El 13 de enero sereanudan las negociaciones en Cuba
OPINIÓN de Emilio Marín.- El próximo 13 de enero se reanudan en Cuba las negociaciones de paz para Colombia. Restan aún dos temas muy importantes: el fin del conflicto y la refrendación de los acuerdos. Al interior del gobierno el procurador general quiere impedir la paz.
El 23 de setiembre pasado, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC, Timochenko, se estrecharon las manos a invitación del presidente cubano Raúl Castro. Acababan de acordar otro capítulo complejo de las negociaciones iniciadas en la capital cubana en noviembre de 2012, sobre la justicia transicional.
Entusiasmados por ese avance, los líderes del estado colombiano y de la mayor guerrilla del continente tuvieron ese gesto, de saludarse, e informaron que antes del 23 de marzo próximo estaría finiquitada toda la agenda. En ese momento restaba el acuerdo sobre las víctimas con un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. El conflicto lleva ya más de cinco décadas y provocó 220.000 muertos.
Por eso el punto relativo a las víctimas, consensuado el 15 de diciembre de 2015, fue como una feliz prolongación de aquel saludo de Santos y Timochenko.
En ese clima tan favorable, el gobierno consideraría un alto al fuego bilateral, que hasta el momento había negado. Estaba en vigencia, y sigue estándolo, un cese del fuego unilateral de la insurgencia, que va ganando por goleada: ha establecido seis ceses al fuego, en tanto Santos nunca se sumó.
Los mal pensados dirán que la guerrilla decidía pausas porque se sentía en inferioridad de condiciones y quería remontar su supuesta mal imagen. El cronista cree, en cambio, que seis medidas como esa, del Secretariado Nacional rebelde, y ninguno de la Casa de Nariño, indica quién está más interesado en la paz.
Que no haya un acuerdo para parar los combates en Colombia, mientras se sigue negociando en Cuba, no significa que tal objetivo sea inalcanzable. En pocos días más se reanudarán las pláticas entre las dos delegaciones en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Al entrar en este tramo final de la negociación, con suerte y viento a favor, quizás tal alto al fuego pueda ser convenido. Sería una condición favorable para poder abordar, sin el dolor de nuevos muertos y heridos, una parte final pero por eso muy complicada de la negociación que conducen el ex vicepresidente Humberto de la Calle y el número 2 de la guerrilla, Iván Márquez.
Mientras duran los altos al fuego, aún unilaterales como hasta ahora, se reducen las bajas de ambos lados y la población civil. El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) sostuvo que en esos lapsos de interrupción de los combates, a lo largo de tres años, ha significado un ahorro en vidas de 1.500 personas de los beligerantes y de 415 de la población civil. Si el presidente se sumara a un parate de enfrentamientos, tal ahorro sería incluso mayor.
¿Qué falta?
Hasta el momento se fueron acordando en general, con disidencias parciales, los temas relativos a la cuestión agraria, las drogas y cultivos ilícitos, la participación política y la justicia transicional, con sus capítulos sobre el reconocimiento de las víctimas, la búsqueda de los restos de los desaparecidos y los tribunales especiales de tiempos de paz.
Tal avance es indiscutible, aunque no se camina sobre pétalos de rosas. Como se ha recordado, sobre el primero de los asuntos en debatirse, la cuestión agraria, la delegación fariana dejó sentado que debe desarticularse el latifundio, pues según su información el 70 por ciento de las mejores tierras está en poder del 13 por ciento de los propietarios.
Eso permite imaginar un futuro donde pueda haberse silenciado el ruido de los bombardeos de la aviación oficial sobre campamentos guerrilleros, pero sin una paz celestial ni mucho menos. Por ejemplo, será duro el reclamo campesino por tierras, créditos y maquinaria, en detrimento del latifundio.
Quedan dos grandes capítulos para componer un acuerdo general para la construcción de una paz estable y definitiva. Uno es el llamado “fin del conflicto”, que incluye la dejación de las armas por la guerrilla, pero también las garantías de seguridad para su regreso a la actividad política y civil. El otro es la forma como se pondrá a consideración de la población la aprobación de lo acordado en La Habana entre las partes, y cómo se lo implementará.
En ambos tópicos hay diferencias importantes. El gobierno quiere que los guerrilleros entren en zonas delimitadas y entreguen las armas, con supuestas garantías del Estado. Los de Timochenko, en cambio, dicen que no dejarán las armas hasta que se haya completado la negociación y la población lo haya aprobado. Recién cuando todo esté firme, dejarán su armamento (no lo entregarán al Ejército).
