OPINIÓN de Juan Hernández Vigueras.- “Tan grande era la maldad de señores ricos y poderosos que compraban reclamaciones de deudas y que por intermedio de sus altas e influyentes posiciones, infundían temor en los tribunales y con ello garantizaban sentencias injustas y sin fundamento, que se hizo necesario, tempranamente en Inglaterra, promulgar leyes para impedir tales prácticas”.
Con esta cita de un caso judicial ocurrido en el siglo XVI, el juez Sweet de Nueva York apoyaba su fallo en la sentencia del caso Elliot Associates contra Perú, denegándole a este fondo buitre la petición de que le reembolsaran por su valor íntegro los bonos soberanos adquiridos con descuento; luego, este fallo fue anulado por el tribunal de apelación. Sin embargo, recientemente en el caso del fondo NML Capital frente a Argentina, la decisión del juez federal de Nueva York ratificada por el Tribunal Supremo, concedía a este otro fondo buitre estadounidense un beneficio del 1.600 por ciento sobre la inversión que hizo en devaluados bonos viejos de Argentina y que se había negado a canjear en años anteriores.
Desde que la política de los EEUU, siguiendo los dictados de Wall Street, convirtió los préstamos de los bancos a los Estados en productos financieros comercializables, las entidades de financieros pocos escrupulosos encontraron una línea de negocio en el endeudamiento de los países en desarrollo, aprovechando la compra de deuda soberana con descuento para reclamar ante los tribunales el cobro del valor nominal íntegro, aunque el país se quedara sin recursos económicos para atender las necesidades básicas de sus gentes.
Esta es la actividad que ha caracterizado a los fondos dedicados a ese negocio y les ha valido el apelativo de buitre. Y desde los años noventa, a medida que el Estado se vio privado de la inmunidad jurídica histórica ante tribunales extranjeros, se han sucedido los litigios internacionales promovidos por los fondos de inversión especulativa contra países endeudados de América Latina y de África, con la pretensión de conseguir ante los tribunales la rentabilidad que los mercados no les daban (capítulos 2 y 4). El problema es que, como demuestran recientes investigaciones, se ha producido un importante crecimiento de los litigios promovidos por estos fondos en la década de 2000.
Argentina es el caso paradigmático, porque desde su salida del pozo de endeudamiento en que le dejó la cruenta dictadura militar, sigue afrontando desde hace más de trece años el acoso de un potente grupo de fondos buitre que, además de plantear continuos litigios, dispone de una agencia de lobby propia para, entre otras cosas, degradar internacionalmente la imagen del país del Cono Sur (capítulo 3). Y este caso inacabable ha demostrado cuán vulnerables son los países que toman decisiones soberanas para afrontar una crisis grave de la deuda; porque la sentencia de los tribunales estadounidenses a favor de estos fondos y contra Argentina, como admitía recientemente el FMI, "podría tener consecuencias generalizadas para futuras reestructuraciones de deuda soberana mediante el aumento de influencia de los acreedores discrepantes".
Este es uno de los problemas que preocupan en Europa ante la posibilidad de reestructuraciones de la deuda soberana.
Porque, además, la estrategia depredadora de estos fondos calificados como buitres, se ha generalizado actualmente con la expansión de los mercados de deuda en las economías europeas más vulnerables. En especial, los casos de Grecia, Chipre o España, muestran que los gobiernos están siendo demandados por inversores especuladores extranjeros en razón de decisiones que no han tomado libremente sino bajo el imperio de la Troika (FMI, BCE y Comisión Europea). Estos fondos especulativos ignoran también la prerrogativa de cualquier Estado soberano para decidir, por razones de superior interés general en tiempos de crisis, medidas que no pudieron preverse con antelación, independientemente de si son discriminatorias para los inversores extranjeros.
Con la fuerza de sus posiciones minoritarias de bloqueo, los fondos buitre no aceptaron la reestructuración con quita de la deuda griega y Grecia les ha seguido pagando el 100 por cien del valor nominal de sus bonos. Irlanda ha sido otro terreno para los depredadores financieros internacionales, como muestra el caso del fondo buitre Fir Tree Partners; porque aunque no fuera el país más afectado por la crisis en la periferia de la zona euro, para muchos fondos de inversiones especulativas ofrecía oportunidades de inversión rentables, gracias a la combinación de un grave desastre financiero, un gobierno neoliberal puro y duro, leyes de reestructuración propicias y otros factores favorables.
