OPINIÓN de Raúl Wiener, Perú.- El Callao es, fuera de toda duda, la zona más violenta del país, donde se cometen los mayores crímenes y los lazos entre las autoridades y los trasgresores y delincuentes están más a la vista. El lunes 9, en el Congreso, hubo una audiencia pública para escuchar la voz de la población sobre la violencia y la corrupción en el primer puerto. Convocó el congresista Mesías Guevara y estuvo presente el contralor Fuad Khoury quién supuestamente debe cautelar los bienes y recursos públicos que la Región y los municipios tienen a su cargo, y de los que muchas veces se sirven arbitrariamente.
Precisamente a Khoury lo emplazaron durante la audiencia para que explicara las dos resoluciones de la Contraloría que tratan el tema de los terrenos del exfundo Oquendo que el gobierno regional del Callao vendió sin tener posesión de ellos, acogiéndose a una “donación” de los años 80, que la familia Mujica, expropietaria de esas tierras, hizo mucho después de que las tierras ya estuviesen distribuidas por reforma agraria y se encontraran en posesión pacífica de los agricultores. Pero aún en el supuesto que la “donación” tuviese algún valor, el gobierno regional estaba obligado a usar los terrenos para la construcción de un mercado y respetar el valor de real de los mismos.
Nada de eso se hizo, se vendió la propiedad a un particular, en realidad un traficante de tierras, a un precio arbitrario, y dado que no estaba bajo control del gobierno regional se permitió que los “compradores” organicen un desalojo violento de los ocupantes, con el apoyo de la policía de homicidios, para lo cual se fraguó una historia en el sentido de que los posesionarios eran extorsionadores. Así se detuvo al campesino Víctor Takayosi, al empresario Víctor Huaranca y a seis vigilantes, en una operación policial fraudulenta (legalmente tipificada como secuestro) y se apropiaron de 3 mil metros cuadrados y más tarde 40 mil metros más por el mismo procedimiento.
¿Qué hizo el Contralor cuando supo de todo esto? Mandó al archivo el caso como lo hizo con las denuncias sobre Ancash. Un año después, con una denuncia fiscal de por medio, en la que saltaba a la vista el descontrol del sistema de control, Khoury se intentó justificar por su actuación encubridora, con el argumento de que el caso podía verse todavía porque había una investigación más general sobre el gobierno regional. En la audiencia, el contralor no pudo mostrar ningún avance de investigación a pesar de que el traficante Peña Aparicio y sus principales socios ya han sido condenados por usurpación agravada en perjuicio de los ocupantes originales de los terrenos.
Algo semejante pasa con el Tribunal Disciplinario de la Policía, presidido por el abogado Luis Vargas Valdivia que le da largas al fallo que debe recaer en los oficiales y suboficiales de la Policía, que protegieron el desalojo violento y la usurpación, fabricaron cargos falsos contra las víctimas y que habiendo sido plenamente identificados aún siguen en sus puestos, como si no hubiera pasado nada.
Precisamente a Khoury lo emplazaron durante la audiencia para que explicara las dos resoluciones de la Contraloría que tratan el tema de los terrenos del exfundo Oquendo que el gobierno regional del Callao vendió sin tener posesión de ellos, acogiéndose a una “donación” de los años 80, que la familia Mujica, expropietaria de esas tierras, hizo mucho después de que las tierras ya estuviesen distribuidas por reforma agraria y se encontraran en posesión pacífica de los agricultores. Pero aún en el supuesto que la “donación” tuviese algún valor, el gobierno regional estaba obligado a usar los terrenos para la construcción de un mercado y respetar el valor de real de los mismos.
Nada de eso se hizo, se vendió la propiedad a un particular, en realidad un traficante de tierras, a un precio arbitrario, y dado que no estaba bajo control del gobierno regional se permitió que los “compradores” organicen un desalojo violento de los ocupantes, con el apoyo de la policía de homicidios, para lo cual se fraguó una historia en el sentido de que los posesionarios eran extorsionadores. Así se detuvo al campesino Víctor Takayosi, al empresario Víctor Huaranca y a seis vigilantes, en una operación policial fraudulenta (legalmente tipificada como secuestro) y se apropiaron de 3 mil metros cuadrados y más tarde 40 mil metros más por el mismo procedimiento.
¿Qué hizo el Contralor cuando supo de todo esto? Mandó al archivo el caso como lo hizo con las denuncias sobre Ancash. Un año después, con una denuncia fiscal de por medio, en la que saltaba a la vista el descontrol del sistema de control, Khoury se intentó justificar por su actuación encubridora, con el argumento de que el caso podía verse todavía porque había una investigación más general sobre el gobierno regional. En la audiencia, el contralor no pudo mostrar ningún avance de investigación a pesar de que el traficante Peña Aparicio y sus principales socios ya han sido condenados por usurpación agravada en perjuicio de los ocupantes originales de los terrenos.
Algo semejante pasa con el Tribunal Disciplinario de la Policía, presidido por el abogado Luis Vargas Valdivia que le da largas al fallo que debe recaer en los oficiales y suboficiales de la Policía, que protegieron el desalojo violento y la usurpación, fabricaron cargos falsos contra las víctimas y que habiendo sido plenamente identificados aún siguen en sus puestos, como si no hubiera pasado nada.
