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La democracia es así

OPINIÓN de Rafael Fernando Navarro.- Constantino convirtió el cristianismo en cristiandad. La jerarquía empezó a sentirse cómoda entre cetros y tronos. Llegaron los papas guerreros, conquistadores que dominaron territorios. La tiara era el símbolo de un papa rey que extendía su poder hasta confines lejanos. La estructura piramidal de la iglesia creó cardenales con la categoría de príncipes en consonancia con la testa coronada del papa-rey. Y abajo figuraban los súbditos sometidos a la obediencia de mandatos infalibles que debían ser cumplidos bajo pena de cárcel, de tortura inquisitorial y de condena eterna. Quedaban atrás las preferencias por los pobres, los ciegos, los lisiados, los pecadores de Jesús de Nazaret.

Esa jerarquía construyó una sociedad paralela a la sociedad profana del mundo. A un código civil correspondía un código de derecho canónic,. a universidades fundadas por los estados se le añadían las universalidades católicas, y al poder mundano, un poder espiritual aunque con ansias de dominio absoluto sobre el poder civil.

Las dictaduras son sistemas monolíticos y también piramidales. El mando radica en un vértice y desde esa altura se despliegan los mandos secundarios hasta los súbditos. En ambos casos ese poder es insustituible y debe ser acatado desde el silencio obsequioso ejercido de forma indiscutible. Por esa similitud, las dictaduras tienden a asociarse al poder religioso igualmente dictatorial. Ambos se apropian de la conciencia, de la libertad, de la agilidad existencial del individuo y lo relegan a la categoría de súbdito arrancándole su cualidad de ciudadano.

De esta unión prostituida iglesia-estado sabemos muchos los españoles y sobre todo los que ya tenemos sangre de vinilo. Durante cuarenta años, el régimen se autocalificó de católico, apostólico y romano. La iglesia se arrogó el dominio de las conciencias y el poder militar sucumbió al poder eclesiástico unificando los pecados. Pecar contra el régimen era contrario a la ley divina y pecar contra la ley divina llevaba aparejada la pena civil. Renegar del caudillo era infringir los designios de un dios que le había elegido como baluarte contra el comunismo. De hecho era caudillo por la gracia de dios. Y discrepar con la jerarquía conllevaba incluso la pena de destierro.

La democracia nos trajo una Constitución que rompía con la dictadura y en consecuencia con todo lo que se le había adherido. Sin exagerar la valentía de su articulado, es verdad que nos puso en el camino de un quehacer horizontal donde todos tenemos la obligación de construir la ciudad del bienestar, de la libertad y nos devolvió la categoría de ciudadanos. Iglesia y estado debían caminar por distintos caminos, dentro del respeto que merece toda opción vital de cada persona. Pero sin confusiones, sin imposiciones que graven las conciencias con el peso del pecado. La conciencia ha sido devuelta a cada sujeto para que de acuerdo a los criterios de madurez personal tome el camino que crea más vital para su existencia.

Pero esta separación no ha sido de hecho aceptada por una gran mayoría de ciudadanos. Cuando los gobernantes civiles, en cuanto cargos públicos y representativos, no acuden a actos religiosos, algunos se revuelven contra esa decisión y acuden a la falsa aseveración de que su asistencia es algo que se ha hecho toda la vida. Esa actitud revela un desconocimiento de una realidad que empieza en el 36 con el golpe de estado, pero que no tenía vigencia hasta ese fatídico año. La vida no comienza en el 36. Y deberíamos estar orgullosos de que por fin nos vayamos desprendiendo de imposiciones que corresponden a tiempos oscuros de plomo. Los cargos políticos están en su derecho de optar como individuos por la senda religiosa que les plazca, pero deben evitar arrastrar con su presencia a una parte de la sociedad que no profesa esa elección religiosa. Un presidente de gobierno, un ministro, un alcalde tienen el derecho de participar a título personal en cualquier manifestación o celebración religiosa. Pero no debe arrogarse la representación de una ciudadanía que esté al margen de esos ritos respetables, pero prescindibles por decisión personal.

En base a esa separación iglesia-estado, ni se debe legislar teniendo en cuenta postulados religiosos ni se puede actuar como si toda la ciudadanía hubiera optado en conciencia por esa creencia religiosa. Todos estamos en nuestro derecho de practicar nuestras creencias, en nuestro derecho de mantenernos al margen de todas y en la obligación de respetar esas opciones. Y los cargos públicos deben ser consecuentes con esta visión constitucional.

La laicidad no representa una enemistad con la religiosidad, sino que es una opción de la libertad individual frente a otra, igualmente respetable, que acata los mandamientos de la iglesia. Dios no puede infiltrarse en mi historia a menos que yo se lo pida. Porque dios no es una respuesta, ni siquiera una razón existencial. Dios nace de la pregunta del hombre sobre sí mismo.

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