OPINIÓN de Ileana Alamilla, Guatemala.- Los seres humanos compartimos la casa que habitamos y algunos de los recursos naturales de los que está dotada. La Tierra, este planeta que nos hemos empeñado en contaminar, tuvo este 22 de abril de 2016 su celebración, efeméride que persigue llamar la atención sobre la necesidad de adoptar una agenda del medio ambiente.
Guatemala: marcha por el agua en el Día de la Tierra. Foto: ASP
Irónicamente fue en Estados Unidos donde surgió la iniciativa, uno de los países que más contamina y que tradicionalmente se ha resistido a adoptar medidas para frenar el deterioro que nos está literalmente matando.
Los ambientalistas han sido motivo de mofa y estigmatización. Hoy sus predicciones están a la vista. Cada día abonamos el riesgo que nos llevará a situaciones catastróficas si la degradación continúa en este ritmo. No hay conciencia de que estamos entre los diez países más vulnerables al cambio climático, cuyas consecuencias son irreversibles.
En Guatemala, hablar de la defensa de la Madre Tierra o del territorio se convierte de inmediato en una alerta para quienes, con prejuicio, temen las demandas populares. Esta actitud no permite que se analice racionalmente lo que las comunidades históricamente han reivindicado y que tiene que ver con derechos fundamentales y con nuestra propia sobrevivencia.
La tierra no es solo el planeta, es un bien que nos provee de alimentos; sin embargo, es fuente de conflictos, por la negación de algunos sectores que tradicionalmente la han explotado. Hay necesidad de fomentar formas más justas y equitativas en su utilización.
Nos alimentamos de la tierra y se lo debemos a quienes la cultivan, a esos campesinos cuya economía se basa en la diversidad de acciones que acometen en torno a ese preciado bien que han defendido con todo lo que ha estado a su alcance. Pero junto a esta demanda está la defensa del agua, ese recurso que hasta lo exportamos a los países vecinos, mientras que aquí hace falta.
Cientos de personas, de todos los puntos cardinales, de distintos orígenes, oficios y profesiones participaron en una caminata en defensa del vital líquido, Paradójicamente a muchos solo les preocupaban los congestionamientos de tránsito.
Ha sido escandaloso conocer qué empresas se atreven a desviar los ríos en su beneficio, dejando sin agua a comunidades enteras, como ha ocurrido en varios lugares. Esto no solo es inhumano, sino que delictivo. El agua es un bien público, según la Constitución.
El río Cahabón, en Alta Verapaz, se está extinguiendo, se ha contaminado, hay denuncias por el aprovechamiento privado de este recurso y por las aguas residuales lanzadas a su cauce.
La búsqueda de desarrollo es válida, pero no a costa de la vida. Ese no es desarrollo. El uso del agua debe destinarse prioritariamente a ese propósito y a garantizar su mantenimiento, gestión y gobernanza. Nadie niega que pueda ser destinada a la producción de elementos de desarrollo como la energía eléctrica, pero todo debe ser regulado en su uso, cuidado y distribución.
La población denuncia la contaminación, el robo, el desvío de ríos, el impacto negativo en el ecosistema marino y la apropiación indebida del agua por las grandes empresas en la producción de monocultivos.
Los comunitarios están dando ejemplo de sabiduría, civismo y decisión. Caminaron cientos de kilómetros, vinieron aquí, al centro del poder, con demandas de beneficio colectivo. Exigen a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones.
Entre los emplazados está el Congreso de la República, para que apruebe una ley de aguas que desarrolle el carácter público y de derechos humanos que constitucionalmente corresponde a este bien; el Gobierno, para que lo asuma como una prioridad, y la Corte Suprema, ante la que se han planteado amparos por el agua.
Ahora la plaza fue ocupada con la voz de los comunitarios, expresando una reivindicación que nos atañe a todos (as), en el campo y las ciudades.
Irónicamente fue en Estados Unidos donde surgió la iniciativa, uno de los países que más contamina y que tradicionalmente se ha resistido a adoptar medidas para frenar el deterioro que nos está literalmente matando.
Los ambientalistas han sido motivo de mofa y estigmatización. Hoy sus predicciones están a la vista. Cada día abonamos el riesgo que nos llevará a situaciones catastróficas si la degradación continúa en este ritmo. No hay conciencia de que estamos entre los diez países más vulnerables al cambio climático, cuyas consecuencias son irreversibles.
En Guatemala, hablar de la defensa de la Madre Tierra o del territorio se convierte de inmediato en una alerta para quienes, con prejuicio, temen las demandas populares. Esta actitud no permite que se analice racionalmente lo que las comunidades históricamente han reivindicado y que tiene que ver con derechos fundamentales y con nuestra propia sobrevivencia.
La tierra no es solo el planeta, es un bien que nos provee de alimentos; sin embargo, es fuente de conflictos, por la negación de algunos sectores que tradicionalmente la han explotado. Hay necesidad de fomentar formas más justas y equitativas en su utilización.
Nos alimentamos de la tierra y se lo debemos a quienes la cultivan, a esos campesinos cuya economía se basa en la diversidad de acciones que acometen en torno a ese preciado bien que han defendido con todo lo que ha estado a su alcance. Pero junto a esta demanda está la defensa del agua, ese recurso que hasta lo exportamos a los países vecinos, mientras que aquí hace falta.
Cientos de personas, de todos los puntos cardinales, de distintos orígenes, oficios y profesiones participaron en una caminata en defensa del vital líquido, Paradójicamente a muchos solo les preocupaban los congestionamientos de tránsito.
Ha sido escandaloso conocer qué empresas se atreven a desviar los ríos en su beneficio, dejando sin agua a comunidades enteras, como ha ocurrido en varios lugares. Esto no solo es inhumano, sino que delictivo. El agua es un bien público, según la Constitución.
El río Cahabón, en Alta Verapaz, se está extinguiendo, se ha contaminado, hay denuncias por el aprovechamiento privado de este recurso y por las aguas residuales lanzadas a su cauce.
La búsqueda de desarrollo es válida, pero no a costa de la vida. Ese no es desarrollo. El uso del agua debe destinarse prioritariamente a ese propósito y a garantizar su mantenimiento, gestión y gobernanza. Nadie niega que pueda ser destinada a la producción de elementos de desarrollo como la energía eléctrica, pero todo debe ser regulado en su uso, cuidado y distribución.
La población denuncia la contaminación, el robo, el desvío de ríos, el impacto negativo en el ecosistema marino y la apropiación indebida del agua por las grandes empresas en la producción de monocultivos.
Los comunitarios están dando ejemplo de sabiduría, civismo y decisión. Caminaron cientos de kilómetros, vinieron aquí, al centro del poder, con demandas de beneficio colectivo. Exigen a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones.
Entre los emplazados está el Congreso de la República, para que apruebe una ley de aguas que desarrolle el carácter público y de derechos humanos que constitucionalmente corresponde a este bien; el Gobierno, para que lo asuma como una prioridad, y la Corte Suprema, ante la que se han planteado amparos por el agua.
Ahora la plaza fue ocupada con la voz de los comunitarios, expresando una reivindicación que nos atañe a todos (as), en el campo y las ciudades.
