COSTA RICA
John McPhaul desde San José. El 7 de setiembre del 2012, el líder indígena bri-bri Sergio Rojas llegaba en un taxi a la Reserva Indígena Salitre en la cordillera de Talamanca, en la parte suroccidental del país, cuando asaltantes no identificados dispararon seis tiros al vehículo. Rojas no resultó herido, pero el ataque es considerado uno de los incidentes más graves en los continuos intentos de terratenientes no indígenas para desalojar a familias indígenas bri-bri y teribe de su territorio ancestral.
Los ataques a las comunidades indígenas por no indígenas armados que incendiaron sus modestas viviendas y cultivos en una serie de incidentes en los últimos tres años, impulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de este año a ordenar al gobierno costarricense que adopte medidas cautelares para detener la violencia.
En su resolución, que mencionaba que los indígenas tenían el título de propiedad de sus tierras desde 1956, la CIDH señaló que la gravedad de la situación se debe “a una serie de continuos ciclos de amenazas, hostigamiento y actos de violencia en contra de los miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bri-bri de Salitre” y que los indígenas “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían amenazadas y en riesgo”.
Según la resolución, en el área de Salitre alrededor de 60% del territorio bri-bri ha sido ocupado por personas no indígenas, que en el caso de las tierras pertenecientes al pueblo Teribe es de entre 80% y 88%.
A principios de julio del 2012, Rojas organizó a las familias indígenas bri-bri y teribe para volver a ocupar las 11,700 Ha de la Reserva Indígena Salitre que les pertenece de acuerdo con la Ley Indígena de 1977.
Según Rojas, anteriormente varias familias indígenas de Salitre vivían en una sola casa dentro de la reserva o en el barrio pobre de Buenos Aires, a unos 20 km de Salitre.
“No hay razón para que nuestro pueblo tenga que vivir así cuando tenemos terreno que siempre ha sido nuestro, no sólo por tradición sino bajo la Ley Indígena, así que nos organizamos para tomar lo que es nuestro”, dijo Rojas a Noticias Aliadas.
Los indígenas se quejaron de que funcionarios de seguridad pública se han mantenido al margen y no han hecho nada sobre los ataques y, en al menos una ocasión, la Policía participó activamente en el desalojo de los indígenas de sus tierras.
Medidas cautelares
En respuesta a la orden de la CIDH de otorgar medidas cautelares, emitida a petición del no gubernamental Forest People Programme, el gobierno triplicó el número de policías destacados en la reserva, a 60 agentes, y trató de promover el diálogo entre las partes en conflicto.
Pero el ministro de Comunicación Mauricio Herrera dijo a Noticias Aliadas que la tarea de lograr un acuerdo es complicada debido a las divisiones existentes entre los 1,800 indígenas que viven en la reserva y la falta de claridad sobre quienes tienen el derecho a permanecer dentro de ella y quienes deben salir, quién tiene derecho a compensación y quién no.
“Hay situaciones en que bri-bri están casados con no indígenas”, precisó Herrera. “Y también hay situaciones en que un bri-bri está casado con un cabecar [grupo indígena estrechamente relacionado con los bri-bri]”.
Herrera explicó que los bri-bri tienen una sociedad matrilineal, lo que significa que sólo aquellas personas cuya madre es bri-bri son consideradas parte del “clan” o verdaderos bri-bri y se han producido disputas sobre quienes pueden ser incluidos en las tomas de decisión de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena del Territorio de Salitre (ADI), que preside Rojas.
La decidida posición de Rojas a favor de aplicar las normas sociales del pueblo bri-bri lo han enfrentado con otros integrantes indígenas de la comunidad, tal como lo describe Herrera, y miembros que no pertenecen al clan bri-bri lo han acusado de intimidarlos y amenazarlos para que abandonen la reserva.
