OPINI脫N de Ileana Alamilla.- Pareciera que Guatemala tiene sobre s铆 una nube de adversidades que lo persiguen, ya sea por hechos provocados por los seres humanos, como el reciente caso del fraude aduanero que ha mantenido el inter茅s nacional e internacional, as铆 como los fen贸menos naturales que provocan desastres sociales.
Son conmovedoras las escenas de la tragedia del asentamiento Cambray II; familias completas que perdieron la vida, padres buscando a su descendencia; esposos escarbando la tierra, desafiando a la naturaleza y sacando fuerzas de la esperanza que tienen de encontrar a su esposa e hijos; ata煤des blancos con las peque帽as v铆ctimas. Y esto no es la excepci贸n, ya ha ocurrido en otros lugares, pues en el pa铆s m谩s de 500 mil personas est谩n habitando en terrenos no aptos para vivienda.
Y empieza de nuevo un debate que ha sido interminable, tanto en relaci贸n con la deficiencia en los planes de urbanizaci贸n, el d茅ficit habitacional que asciende a un mill贸n seiscientos mil viviendas, la falta de pol铆ticas p煤blicas para mitigar el deterioro del medioambiente, la delimitaci贸n de responsabilidades p煤blicas y privadas, tanto administrativas como penales y, sobre todo, la no repetici贸n de tragedias.
Venimos arrastrando una deuda social con las v铆ctimas de estos fen贸menos naturales, muchas de las cuales no recibieron la ayuda prometida ni la atenci贸n debida. Los dos terremotos ocurridos en San Marcos son una muestra de la irresponsabilidad de los entes encargados.
La tragedia ocurrida puso de nuevo en la agenda p煤blica un asunto de alto inter茅s para Guatemala, el cuarto pa铆s m谩s vulnerable del mundo, en t茅rminos de afectaci贸n hacia el cambio clim谩tico, a deslizamientos y acumulaci贸n de flujos en terrenos habitados. Vivimos en un volc谩n con una permanente amenaza de erupci贸n.
Los especialistas en la materia han dado permanentemente la voz de alarma, pero como tenemos una acumulaci贸n de problemas, nunca se toman las decisiones que de una vez por todas eviten estos dramas, que lamentablemente, dada la coyuntura pol铆tica, es seguro que en unas semanas ya no ser谩n noticia.
Cuando ocurren estas, las autoridades dan explicaciones, aseguran que alertaron con tiempo sobre el peligro y afirman que el problema es que las personas no tienen otro lugar a donde ir, lo que es cierto.
Las municipalidades deber铆an acatar las normas que prescriben, que no se deben facilitar servicios p煤blicos a las personas que viven en sitios peligrosos, pues eso favorece su permanencia en los mismos y, con ello, potencian los riesgos. Estas decisiones son dif铆ciles de tomar, pero es cosa de vida o muerte.
Hay por lo menos 497 asentamientos, 232 en el departamento de Guatemala. Esta situaci贸n no requiere de paliativos, sino de soluciones que se adopten con decisi贸n y firmeza. El problema debe ser abordado con pol铆ticas p煤blicas, dise帽adas por expertos y ejecutadas con disciplina por los responsables.
Son conmovedoras las escenas de la tragedia del asentamiento Cambray II; familias completas que perdieron la vida, padres buscando a su descendencia; esposos escarbando la tierra, desafiando a la naturaleza y sacando fuerzas de la esperanza que tienen de encontrar a su esposa e hijos; ata煤des blancos con las peque帽as v铆ctimas. Y esto no es la excepci贸n, ya ha ocurrido en otros lugares, pues en el pa铆s m谩s de 500 mil personas est谩n habitando en terrenos no aptos para vivienda.
Y empieza de nuevo un debate que ha sido interminable, tanto en relaci贸n con la deficiencia en los planes de urbanizaci贸n, el d茅ficit habitacional que asciende a un mill贸n seiscientos mil viviendas, la falta de pol铆ticas p煤blicas para mitigar el deterioro del medioambiente, la delimitaci贸n de responsabilidades p煤blicas y privadas, tanto administrativas como penales y, sobre todo, la no repetici贸n de tragedias.
Venimos arrastrando una deuda social con las v铆ctimas de estos fen贸menos naturales, muchas de las cuales no recibieron la ayuda prometida ni la atenci贸n debida. Los dos terremotos ocurridos en San Marcos son una muestra de la irresponsabilidad de los entes encargados.
La tragedia ocurrida puso de nuevo en la agenda p煤blica un asunto de alto inter茅s para Guatemala, el cuarto pa铆s m谩s vulnerable del mundo, en t茅rminos de afectaci贸n hacia el cambio clim谩tico, a deslizamientos y acumulaci贸n de flujos en terrenos habitados. Vivimos en un volc谩n con una permanente amenaza de erupci贸n.
Los especialistas en la materia han dado permanentemente la voz de alarma, pero como tenemos una acumulaci贸n de problemas, nunca se toman las decisiones que de una vez por todas eviten estos dramas, que lamentablemente, dada la coyuntura pol铆tica, es seguro que en unas semanas ya no ser谩n noticia.
Cuando ocurren estas, las autoridades dan explicaciones, aseguran que alertaron con tiempo sobre el peligro y afirman que el problema es que las personas no tienen otro lugar a donde ir, lo que es cierto.
Las municipalidades deber铆an acatar las normas que prescriben, que no se deben facilitar servicios p煤blicos a las personas que viven en sitios peligrosos, pues eso favorece su permanencia en los mismos y, con ello, potencian los riesgos. Estas decisiones son dif铆ciles de tomar, pero es cosa de vida o muerte.
Hay por lo menos 497 asentamientos, 232 en el departamento de Guatemala. Esta situaci贸n no requiere de paliativos, sino de soluciones que se adopten con decisi贸n y firmeza. El problema debe ser abordado con pol铆ticas p煤blicas, dise帽adas por expertos y ejecutadas con disciplina por los responsables.