OPINI脫N de Ileana Alamilla.- La semana estuvo desborda de revelaciones que han provocado, con sobrada raz贸n, una ola de indignaci贸n ciudadana en Guatemala. El Congreso de la Rep煤blica, el organismo m谩s representativo del Estado durante d茅cadas ha dado muestras de ineficiencia, incumplimiento de labores e irrespeto a lo p煤blico y a la ciudadan铆a.
Ser diputado es un enorme privilegio que aqu铆 se compra, obviamente para obtener beneficios. La mayor铆a ha permanecido inerte e indiferente a las necesidades sociales, ha incumplido con las obligaciones que la Constituci贸n le establece y ha sido c贸mplice de cuanto contubernio se ha llevado a cabo en ese organismo, ya sea por acci贸n o por omisi贸n. Por supuesto que tambi茅n hay parlamentarios que hacen honor a su cargo.
Entre las atribuciones que deben ser cumplidas est谩 prioritariamente decretar, reformar y derogar las leyes. Sabemos los magros resultados de la anterior legislatura, que muchos conocedores se帽alan que fue beneficioso que no dieran debido cumplimiento a esta atribuci贸n, dada la calidad de legisladores que tuvimos.
Pero tambi茅n tienen como deber aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la Contralor铆a de Cuentas, el detalle y justificaci贸n de todos los ingresos y egresos de las finanzas p煤blicas que le presente el Ejecutivo. Sobre el ejercicio fiscal anterior, la diputada Nineth Montenegro ha denunciado el incumplimiento y no ha pasado nada.
Hoy, una nueva Junta Directiva, contrario a lo que se previ贸, dado lo controversial y dem谩s caracter铆sticas de quien la preside, tom贸 decisiones que nos han confirmado, con datos, lo que se presum铆a. Los emolumentos, gastos y despilfarros que all铆 se han realizado, en complicidad con quienes han tenido la responsabilidad de aceptarlos, son repugnantes, atentan contra la igualdad establecida constitucionalmente, agravian a la mayor铆a que se encuentra en situaci贸n de pobreza y pobreza extrema y desaf铆an al mismo estado de Derecho, con esa “fuga de recursos”.
Los privilegiados trabajadores del Congreso perciben salarios inconmensurablemente desproporcionados, en relaci贸n con los que perciben otros empleados del Estado, incluyendo a profesionales con grados acad茅micos, responsabilidades serias y que se desempe帽an en condiciones laborales precarias, como el caso de los m茅dicos, quienes, adem谩s, tienen en sus manos el mayor bien del ser humano: su vida.
Esta legislatura tambi茅n est谩 caracterizada por el escaso n煤mero de mujeres diputadas: solo 23. En las pasadas elecciones del 2011, las mujeres que ocupaban puestos de elecci贸n popular eran el 14.5 % (639) frente al 85.5 % (3,774), correspondiente a la participaci贸n de hombres, seg煤n datos que proporcion贸 oportunamente la PDH.
Y aunque el 52 % del padr贸n electoral son mujeres, pocas ganaron las alcald铆as. La magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Ana Elly L贸pez, inform贸 que solo nueve mujeres fueron electas como alcaldesas, cuatro menos que las 13 que triunfaron en los comicios de 2011. Esta es una prueba irrefutable de la inequidad.
Muchas son las opiniones que refutan falazmente el derecho de las mujeres a optar a cargos p煤blicos, tales como decir que las mujeres no quieren y que legalmente tienen las mismas oportunidades que los hombres. Recientemente, con las actuaciones presuntamente delictivas de la primera mujer que ocup贸 la Vicepresidencia del pa铆s y de otras cong茅neres que est谩n siendo procesadas o son se帽aladas, como la ministra de Comunicaciones, se han visto reforzados esos criterios machistas para descalificar los derechos reivindicados por las mujeres.
