OPINI脫N de Giorgio Trucchi.- En las 煤ltimas d茅cadas del siglo XIX, El Salvador experiment贸 en su territorio el per铆odo de mayor expansi贸n del monocultivo del caf茅. Eso trajo consigo una incontrolada reestructuraci贸n de la tenencia de la tierra y la consecuente expulsi贸n de las poblaciones ind铆genas y campesinas hacia el norte y la costa sur del pa铆s. Casi ciento cincuenta a帽os despu茅s la historia se repite, y los descendientes de los desplazados de aquel entonces son “sacrificados” en el altar del desarrollo tur铆stico.
La hacienda cafetalera: una historia de desposesi贸n
Desde la independencia de El Salvador en 1821, las tierras r煤sticas eran de propiedad privada, pero tambi茅n hab铆a grandes extensiones de tierra ejidales y municipales que eran trabajadas y explotadas de manera extensiva por familias ind铆genas y campesinas, mediante un canon que pagaban a las municipalidades.
En la d茅cada de 1870, desde la presidencia de la Rep煤blica se impuls贸 con fuerza el cultivo del caf茅, que trajo como consecuencia una reestructuraci贸n acelerada de la tenencia de la tierra. En 1881 se extinguieron por decreto las tierras comunales y ejidales consideradas aptas para el cultivo del caf茅. Esa medida unilateral despoj贸 a los ind铆genas de la inmensa mayor铆a de sus tierras [1].
Las tierras fueron entregadas a la oligarqu铆a terrateniente salvadore帽a para que constituyera la hacienda cafetalera, a partir del criterio esta que ten铆a los recursos econ贸micos para hacerlo y que por lo cual pod铆a asegurar tanto la eficiencia en el cultivo del caf茅 como la rentabilidad financiera de la inversi贸n. Para los sectores dominantes, los ind铆genas no cumpl铆an con ese mismo requisito [2].
Aprovechando que cualquiera pod铆a reclamar libremente “la tierra com煤n”, los terratenientes buscaron de inmediato extender sus propiedades. Miles de ind铆genas tuvieron que vender las peque帽as extensiones que les quedaban en propiedad, y muchos de ellos se convirtieron en mano de obra barata.
“Instrumento para proporcionar tierras a los cafetaleros, la abolici贸n de tierras comunales tambi茅n proporcion贸 la abundante mano de obra que se requer铆a para efectuar las labores de las plantaciones y trabajar en las cosechas. Al decreto de expropiaci贸n de las tierras comunales sigui贸 la emisi贸n de una ley sobre jornaleros y creaci贸n de jueces agr铆colas, cuyo objetivo era reclutar y controlar a la poblaci贸n despose铆da. La concepci贸n que inspir贸 esta ley equiparaba tierra y habitantes, fundi茅ndolos en un g茅nero 煤nico: recursos naturales productivos”, explica Sara Gordon en su libro Crisis pol铆tica y guerra en El Salvador (M茅xico DF: Siglo XXI, 1989).
Las tierras fueron garantizadas y legalizadas a favor de los nuevos propietarios con la creaci贸n del Registro de la Propiedad Ra铆z e Hipotecas. Fue el inicio de la pauperizaci贸n de las comunidades ind铆genas, las cuales fueron lanzadas hacia la costa en el sur y hacia la zona norte del pa铆s.
Reforma agraria del despojo
La “reforma agraria liberal” que se produjo entre 1881 y 1882 fue la que provoc贸 el despoj贸 de sus tierras a las comunidades ind铆genas, pr谩cticamente sin retribuci贸n alguna. Y sin duda ah铆 estuvo el germen del levantamiento ind铆gena-campesino de 1932, que termin贸 con la masacre de entre 17 y 30 mil personas [3], y de la guerra civil de la d茅cada de 1980 que dej贸 un saldo de unos 70 mil muertos y miles de desaparecidos.
En marzo de 1980, la nueva Junta de Gobierno, surgida de un acuerdo entre el Partido Dem贸crata Cristiano y las Fuerzas Armadas, impuls贸 una Reforma Agraria que ten铆a como objetivo declarado beneficiar a los campesinos sin tierra, y como objetivo oculto ocupar militarmente el pa铆s y controlar a la poblaci贸n campesina, que estaba bajo sospecha de apoyar a los grupos insurgentes.
