OPNIÓN de Emilio Marín, Argentina.- Esta semana Diputados analizará la propuesta de Mauricio Macri para pagar a los “fondos buitres”. Luego será el turno del Senado. En ambos casos resulta clave la posición del peronismo, que en principio luce acuerdista.
Macri no puede quejarse de cómo le ha estado yendo en un Congreso al que gambeteó en los primeros días con numerosos decretos, algunos de necesidad y urgencia, sin haberse dignado convocarlo a sesiones ordinarias.
Sólo tuvo un tropezón, en la Comisión Bicameral de Tratamiento de los decretos del Ejecutivo, cuando tuvo una votación adversa al decreto sobre impuesto a las ganancias. Fue por un voto, del Frente Renovador, aliado que en este punto le dio la espalda. El arco crítico argumentó el impacto negativo que tuvo en la sociedad ese fraude bien adornado por los medios. Es que al final van a terminar pagando ese impuesto más asalariados y jubilados que antes. Las cuentas más abultadas hechas por la oposición dicen que serán cerca de medio millón las personas que ahora tendrán que pagar ganancias, lote a ampliarse cuando las paritarias hayan acordado una suma salarial para 2016.
Ese trasfondo de malestar social, amplificado por las conducciones de las tres CGT y las dos CTA, explica aquel tropiezo. De todas maneras el macrismo sabe que el decreto seguirá vigente porque para hacerlo caer se necesita un rechazo de las dos cámaras, en sintonía con la Comisión Bicameral. Y eso por ahora no va a ocurrir. O antes que ocurra alguna negociación sacará el Ejecutivo de la galera, acostumbrado como está en estos tres meses a transar con gobernadores y bloques legislativos. Siendo minoría en muchos de esos ámbitos, el macrismo se ve obligado a esas negociaciones, lo que presenta ante la sociedad como una virtud suya, como si procediera por puro dialoguismo.
Se reitera, fuera de ese problema por ganancias, en líneas generales el gobierno ha venido logrando sus primeros objetivos parlamentarios y en relación con las provincias.
En lo primero, sobre el Congreso, porque en la semana logró dictamen de mayoría en las comisiones de Presupuesto y Hacienda para su propuesta de pagar a los “fondos buitres”. Consiste en endeudarse en una suma cercana a los 15.000 millones de dólares para cumplir con ese poco noble cometido y derogar las leyes cerrojo y de pago soberano, por exigencia del juez neoyorquino Thomas Griesa.
Contó con el beneplácito de los suyos pero también de los aliados del Frente Renovador, el flamante Bloque Justicialista y de diputados de Rodríguez Saá. Así pudo sortear el bloqueo del Frente para la Victoria, Psol y un legislador del FIT, que llevarán dictámenes de minoría al recinto. La llave para destrabar el intríngulis fue atender al pedido de la bancada de Sergio Massa, de precisar en el proyecto que lo que sobre del endeudamiento solicitado, si es que sobra (es improbable por el voraz apetito “buitre”), sea volcado al presupuesto general 2016. Con ese cambio en la redacción, Marcos Lavagna (FR), Diego Bossio (BJ) y otros buenos amigos del poder dieron el okey.
Peronismo en crisis
El resultado de la discusión sobre buitres ya terminada en el plenario de las dos comisiones se verá el martes, cuando el proyecto sea puesto en consideración del plenario. Según los números que se barajan, el oficialismo de Cambiemos, que es el PRO, no tendría grandes problemas en lograr el quórum primero y en votar su propuesta poco nacional.
Es que el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y la gente de Rodríguez Saa, entre otros, tiene el compromiso de sentarse en sus bancas cuando Emilio Monzó lo diga. Y es probable también que algunos legisladores que hasta hoy se sientan en los lugares del Frente para la Victoria-Partido Justicialista también lo hagan. Esto, si prestan atención a las recomendaciones del senador Juan M. Abal Medina y a declaraciones del diputado José L. Gioja a un diario sanjuanino, luego desmentidas en la reunión del bloque conducido por Héctor Recalde.
Con los números a favor es previsible que Monzó y el titular del bloque, Nicolás Massot, no quieran darles largas al debate. Es que en la polémica tienen más para perder que para ganar. De por sí es cuestionable que Luis Caputo y Alfonso Prat-Gay hayan conseguido sólo módicas rebajas en la factura a pagar a Paul Singer, del fondo NML y sus colegas de Aurelius. Así de incómoda será la argumentación oficial para disponer la derogación de dos leyes soberanas por imposición de un juez extranjero. Y en lo financiero en sí, los detractores del acuerdo van a poner el dedo en la llaga de que no está precisada la cantidad de miles de millones de dólares a emitir en bonos destinados a recaudar “cash” para pagar a los fondos. Siendo todo muy grave, no es lo mismo emitir 12.000 millones que 15.000 millones o más aún, de allí la pertinencia de la modificación impuesta por Lavagna (h) en el sentido de que, si sobra algo, que vaya al Presupuesto en ejecución.
