OPINIÓN de Raúl Wiener, Perú.- Vivimos en una ciudad con insuficiencia de agua, donde los proyectos para captar nuevas fuentes se postergan o se concesionan sin otro resultado que aumentar el gasto de SEDAPAL sin resolver los déficits del preciado elemento. A veces parece que se juega a sabotear a la empresa pública para reclamar el auxilio privado, pero otros momentos la idea es saquearla directamente.
Casi nueve millones de habitantes de la gran Lima dependen para calmar su sed de un río que la mayor parte del año se la pasa casi seco. Considerada la segunda ciudad más importante del mundo ubicada en zona desértica, la capital del Perú tiene un déficit de cobertura de poco más de un millón de personas producto del crecimiento desordenado y de la instalación de centros poblados en zonas de difícil acceso y altos costos para el tendido de cañerías. Pero este no es su único problema, porque en diversos lugares como los balnearios del sur y los barrios populares del norte de Lima, el servicio apenas alcanza para algunas horas y sufre cortes continuos que afectan la calidad de vida de las familias.
Sobre estos temas ha girado varias veces la campaña de los que propugnan privatizar la empresa del agua de Lima, SEDAPAL, porque supuestamente los inversionistas privados sí estarían en condiciones de resolver las necesidades insatisfechas. A finales del gobierno aprista y en el primer año del de Humala se produjeron además rupturas continuas en las redes de agua generando grandes aniegos en diversos barrios de la ciudad. Era la prueba de ineficiencia que se necesitaba para insistir por televisión, radio y los diarios, que esto no ocurriría si SEDAPAL fuese encargada a un concesionario que tomase en sus manos el cobro de los recibos y con ese dinero hiciese las obras que no se estaban haciendo, después de separar su parte de utilidad. Sorprendentemente han pasado más de dos años que no hay noticias relevantes sobre cañerías perforadas y áreas urbanas inundadas, simplemente porque la empresa estatal aplicó el plan de renovación que estaba elaborado y que administraciones anteriores prefirieron ignorar, no se sabe con qué intenciones, aunque se sospecha.
La privatización franca de SEDAPAL fue una de las pocas cosas que se quedó en el tintero fujimorista después de que más de 200 unidades económicas fueran rematadas o transferidas a intereses privados a lo largo de los años 90. El dictador asustado por las consecuencias, suspendió en 2008, el proceso de venta de empresas estatales, dejando a SEDAPAL y las empresas municipales de agua de provincias, junto con la Refinería La Pampilla y la Hidroeléctrica del Mantaro, en un incierto sector público. Esto no ha impedido que luego surjan voces e intereses alrededor de la idea de emular a Chile y otros países que apostaron por la gestión privada del agua[1], y que se hayan lanzado campañas alarmistas como la que hizo El Comercio, al difundir que el agua que consumimos en Lima tendría alto componente de arsénico hasta que se confirmó que los índices de SEDAPAL eran inferiores a los recomendados por la OMS.
Las concesiones
La población limeña, en amplia mayoría, mantiene hasta hoy una opinión contraria a la privatización. Es una intuición elemental que les lleva a suponer que una decisión así se reflejará inmediatamente en sus recibos de pago, como ocurrió durante el paso de otros servicios a manos privadas. La idea de que el agua es, mucho más, un derecho que un negocio monopólico armado con las necesidades más apremiantes de la gente, está presente en la conciencia de los limeños en los más distintos estratos sociales. El propio PPK, que fue uno de los agoreros sobre el trágico destino de Lima si no se privatizaba SEDAPAL, se replegó a una posición intermedia y se decidió a venderse como un modesto promotor de pequeños y medianos proyectos locales del agua, con los que busca asegurarse el lugar de experto que requiere para cuando vengan las grandes decisiones.
Pero si la idea de vender la empresa del agua de Lima no camina fácilmente, lo que sí ha estado avanzando en profundidad es la política de concesiones y traspasos de proyectos a gestores privados mediante contratos a treinta años en los que SEDAPAL carga con los costos y sus socios con las ganancias. Desde los años 90, las empresas de agua potable, incluida la más importante de ellas, la de Lima, han seguido operando sus sistemas, invirtiendo y proyectando el crecimiento en función a la demanda de millones de personas. En paralelo, sin embargo, un equipo de “expertos” de Proinversión (antes COPRI), iba diseñando alternativas para interesar capitales privados en inversiones en agua potable, desagües y alcantarillados. Así idearon la privatización de la empresa de Tumbes, que fue un rotundo fracaso hasta el día de hoy. En el colmo de la ridiculez, luego de pasar por varias manos, la empresa municipal ha concluido administrada por otra estatal de origen colombiano, Empresa del Agua de Manizales. Casi una confesión de la incapacidad de la tecnocracia peruana para hacer lo que otros países hacen.