La reforma constaba de tres fases. En la primera fase se expropiar铆an los latifundios mayores de 500 hect谩reas (unas 218.000 hect谩reas equivalentes al 15% de la tierra agr铆cola del pa铆s) y se entregar铆an a cooperativas campesinas (cooperativas de la reforma agraria); en la segunda fase se intervendr铆an propiedades con extensiones comprendidas entre 100 y 500 hect谩reas y que inclu铆an las grades fincas cafetaleras y en la tercera se entregar铆an a campesinos medios, arrendatarios y colonos las tierras cedidas por los patronos.
“Hay demasiados elementos que no cuadran en esta reforma agraria. Vale la pena citar dos. El primero, que sea un gobierno de extrema derecha, vinculado a la oligarqu铆a terrateniente, quien est茅 interesado en socializar la propiedad del suelo. El segundo, que haya sido el gobierno estadounidense el defensor de la reforma, hasta el punto de imponerla como condici贸n para reanudar la ayuda militar, interrumpida en 1977”, escrib铆a el entonces corresponsal de El Pa铆s en Centroam茅rica, Jes煤s Ceberio, comentando el decreto que daba vida a la reforma agraria salvadore帽a [4].
Continuando en su an谩lisis, Ceberio se帽alaba que los sectores populares de oposici贸n explican as铆 estas paradojas: “La reforma agraria es s贸lo una excusa para ocupar militarmente todo el pa铆s y controlar m谩s de cerca a la poblaci贸n campesina, de la que el gobierno sospecha que se nutre principalmente el movimiento popular de liberaci贸n”.
En marzo de 1980 las fincas agr铆colas con una superficie superior a las 500 hect谩reas fueron ocupadas militarmente por las Fuerzas Armadas, y en las cooperativas se crearon comit茅s de defensa civil integrados por paramilitares. El resultado fue el incremento exponencial de las masacres de familias campesinas. La segunda fase de la reforma nunca se llev贸 a cabo y los grandes cafetales nunca fueron intervenidos.
A los beneficiarios de la tercera fase les falt贸 asistencia t茅cnica, cr茅ditos adecuados y oportunos, ni hubo el necesario acompa帽amiento organizativo y acceso a mercados. En muchos casos, la escrituraci贸n de estas tierras y su inscripci贸n en el Registro de la Propiedad e Hipotecas a favor de sus leg铆timos propietarios fue posible solamente a partir del a帽o 2009, y con mayor 茅nfasis de 2014 a la fecha.
El segundo golpe a la Reforma Agraria
El proceso de reforma agraria sufri贸 otro tropiezo cuando el partido de derecha ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) obtuvo la mayor铆a parlamentaria en los comicios de 1982. El siguiente a帽o la Asamblea Constituyente aprob贸 una nueva Constituci贸n donde se ampliaba a 245 hect谩reas el l铆mite de propiedad que pueden tener los terratenientes. Los excedentes de esas 245 hect谩reas -dice el art铆culo 105 de la Constituci贸n- deb铆an ser expropiados y transferidos en los primeros tres a帽os de vigencia de la Carta Magna. Esa disposici贸n nunca se cumpli贸.
En 1991, la Asamblea Legislativa aprob贸 el Decreto 747 “Ley del R茅gimen Especial del Dominio de la Tierra Comprendida en la Reforma Agraria”, con el cual el gobierno neoliberal de ARENA profundiz贸 a煤n m谩s el ataque contra las cooperativas de la reforma agraria, promoviendo la parcelaci贸n de las tierras que fueron entregadas a las cooperativas durante la primera fase de la reforma.