En lo que no cedió el oficialismo fue en otro punto cuestionado por la gente de Massa: que no se autorice al jefe de Gabinete a modificar partidas, de ese eventual sobrante. En eso el macrismo fue bien autoritario: lo decidirá Marcos Peña y el jefe supremo. Esta es la gente que supo cuestionar los manejos similares de quienes fueron antecesores de Peña en la función, como Aníbal Fernández y Abal Medina.
Si el proyecto tiene media sanción allí seguirá viaje al Senado. Se supone que allí tendrá -pese a los números formalmente más adversos para Cambiemos- una acogida más favorable. Es que Miguel Pichetto no es opositor como Recalde, su par de Diputados. Y en el mayoritario bloque peronista se hace sentir con fuerza la presión de los gobernadores que claman -muchas veces en voz baja, pero bien audible- para que sus senadores voten la ley a favor de los buitres. Quieren como contraprestación que la Nación les envíe más coparticipación, algo que vienen negociando con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Aunque ese funcionario diga que una cosa no está condicionando a la otra, todo el mundo sabe que la extorsión es así: “si votan la ley para pagar a los buitres, entonces se cumplirán los compromisos con las provincias de la oposición”. De lo contrario sólo se pagará a Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Corrientes y Jujuy. Y en menor medida, a Santa Fe, Córdoba y San Luis, para cumplir con el fallo de la Corte Suprema.
Nuevas “relaciones carnales”
La polémica propuesta de pago a los “fondos buitres” tuvo en el plenario de comisiones de Diputados duras intervenciones adversas de Axel Kicillof. Entre otras facetas negativas, el ex ministro reprochó que tal como está el texto deja puertas abiertas para que el 93 por ciento de los acreedores que aceptó los canjes de 2005 y 2010 pueda abrir juicios para que a ellos también les abonen en términos tan ventajosos como los aceptados por Caputo y Prat-Gay.
En los próximos días varios abogados, entre ellos Eduardo Barcesat, van a presentar una denuncia penal contra los funcionarios nacionales encargados de esta negociación, reputada como vergonzosa. Los piensan denunciar por traición a la Patria, entre otros graves cargos.
La bancada de Recalde informó que va a proponer la realización de una consulta popular sobre si se paga o no a los “fondos buitres”. Esto choca frontalmente con la decisión presidencial de tener todo esto cocinado para los próximos días, antes del 14 de abril pautado por Griesa.
El nivel de concesiones a las bandadas más delincuenciales de Wall Street, al punto que esta bolsa las desconoce como propias, es parte de lo que Macri llama la reinserción en el mundo. Otras manifestaciones de lo mismo fueron las visitas del premier italiano Matteo Renzi, el presidente Francois Hollande y en los próximos días la mayor estrella de ese firmamento, Barack Obama.
El presidente que en Expoagro repitió el lema menemista de “revolución productiva”, también desea incurrir en las “relaciones carnales”, diría el entonces canciller Guido Di Tella.
Esa política tan poco nacional se comprueba en dos decisiones menores, pero significativas. Una, haber rebajado de secretaría a subsecretaría la relativa a Malvinas, que levantó protestas de los sectores malvineros. Otra, haber designado al comisario Néstor Roncaglia como nuevo jefe de la Policía Federal. Es un jefe sindicado como muy cercano a Jaime Stiuso y de tener relaciones estrechas con la DEA y la embajada de EE UU de Noah Mamet, que recibió con aplausos su designación. Es que el designado estaba hasta ahora a cargo de la División Drogas Peligrosas, que suele enunciarse como “Peligrosa División Drogas”.
Patricia Bullrich respaldó al nuevo jefe de la Federal y viajó a Washington para pedir apoyo para seguridad, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según el discurso que mejor cae en los oídos del imperio. Roncaglia sintoniza perfectamente esa onda. Es posible que la ministra haya ofrecido al FBI y la DEA varias monedas de cambio, por ese apoyo solicitado. Puede haber mencionado a Roncaglia, sabiendo que el comisario es más de allá que de acá. Y también la posibilidad de compra de armas y equipos caros y sofisticados, sin licitación ni controles, en el marco de la declaración de emergencia en seguridad que Macri hizo por decreto, como suele hacer la mayoría de las cosas.
