OPINI脫N de Ileana Alamilla.- El objetivo de la pol铆tica es la toma o conservaci贸n del poder. Deber铆a buscar ejercer el mando, imponer autoridad, defender soberan铆a, con el prop贸sito de alcanzar el bien com煤n. Eso es en el plano ideal, en el ejercicio de la pol铆tica como ciencia y como arte de lo posible. Lo posible no para beneficios personales, sino para definir el rumbo del desarrollo de un pa铆s, encontrando la mejor forma de equilibrar las desigualdades sociales, por respeto a la dignidad humana.
En nuestros remedos de democracia eso no ha sido as铆. Es dram谩tico el caso de la dirigencia del anterior partido que hizo gobierno y hoy est谩 encarcelada, casi hacinada en las c谩rceles improvisadas que la han alojado mientras llega a su siguiente morada, que probablemente ser谩 la prisi贸n definitiva, si se prueban, en un juicio imparcial, las imputaciones que se les han hecho.
Muchos de los implicados en los hechos de corrupci贸n prefirieron las cuantiosas riquezas que el buen nombre. Ahora ya no las van a poder disfrutar. Deshonraron a sus familias y defraudaron a las personas que votaron y creyeron en ellos. Est谩n, adem谩s, bajo el escrutinio p煤blico, que resulta m谩s lapidario que la propia justicia y causaron un da帽o irreparable al pa铆s y a la poblaci贸n.
Los pol铆ticos en el Congreso siguen siendo se帽alados, imputados y detenidos. Y en relaci贸n con las numerosas denuncias de plazas fantasmas, tambi茅n se espera que no se aplique el doble rasero y que no se vaya a encubrir a los “otros”, los que gozaron de ese privilegio, trabajando en otro lado y ganando en el Congreso.
Ahora bien, es importante tener presente que todav铆a no son todos los que, por a帽os, disfrutaron del jolgorio a costa del erario p煤blico y no los ha alcanzado a煤n el brazo de la justicia. Se consideran con suerte que no exist铆a la Cicig o que los titulares anteriores ten铆an otros intereses.
Lo que est谩 sucediendo goza del consiguiente regocijo y benepl谩cito de la poblaci贸n. Sin embargo, hay que reconocer diferencias, por ejemplo los casos en los que personas, como las enfermeras, resultaron implicadas en el proceso del IGSS, cuya participaci贸n en los hechos es debatible, pero que siguen privadas de su libertad, esperando que avance el juicio para que se determine el grado de su responsabilidad. Es decir que no todos los casos son iguales y, aunque no somos nosotros quienes tenemos la facultad de juzgar, hay aspectos humanos que no pueden ser soslayados y que est谩n a la vista.
Convivir en un estado de Derecho es complicado y es una gran aspiraci贸n a la que tenemos que poner enorme empe帽o. En primer lugar, porque supone la subordinaci贸n de gobernantes y gobernados a imperio de la ley, es decir que las autoridades y la poblaci贸n se rijan por un derecho vigente, aspecto que en la pr谩ctica es permanentemente violentado. En segundo lugar, porque esa “ley” o norma jur铆dica no es conocida por la mayor铆a, sobre todo con lo profuso del ordenamiento jur铆dico en nuestro pa铆s, ante el cual no puede alegarse ignorancia, desuso o pr谩ctica en contrario.
Aspiramos los guatemaltecos (as) a que la pol铆tica se ajuste al estado de Derecho, pretensi贸n que se ve fortalecida con las acciones tomadas por el MP y la Cicig y ojal谩 por los justos fallos del OJ. Hay que sentar precedentes que establezcan una ruptura con la pr谩ctica existente durante tantos a帽os que lleg贸 a establecer como normal el aprovechamiento privado en el ejercicio del poder p煤blico.