“El art铆culo uno de dicha ley estableci贸 que su objeto era propiciar la consolidaci贸n de la Reforma Agraria, lo cual ha resultado totalmente contradictorio en la realidad. M谩s bien debi贸 haberse llamado ‘Ley de condenaci贸n, pulverizaci贸n, y desintegraci贸n de los beneficiarios de la Reforma Agraria’, pues
los condena a la desintegraci贸n, a la desaparici贸n de las Asociaciones Cooperativas que resultaron beneficiadas en la fase uno de la Reforma Agraria”, explica el trabajo de graduaci贸n de la Universidad de El Salvador “Efectos jur铆dicos de la aplicaci贸n de los decretos legislativos 747 y 719 en tres asociaciones cooperativas de la reforma agraria” [5].
El Decreto 747 fue posteriormente derogado por el Decreto 719 de 1996 “Ley del R茅gimen Especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria”, que, con el benepl谩cito del Banco Mundial, vino a tratar de parcelar el resto de asociaciones cooperativas que a煤n no hab铆an sido parceladas con el decreto anterior.
Hasta noviembre de 2005, con los decretos 747 y 719 se hab铆an parcelado casi 79.000 manzanas (56.000 hect谩reas) en 379 propiedades y se asignaron a 73.837 beneficiarios individuales, es decir, 1,06 manzanas (0,75 hect谩rea) por persona [6].
Contrarreforma agraria y modelo extractivista
A partir de entonces, las tierras agr铆colas nuevamente se convirtieron en mercanc铆as al alcance de quien mejor las pudiera pagar. Dejaron de ser tierras productivas para convertirse en bienes para la especulaci贸n.
Poco a poco, las tierras de la reforma agraria fueron entregadas a la banca privada en pago de la deuda agraria y bancaria; vendidas para industria y comercio; y parceladas y lotificadas para vivienda o turismo. De esta manera, se dio inicio a un nuevo despojo legalizado de las tierras de campesinos y cooperativas agropecuarias.
“La parcelaci贸n ten铆a como objetivo la individualizaci贸n de la propiedad y del uso agr铆cola de las tierras de las cooperativas, lo cual condujo a la destrucci贸n de las unidades productivas y la venta individual de parcelas, debido a la falta de apoyos financieros y t茅cnicos que le dieran rentabilidad a sus cultivos. Hasta el 2007, los decretos de condonaci贸n hab铆an provocado que muchas cooperativas devolvieran al Instituto Salvadore帽o de Transformaci贸n Agropecuaria (ISTA) 120 propiedades en concepto de pago de deuda agraria y bancaria”, explicaba en 2009 la Confederaci贸n de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadore帽a (CONFRAS) [7].
A partir del a帽o 2000, esta nueva fase de acaparamiento territorial coincidi贸 con la implementaci贸n acelerada del modelo extractivista, promovido por el gran capital transnacional en alianza con las oligarqu铆as nacionales, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centroam茅rica y Rep煤blica Dominicana (CAFTA-DR). Todo el continente latinoamericano sufri贸 la embestida de los megaproyectos hidroel茅ctricos, mineros, tur铆sticos.
El Salvador no fue la excepci贸n. El norte y la costa siguen siendo las zonas m谩s afectadas. Las y los herederos de aquellas comunidades ind铆genas que en 1882 fueron despojados para dar paso a la hacienda cafetalera, son hoy las v铆ctimas de un modelo que los despoja nuevamente, mal compr谩ndoles sus tierras a sabiendas que no van a poder adquirir otras. De nuevo se profundiza la pauperizaci贸n en la zona rural.
Turismo y acumulaci贸n por desposesi贸n
Al mejor estilo de los restaurantes en las monta帽as de Europa, los cascos de las haciendas cafetaleras se han convertido ahora en ambientes tur铆sticos. Sus alrededores, declarados “municipios vivos”, son corredores permanentes de visitantes.
Los ind铆genas, cuyas familias fueron propietarias por d茅cadas de peque帽os inmuebles en las zonas urbanas, ahora ven amenazada la tenencia de sus propiedades, ya que se vuelve a considerarlos “no merecedores” de tener ubicadas sus viviendas en zonas que se han convertido de alto valor comercial. Igual que hace 150 a帽os, estas propiedades deben pertenecer a quienes tengan los recursos econ贸micos y la “inteligencia” para echar a andar el negocio.
Ya son varios los casos donde familias ind铆genas est谩n sufriendo desalojos judiciales de muy dudosa justificaci贸n.