En Proinversión, sin embargo, han seguido cumpliendo con su trabajo, que por ahora está concentrado en privatizar proyectos y no empresas. Dos casos concretos son los de las plantas de tratamiento de Aguas Residuales de Taboada y La Chira, que representan inversiones por montos de 500 y 450 millones de soles cada uno, cuya importancia indudable es que ayudarán a reducir la contaminación del mar, pero cuya gestión ha sido concedida por 25 años a operadores extranjeros que serán remunerados por SEDAPAL. En otras palabras las constructoras ya no son solo contratadas para realizar una obra con fondos del Estado, sino que además asumen por el mismo contrato la operación del proyecto por un tramo largo en el que el Estado a través de la empresa del agua les pagados por el servicio.
Algo por el estilo es lo que ocurre con la concesión de agua sobre el río Chillón, al norte de Lima, que administra el Consorcio Agua Azul de accionistas italianos, otorgada por un espacio de 27 años, y que después de una década de funcionamiento no ha mejorado la oferta de agua potable en los distritos a su cargo debido a las deficiencias de captación sobre un río que permanece seco casi todo el año. Sin embargo SEDAPAL sigue abonando 14 millones de dólares anuales de acuerdo a contrato. Otro caso, denunciado por los trabajadores del agua es el de la Planta Desalinizadora del Sur, que tiene un costo aproximado de 150 millones de dólares y figura como iniciativa privada de inversión aprobada por el MEF a través de su agencia Proinversión, y que consiste en tratar agua de mar para convertirla en agua potable y abastecer los balnearios del sur, calificada además como proyecto turístico.
El problema es que la planta producirá agua entre 10 o 15 veces el costo de la que se obtiene en La Atarjea y es innecesaria porque para este fin ya se hizo la segunda planta en la misma Atarjea y sólo falta entubarla para cubrir los distritos desabastecidos. Un costo de agua como el que se proyecta no podría ser solventado por los usuarios de la zona, especialmente la población que reside en forma permanente, lo que lleva a concluir que esta inversión no se hace pensando en ellos sino en la construcción de cadenas de hoteles, que fue el gancho para la privatización en Tumbes. Por lo demás parte de la factura se trasladará a los demás usuarios de la ciudad mediante aumentos de precios.
Mientras tanto, hay obras que no se hacen e inversiones ya concluidas e inauguradas que no funcionan. Es el caso de Marca II, para captar aguas de la vertiente oriental que contaba con financiamiento internacional por 32 millones de dólares del banco japonés, y que fue paralizado en el 2004 por el ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, con directo efecto sobre el volumen de agua disponible en La Atarjea. Otro es la construcción de Planta de Tratamiento de Huachipa y Ramal Norte por un monto de 550 millones de soles que debía llevar agua a 2 millones y medio de personas, cuyas tuberías explotaron en San Juan de Lurigancho creando una impresionante inundación, perjudicando a numerosas familias y dejando inoperativo el nuevo sistema hasta el día de hoy.
Empresa del agua
SEDAPAL tiene un movimiento económico de más de mil 250 millones de soles anuales, da empleo a 2 mil 387 trabajadores, entre ellos 594 profesionales, y otros cientos en actividades tercerizadas, que abarcan las funciones de apoyo técnico, cobranza, administración, transporte y otras . Las conexiones actuales en uso ascienden a 2 millones 278 mil 939, siendo de uso doméstico casi 2 millones (84 %). Se trata de una inmensa organización, con un monopolio natural por ser el proveedor único de agua y de servicio de desagüe a sus usuarios. Es fácil entender las razones por las que desata tantos apetitos.
Cada elección, el tema de SEDAPAL reaparece y los políticos populistas prometen y reprometen que no habrá privatización y que el Estado impulsará y multiplicará sus programas de agua. Pasó con Toledo que se comprometió en simultáneo con los trabajadores y organizaciones de usuarios a no privatizar, y con la Corporación Suez de Francia de que SEDAPAL sería entregada a gestión privada (se dice que Suez pagó parte de su campaña del 2001); y volvió a pasar con García a partir del 2006 cuando en uno de sus alardes de demagogia lanzó el eslogan de que sin agua no hay democracia, que fue un pretexto para obras fantasmas (nunca existieron), sobrevaluadas o mal hechas, que se justificaban en que el agua debía ser para todos.
Finalmente llegó Humala cargado de promesas progresistas y de una dura crítica a las privatizaciones, pero que en su primer acto de gobierno nombró como ministro a un tipo que en el 2007, fue obligado a renunciar por las críticas del presidente que dijo que le faltaba energía para avanzar en las concesiones. Claro que eso no le impediría volver a contratar con el gobierno de García durante las obras del Estadio Nacional y reaparecer en el primer gabinete de Humala, donde ha permanecido hasta ahora, varias veces propuesto para la presidencia del Consejo de Ministros.
SEDAPAL es la empresa sobreviviente de la privatización de los 90, que ha atravesado los últimos años cercado e infiltrado de privatizadores.
