Catherine Murphy, United Kingdom
"Seis agentes tuvieron sexo conmigo uno tras otro. Estaban armados, así que tuve que hacerlo,” cuenta Mona, mujer de cerca de 40 años y madre de dos hijos, con lágrimas en los ojos.
La violación en grupo se produjo en un parque público de Puerto Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, en agosto de 2012, y a pesar de tratarse claramente de un suceso muy traumatizante, ella nunca lo denunció.
“Fue muy doloroso, pero lo he dejado estar,” suspira Mona. “Si recurro a la justicia, no podrán ayudarme.”
La razón por la que los agresores probablemente no comparecerán nunca ante la justicia es que Mona es una trabajadora sexual. La cruda realidad es que, en muchos países, las personas que se dedican al trabajo sexual reciben muy poca protección ante los abusos.
La razón por la que los agresores probablemente no comparecerán nunca ante la justicia es que Mona es una trabajadora sexual. La cruda realidad es que, en muchos países, las personas que se dedican al trabajo sexual reciben muy poca protección ante los abusos.Catherine Murphy, asesora de Política de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional lleva años documentando violaciones de derechos humanos cometidas contra las trabajadoras y los trabajadores sexuales en países de todo el mundo y ha señalado que corren sistemáticamente especial riesgo de sufrir abusos. Hoy publicamos cuatro minuciosos informes de investigación sobre la situación de las personas dedicadas al trabajo sexual en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea: El panorama es sombrío.
En los cuatro países, a pesar de las notables diferencias económicas, sociales y culturales y de los distintos marcos legales, las trabajadoras y los trabajadores sexuales nos contaron historias de explotación, acoso y violencia.
Estas historias y estas voces han ayudado a orientar la política de Amnistía Internacional, que se publica también hoy, sobre la protección de las personas dedicadas al trabajo sexual frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos.
En la política se indican a los Estados una serie de medidas que ayudarán a garantizar una mejor protección de las trabajadoras y los trabajadores sexuales frente a la violencia e injusticia generalizadas a las que se enfrentan en todo el mundo.
Para conseguirlo, esta política apoya la despenalización del trabajo sexual de personas adultas realizado con consentimiento. Tanto en nuestra investigación como en el trabajo de otras organizaciones aparecen cada vez más datos que demuestran que penalizar el trabajo sexual agrava la situación de peligro y marginación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales y les impide pedir protección de la policía y otros servicios jurídicos y sociales.
El caso de Mona en Papúa Nueva Guinea es sólo un ejemplo de ello, pero hemos escuchado a muchas más personas.
En Noruega –que aplica el llamado ‘modelo nórdico’, centrado en la criminalización de quienes compran servicios sexuales, no de quienes los venden– las personas dedicadas al trabajo sexual nos dijeron que, a pesar del alto índice de violaciones y violencia de los clientes, rara vez denunciaban los delitos a la policía por miedo a las consecuencias.
Dijeron que la amplia legislación sobre el trabajo sexual, en la que se incluyen leyes que penalizan su promoción y el alquiler de establecimientos destinados a este fin, hacía que estuvieran sometidas al escrutinio de la policía y que con frecuencia las sancionaran con fin de impedir ejercer el trabajo sexual.
Una persona dedicada al trabajo sexual en Oslo nos dijo: “La policía noruega va detrás de todo el mundo; no de los traficantes o los proxenetas, sino de todo el mundo. Es una locura.”
Algunas de las mujeres que Amnistía entrevistó en Noruega explicaron además que vivían con miedo de que las echaran de sus alojamientos. Un considerable número de desalojos de los que Amnistía tuvo noticia se habían producido porque el casero temía ser procesado. Muchos se llevaron a cabo en cuestión de horas, por lo que podrían clasificarse como "desalojos forzados", ilegales según el derecho internacional.
Una joven trabajadora sexual de origen nigeriano llamada Eunice contó: “Me dieron unos minutos para abandonar mi apartamento. No tienes tiempo de sacar todas tus cosas [Tuve que irme y] dormir en la estación de tren.”
La legislación debe hacer más segura la vida de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, lo que incluye combatir la violencia que sufren y garantizar que pueden abandonar el trabajo sexual en el momento que quieran. Queremos que los Estados garanticen que las personas dedicadas al trabajo sexual no están expuestas a violencia ni se ven obligadas a trabajar en condiciones peligrosas, y que nadie es objeto de trabajo forzoso ni de trata.