“No puede llamarse desarrollo algo que no es incluyente, ni es respetuoso de los pueblos originarios que son los leg铆timos poseedores de estos inmuebles”, dijo a Alba Sud una experta investigadora en temas de propiedad y tenencia de la tierra, quien pidi贸 mantener el anonimato.
La Ruta de “Las Flores”
La ciudad de Ataco, en el departamento de Ahuachap谩n, se ha convertido en los 煤ltimos a帽os en uno de los lugares tur铆sticos m谩s importantes de la zona occidental de El Salvador. Es parte de la que se conoce como Ruta de Las Flores, que re煤ne a varios municipios situados en la cordillera volc谩nica y cafetalera de occidente, cuyos cascos urbanos han sido reconvertidos y alojan a restaurantes y hoteles al mejor estilo de chalet suizos.
Especialmente el parque central de Ataco se ha convertido, durante los fines de semana, en un lugar gourmet, donde se realizan festivales gastron贸micos que atraen tanto al turismo nacional como al internacional. Esta situaci贸n ha generado un fuerte inter茅s hacia los inmuebles que se asoman en el parque, varios de los cuales pertenecen desde hace m谩s de un siglo a familias ind铆genas, que ahora se ven amenazadas por el avance del “desarrollo tur铆stico”.
Es lo que le pas贸 a la familia de la se帽ora Juana Arriola, cuya casa est谩 ubicada frente al parque central de Ataco y cuyo t铆tulo de propiedad remonta al a帽o 1907 (Sistema Integral Registro y Catastro matr铆cula 15060290-00000).
“De repente a la se帽ora le notificaron que estaba usurpando el terreno donde surge su casita, y que si no presentaba los documentos necesarios iba a ser desalojada”, recuerda la investigadora
“Pese a presentar toda la documentaci贸n solicitada, el juicio estuvo plagado de vicios e irregularidades y la se帽ora Arriola y su familia fueron desalojadas. Pero lo que m谩s nos sorprendi贸 fue que las personas favorecidas por el fallo pertenecen a una de las antiguas familias cafetaleras salvadore帽as”, agreg贸.
Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador y grupos comunitarios de Ahuachap谩n se han movilizado y est谩n dando seguimiento al caso, que por cierto es solamente uno de los tantos que se han producido.
“La historia se repite. El avance del modelo extractivista sigue promoviendo el saqueo de los bienes comunes y enriquece a los de siempre, y a los herederos de aquellas familias ind铆genas que fueron desalojadas por la oligarqu铆a cafetalera se les aplica ahora la misma receta, sacrific谩ndolos en aras del ‘desarrollo’”, concluy贸 la investigadora.
Notas:
[1] Gordon, Sara. 1989. Crisis pol铆tica y guerra en El Salvador. M茅xico DF: Siglo XXI Editores.
[2] Bri帽is, Armando. 2013. El Salvador. La Rep煤blica Cafetalera (1876-1931). Voces, 27/08/2013.
[3] Emanuelsson, Dick. 2009. Las ra铆ces y causas de la insurrecci贸n y la matanza del 1932 en El Salvador. Entrevista a Wilfredo Pinto. La historia del d铆a.
[4] Ceberio, Jes煤s. 1980. La reforma agraria de El Salvador sirve de excusa para la ocupaci贸n militar del pa铆s. El Pa铆s, 19/12/1980.
[5] Flores, Wilson; Mor谩n, Pedro; Santos, Ana. 2005. Efectos socio-jur铆dicos de la aplicaci贸n de los decretos legislativos no. “747” y “719” en tres asociaciones cooperativas de la Reforma Agraria de la zona central en El Salvador durante el per铆odo comprendido: 1997-2004. San Salvador: Universidad de El Salvador, Trabajo de Graduaci贸n para optar al t铆tulo de Licenciado en Ciencias Jur铆dicas.
[6] Reforma Agraria y Desarrollo Rural en El Salvador, ISTA, noviembre de 2005.
