OPINIÓN de Raúl Wiener, Perú.- Tiene razón Ollanta Humala cuando le recuerda a los apristas que los ministros de su gobierno acudían a reunirse con empresarios privados en la suite de un hotel de lujo. Sí, pero eso no tiene por qué servir de justificación para que ministros suyos se valgan de cuentas privadas de Internet o cualquier otro medio electrónico para la misma cosa, recibir pedidos de intermediarios de grandes empresas para decisiones gubernamentales que los favorezcan.
Más aún, si se observa las intervenciones del ministro Eleodoro Mayorga ante el de Medio Ambiente, que están contenidas en los cornejoleaks, se verá que en su caso el gestor de intereses privados, o más crudamente el lobista de la petroleras, es el mismísimo hombre del fajín, al que Humala defiende y protege, a pesar de su todavía precaria permanencia en el gabinete (podría ser censurado), casi le cuesta la no confianza a la premier Ana Jara.
Varios han convenido que el problema de Mayorga es que no distingue el interés público del privado. Pienso que es peor: cree que son lo mismo. Por eso dice que quién va a saber sobre materia ambiental más que las petroleras como Karoon que hace exploraciones de petróleo y gas y detecta reservas para venderlas a otras empresas. Y cuando Pulgar Vidal se queja ante Cornejo que el reglamento de protección ambiental en hidrocarburos lo haya hecho la petrolera australiana, contesta con pasmosa frialdad que en realidad no son las empresas las que hacen los documentos técnicos, sino que contratan a terceros.
Casi lo mismo es con el tema de Interoil, en el que el ministro asegura que la consultoría que hizo para la petrolera que opera en la costa norte, para conseguir que el Estado le amplíe el término de vencimiento de su contrato, fue hecha pensando en los intereses del país, al margen de lo que cobró por ella, lo que quiere decir coherentemente que como ministro no iba a hacer lo contrario de lo que venía haciendo. De ahí que Interoil consiguiera la prórroga de su contrato.
“La decisión se tomó antes que fuera ministro, y para eso se tomaron en cuenta varias explicaciones, entre ellas la mía”, afirma Mayorga, que cuando se ciñó el fajín firmó a los pocos días los documentos que convalidaban lo que había gestionado a nombre de la empresa y de la consultora privada que representaba. “Si otro hubiera sido el ministro, el resultado hubiera sido el mismo”, concluye, sugiriendo que Perupetro y el gobierno ya habían cocinado el asunto y que tal vez por ello fue que lo convocaron.
El contrato con Interoil se extendió entre 1993 y 2013 (veinte años) y para no cumplir con devolver los campos, los noruegos asesorados por Eleodoro Mayorga, invocaron una cláusula que advertía que en caso de fenómeno del Niño se podían modificar los plazos. Esto había sido desestimado en marzo por la Corte Internacional de Arbitraje, que no lo encontró como motivo suficiente para exigir un tiempo adicional, pero como se sabe, la idea del interés nacional coincidente con el de los inversionistas con que llegó el ministro, hizo que se impusiera una prórroga prácticamente sin sustento.
Nada demasiado nuevo
El día en que Humala decidió contentar a la CONFIEP y enviar un rotundo mensaje de paz a los grupos económicos a los que había criticado durante años, que fue cuando decidió que Miguel Castilla, viceministro de Alan García, asumiría la conducción del MEF, y Julio Velarde se quedaría al frente del BCR, estableció la pauta de la que se vale Mayorga actualmente. Si el gobierno depende de mantener un índice de crecimiento, que deriva a su vez de los niveles de inversión que puedan realizar muy pocas empresas (alrededor de 200), y el Estado está paralizado para intervenir económicamente por la Constitución, los gremios privados y los grandes medios de comunicación, el resultado va a ser una inexorable subordinación del poder político al económico y una pérdida de fronteras entre uno y otro.