La legislación debe hacer más segura la vida de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, lo que incluye combatir la violencia que sufren y garantizar que pueden abandonar el trabajo sexual en el momento que quieran. Queremos que los Estados garanticen que las personas dedicadas al trabajo sexual no están expuestas a violencia ni se ven obligadas a trabajar en condiciones peligrosas, y que nadie es objeto de trabajo forzoso ni de trata.Catherine Murphy
La despenalización no es una panacea; por sí sola no acabará con los abusos contra los derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Pero es un primer paso necesario y, junto a otras medidas que destacamos en esta política, creemos que permitirá a los gobiernos mejorar la protección de las personas que se dedican al trabajo sexual.
Otras medidas consisten en abordar los estereotipos de género y la discriminación, que a menudo llevan a grupos marginados, como las personas trans, a dedicarse al trabajo sexual. Suponen garantizar que las trabajadoras y los trabajadores sexuales tienen acceso a la educación, a oportunidades laborales, a la atención médica y a otros servicios públicos, así como garantizar que gozan de igualdad de trato ante la ley.
El proceso de concepción y elaboración de esta política ha sido prolongado, difícil y controvertido, pero no esperábamos menos. Reconocemos que hay diferencias fundamentales de opinión sobre el tema de la despenalización del trabajo sexual y respetamos los puntos de vista de quienes no apoyan la postura que hemos adoptado.
Necesitamos un debate abierto, sincero y respetuoso sobre cuál es la mejor manera de proteger los derechos humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual. Para ello es fundamental escuchar a los cientos de trabajadoras y trabajadores sexuales de todo el mundo que nos han ofrecido su percepción, opinión y experiencia de primera mano, a veces con gran riesgo personal.
Nos dijeron inequívocamente que las leyes que penalizan el trabajo sexual empujan aún más a las trabajadoras y trabajadores sexuales a los márgenes de la sociedad, donde deben enfrentarse a la discriminación y a los abusos.
Mona lo explicó así: “La policía nos golpea, nos persigue, nos dice que el trabajo sexual no está permitido [...] nosotras decimos que ellos no van a alimentarnos, a vestirnos ni a ayudar a nuestros hijos, por lo que tenemos que hacerlo. Luchamos por nuestros derechos. Es la única forma de conseguir dinero y vivir."
Desde hoy, Amnistía Internacional se solidariza con ella y con muchas otras personas de todo el mundo que están en su misma situación, luchando por sus derechos.
La violación en grupo se produjo en un parque público de Puerto Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, en agosto de 2012, y a pesar de tratarse claramente de un suceso muy traumatizante, ella nunca lo denunció.
“Fue muy doloroso, pero lo he dejado estar,” suspira Mona. “Si recurro a la justicia, no podrán ayudarme.”
La razón por la que los agresores probablemente no comparecerán nunca ante la justicia es que Mona es una trabajadora sexual. La cruda realidad es que, en muchos países, las personas que se dedican al trabajo sexual reciben muy poca protección ante los abusos.
La razón por la que los agresores probablemente no comparecerán nunca ante la justicia es que Mona es una trabajadora sexual. La cruda realidad es que, en muchos países, las personas que se dedican al trabajo sexual reciben muy poca protección ante los abusos.Catherine Murphy, asesora de Política de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional lleva años documentando violaciones de derechos humanos cometidas contra las trabajadoras y los trabajadores sexuales en países de todo el mundo y ha señalado que corren sistemáticamente especial riesgo de sufrir abusos. Hoy publicamos cuatro minuciosos informes de investigación sobre la situación de las personas dedicadas al trabajo sexual en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea: El panorama es sombrío.
En los cuatro países, a pesar de las notables diferencias económicas, sociales y culturales y de los distintos marcos legales, las trabajadoras y los trabajadores sexuales nos contaron historias de explotación, acoso y violencia.
Estas historias y estas voces han ayudado a orientar la política de Amnistía Internacional, que se publica también hoy, sobre la protección de las personas dedicadas al trabajo sexual frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos.
En la política se indican a los Estados una serie de medidas que ayudarán a garantizar una mejor protección de las trabajadoras y los trabajadores sexuales frente a la violencia e injusticia generalizadas a las que se enfrentan en todo el mundo.
Para conseguirlo, esta política apoya la despenalización del trabajo sexual de personas adultas realizado con consentimiento. Tanto en nuestra investigación como en el trabajo de otras organizaciones aparecen cada vez más datos que demuestran que penalizar el trabajo sexual agrava la situación de peligro y marginación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales y les impide pedir protección de la policía y otros servicios jurídicos y sociales.