[7] N煤帽ez, Sandra. 2009. Situaci贸n de las cooperativas y asociaciones agropecuarias afiliadas a Federaciones y CONFRAS. San Salvador: CONFRAS.
Este art铆culo se realiza en el marco del proyecto "Turismo responsable, derechos humanos y trabajo decente" ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona - Programa Barcelona Solidaria convocatoria 2015. Fuente: Alba Sud
La hacienda cafetalera: una historia de desposesi贸n
Desde la independencia de El Salvador en 1821, las tierras r煤sticas eran de propiedad privada, pero tambi茅n hab铆a grandes extensiones de tierra ejidales y municipales que eran trabajadas y explotadas de manera extensiva por familias ind铆genas y campesinas, mediante un canon que pagaban a las municipalidades.
En la d茅cada de 1870, desde la presidencia de la Rep煤blica se impuls贸 con fuerza el cultivo del caf茅, que trajo como consecuencia una reestructuraci贸n acelerada de la tenencia de la tierra. En 1881 se extinguieron por decreto las tierras comunales y ejidales consideradas aptas para el cultivo del caf茅. Esa medida unilateral despoj贸 a los ind铆genas de la inmensa mayor铆a de sus tierras [1].
Las tierras fueron entregadas a la oligarqu铆a terrateniente salvadore帽a para que constituyera la hacienda cafetalera, a partir del criterio esta que ten铆a los recursos econ贸micos para hacerlo y que por lo cual pod铆a asegurar tanto la eficiencia en el cultivo del caf茅 como la rentabilidad financiera de la inversi贸n. Para los sectores dominantes, los ind铆genas no cumpl铆an con ese mismo requisito [2].
Aprovechando que cualquiera pod铆a reclamar libremente “la tierra com煤n”, los terratenientes buscaron de inmediato extender sus propiedades. Miles de ind铆genas tuvieron que vender las peque帽as extensiones que les quedaban en propiedad, y muchos de ellos se convirtieron en mano de obra barata.
“Instrumento para proporcionar tierras a los cafetaleros, la abolici贸n de tierras comunales tambi茅n proporcion贸 la abundante mano de obra que se requer铆a para efectuar las labores de las plantaciones y trabajar en las cosechas. Al decreto de expropiaci贸n de las tierras comunales sigui贸 la emisi贸n de una ley sobre jornaleros y creaci贸n de jueces agr铆colas, cuyo objetivo era reclutar y controlar a la poblaci贸n despose铆da. La concepci贸n que inspir贸 esta ley equiparaba tierra y habitantes, fundi茅ndolos en un g茅nero 煤nico: recursos naturales productivos”, explica Sara Gordon en su libro Crisis pol铆tica y guerra en El Salvador (M茅xico DF: Siglo XXI, 1989).
Las tierras fueron garantizadas y legalizadas a favor de los nuevos propietarios con la creaci贸n del Registro de la Propiedad Ra铆z e Hipotecas. Fue el inicio de la pauperizaci贸n de las comunidades ind铆genas, las cuales fueron lanzadas hacia la costa en el sur y hacia la zona norte del pa铆s.
Reforma agraria del despojo
La “reforma agraria liberal” que se produjo entre 1881 y 1882 fue la que provoc贸 el despoj贸 de sus tierras a las comunidades ind铆genas, pr谩cticamente sin retribuci贸n alguna. Y sin duda ah铆 estuvo el germen del levantamiento ind铆gena-campesino de 1932, que termin贸 con la masacre de entre 17 y 30 mil personas [3], y de la guerra civil de la d茅cada de 1980 que dej贸 un saldo de unos 70 mil muertos y miles de desaparecidos.
En marzo de 1980, la nueva Junta de Gobierno, surgida de un acuerdo entre el Partido Dem贸crata Cristiano y las Fuerzas Armadas, impuls贸 una Reforma Agraria que ten铆a como objetivo declarado beneficiar a los campesinos sin tierra, y como objetivo oculto ocupar militarmente el pa铆s y controlar a la poblaci贸n campesina, que estaba bajo sospecha de apoyar a los grupos insurgentes.
