OPINIÓN de Rosa María Artal/ El Periscopio- El fiscal y el juez de los titiriteros ya aparecieron juntos en las revelaciones derivadas de las filtraciones de Wikileaks. El diario El País documentó en noviembre de 2010 los contactos entre la Embajada de EEUU en Madrid y el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Ambos aparecían citados, en informes de la legación diplomática, como colaboradores con los que habló la Embajada para presionar sobre el archivo de causas judiciales abiertas en España contra militares y políticos estadounidenses.
Concretamente, El País señalaba que, en abril del 2009, el fiscal Javier Zaragoza llamó por teléfono a la embajada para contar que él haría “todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos de Garzón, sino en las del juez Ismael Moreno”. Zaragoza se habría comprometido a que, si Garzón se empeñaba en quedarse con el caso, él mismo airearía que ese juez optó por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo años antes.
Hubo más. Los cables de Wikileaks revelaron que la embajada de EEUU también presionó en el caso José Causo, cámara de Telecinco y un ser humano que adoraba el periodismo y se arriesgaba porque la sociedad viera lo que él mismo veía a través del visor de su cámara. José Couso murió en el Hotel Palestina de Bagdad en 2003 (durante la ilegal invasión de Irak) por fuego norteamericano. Al lado de sus compañeros que se salvaron de casualidad.
El Fiscal Zaragoza también habría prestado oídos para lograr el fin de la jurisdicción universal que formaba parte del sistema jurídico español. Le molestaba a EEUU. Y a Israel. Ya no disponemos de esa competencia. El PSOE la mermó y finalmente la liquidó por completo el gobierno de Mariano Rajoy.
Zaragoza confirmó los contactos, y argumentó que se habían producido en la más estricta legalidad.
El caso es que en la desorbitada actuación judicial sobre los titiriteros se les ha aplicado el régimen especial de colaboración con banda armada, según informa la SER. Jueces para la Democracia cree que esté caso está atentado contra derechos fundamentales y alerta de´”abuso de detenciones” y expresa su temor a que “se consolide en la judicatura una doctrina expansiva de la limitación de la libertad”.
Los que están imprimiendo esas directrices cuentan en su trayectoria con actitudes como las que se revelaba a raíz de Wikileak.
Los viejos textos salen del pasado porque las noticias no mueren, al menos de momento. Alguien ha rescatado para el portal Menéame aquel artículo.
Hoy precisamente había escrito otro artículo sobre periodismo, lo tenéis a continuación.
Concretamente, El País señalaba que, en abril del 2009, el fiscal Javier Zaragoza llamó por teléfono a la embajada para contar que él haría “todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos de Garzón, sino en las del juez Ismael Moreno”. Zaragoza se habría comprometido a que, si Garzón se empeñaba en quedarse con el caso, él mismo airearía que ese juez optó por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo años antes.
Hubo más. Los cables de Wikileaks revelaron que la embajada de EEUU también presionó en el caso José Causo, cámara de Telecinco y un ser humano que adoraba el periodismo y se arriesgaba porque la sociedad viera lo que él mismo veía a través del visor de su cámara. José Couso murió en el Hotel Palestina de Bagdad en 2003 (durante la ilegal invasión de Irak) por fuego norteamericano. Al lado de sus compañeros que se salvaron de casualidad.
El Fiscal Zaragoza también habría prestado oídos para lograr el fin de la jurisdicción universal que formaba parte del sistema jurídico español. Le molestaba a EEUU. Y a Israel. Ya no disponemos de esa competencia. El PSOE la mermó y finalmente la liquidó por completo el gobierno de Mariano Rajoy.
Zaragoza confirmó los contactos, y argumentó que se habían producido en la más estricta legalidad.
El caso es que en la desorbitada actuación judicial sobre los titiriteros se les ha aplicado el régimen especial de colaboración con banda armada, según informa la SER. Jueces para la Democracia cree que esté caso está atentado contra derechos fundamentales y alerta de´”abuso de detenciones” y expresa su temor a que “se consolide en la judicatura una doctrina expansiva de la limitación de la libertad”.
Los que están imprimiendo esas directrices cuentan en su trayectoria con actitudes como las que se revelaba a raíz de Wikileak.
Los viejos textos salen del pasado porque las noticias no mueren, al menos de momento. Alguien ha rescatado para el portal Menéame aquel artículo.
Hoy precisamente había escrito otro artículo sobre periodismo, lo tenéis a continuación.
*http://rosamariaartal.com/
