OPINIÓN de Juan Caraballo.- La Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible se compone de 17 objetivos a cumplir desde ahora hasta el 2030 y a través de los cuales se busca el compromiso de los Estados para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Se abordan así las dimensiones social, económica y medioambiental del desarrollo sostenible del mundo. Se plantea como una agenda universal que demanda el compromiso y la acción de todas las naciones, con independencia de su nivel de desarrollo.
Todos los países están obligados a trasladar los objetivos acordados al ámbito nacional, convirtiéndolos en guías para la política pública. España está llamada a sumarse a este esfuerzo colectivo. El nuevo Gobierno que salga de las urnas a finales de año deberá definir una hoja de ruta referida a la Agenda 2030, con una concreción de los compromisos para la legislatura. España deberá, entre otras medidas, reducir a la mitad los actuales niveles de pobreza para 2030.
Por primera vez se contará con un programa de acción que compromete a todos los países del mundo durante los próximos 15 años, estableciendo responsabilidades y metas para todos los gobiernos. Dentro de este contexto, en Oxfam Intermón, con el apoyo de UNICEF Comité Español, presentaron el informe: ‘España frente a los retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible’. El objetivo de dicho informe es hacer un análisis que ayude al gobierno de España a afrontar los desafíos en la aplicación de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU.
El punto de partida no va a ser fácil, ya que el análisis de la realidad social, económica y medioambiental española pone de manifiesto las profundas secuelas de la crisis y los retrocesos habidos en materia de derechos y bienestar, lo que nos aleja de las metas definidas en la Agenda.
Por ejemplo, la salud y la educación son derechos humanos (objetivos 3 y 4 de la Agenda), elementos centrales de las políticas de igualdad de oportunidades. Sin embargo, los recortes realizados en España en estos ámbitos han tenido un impacto negativo, sobre todo en los grupos más vulnerables (en particular, la infancia).
La desigualdad en y entre los países es un componente central de la Agenda. El desempleo y la precariedad laboral han convertido a España en uno de los países más desiguales de Europa. Pero éste no es un problema aislado del Estado español. La semana pasada estas ONG presentaron el informe “Europa para la mayoría, no para las élites”, donde poníamos de manifiesto el preocupante aumento de desigualdad en Europa, que está contribuyendo al empeoramiento de las condiciones de vida de miles de personas.
Pero el reto no queda solo en el plano doméstico. España también tiene el deber de asegurar que los países en desarrollo cuentan con los recursos y las políticas que faciliten el cumplimiento de esta Agenda, por lo que debe revertir el proceso de debilitamiento de la política de cooperación para el desarrollo, tan esencial para la consecución de los ODS en los países en desarrollo.
Juan Caraballo
Periodista
Todos los países están obligados a trasladar los objetivos acordados al ámbito nacional, convirtiéndolos en guías para la política pública. España está llamada a sumarse a este esfuerzo colectivo. El nuevo Gobierno que salga de las urnas a finales de año deberá definir una hoja de ruta referida a la Agenda 2030, con una concreción de los compromisos para la legislatura. España deberá, entre otras medidas, reducir a la mitad los actuales niveles de pobreza para 2030.
Por primera vez se contará con un programa de acción que compromete a todos los países del mundo durante los próximos 15 años, estableciendo responsabilidades y metas para todos los gobiernos. Dentro de este contexto, en Oxfam Intermón, con el apoyo de UNICEF Comité Español, presentaron el informe: ‘España frente a los retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible’. El objetivo de dicho informe es hacer un análisis que ayude al gobierno de España a afrontar los desafíos en la aplicación de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU.
El punto de partida no va a ser fácil, ya que el análisis de la realidad social, económica y medioambiental española pone de manifiesto las profundas secuelas de la crisis y los retrocesos habidos en materia de derechos y bienestar, lo que nos aleja de las metas definidas en la Agenda.
Por ejemplo, la salud y la educación son derechos humanos (objetivos 3 y 4 de la Agenda), elementos centrales de las políticas de igualdad de oportunidades. Sin embargo, los recortes realizados en España en estos ámbitos han tenido un impacto negativo, sobre todo en los grupos más vulnerables (en particular, la infancia).
La desigualdad en y entre los países es un componente central de la Agenda. El desempleo y la precariedad laboral han convertido a España en uno de los países más desiguales de Europa. Pero éste no es un problema aislado del Estado español. La semana pasada estas ONG presentaron el informe “Europa para la mayoría, no para las élites”, donde poníamos de manifiesto el preocupante aumento de desigualdad en Europa, que está contribuyendo al empeoramiento de las condiciones de vida de miles de personas.
Pero el reto no queda solo en el plano doméstico. España también tiene el deber de asegurar que los países en desarrollo cuentan con los recursos y las políticas que faciliten el cumplimiento de esta Agenda, por lo que debe revertir el proceso de debilitamiento de la política de cooperación para el desarrollo, tan esencial para la consecución de los ODS en los países en desarrollo.
Juan Caraballo
Periodista