Eso lleva a la pregunta de cómo será el fin del conflicto, en caso que se llegue al ansiado acuerdo. La guerrilla propone que el acuerdo general sea motivo de convocatoria a una Asamblea Constituyente, que lo apruebe (y seguramente en su fuero íntimo, lo mejore o precise en aquellos aspectos incompletos).
Santos y el grueso de los partidos políticos no admite la Constituyente porque aducen que traería inestabilidad política y jurídica. Que mejor es un plebiscito, donde la población refrende lo convenido en la mesa de negociación con los rebeldes. El presidente se tiene fe en ganar una elección, con una campaña rápida y con las banderas de la paz, opuestas a la de la continuidad de una guerra que ha costado tanto al país. ¿Quién podría votar en contra?, piensa.
Procurador general, adverso
A favor de un arreglo pacífico seguramente va a estar una mayoría de los colombianos que han sufrido persecución, cárcel, secuestros, asesinatos, destierros, exilios, “falsos positivos”, bombardeos, fumigación de sus cultivos con glifosato, desapoderamiento de sus tierras, persecución de comunidades originarias, etc.
Sobre quiénes fueron los responsables de ese ciclo de violencia, siempre habrá dos o más lecturas. El estado, sus clases dominantes, sus medios concentrados como Caracol, El Tiempo, etc, y en particular sus fuerzas militares, dirán que el casi único responsable fueron las FARC y el ELN.
Entidades de derechos humanos citadas por ANNCOL (Agencia de Noticias Nueva Colombia), en nota firmada por Dick y Miriam Emanuelsson, sostienen que el 75 por ciento de las muertes y violaciones a aquellos derechos fue responsabilidad de la fuerza militar y el paramilitarismo, hijo putativo del Estado.
Los sectores más recalcitrantes de derecha, que en política están más cerca del ex presidente Álvaro Uribe (Centro Democrático) y de los altos mandos en actividad y retiro que querían ganar la guerra a como diera lugar, tienen posiciones adversas a lo negociado en La Habana.
Uno de los más obstinados en poner palos en esa rueda de paz es el procurador general Alejandro Ordóñez. En declaraciones a El Tiempo de Bogotá (6/1), sostuvo que las FARC fueron las responsables de crímenes de lesa humanidad y deben ir a prisión efectiva. Que la reparación a las víctimas debe hacerse con dinero de las FARC porque de lo contrario se blanqueará dinero del narcotráfico. En vez de plebiscito propuso un referendo para que si gana el NO se caigan los convenios. Estimó que el cese de la fumigación con glifosato fue una claudicación ante la guerrilla y que ahora “el país nadará en coca”.
Ordóñez es un defensor incondicional de los militares involucrados en delitos cometidos en el conflicto. Por eso en el reportaje afirmó: “esa plena seguridad jurídica se les debe dar a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, pues de ninguna manera pueden quedar al vaivén de los acontecimientos futuros”.
Sin embargo, la oposición a ultranza de grupos a imagen y semejanza del procurador, que pueden tener cierta fuerza, no podría -en principio- poner en riesgo la aprobación del acuerdo. El mayor peligro proviene del gobierno de Santos, que -como se dice en Argentina- pone “una de cal y otra de arena”.
Por un lado está lo positivo de continuidad de la negociación en cuatro días más. Para ordenar mejor los planes de De la Calle y su delegación, el presidente estuvo reunido varios días en Cartagena con sus asesores, incluidos el israelí Sholo Ben Ami y el ex guerrillero salvadoreño devenido en consultor de multinacionales y gobiernos conservadores, Joaquín Villalobos. Allí le habrán “bajado línea” a sus negociadores para manejarse en este tramo final.
Por otro lado, muchas veces a las palabras de Santos se las lleva el viento. Hoy hace 48 días que prometió un indulto para 30 guerrilleros con cargos no muy graves. Y no fueron liberados. Dijo que brigadas de salud irían a cada prisión para ver los casos más urgentes, y tampoco lo hizo. Y eso que en noviembre pasado 1.500 prisioneros de guerra hicieron una huelga de hambre en 21 cárceles del país, que forzó esos anuncios.
Se puede conjeturar que el presidente quiere llegar a un acuerdo, siempre y cuando sea favorable para el Estado. Y su inspiración no tiene nada de pacifista sino que en el marco del endeudamiento externo de Colombia (109.000 millones de dólares) y las caídas del PBI y el precio de petróleo, su gobierno necesita extraer más recursos naturales y poner en actividad muchas zonas petroleras, mineras y boscosas donde la guerrilla mantiene fuertes posiciones.