La reforma constaba de tres fases. En la primera fase se expropiar铆an los latifundios mayores de 500 hect谩reas (unas 218.000 hect谩reas equivalentes al 15% de la tierra agr铆cola del pa铆s) y se entregar铆an a cooperativas campesinas (cooperativas de la reforma agraria); en la segunda fase se intervendr铆an propiedades con extensiones comprendidas entre 100 y 500 hect谩reas y que inclu铆an las grades fincas cafetaleras y en la tercera se entregar铆an a campesinos medios, arrendatarios y colonos las tierras cedidas por los patronos.
“Hay demasiados elementos que no cuadran en esta reforma agraria. Vale la pena citar dos. El primero, que sea un gobierno de extrema derecha, vinculado a la oligarqu铆a terrateniente, quien est茅 interesado en socializar la propiedad del suelo. El segundo, que haya sido el gobierno estadounidense el defensor de la reforma, hasta el punto de imponerla como condici贸n para reanudar la ayuda militar, interrumpida en 1977”, escrib铆a el entonces corresponsal de El Pa铆s en Centroam茅rica, Jes煤s Ceberio, comentando el decreto que daba vida a la reforma agraria salvadore帽a [4].
Continuando en su an谩lisis, Ceberio se帽alaba que los sectores populares de oposici贸n explican as铆 estas paradojas: “La reforma agraria es s贸lo una excusa para ocupar militarmente todo el pa铆s y controlar m谩s de cerca a la poblaci贸n campesina, de la que el gobierno sospecha que se nutre principalmente el movimiento popular de liberaci贸n”.
En marzo de 1980 las fincas agr铆colas con una superficie superior a las 500 hect谩reas fueron ocupadas militarmente por las Fuerzas Armadas, y en las cooperativas se crearon comit茅s de defensa civil integrados por paramilitares. El resultado fue el incremento exponencial de las masacres de familias campesinas. La segunda fase de la reforma nunca se llev贸 a cabo y los grandes cafetales nunca fueron intervenidos.
A los beneficiarios de la tercera fase les falt贸 asistencia t茅cnica, cr茅ditos adecuados y oportunos, ni hubo el necesario acompa帽amiento organizativo y acceso a mercados. En muchos casos, la escrituraci贸n de estas tierras y su inscripci贸n en el Registro de la Propiedad e Hipotecas a favor de sus leg铆timos propietarios fue posible solamente a partir del a帽o 2009, y con mayor 茅nfasis de 2014 a la fecha.
El segundo golpe a la Reforma Agraria
El proceso de reforma agraria sufri贸 otro tropiezo cuando el partido de derecha ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) obtuvo la mayor铆a parlamentaria en los comicios de 1982. El siguiente a帽o la Asamblea Constituyente aprob贸 una nueva Constituci贸n donde se ampliaba a 245 hect谩reas el l铆mite de propiedad que pueden tener los terratenientes. Los excedentes de esas 245 hect谩reas -dice el art铆culo 105 de la Constituci贸n- deb铆an ser expropiados y transferidos en los primeros tres a帽os de vigencia de la Carta Magna. Esa disposici贸n nunca se cumpli贸.
En 1991, la Asamblea Legislativa aprob贸 el Decreto 747 “Ley del R茅gimen Especial del Dominio de la Tierra Comprendida en la Reforma Agraria”, con el cual el gobierno neoliberal de ARENA profundiz贸 a煤n m谩s el ataque contra las cooperativas de la reforma agraria, promoviendo la parcelaci贸n de las tierras que fueron entregadas a las cooperativas durante la primera fase de la reforma.
“El art铆culo uno de dicha ley estableci贸 que su objeto era propiciar la consolidaci贸n de la Reforma Agraria, lo cual ha resultado totalmente contradictorio en la realidad. M谩s bien debi贸 haberse llamado ‘Ley de condenaci贸n, pulverizaci贸n, y desintegraci贸n de los beneficiarios de la Reforma Agraria’, pues
los condena a la desintegraci贸n, a la desaparici贸n de las Asociaciones Cooperativas que resultaron beneficiadas en la fase uno de la Reforma Agraria”, explica el trabajo de graduaci贸n de la Universidad de El Salvador “Efectos jur铆dicos de la aplicaci贸n de los decretos legislativos 747 y 719 en tres asociaciones cooperativas de la reforma agraria” [5].
