserva era hasta por 25 años y en México sólo se había fijado en 12.
Lo que no dijo nunca y jamás quiso abordar, es que sí bien es cierto que la “ley mordaza” fija en efecto 12 años de reserva, la misma norma burla esa temporalidad, puesto que indica que en caso de que se considere a su término que la información correspondiente no debe ser publicitada, se le podrá reservar por otros 12 años, si lo mismo sucede después de este nuevo periodo se volverá a meter en el tambo de la opacidad y así hasta la eternidad.
Todo lo anterior, era de suponerse que sucediera en la “docena trágica”, lo que es inadmisible es que recurra a dicha estrategia el gobierno de izquierda del Distrito Federal, de la capital de la República a cargo del gobernante mejor elegido, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
El escándalo más grande de corrupción de los gobiernos perredistas, después del que protagonizó el “señor de la ligas”, René Bejarano Martínez cuando fue “cachado” por las cámaras de televisión cuando con ligas sujetaba miles de billetes que recibía del empresario argentino, Carlos Ahumada, otro beneficiario de obras públicas, es el actual de la Línea 12 del Metro, la llamada por su artífice el anterior gobernante capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, “La Línea Dorada”.
Cuando toda la opinión pública está a la expectativa del resultado de las pesquisas sobre las pésimas obras realizadas que obligaron, por seguridad, a paralizar más de la mitad del servicio con el consiguiente daño a los miles de usuarios y además el desmesurado costo de la obra que de 17 mil millones de pesos pasó simpáticamente a 23 millones, las autoridades defeñas decidieron mandar por cinco años a la reserva el resultado de esas pesquisas porque, según argumentan, pudieran dar al traste con dichas investigaciones.
Nuevamente las preguntas de siempre: ¿qué se oculta? ¿A quién se protege? ¿Porqué nuevamente la burla al pueblo? ¿No se supone que los gobiernos de izquierda tienen como misión transparentar sus actuaciones?
Es de esperarse que el gobernante Miguel Ángel Mancera Espinosa, que se le supone en primer lugar en la carrera a la candidatura de la izquierda para la Presidencia de la República en el 2018, rectifique, mande al cuerno a sus colaboradores que le aconsejaron tan burda, estúpida y pésima decisión. Esa reserva en el Distrito Federal, puede perder a los mejores prospectos políticos.