Aunque un grupo indígena se ha quejado de que el gobierno no los consultó antes de aplicar las medidas cautelares, Herrera dijo que eso ha ocurrido porque los indígenas están divididos en diversas facciones y que el gobierno consultó a varios líderes de la comunidad. Añadió que las negociaciones se han complicado por la insistencia de varios dirigentes de aferrarse a una posición intransigente.
“Es difícil llegar a una solución, cuando uno de los lados es intransigente”, dijo Herrera.
Pero Rojas sostiene que los indígenas aceptan en su comunidad a familias mixtas, aunque agregó que deben someterse a las decisiones de la ADI, y que todos los líderes indígenas sólo piden que el gobierno aplique la ley. Negó que se haya intimidado a otros indígenas.
“Solamente queremos que se apliquen las leyes que protegen nuestros derechos”, afirmó.
En agosto del 2012, un mes antes que Rojas fuera atacado, el Concejo Municipal de Buenos Aires lo declaró persona no grata.
El problema, indica Minor Mora, integrante del Concejo Municipal de Buenos Aires, radica en el hecho de que el gobierno no ha cumplido con indemnizar a los terratenientes en 1977 y desde entonces la población ha crecido a alrededor 3,200 no indígenas.
Mora manifestó que muchos de los ocupantes no indígenas no son ricos y sus intereses deben tomarse en consideración.
“Sacar tanta gente crearía nuevos problemas de tipo social y humanitario”, dijo a Noticias Aliadas.
Según Amílcar Castañeda, antropólogo de la Universidad Estatal a Distancia, gran parte de la tierra es reclamada por “propietarios” ausentes no indígenas de Buenos Aires, que pagan a vigilantes para que cuiden la tierra.
Indemnizar o no indemnizar
Aunque las 11,700 Ha de tierra fueron garantizadas a los indígenas por la Ley Indígena de 1977, el error del gobierno de no indemnizar a los terratenientes o controlar la venta ilegal de tierras a forasteros no indígenas, ha resultado en el desplazamiento de la comunidad indígena.
Quienes llegaron antes de 1977 pueden tener derecho a indemnizar, no así los que ocuparon las tierras o las vendieron con sólo un comprobante de pago ilegal.
Mora dijo también que ciertas personas interesadas, sin precisar de quiénes se trataba, estaban dispuestas a sacar provecho del programa gubernamental que compensa a los propietarios de tierras por no talar los bosques como parte del esfuerzo de Costa Rica de ser carbono neutral.
En noviembre del 2014 Rojas fue acusado de supuestamente haber malversado 554 millones de colones (US$1 millón) destinados al fondo de carbono neutral que manejaba la ADI y permaneció siete meses en prisión preventiva, de acuerdo con informes periodísticos. Rojas —considerado por sus seguidores como un preso político—, manifestó que nunca se presentaron cargos en su contra y que la fianza de 30 millones de colones ($56,285) fue establecida por motivos políticos debido a su papel en la disputa de tierras en Salitre.
Rubén Chacón, abogado de Rojas, declaró a la prensa que “en dos años y ocho meses desde que se inició el proceso en que son investigados los once miembros directivos de la ADI no han podido demostrar que ocurrieron los supuestos cargos que se les imputan ni alguna vinculación con estos”.
Los indígenas de Costa Rica, estimados en unos 60,000, forman parte de unos ocho distintos grupos étnicos y continúan siendo los más pobres y marginados de la sociedad.
Al vivir en zonas remotas del país, con frecuencia sin servicios básicos, las comunidades indígenas registran los peores índices de desarrollo humano. Grupos como los teribe han visto diezmada su cultura y su lengua casi se ha perdido. Los bri-bri y los cabecar han podido mantener su cultura y su lengua en gran parte gracias a la lejanía de sus comunidades, ubicadas en zonas prácticamente inaccesibles en la cordillera de Talamanca, que cruza la frontera con Panamá.
Desde hace 20 años la Asamblea Legislativa costarricense posterga la aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que otorga reconocimiento y respeto legal del Estado a las formas de organización propias, a la representación social y a la administración de sus territorios.—Noticias Aliadas.