Macri no puede quejarse de cómo le ha estado yendo en un Congreso al que gambeteó en los primeros días con numerosos decretos, algunos de necesidad y urgencia, sin haberse dignado convocarlo a sesiones ordinarias.
Sólo tuvo un tropezón, en la Comisión Bicameral de Tratamiento de los decretos del Ejecutivo, cuando tuvo una votación adversa al decreto sobre impuesto a las ganancias. Fue por un voto, del Frente Renovador, aliado que en este punto le dio la espalda. El arco crítico argumentó el impacto negativo que tuvo en la sociedad ese fraude bien adornado por los medios. Es que al final van a terminar pagando ese impuesto más asalariados y jubilados que antes. Las cuentas más abultadas hechas por la oposición dicen que serán cerca de medio millón las personas que ahora tendrán que pagar ganancias, lote a ampliarse cuando las paritarias hayan acordado una suma salarial para 2016.
Ese trasfondo de malestar social, amplificado por las conducciones de las tres CGT y las dos CTA, explica aquel tropiezo. De todas maneras el macrismo sabe que el decreto seguirá vigente porque para hacerlo caer se necesita un rechazo de las dos cámaras, en sintonía con la Comisión Bicameral. Y eso por ahora no va a ocurrir. O antes que ocurra alguna negociación sacará el Ejecutivo de la galera, acostumbrado como está en estos tres meses a transar con gobernadores y bloques legislativos. Siendo minoría en muchos de esos ámbitos, el macrismo se ve obligado a esas negociaciones, lo que presenta ante la sociedad como una virtud suya, como si procediera por puro dialoguismo.
Se reitera, fuera de ese problema por ganancias, en líneas generales el gobierno ha venido logrando sus primeros objetivos parlamentarios y en relación con las provincias.
En lo primero, sobre el Congreso, porque en la semana logró dictamen de mayoría en las comisiones de Presupuesto y Hacienda para su propuesta de pagar a los “fondos buitres”. Consiste en endeudarse en una suma cercana a los 15.000 millones de dólares para cumplir con ese poco noble cometido y derogar las leyes cerrojo y de pago soberano, por exigencia del juez neoyorquino Thomas Griesa.
Contó con el beneplácito de los suyos pero también de los aliados del Frente Renovador, el flamante Bloque Justicialista y de diputados de Rodríguez Saá. Así pudo sortear el bloqueo del Frente para la Victoria, Psol y un legislador del FIT, que llevarán dictámenes de minoría al recinto. La llave para destrabar el intríngulis fue atender al pedido de la bancada de Sergio Massa, de precisar en el proyecto que lo que sobre del endeudamiento solicitado, si es que sobra (es improbable por el voraz apetito “buitre”), sea volcado al presupuesto general 2016. Con ese cambio en la redacción, Marcos Lavagna (FR), Diego Bossio (BJ) y otros buenos amigos del poder dieron el okey.
Peronismo en crisis
El resultado de la discusión sobre buitres ya terminada en el plenario de las dos comisiones se verá el martes, cuando el proyecto sea puesto en consideración del plenario. Según los números que se barajan, el oficialismo de Cambiemos, que es el PRO, no tendría grandes problemas en lograr el quórum primero y en votar su propuesta poco nacional.
Es que el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y la gente de Rodríguez Saa, entre otros, tiene el compromiso de sentarse en sus bancas cuando Emilio Monzó lo diga. Y es probable también que algunos legisladores que hasta hoy se sientan en los lugares del Frente para la Victoria-Partido Justicialista también lo hagan. Esto, si prestan atención a las recomendaciones del senador Juan M. Abal Medina y a declaraciones del diputado José L. Gioja a un diario sanjuanino, luego desmentidas en la reunión del bloque conducido por Héctor Recalde.
Con los números a favor es previsible que Monzó y el titular del bloque, Nicolás Massot, no quieran darles largas al debate. Es que en la polémica tienen más para perder que para ganar. De por sí es cuestionable que Luis Caputo y Alfonso Prat-Gay hayan conseguido sólo módicas rebajas en la factura a pagar a Paul Singer, del fondo NML y sus colegas de Aurelius. Así de incómoda será la argumentación oficial para disponer la derogación de dos leyes soberanas por imposición de un juez extranjero. Y en lo financiero en sí, los detractores del acuerdo van a poner el dedo en la llaga de que no está precisada la cantidad de miles de millones de dólares a emitir en bonos destinados a recaudar “cash” para pagar a los fondos. Siendo todo muy grave, no es lo mismo emitir 12.000 millones que 15.000 millones o más aún, de allí la pertinencia de la modificación impuesta por Lavagna (h) en el sentido de que, si sobra algo, que vaya al Presupuesto en ejecución.