Sergio Ortiz
facebook.com/sergio.ortiz.906
twitter: @Sergioortizpl
El 23 de setiembre pasado, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC, Timochenko, se estrecharon las manos a invitación del presidente cubano Raúl Castro. Acababan de acordar otro capítulo complejo de las negociaciones iniciadas en la capital cubana en noviembre de 2012, sobre la justicia transicional.
Entusiasmados por ese avance, los líderes del estado colombiano y de la mayor guerrilla del continente tuvieron ese gesto, de saludarse, e informaron que antes del 23 de marzo próximo estaría finiquitada toda la agenda. En ese momento restaba el acuerdo sobre las víctimas con un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. El conflicto lleva ya más de cinco décadas y provocó 220.000 muertos.
Por eso el punto relativo a las víctimas, consensuado el 15 de diciembre de 2015, fue como una feliz prolongación de aquel saludo de Santos y Timochenko.
En ese clima tan favorable, el gobierno consideraría un alto al fuego bilateral, que hasta el momento había negado. Estaba en vigencia, y sigue estándolo, un cese del fuego unilateral de la insurgencia, que va ganando por goleada: ha establecido seis ceses al fuego, en tanto Santos nunca se sumó.
Los mal pensados dirán que la guerrilla decidía pausas porque se sentía en inferioridad de condiciones y quería remontar su supuesta mal imagen. El cronista cree, en cambio, que seis medidas como esa, del Secretariado Nacional rebelde, y ninguno de la Casa de Nariño, indica quién está más interesado en la paz.
Que no haya un acuerdo para parar los combates en Colombia, mientras se sigue negociando en Cuba, no significa que tal objetivo sea inalcanzable. En pocos días más se reanudarán las pláticas entre las dos delegaciones en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Al entrar en este tramo final de la negociación, con suerte y viento a favor, quizás tal alto al fuego pueda ser convenido. Sería una condición favorable para poder abordar, sin el dolor de nuevos muertos y heridos, una parte final pero por eso muy complicada de la negociación que conducen el ex vicepresidente Humberto de la Calle y el número 2 de la guerrilla, Iván Márquez.
Mientras duran los altos al fuego, aún unilaterales como hasta ahora, se reducen las bajas de ambos lados y la población civil. El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) sostuvo que en esos lapsos de interrupción de los combates, a lo largo de tres años, ha significado un ahorro en vidas de 1.500 personas de los beligerantes y de 415 de la población civil. Si el presidente se sumara a un parate de enfrentamientos, tal ahorro sería incluso mayor.
¿Qué falta?
Hasta el momento se fueron acordando en general, con disidencias parciales, los temas relativos a la cuestión agraria, las drogas y cultivos ilícitos, la participación política y la justicia transicional, con sus capítulos sobre el reconocimiento de las víctimas, la búsqueda de los restos de los desaparecidos y los tribunales especiales de tiempos de paz.
Tal avance es indiscutible, aunque no se camina sobre pétalos de rosas. Como se ha recordado, sobre el primero de los asuntos en debatirse, la cuestión agraria, la delegación fariana dejó sentado que debe desarticularse el latifundio, pues según su información el 70 por ciento de las mejores tierras está en poder del 13 por ciento de los propietarios.
Eso permite imaginar un futuro donde pueda haberse silenciado el ruido de los bombardeos de la aviación oficial sobre campamentos guerrilleros, pero sin una paz celestial ni mucho menos. Por ejemplo, será duro el reclamo campesino por tierras, créditos y maquinaria, en detrimento del latifundio.
Quedan dos grandes capítulos para componer un acuerdo general para la construcción de una paz estable y definitiva. Uno es el llamado “fin del conflicto”, que incluye la dejación de las armas por la guerrilla, pero también las garantías de seguridad para su regreso a la actividad política y civil. El otro es la forma como se pondrá a consideración de la población la aprobación de lo acordado en La Habana entre las partes, y cómo se lo implementará.
En ambos tópicos hay diferencias importantes. El gobierno quiere que los guerrilleros entren en zonas delimitadas y entreguen las armas, con supuestas garantías del Estado. Los de Timochenko, en cambio, dicen que no dejarán las armas hasta que se haya completado la negociación y la población lo haya aprobado. Recién cuando todo esté firme, dejarán su armamento (no lo entregarán al Ejército).