Y en España, Elliott Management Corporation, un fondo especulador del multimillonario estadounidense Paul Singer, al que nos referiremos en varios de los casos que hemos analizado en este libro, se ha embolsado ya mil millones de euros de créditos morosos de Bankia y 300 millones de euros del Grupo Santander. En todos estos casos, como ha sucedido en Irlanda, las estrategias de fondos buitre de las firmas de Goldman Sachs y de Blackstone les lleva, incluso, a buscar la rentabilidad de operaciones inmobiliarias no ya por la vía de la venta posterior, cuando la coyuntura haya mejorado, sino como oportunidades de negocios financieros, empeorando de hecho las condiciones contractuales en perjuicio de los inquilinos de las viviendas sociales adquiridas de Comunidades y Ayuntamientos. Y es que en la Eurozona, la aplicación de la opción europea en favor de la gran banca, la denominada consolidación fiscal y la llamada austeridad o empobrecimiento de las poblaciones y del nivel de actividad económica real, han atraído a numerosos fondos de inversión especulativa hacia los países más tocados por la recesión económica y sometidos a la dictadura de la Troika. Y esto se ha producido a medida que ha ido aflorando la devaluación generalizada de toda clase activos, generados por situaciones de gran endeudamiento e insolvencia que, a su vez, dan lugar a nichos rentables para los grandes fondos de inversión especulativa, calificados como fondos buitre, que la ortodoxia financiera prefiere denominar fondos de inversión en deuda deprimida o en apuros. A esos nichos privados se suman las acumulaciones de deuda de los países soberanos más endeudados y vulnerables. Y estos países europeos se han convertido en mercados atractivos para los fondos especulativos con gran capacidad financiera, que están en disposición de acudir allá donde haya coyunturalmente disponibles activos en venta a precios de saldo o necesidad de liquidez, sean de bancos o empresas o hasta de los Estados, porque la comercialización de las deudas privadas o públicas se integran también en los mercados financieros globales (capítulo 5).
La visión económica dominante la expresa muy bien un analista del Financial Times: "estos fondos no picotean en los cadáveres de las empresas que han muerto sino que tratan de devolverles a la vida… A pesar de que sitúen ante todo sus rendimientos, y a veces se pierdan puestos de trabajo, proporcionan liquidez valiosa cuando otros no lo harán." Pero esta visión de la doctrina neoliberal dominante, que contempla a los fondos buitre como sanadores de las economías, ignora los costes totales y los efectos sociales nocivos de las experiencias de las últimas décadas y de los casos que analizamos en este libro.
Todas estas prácticas financieras depredadoras, que se cubren bajo la expresión de fondos buitre, representan la expansión a las áreas más vulnerables de las economías de la estrategia refinada practicada en la reestructuración de la deuda externa impuesta a Grecia por la Troika, de la que han salido ganando Elliot Associates y Dart Management, fondos acreditados como buitres familiares para latinoamericanos y africanos. Y frente al problema actual de estos fondos, que buscan obtener ganancias litigando en las crisis de endeudamiento soberano, tras la crisis del euro y el rescate de Grecia, la Unión Europea acordó la inserción obligatoria de cláusulas contractuales para los nuevos bonos de la Eurozona que hagan posibles las reestructuraciones vinculantes de la deuda. Y el FMI, que abandonó el proyecto de acuerdo multilateral de regulación, recomienda asimismo cláusulas contractuales en las emisiones de bonos que permitan, llegado el caso, un acuerdo de reestructuración por mayoría de los acreedores que prevenga de los acreedores discrepantes (capítulo 6). Son las denominadas soluciones de mercado, basadas en la voluntad de los acreedores, sin abordar la desregulación vigente para las finanzas.
Aunque los países de la Unión Europea mostraron posiciones divergentes, hemos de esperar que se cumpla la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2014, con el apoyo abrumador del voto de 124 países miembros para la creación de un mecanismo regulador de la reestructuración de la deuda soberana de los países. Una regulación multilateral necesaria que facilite una salida ordenada y justa a las quiebras de los Estados; y que habrá de impedir la obstrucción de los fondos buitre, que pretenden beneficiarse mediante litigios contra el Estado deudor. Un asunto sobre el que los países en desarrollo habían venido abogando durante mucho tiempo con el fin de impedir las acciones de fondos especuladores, que “erosionan las ganancias derivadas de la condonación de la deuda para los países más pobres y hacen peligrar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos de estos países”, como se denunciaba hace pocos años desde África; y que hoy contemplamos que también afecta a Europa.
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