El Estado tiene como finalidad la protecci贸n a la persona y a la familia y su fin supremo es la realizaci贸n del bien com煤n. El ejercicio perverso de la pol铆tica nos ha alejado de ese noble objetivo. Tenemos el reto de reivindicar la pol铆tica y de ajustarla al derecho, para que quienes la ejerzan sean personas con 茅tica, responsabilidad y comprometidas con el bienestar social.
En nuestros remedos de democracia eso no ha sido as铆. Es dram谩tico el caso de la dirigencia del anterior partido que hizo gobierno y hoy est谩 encarcelada, casi hacinada en las c谩rceles improvisadas que la han alojado mientras llega a su siguiente morada, que probablemente ser谩 la prisi贸n definitiva, si se prueban, en un juicio imparcial, las imputaciones que se les han hecho.
Muchos de los implicados en los hechos de corrupci贸n prefirieron las cuantiosas riquezas que el buen nombre. Ahora ya no las van a poder disfrutar. Deshonraron a sus familias y defraudaron a las personas que votaron y creyeron en ellos. Est谩n, adem谩s, bajo el escrutinio p煤blico, que resulta m谩s lapidario que la propia justicia y causaron un da帽o irreparable al pa铆s y a la poblaci贸n.
Los pol铆ticos en el Congreso siguen siendo se帽alados, imputados y detenidos. Y en relaci贸n con las numerosas denuncias de plazas fantasmas, tambi茅n se espera que no se aplique el doble rasero y que no se vaya a encubrir a los “otros”, los que gozaron de ese privilegio, trabajando en otro lado y ganando en el Congreso.
Ahora bien, es importante tener presente que todav铆a no son todos los que, por a帽os, disfrutaron del jolgorio a costa del erario p煤blico y no los ha alcanzado a煤n el brazo de la justicia. Se consideran con suerte que no exist铆a la Cicig o que los titulares anteriores ten铆an otros intereses.
Lo que est谩 sucediendo goza del consiguiente regocijo y benepl谩cito de la poblaci贸n. Sin embargo, hay que reconocer diferencias, por ejemplo los casos en los que personas, como las enfermeras, resultaron implicadas en el proceso del IGSS, cuya participaci贸n en los hechos es debatible, pero que siguen privadas de su libertad, esperando que avance el juicio para que se determine el grado de su responsabilidad. Es decir que no todos los casos son iguales y, aunque no somos nosotros quienes tenemos la facultad de juzgar, hay aspectos humanos que no pueden ser soslayados y que est谩n a la vista.
Convivir en un estado de Derecho es complicado y es una gran aspiraci贸n a la que tenemos que poner enorme empe帽o. En primer lugar, porque supone la subordinaci贸n de gobernantes y gobernados a imperio de la ley, es decir que las autoridades y la poblaci贸n se rijan por un derecho vigente, aspecto que en la pr谩ctica es permanentemente violentado. En segundo lugar, porque esa “ley” o norma jur铆dica no es conocida por la mayor铆a, sobre todo con lo profuso del ordenamiento jur铆dico en nuestro pa铆s, ante el cual no puede alegarse ignorancia, desuso o pr谩ctica en contrario.
Aspiramos los guatemaltecos (as) a que la pol铆tica se ajuste al estado de Derecho, pretensi贸n que se ve fortalecida con las acciones tomadas por el MP y la Cicig y ojal谩 por los justos fallos del OJ. Hay que sentar precedentes que establezcan una ruptura con la pr谩ctica existente durante tantos a帽os que lleg贸 a establecer como normal el aprovechamiento privado en el ejercicio del poder p煤blico.
El Estado tiene como finalidad la protecci贸n a la persona y a la familia y su fin supremo es la realizaci贸n del bien com煤n. El ejercicio perverso de la pol铆tica nos ha alejado de ese noble objetivo. Tenemos el reto de reivindicar la pol铆tica y de ajustarla al derecho, para que quienes la ejerzan sean personas con 茅tica, responsabilidad y comprometidas con el bienestar social.
