OPINIÓN de Raúl Wiener, Perú.- Los jueces del de la Sala Penal Nacional, han dictaminado algo más que obvio: que la detención de miembros del MOVADEF en abril, se hizo sin pruebas de la comisión de delitos reales. Es algo que dijimos varios en su oportunidad: que esta era una falsa victoria del gobierno contra los que ya fueron vencidos y un aprovechamiento de la sensibilidad de mucha gente que cree en la posibilidad de un nuevo ciclo de violencia política, para desviarla de otros problemas.
Los magistrados, cumpliendo con su deber, han analizado la probabilidad de la existencia de un delito y de que los procesados sean autores de los mismos, y han encontrado luego de revisar los documentos fiscales y los argumentos del procurador: “que existe una merma en cuanto al grado de convicción de la realización del hecho punible y esto en mérito a la idoneidad de los elementos de prueba…” En otras palabras que ellos no pueden condenar en función de las personas sino del mandato de la ley.
¿Y qué responde el bullicioso procurador Julio Galindo ante su fracaso para probar lo improbable? Que los jueces no han tomado en cuenta que Crespo estuvo preso por terrorismo (aunque lo condenaron por defender a Guzmán y la pena ya la cumplió íntegramente), que Sendero hizo mucho daño al país, que MOVADEF no ha renegado del “pensamiento Gonzalo”, etc. Es decir, le exige a los jueces que miren a quién están juzgando, no los delitos que están encargados de juzgar.
Según la acusación, el MOVADEF es terrorista no porque haga actos terroristas, sino porque parte de sus miembros estuvieron relacionados con Sendero Luminoso en el pasado. Eso lo sabemos todos y es ridículo que se diga que se hizo una larga investigación para llegar a una conclusión como esta. El tema es si la nueva organización que han formado para reclamar la amnistía está orientada a producir nuevas acciones de violencia y terror o no.
La Sala analiza, además, el caso de los “colaboradores eficaces” (nueva versión de los antiguos “arrepentidos”, que brindan testimonios anónimos a policías y fiscales), y en la corroboración de sus declaraciones con la realidad señala que los supuestos viajes de Crespo y otros al Huallaga en fechas determinadas, corresponden a fechas en que se encontraban en Lima en funciones de abogados.
Entonces Galindo insiste que han hecho marchas y declaraciones. Y vuelve la pregunta: ¿en alguna de ellas hubieron actos violentos generados por los denunciados?, ¿las declaraciones incitaban a la acción armada contra el Estado? Como no es así, la acusación se cae. Y sólo queda la intención política que es derrotar al derrotado. Los jueces del Colegiado F, son explícitos en su consideración: que por más erradas o repudiables que les parezcan las declaraciones de los procesados no conducen a una convicción de que está juzgando a gente que haga terrorismo o que quiera hacerlo en el futuro.
