OPINI脫N de V铆ctor Manuel Ramos, Honduras.- Se ha firmado, en La Habana, entre el gobierno de Colombia y las FRAC EP, un convenio para dilucidar los problemas de justicia penal que deben tratarse una vez que los convenios de paz entren en vigencia. El objeto de este acuerdo (realmente debi贸 haber mucha resistencia para su aceptaci贸n por parte de ambos bandos en la negociaci贸n), es reparar todos los delitos de lesa humanidad y de gravedad extraordinaria que se cometieron en Colombia durante el conflicto entre el Estado y las FARC EP, para saldar la deuda que se tiene con las v铆ctimas y para que no haya impunidad ni posibilidad de que tales eventos deleznables puedan repetirse.
La ceremonia de la firma de ese importante documento fue presidida por el Presidente de Cuba, Ra煤l Castro, uno de los garantes en el proceso de negociaci贸n, y los firmantes fueron personajes del m谩s alto nivel: el presidente Santos de Colombia y el comandante Timochenko de las FARC EP.
Todo esto, un d铆a despu茅s de la partida del papa Francisco de Cuba, quien hab铆a advertido sobre la necesidad de que el proceso de paz no deber铆a fracasar por ning煤n motivo. La firma de este documento trae a Colombia, en particular, y al resto de Am茅rica y el mundo, en general, una nueva esperanza de que ese noble pueblo hijo de Bol铆var se enrumbe por los senderos de la fraternidad, la compresi贸n y el trabajo productivo para salir adelante frente a los m煤ltiples problemas que agobian a la mayor铆a de los colombianos.
Por otra parte, tanto el gobierno como la guerrilla, se han comprometido a que m谩s tardar en marzo del pr贸ximo a帽o se firmar谩 el acuerdo definitivo de paz y que un m谩s m谩s, a partir de esa fecha, un mes despu茅s la guerrilla estar谩 desmovilizada con todas las garant铆as y con la posibilidad de convertirse en un partido pol铆tico.
Como un mecanismo que permita que el sistema especial de justicia que se encargar谩 de la investigaci贸n y el juzgamiento de los delitos de los que hemos hablado arriba se realice con aut茅ntica imparcialidad y mediante el pleno respeto de los derechos fundamentales de los encausados, las partes has convenido en crear un tribunal especial que estar谩 integrado por juristas nacionales e internacionales escogidos con criterios muy severos.
Ese tribunal pactado entre las partes contendientes en Colombia, contienda que ya lleva m谩s de medio siglo con desastrosas consecuencias, no es m谩s que una CICI, muy similar a la que la oposici贸n indignada est谩 solicitando para Honduras, con el fin de que la corrupci贸n no siga impune y que se pueda juzgar a los corruptos, que de alguna manera tambi茅n han cometido cr铆menes de lesa humanidad, con imparcialidad y con la plenitud de que se les aplicar谩, al pie de la letra, toda la severidad de la ley.
A esta demanda popular de los hondure帽os –bullangueros y silenciosos-, el gobierno responde con una soluci贸n acomodada, que consiste en nombrar un tribunal especial mediatizado, controlado por las mismas esferas del poder que hoy est谩n en la mira de las acusaciones del pueblo y que, por supuesto, pretenden solamente asegurar la impunidad para los altos personeros del gobierno involucrados en al atraco a las arcas del Estado.
Colombia va por un buen camino. Desde Honduras lo celebramos con much铆simo entusiasmo. Ese pueblo se merece la paz y una verdadera justicia. Nuestra Hibueras, dem谩s est谩 decirlo, va tambi茅n por un buen camino, la exigencia popular por una CICI arrincona cada vez m谩s al gobierno y lo desenmascara pues pretende perpetuarse en el poder para asegurarse la impunidad que, igualmente, nos roba la paz.
Auguramos muchas nuevas buenas noticias para Colombia y su pueblo en la ruta por la paz, pero Honduras, tambi茅n, no hay dudas que, con la ruta que llevan los catrachos, m谩s temprano que tarde, llegar谩 a la meta de ver satisfecha su ansiedad de justicia en contra de los atracadores que perpet煤an y profundizan la pobreza y la miseria.
La ceremonia de la firma de ese importante documento fue presidida por el Presidente de Cuba, Ra煤l Castro, uno de los garantes en el proceso de negociaci贸n, y los firmantes fueron personajes del m谩s alto nivel: el presidente Santos de Colombia y el comandante Timochenko de las FARC EP.
Todo esto, un d铆a despu茅s de la partida del papa Francisco de Cuba, quien hab铆a advertido sobre la necesidad de que el proceso de paz no deber铆a fracasar por ning煤n motivo. La firma de este documento trae a Colombia, en particular, y al resto de Am茅rica y el mundo, en general, una nueva esperanza de que ese noble pueblo hijo de Bol铆var se enrumbe por los senderos de la fraternidad, la compresi贸n y el trabajo productivo para salir adelante frente a los m煤ltiples problemas que agobian a la mayor铆a de los colombianos.
Por otra parte, tanto el gobierno como la guerrilla, se han comprometido a que m谩s tardar en marzo del pr贸ximo a帽o se firmar谩 el acuerdo definitivo de paz y que un m谩s m谩s, a partir de esa fecha, un mes despu茅s la guerrilla estar谩 desmovilizada con todas las garant铆as y con la posibilidad de convertirse en un partido pol铆tico.
Como un mecanismo que permita que el sistema especial de justicia que se encargar谩 de la investigaci贸n y el juzgamiento de los delitos de los que hemos hablado arriba se realice con aut茅ntica imparcialidad y mediante el pleno respeto de los derechos fundamentales de los encausados, las partes has convenido en crear un tribunal especial que estar谩 integrado por juristas nacionales e internacionales escogidos con criterios muy severos.
Ese tribunal pactado entre las partes contendientes en Colombia, contienda que ya lleva m谩s de medio siglo con desastrosas consecuencias, no es m谩s que una CICI, muy similar a la que la oposici贸n indignada est谩 solicitando para Honduras, con el fin de que la corrupci贸n no siga impune y que se pueda juzgar a los corruptos, que de alguna manera tambi茅n han cometido cr铆menes de lesa humanidad, con imparcialidad y con la plenitud de que se les aplicar谩, al pie de la letra, toda la severidad de la ley.
A esta demanda popular de los hondure帽os –bullangueros y silenciosos-, el gobierno responde con una soluci贸n acomodada, que consiste en nombrar un tribunal especial mediatizado, controlado por las mismas esferas del poder que hoy est谩n en la mira de las acusaciones del pueblo y que, por supuesto, pretenden solamente asegurar la impunidad para los altos personeros del gobierno involucrados en al atraco a las arcas del Estado.
Colombia va por un buen camino. Desde Honduras lo celebramos con much铆simo entusiasmo. Ese pueblo se merece la paz y una verdadera justicia. Nuestra Hibueras, dem谩s est谩 decirlo, va tambi茅n por un buen camino, la exigencia popular por una CICI arrincona cada vez m谩s al gobierno y lo desenmascara pues pretende perpetuarse en el poder para asegurarse la impunidad que, igualmente, nos roba la paz.
Auguramos muchas nuevas buenas noticias para Colombia y su pueblo en la ruta por la paz, pero Honduras, tambi茅n, no hay dudas que, con la ruta que llevan los catrachos, m谩s temprano que tarde, llegar谩 a la meta de ver satisfecha su ansiedad de justicia en contra de los atracadores que perpet煤an y profundizan la pobreza y la miseria.