Eso lleva a la pregunta de cómo será el fin del conflicto, en caso que se llegue al ansiado acuerdo. La guerrilla propone que el acuerdo general sea motivo de convocatoria a una Asamblea Constituyente, que lo apruebe (y seguramente en su fuero íntimo, lo mejore o precise en aquellos aspectos incompletos).
Santos y el grueso de los partidos políticos no admite la Constituyente porque aducen que traería inestabilidad política y jurídica. Que mejor es un plebiscito, donde la población refrende lo convenido en la mesa de negociación con los rebeldes. El presidente se tiene fe en ganar una elección, con una campaña rápida y con las banderas de la paz, opuestas a la de la continuidad de una guerra que ha costado tanto al país. ¿Quién podría votar en contra?, piensa.
Procurador general, adverso
A favor de un arreglo pacífico seguramente va a estar una mayoría de los colombianos que han sufrido persecución, cárcel, secuestros, asesinatos, destierros, exilios, “falsos positivos”, bombardeos, fumigación de sus cultivos con glifosato, desapoderamiento de sus tierras, persecución de comunidades originarias, etc.
Sobre quiénes fueron los responsables de ese ciclo de violencia, siempre habrá dos o más lecturas. El estado, sus clases dominantes, sus medios concentrados como Caracol, El Tiempo, etc, y en particular sus fuerzas militares, dirán que el casi único responsable fueron las FARC y el ELN.
Entidades de derechos humanos citadas por ANNCOL (Agencia de Noticias Nueva Colombia), en nota firmada por Dick y Miriam Emanuelsson, sostienen que el 75 por ciento de las muertes y violaciones a aquellos derechos fue responsabilidad de la fuerza militar y el paramilitarismo, hijo putativo del Estado.
Los sectores más recalcitrantes de derecha, que en política están más cerca del ex presidente Álvaro Uribe (Centro Democrático) y de los altos mandos en actividad y retiro que querían ganar la guerra a como diera lugar, tienen posiciones adversas a lo negociado en La Habana.
Uno de los más obstinados en poner palos en esa rueda de paz es el procurador general Alejandro Ordóñez. En declaraciones a El Tiempo de Bogotá (6/1), sostuvo que las FARC fueron las responsables de crímenes de lesa humanidad y deben ir a prisión efectiva. Que la reparación a las víctimas debe hacerse con dinero de las FARC porque de lo contrario se blanqueará dinero del narcotráfico. En vez de plebiscito propuso un referendo para que si gana el NO se caigan los convenios. Estimó que el cese de la fumigación con glifosato fue una claudicación ante la guerrilla y que ahora “el país nadará en coca”.
Ordóñez es un defensor incondicional de los militares involucrados en delitos cometidos en el conflicto. Por eso en el reportaje afirmó: “esa plena seguridad jurídica se les debe dar a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, pues de ninguna manera pueden quedar al vaivén de los acontecimientos futuros”.
Sin embargo, la oposición a ultranza de grupos a imagen y semejanza del procurador, que pueden tener cierta fuerza, no podría -en principio- poner en riesgo la aprobación del acuerdo. El mayor peligro proviene del gobierno de Santos, que -como se dice en Argentina- pone “una de cal y otra de arena”.
Por un lado está lo positivo de continuidad de la negociación en cuatro días más. Para ordenar mejor los planes de De la Calle y su delegación, el presidente estuvo reunido varios días en Cartagena con sus asesores, incluidos el israelí Sholo Ben Ami y el ex guerrillero salvadoreño devenido en consultor de multinacionales y gobiernos conservadores, Joaquín Villalobos. Allí le habrán “bajado línea” a sus negociadores para manejarse en este tramo final.
Por otro lado, muchas veces a las palabras de Santos se las lleva el viento. Hoy hace 48 días que prometió un indulto para 30 guerrilleros con cargos no muy graves. Y no fueron liberados. Dijo que brigadas de salud irían a cada prisión para ver los casos más urgentes, y tampoco lo hizo. Y eso que en noviembre pasado 1.500 prisioneros de guerra hicieron una huelga de hambre en 21 cárceles del país, que forzó esos anuncios.
Se puede conjeturar que el presidente quiere llegar a un acuerdo, siempre y cuando sea favorable para el Estado. Y su inspiración no tiene nada de pacifista sino que en el marco del endeudamiento externo de Colombia (109.000 millones de dólares) y las caídas del PBI y el precio de petróleo, su gobierno necesita extraer más recursos naturales y poner en actividad muchas zonas petroleras, mineras y boscosas donde la guerrilla mantiene fuertes posiciones.
Sergio Ortiz
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twitter: @Sergioortizpl
