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Presidente por imputación

OPINIÓN de Ramón Cotarelo/ Palinuro.- El gobierno ha hecho a Mas presidente al llevarlo ante los tribunales. Porque es el gobierno. La acusación proviene de la Fiscalía general, pues los fiscales catalanes se negaron a ella. Es el gobierno el que quiere poner fuera de juego a Mas porque ve en él el peligro. Con eso, fuerza una reacción obligada en el campo independentista por consideraciones de estrategia de los viejos maestros de la guerra: defiende todo lo que el enemigo ataca y ataca todo lo que el enemigo defiende. También es posible no hacerlo así pero, en tal caso, será preciso explicar qué se gana dejando de defender lo que el enemigo ataca.

El ministro de Justicia, en un alarde de sensibilidad democrática, explica que no se citó antes al presidente Mas por no interferir en el proceso electoral. Y también para evitar que el posterior 47% del voto hubiera sido muy superior. Pasado el peligro, viene la citación. Y esos asuntos, ¿los deciden los ministros, los políticos? ¿No los jueces?

Lo que se imputa a Mas acarrea posible inhabilitación para ejercicio de cargo público. Por haber convocado una consulta, ya que el Estado no le permitía hacer un referéndum. El rechazo fue por abrumadora mayoría del Congreso pues, en asuntos catalanes, las coincidencias entre los dos partidos dinásticos son inmensas.

Es decir, en el plazo de un año, en Europa se han vivido dos episodios en dos países distintos (Reino Unido/Escocia y España/Cataluña) con semejanzas y desemejanzas curiosas. En los dos casos hay sendas opciones y tendencias políticas a favor de la independencia. En Escocia se hizo un referéndum y triunfó el no a la separación. En España no se tolera referéndum territorial alguno y, quien lo inicia, puede acabar expulsado, sancionado, inhabilitado o, incluso, preso. Pero nadie ha aportado razón convincente alguna que justifique por qué los escoceses pueden hacer lo que los catalanes tienen prohibido, y quién se beneficia de esta anomalía.

En las circunstancias actuales, la llamada "cuestión social" se enfrenta a un incidente de prejudicialidad por cuanto, para tomar cualesquiera medidas, hay que disponer de un gobierno que lo haga y un Estado que le dé legitimidad. La cuestión social va después de la cuestión nacional, no por delante. Y una vez planteado el conflicto territorial ya solo queda saber de lo que cabe debatir en España. Realmente, de poco y ese poco a toda velocidad pues quedan tres meses para las elecciones generales. Prácticamente nada, con los partidos muy atribulados en un cuadro general poco previsible. El PP mira de reojo a C's. Estos se las prometen muy felices con el impulso catalán. El PSOE solemniza esa posición de centralidad que lo convierte en objeto de diversas querencias. Podemos, por último, se encuentra cómo Sísifo cuando ha de comenzar a subir de nuevo la cuesta con el pedrusco a la espalda. No le gusta nada quedarse en un grisáceo cuarto puesto. IU luchará por mantener la cabeza por encima de la barrera legal. De las otras posibles ofertas de la izquierda se hablará cuando abandonen el limbo de los proyectos unitarios.

En resumen, todo ello quisicosas electorales, programáticas, de negociaciones, pactos y contrapactos que animarán el trimestre de espera hasta las generales. Puro espectáculo mediático. Pero bastante rutinario. Si se quiere observar algo nuevo hay que seguir mirando a Cataluña. Todo hace pensar que la mayoría independentista pondrá en marcha su hoja de ruta en la forma que acaben negociando y con Mas de presidente, haya sido como haya sido su investidura. Ello va a implicar continuos enfrentamientos con el Estado que acompañarán a la imputación y quizá procesamiento de su presidente.

Pero también va a implicar más cuestiones, algunas de calado. Por ejemplo, los independentistas abordarán tarde o temprano la cuestión de si participan o no en las elecciones generales. Ese puede ser uno de los puntos de la desconexión. Esta abstención aumentaría la representación parlamentaria de los partidos nacionales españoles, pero no necesariamente la legitimidad del parlamento español y sus decisiones en Cataluña.

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