El Decreto 747 fue posteriormente derogado por el Decreto 719 de 1996 “Ley del R茅gimen Especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria”, que, con el benepl谩cito del Banco Mundial, vino a tratar de parcelar el resto de asociaciones cooperativas que a煤n no hab铆an sido parceladas con el decreto anterior.
Hasta noviembre de 2005, con los decretos 747 y 719 se hab铆an parcelado casi 79.000 manzanas (56.000 hect谩reas) en 379 propiedades y se asignaron a 73.837 beneficiarios individuales, es decir, 1,06 manzanas (0,75 hect谩rea) por persona [6].
Contrarreforma agraria y modelo extractivista
A partir de entonces, las tierras agr铆colas nuevamente se convirtieron en mercanc铆as al alcance de quien mejor las pudiera pagar. Dejaron de ser tierras productivas para convertirse en bienes para la especulaci贸n.
Poco a poco, las tierras de la reforma agraria fueron entregadas a la banca privada en pago de la deuda agraria y bancaria; vendidas para industria y comercio; y parceladas y lotificadas para vivienda o turismo. De esta manera, se dio inicio a un nuevo despojo legalizado de las tierras de campesinos y cooperativas agropecuarias.
“La parcelaci贸n ten铆a como objetivo la individualizaci贸n de la propiedad y del uso agr铆cola de las tierras de las cooperativas, lo cual condujo a la destrucci贸n de las unidades productivas y la venta individual de parcelas, debido a la falta de apoyos financieros y t茅cnicos que le dieran rentabilidad a sus cultivos. Hasta el 2007, los decretos de condonaci贸n hab铆an provocado que muchas cooperativas devolvieran al Instituto Salvadore帽o de Transformaci贸n Agropecuaria (ISTA) 120 propiedades en concepto de pago de deuda agraria y bancaria”, explicaba en 2009 la Confederaci贸n de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadore帽a (CONFRAS) [7].
A partir del a帽o 2000, esta nueva fase de acaparamiento territorial coincidi贸 con la implementaci贸n acelerada del modelo extractivista, promovido por el gran capital transnacional en alianza con las oligarqu铆as nacionales, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centroam茅rica y Rep煤blica Dominicana (CAFTA-DR). Todo el continente latinoamericano sufri贸 la embestida de los megaproyectos hidroel茅ctricos, mineros, tur铆sticos.
El Salvador no fue la excepci贸n. El norte y la costa siguen siendo las zonas m谩s afectadas. Las y los herederos de aquellas comunidades ind铆genas que en 1882 fueron despojados para dar paso a la hacienda cafetalera, son hoy las v铆ctimas de un modelo que los despoja nuevamente, mal compr谩ndoles sus tierras a sabiendas que no van a poder adquirir otras. De nuevo se profundiza la pauperizaci贸n en la zona rural.
Turismo y acumulaci贸n por desposesi贸n
Al mejor estilo de los restaurantes en las monta帽as de Europa, los cascos de las haciendas cafetaleras se han convertido ahora en ambientes tur铆sticos. Sus alrededores, declarados “municipios vivos”, son corredores permanentes de visitantes.
Los ind铆genas, cuyas familias fueron propietarias por d茅cadas de peque帽os inmuebles en las zonas urbanas, ahora ven amenazada la tenencia de sus propiedades, ya que se vuelve a considerarlos “no merecedores” de tener ubicadas sus viviendas en zonas que se han convertido de alto valor comercial. Igual que hace 150 a帽os, estas propiedades deben pertenecer a quienes tengan los recursos econ贸micos y la “inteligencia” para echar a andar el negocio.
Ya son varios los casos donde familias ind铆genas est谩n sufriendo desalojos judiciales de muy dudosa justificaci贸n.
“No puede llamarse desarrollo algo que no es incluyente, ni es respetuoso de los pueblos originarios que son los leg铆timos poseedores de estos inmuebles”, dijo a Alba Sud una experta investigadora en temas de propiedad y tenencia de la tierra, quien pidi贸 mantener el anonimato.