El caso de Mona en Papúa Nueva Guinea es sólo un ejemplo de ello, pero hemos escuchado a muchas más personas.
En Noruega –que aplica el llamado ‘modelo nórdico’, centrado en la criminalización de quienes compran servicios sexuales, no de quienes los venden– las personas dedicadas al trabajo sexual nos dijeron que, a pesar del alto índice de violaciones y violencia de los clientes, rara vez denunciaban los delitos a la policía por miedo a las consecuencias.
Dijeron que la amplia legislación sobre el trabajo sexual, en la que se incluyen leyes que penalizan su promoción y el alquiler de establecimientos destinados a este fin, hacía que estuvieran sometidas al escrutinio de la policía y que con frecuencia las sancionaran con fin de impedir ejercer el trabajo sexual.
Una persona dedicada al trabajo sexual en Oslo nos dijo: “La policía noruega va detrás de todo el mundo; no de los traficantes o los proxenetas, sino de todo el mundo. Es una locura.”
Algunas de las mujeres que Amnistía entrevistó en Noruega explicaron además que vivían con miedo de que las echaran de sus alojamientos. Un considerable número de desalojos de los que Amnistía tuvo noticia se habían producido porque el casero temía ser procesado. Muchos se llevaron a cabo en cuestión de horas, por lo que podrían clasificarse como "desalojos forzados", ilegales según el derecho internacional.
Una joven trabajadora sexual de origen nigeriano llamada Eunice contó: “Me dieron unos minutos para abandonar mi apartamento. No tienes tiempo de sacar todas tus cosas [Tuve que irme y] dormir en la estación de tren.”
La legislación debe hacer más segura la vida de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, lo que incluye combatir la violencia que sufren y garantizar que pueden abandonar el trabajo sexual en el momento que quieran. Queremos que los Estados garanticen que las personas dedicadas al trabajo sexual no están expuestas a violencia ni se ven obligadas a trabajar en condiciones peligrosas, y que nadie es objeto de trabajo forzoso ni de trata.
La legislación debe hacer más segura la vida de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, lo que incluye combatir la violencia que sufren y garantizar que pueden abandonar el trabajo sexual en el momento que quieran. Queremos que los Estados garanticen que las personas dedicadas al trabajo sexual no están expuestas a violencia ni se ven obligadas a trabajar en condiciones peligrosas, y que nadie es objeto de trabajo forzoso ni de trata.Catherine Murphy
La despenalización no es una panacea; por sí sola no acabará con los abusos contra los derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Pero es un primer paso necesario y, junto a otras medidas que destacamos en esta política, creemos que permitirá a los gobiernos mejorar la protección de las personas que se dedican al trabajo sexual.
Otras medidas consisten en abordar los estereotipos de género y la discriminación, que a menudo llevan a grupos marginados, como las personas trans, a dedicarse al trabajo sexual. Suponen garantizar que las trabajadoras y los trabajadores sexuales tienen acceso a la educación, a oportunidades laborales, a la atención médica y a otros servicios públicos, así como garantizar que gozan de igualdad de trato ante la ley.
El proceso de concepción y elaboración de esta política ha sido prolongado, difícil y controvertido, pero no esperábamos menos. Reconocemos que hay diferencias fundamentales de opinión sobre el tema de la despenalización del trabajo sexual y respetamos los puntos de vista de quienes no apoyan la postura que hemos adoptado.
Necesitamos un debate abierto, sincero y respetuoso sobre cuál es la mejor manera de proteger los derechos humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual. Para ello es fundamental escuchar a los cientos de trabajadoras y trabajadores sexuales de todo el mundo que nos han ofrecido su percepción, opinión y experiencia de primera mano, a veces con gran riesgo personal.
Nos dijeron inequívocamente que las leyes que penalizan el trabajo sexual empujan aún más a las trabajadoras y trabajadores sexuales a los márgenes de la sociedad, donde deben enfrentarse a la discriminación y a los abusos.
Mona lo explicó así: “La policía nos golpea, nos persigue, nos dice que el trabajo sexual no está permitido [...] nosotras decimos que ellos no van a alimentarnos, a vestirnos ni a ayudar a nuestros hijos, por lo que tenemos que hacerlo. Luchamos por nuestros derechos. Es la única forma de conseguir dinero y vivir."
Desde hoy, Amnistía Internacional se solidariza con ella y con muchas otras personas de todo el mundo que están en su misma situación, luchando por sus derechos.