Como se ve, en el caso de los cargos p煤blicos, la desigualdad no es 煤nicamente econ贸mica, tambi茅n se expresa discriminando mujeres, ya que la mayor铆a de la poblaci贸n guatemalteca, nosotras, somos una insignificante minor铆a en la representaci贸n pol铆tica.
Ser diputado es un enorme privilegio que aqu铆 se compra, obviamente para obtener beneficios. La mayor铆a ha permanecido inerte e indiferente a las necesidades sociales, ha incumplido con las obligaciones que la Constituci贸n le establece y ha sido c贸mplice de cuanto contubernio se ha llevado a cabo en ese organismo, ya sea por acci贸n o por omisi贸n. Por supuesto que tambi茅n hay parlamentarios que hacen honor a su cargo.
Entre las atribuciones que deben ser cumplidas est谩 prioritariamente decretar, reformar y derogar las leyes. Sabemos los magros resultados de la anterior legislatura, que muchos conocedores se帽alan que fue beneficioso que no dieran debido cumplimiento a esta atribuci贸n, dada la calidad de legisladores que tuvimos.
Pero tambi茅n tienen como deber aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la Contralor铆a de Cuentas, el detalle y justificaci贸n de todos los ingresos y egresos de las finanzas p煤blicas que le presente el Ejecutivo. Sobre el ejercicio fiscal anterior, la diputada Nineth Montenegro ha denunciado el incumplimiento y no ha pasado nada.
Hoy, una nueva Junta Directiva, contrario a lo que se previ贸, dado lo controversial y dem谩s caracter铆sticas de quien la preside, tom贸 decisiones que nos han confirmado, con datos, lo que se presum铆a. Los emolumentos, gastos y despilfarros que all铆 se han realizado, en complicidad con quienes han tenido la responsabilidad de aceptarlos, son repugnantes, atentan contra la igualdad establecida constitucionalmente, agravian a la mayor铆a que se encuentra en situaci贸n de pobreza y pobreza extrema y desaf铆an al mismo estado de Derecho, con esa “fuga de recursos”.
Los privilegiados trabajadores del Congreso perciben salarios inconmensurablemente desproporcionados, en relaci贸n con los que perciben otros empleados del Estado, incluyendo a profesionales con grados acad茅micos, responsabilidades serias y que se desempe帽an en condiciones laborales precarias, como el caso de los m茅dicos, quienes, adem谩s, tienen en sus manos el mayor bien del ser humano: su vida.
Esta legislatura tambi茅n est谩 caracterizada por el escaso n煤mero de mujeres diputadas: solo 23. En las pasadas elecciones del 2011, las mujeres que ocupaban puestos de elecci贸n popular eran el 14.5 % (639) frente al 85.5 % (3,774), correspondiente a la participaci贸n de hombres, seg煤n datos que proporcion贸 oportunamente la PDH.
Y aunque el 52 % del padr贸n electoral son mujeres, pocas ganaron las alcald铆as. La magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Ana Elly L贸pez, inform贸 que solo nueve mujeres fueron electas como alcaldesas, cuatro menos que las 13 que triunfaron en los comicios de 2011. Esta es una prueba irrefutable de la inequidad.
Muchas son las opiniones que refutan falazmente el derecho de las mujeres a optar a cargos p煤blicos, tales como decir que las mujeres no quieren y que legalmente tienen las mismas oportunidades que los hombres. Recientemente, con las actuaciones presuntamente delictivas de la primera mujer que ocup贸 la Vicepresidencia del pa铆s y de otras cong茅neres que est谩n siendo procesadas o son se帽aladas, como la ministra de Comunicaciones, se han visto reforzados esos criterios machistas para descalificar los derechos reivindicados por las mujeres.
Como se ve, en el caso de los cargos p煤blicos, la desigualdad no es 煤nicamente econ贸mica, tambi茅n se expresa discriminando mujeres, ya que la mayor铆a de la poblaci贸n guatemalteca, nosotras, somos una insignificante minor铆a en la representaci贸n pol铆tica.