En lo que no cedió el oficialismo fue en otro punto cuestionado por la gente de Massa: que no se autorice al jefe de Gabinete a modificar partidas, de ese eventual sobrante. En eso el macrismo fue bien autoritario: lo decidirá Marcos Peña y el jefe supremo. Esta es la gente que supo cuestionar los manejos similares de quienes fueron antecesores de Peña en la función, como Aníbal Fernández y Abal Medina.
Si el proyecto tiene media sanción allí seguirá viaje al Senado. Se supone que allí tendrá -pese a los números formalmente más adversos para Cambiemos- una acogida más favorable. Es que Miguel Pichetto no es opositor como Recalde, su par de Diputados. Y en el mayoritario bloque peronista se hace sentir con fuerza la presión de los gobernadores que claman -muchas veces en voz baja, pero bien audible- para que sus senadores voten la ley a favor de los buitres. Quieren como contraprestación que la Nación les envíe más coparticipación, algo que vienen negociando con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Aunque ese funcionario diga que una cosa no está condicionando a la otra, todo el mundo sabe que la extorsión es así: “si votan la ley para pagar a los buitres, entonces se cumplirán los compromisos con las provincias de la oposición”. De lo contrario sólo se pagará a Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Corrientes y Jujuy. Y en menor medida, a Santa Fe, Córdoba y San Luis, para cumplir con el fallo de la Corte Suprema.
Nuevas “relaciones carnales”
La polémica propuesta de pago a los “fondos buitres” tuvo en el plenario de comisiones de Diputados duras intervenciones adversas de Axel Kicillof. Entre otras facetas negativas, el ex ministro reprochó que tal como está el texto deja puertas abiertas para que el 93 por ciento de los acreedores que aceptó los canjes de 2005 y 2010 pueda abrir juicios para que a ellos también les abonen en términos tan ventajosos como los aceptados por Caputo y Prat-Gay.
En los próximos días varios abogados, entre ellos Eduardo Barcesat, van a presentar una denuncia penal contra los funcionarios nacionales encargados de esta negociación, reputada como vergonzosa. Los piensan denunciar por traición a la Patria, entre otros graves cargos.
La bancada de Recalde informó que va a proponer la realización de una consulta popular sobre si se paga o no a los “fondos buitres”. Esto choca frontalmente con la decisión presidencial de tener todo esto cocinado para los próximos días, antes del 14 de abril pautado por Griesa.
El nivel de concesiones a las bandadas más delincuenciales de Wall Street, al punto que esta bolsa las desconoce como propias, es parte de lo que Macri llama la reinserción en el mundo. Otras manifestaciones de lo mismo fueron las visitas del premier italiano Matteo Renzi, el presidente Francois Hollande y en los próximos días la mayor estrella de ese firmamento, Barack Obama.
El presidente que en Expoagro repitió el lema menemista de “revolución productiva”, también desea incurrir en las “relaciones carnales”, diría el entonces canciller Guido Di Tella.
Esa política tan poco nacional se comprueba en dos decisiones menores, pero significativas. Una, haber rebajado de secretaría a subsecretaría la relativa a Malvinas, que levantó protestas de los sectores malvineros. Otra, haber designado al comisario Néstor Roncaglia como nuevo jefe de la Policía Federal. Es un jefe sindicado como muy cercano a Jaime Stiuso y de tener relaciones estrechas con la DEA y la embajada de EE UU de Noah Mamet, que recibió con aplausos su designación. Es que el designado estaba hasta ahora a cargo de la División Drogas Peligrosas, que suele enunciarse como “Peligrosa División Drogas”.
Patricia Bullrich respaldó al nuevo jefe de la Federal y viajó a Washington para pedir apoyo para seguridad, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según el discurso que mejor cae en los oídos del imperio. Roncaglia sintoniza perfectamente esa onda. Es posible que la ministra haya ofrecido al FBI y la DEA varias monedas de cambio, por ese apoyo solicitado. Puede haber mencionado a Roncaglia, sabiendo que el comisario es más de allá que de acá. Y también la posibilidad de compra de armas y equipos caros y sofisticados, sin licitación ni controles, en el marco de la declaración de emergencia en seguridad que Macri hizo por decreto, como suele hacer la mayoría de las cosas.