Humala está preso de esta concepción que bloquea cualquier posibilidad de hacer intervenir otras variables e intereses, en las decisiones de Estado. En el discurso de 28 de julio, el presidente quiso disfrazarse con su cara más amable, hablando de prioridad de las educación y la salud, pero aún en ese espacio la clave de sus palabras estaba en ofrecer un mayor gasto estatal, para declararlo inmediatamente insuficiente, y apostar por las asociaciones con el sector privado como “solución”. Pero fue en la presentación de Ana Jara donde estas ideas se hicieron mucho más explícita. De Cornejo se había dicho que era el gabinete de las “inversiones” , por el reforzado papel de la tecnocracia. Pero aún así la notaria iqueña amiga de la primera dama, se ha empeñado en ser más amiga de las inversiones que los amigos de la inversiones.
¿Hay lobby bueno?
Humala debe querer decir que cuando convocó a Mayorga ya sabía que venía como representante de las petroleras y que como en el caso Urresti no vio nada en su currículum que pudiera alarmarle. ¿Qué puede desencajar en un gobierno que ha estado buscando desesperadamente la “confianza” de la gran inversión que sus ministros sean consultores de las mismas? Por ello debe ser que los cornejoleaks no han tenido ningún efecto en el gobierno, salvo en la preocupación porque estas cosas se conozcan. Que Blume, Teullet, Mayorga, Castilla, Cornejo, aparezcan tan asociados en defensa de intereses particulares no hace reaccionar al presidente como alguien a quién le estarían sacando la vuelta en sus narices, y eso debe ser porque Humala no encuentra por donde está el problema, con tal que sus ministros no vayan a hoteles, que se ve pésimo.
Un hecho interesante a considerar es que mientras la población se ha sentido remecida de conocer las promiscuidades entre el poder político y el económico, y en general se ha desatado un rechazo de plano a estas prácticas que favorecen la corrupción, los columnistas de la constelación de El Comercio han salido a explicar nuevamente que el lobby en sí no es malo, que lo que falta es regularlo y ejercerlo de la manera más transparente. Esto querría decir que se requiere algún tipo de norma y de registro de los que realizan la tarea de influir a las autoridades a responder a los intereses de las empresas.
Pero el Perú cuenta desde el año 2003 con una ley (28024) que regula la llamada “gestión de intereses” y un listado en los Registros Públicos para anotarse para cumplir estas funciones. Once años después, apenas un puñado de personas tiene oficialmente esta condición (menos de 50), pero en el camino ha habido petroaudios, cornejoleaks y otras expresiones de intervenciones de personas que aprovechando sus relaciones con el poder han buscado influir sistemáticamente en sus decisiones.
Porque este es el problema, que el sistema lobista del poder está construido en base a relaciones personales que algunos tienen con los que toman las decisiones públicas. Esto convierte en una reverenda farsa la idea de que el modelo económico trabaja sobre la competencia y la neutralidad estatal Los cornejoleaks son una cruda expresión de cómo se arreglan las cosas. Que es además como se diseñaron los recientes paquetes de medidas para “reactivar la economía”, que no son sino ventajas sacadas en negociación directa por los propios beneficiarios.
Este modelo tiene más de dos décadas vigencia, y ha pasado por el autoritarismo fujimorista, que mantenía la ilusión de dirigirlo todo cuando estaba infiltrado de intereses empresariales; el histrionismo de Toledo, que creía ser amigo de todo el mundo; le lobismo directo de García que según propia confesión recibió 4 mil empresarios en cinco años de gobierno generando una asociación entre su persona y muchos de ellos que le ha dado buenos resultados económicos; y llega hasta el gobierno de Humala, copado de tecnócratas lobistas asociados con extecnócratas también lobistas que trabajan para las empresas, con un presidente pintado en la pared que cree que es fuerte cuando sostiene a Mayorga y Castilla, que le vinieron impuestos por las empresas.