La Ruta de “Las Flores”
La ciudad de Ataco, en el departamento de Ahuachap谩n, se ha convertido en los 煤ltimos a帽os en uno de los lugares tur铆sticos m谩s importantes de la zona occidental de El Salvador. Es parte de la que se conoce como Ruta de Las Flores, que re煤ne a varios municipios situados en la cordillera volc谩nica y cafetalera de occidente, cuyos cascos urbanos han sido reconvertidos y alojan a restaurantes y hoteles al mejor estilo de chalet suizos.
Especialmente el parque central de Ataco se ha convertido, durante los fines de semana, en un lugar gourmet, donde se realizan festivales gastron贸micos que atraen tanto al turismo nacional como al internacional. Esta situaci贸n ha generado un fuerte inter茅s hacia los inmuebles que se asoman en el parque, varios de los cuales pertenecen desde hace m谩s de un siglo a familias ind铆genas, que ahora se ven amenazadas por el avance del “desarrollo tur铆stico”.
Es lo que le pas贸 a la familia de la se帽ora Juana Arriola, cuya casa est谩 ubicada frente al parque central de Ataco y cuyo t铆tulo de propiedad remonta al a帽o 1907 (Sistema Integral Registro y Catastro matr铆cula 15060290-00000).
“De repente a la se帽ora le notificaron que estaba usurpando el terreno donde surge su casita, y que si no presentaba los documentos necesarios iba a ser desalojada”, recuerda la investigadora
“Pese a presentar toda la documentaci贸n solicitada, el juicio estuvo plagado de vicios e irregularidades y la se帽ora Arriola y su familia fueron desalojadas. Pero lo que m谩s nos sorprendi贸 fue que las personas favorecidas por el fallo pertenecen a una de las antiguas familias cafetaleras salvadore帽as”, agreg贸.
Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador y grupos comunitarios de Ahuachap谩n se han movilizado y est谩n dando seguimiento al caso, que por cierto es solamente uno de los tantos que se han producido.
“La historia se repite. El avance del modelo extractivista sigue promoviendo el saqueo de los bienes comunes y enriquece a los de siempre, y a los herederos de aquellas familias ind铆genas que fueron desalojadas por la oligarqu铆a cafetalera se les aplica ahora la misma receta, sacrific谩ndolos en aras del ‘desarrollo’”, concluy贸 la investigadora.
Notas:
[1] Gordon, Sara. 1989. Crisis pol铆tica y guerra en El Salvador. M茅xico DF: Siglo XXI Editores.
[2] Bri帽is, Armando. 2013. El Salvador. La Rep煤blica Cafetalera (1876-1931). Voces, 27/08/2013.
[3] Emanuelsson, Dick. 2009. Las ra铆ces y causas de la insurrecci贸n y la matanza del 1932 en El Salvador. Entrevista a Wilfredo Pinto. La historia del d铆a.
[4] Ceberio, Jes煤s. 1980. La reforma agraria de El Salvador sirve de excusa para la ocupaci贸n militar del pa铆s. El Pa铆s, 19/12/1980.
[5] Flores, Wilson; Mor谩n, Pedro; Santos, Ana. 2005. Efectos socio-jur铆dicos de la aplicaci贸n de los decretos legislativos no. “747” y “719” en tres asociaciones cooperativas de la Reforma Agraria de la zona central en El Salvador durante el per铆odo comprendido: 1997-2004. San Salvador: Universidad de El Salvador, Trabajo de Graduaci贸n para optar al t铆tulo de Licenciado en Ciencias Jur铆dicas.
[6] Reforma Agraria y Desarrollo Rural en El Salvador, ISTA, noviembre de 2005.
[7] N煤帽ez, Sandra. 2009. Situaci贸n de las cooperativas y asociaciones agropecuarias afiliadas a Federaciones y CONFRAS. San Salvador: CONFRAS.
Este art铆culo se realiza en el marco del proyecto "Turismo responsable, derechos humanos y trabajo decente" ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona - Programa Barcelona Solidaria convocatoria 2015. Fuente: Alba Sud