Mujeres encarceladas denuncian el uso habitual de violencia sexual para obtener “confesiones” en México
Mujeres encarceladas en México sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, con el objeto de obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada
Según revela una investigación realizada por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad pretenden así elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada.
Las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura u otros malos tratos afirmaron haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o e miembros del ejército y la marina. Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.
Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.
“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada 'guerra contra el narcotráfico' de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”
La mayoría de las mujeres encarceladas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que habían sufrido tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio. Prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas. Muchas fueron presentadas ante los medios de comunicación como “criminales” inmediatamente después de haber sido obligadas a “confesar” los delitos. La mayoría procede de entornos de ingresos bajos y, por tanto, hay menos probabilidades de que pueda costearse una defensa efectiva.
A Mónica, de 26 años y madre de cuatro hijos, la violaron en grupo seis agentes de policía; también le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, la asfixiaron con una bolsa de plástico y le hundieron la cabeza en un cubo con agua en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila, norte de México, el 12 de febrero de 2013. Funcionarios de seguridad intentaron que confesara que formaba parte de una banda de delincuentes. Además, la obligaron a mirar cómo torturaban a su hermano y a su esposo delante de ella.
Tras la tortura, la policía llevó a Mónica y a su hermano y su esposo a la sede de la Procuraduría General de la República. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos debido a las torturas sufridas. Más tarde, Mónica fue obligada a firmar una “confesión” en la que afirmaba que pertenecía a un cártel de la droga.
A pesar de que un examen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicado en agosto de 2014 confirmaba la tortura de Mónica, no se han formulado cargos contra ninguno de sus autores. Ella sigue en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en la delincuencia organizada. En abril de 2016, la CNDH emitió la recomendación de que se abriera una investigación criminal sobre el caso. Mónica continúa en prisión.
Ausencia de justicia
Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ministerios públicos y tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos. Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan, y es incluso más excepcional que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia. De los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.
A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional de que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. Según informó la Marina, sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo. Un marino condenado a prisión por abusos sexuales sólo fue apartado temporalmente del servicio en la Marina, lo que le permitiría reincorporarse a su puesto una vez cumplida la pena de cárcel.
“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas.
No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica.Erika Guevara-Rosas.
Salvo raras ocasiones, las mujeres no reciben la asistencia médica y psicológica adecuada tras haber sufrido la violencia. De las 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, 49 calificaron la asistencia médica que habían recibido tras su arresto de “mala” o “muy mala”, y 19 la calificaron de “mediocre”. Además, las autoridades federales no están respondiendo con rapidez practicando exámenes forenses adecuados a las mujeres que denuncian tortura u otros malos tratos. Concretamente, la mayoría de las mujeres que han sufrido violencia sexual no son sometidas a una revisión adecuada ni reciben la atención médica debida.
En México, en los juicios penales se sigue haciendo recaer la carga de la prueba en la persona que denuncia haber sufrido tortura u otros malos tratos, lo que contraviene las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos. El derecho mexicano hace recaer justamente la carga de la prueba en las autoridades, que deben demostrar que las confesiones fueron obtenidas por medios legítimos, pero los jueces siguen dando primacía a las pruebas presentadas por el ministerio público sin poner en duda su legalidad y no excluyen las pruebas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos.
A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es el organismo con el mandato constitucional de desempeñar la función de protección y promoción de los derechos humanos, ha emitido decenas de recomendaciones sobre la tortura y otros malos tratos en los últimos años, su número palidece en comparación con el de denuncias que ha recibido. Entre 2010 y 2015, la CNDH recibió 7.048 denuncias de tortura u otros malos tratos y sólo emitió 62 recomendaciones. Además, no suele entregar a las víctimas una copia de su expediente ni asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.
Peligroso secretismo
Las autoridades negaron a Amnistía Internacional el acceso a información crucial en el curso de su investigación. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) impidió a la delegación de Amnistía Internacional el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y, en algunas ocasiones, la entrada en un centro penitenciario. Además, representantes del Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes de Amnistía Internacional para tener reuniones.
“Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura garantizando el enjuiciamiento de los responsables y reparaciones adecuadas a las víctimas”, afirmó Erika Guevara-Rosas.Fuente: Amnistía Internacional
Oportunidades para la acción
Las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo. Recientemente se ha establecido un nuevo Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres adscrito a la Secretaría de Gobernación. El mecanismo agrupa a las autoridades federales responsables de la prevención e investigación de la tortura. Sin embargo, en los nueve meses transcurridos desde su creación, ha permanecido inactivo y no ha hecho ningún avance en ninguno de los tres únicos casos que se han presentado ante ella. Debe hacer avances concretos en la investigación de los casos que se le presentan.
Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional.Erika Guevara-Rosas.
El Congreso mexicano está debatiendo actualmente un proyecto de Ley General sobre la Tortura largamente aplazado. Aunque se han introducido elementos positivos, los legisladores deben reformar las disposiciones pertinentes para reforzar la norma de la inadmisibilidad, según la cual todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos deben ser excluidas de las actuaciones penales excepto en las causas contra un presunto autor de tortura u otros malos tratos, como prueba de que se ha cometido la tortura.
MÉXICO. TORTURA A MUJERES (AI)
Mujeres en prisión
Casi el 7% de la población reclusa de las prisiones federales son mujeres (Comisión Nacional de Seguridad , 2016)
La inmensa mayoría de las mujeres recluidas en prisiones federales carece de antecedentes penales y la mayoría cumple prisión por delitos relacionados con drogas.
Existen indicios que apuntan al uso frecuente de la tortura y otros malos tratos contra personas acusadas de crímenes de gran resonancia que encajan en la estrategia de seguridad pública de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Del centenar de mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, el 33% habían sido acusadas de pertenecer a grupos de delincuencia organizada, el 23% de delitos relacionados con narcóticos, el 22% de secuestro, y el 14% de posesión ilegal de armas de fuego.
La población de las prisiones federales está formada en gran medida por personas de entornos con ingresos bajos. Los datos recopilados sobre el sistema de prisiones federales reflejan que el 60% de las mujeres encarceladas no terminaron sus estudios de educación secundaria. (Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, 2012)
De los casos documentados por Amnistía Internacional para este informe, la mayoría de las mujeres ganaban entre 1.000 y 5.000 pesos al mes (aproximadamente entre 70 y 300 dólares estadounidenses), y algunas ganaban mucho menos.
Tortura de mujeres
Amnistía Internacional entrevistó a 100 mujeres recluidas en prisiones federales en relación con la tortura y otros malos tratos que habían sufrido durante su arresto e interrogatorio a manos de la policía o las fuerzas armadas.
Todas afirmaron que habían sufrido acoso sexual o maltrato psicológico en el momento de ser detenidas o en las horas posteriores.
97 afirmaron que habían sufrido violencia física en el momento de su arresto o en las horas posteriores.
79 afirmaron que las habían golpeado en la cabeza, a 62 en el estómago o el tórax, a 61 en las piernas y a 28 en los oídos (habían evitado intencionadamente el rostro para que no hubiera lesiones evidentes).
33 afirmaron que fueron violadas por agentes de la policía municipal, estatal o federal o por miembros del Ejército o la Marina. En arrestos practicados por la policía municipal y estatal y por las fuerzas armadas, se denunció violación en al menos la mitad de los casos. En 8 de las 10 arrestos realizados por la Marina que se documentan en este informe, las mujeres denunciaron que habían sido violadas.
66 afirmaron que habían denunciado los abusos a las autoridades, pero sólo se habían abierto investigaciones en 22 casos. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.
Tortura y otros malos tratos en México
2.403: El número de denuncias por tortura que recibió la Procuraduría General de la República en 2014.
0: El número de cargos que la Procuraduría General de la República pudo confirmar a Amnistía Internacional en 2014 y 2015.
0: El número de soldados del ejército suspendidos del servicio durante la investigación por violación o “abusos sexuales” de 2010 a 2015.
12.110: El número de quejas de tortura y otros malos tratos presentados a las comisiones nacionales y locales de derechos humanos de México en un solo año, 2013.
15: El número de sentencias condenatorias por tortura dictadas en el ámbito federal desde 1991 (CIDH, 2015)
HISTORIAS
Verónica Razo, cinco años recluida en espera del resultado de su juicio
Verónica Razo, de 37 años y madre de dos hijos, fue secuestrada por unos hombres vestidos de civil el 8 de junio de 2011 cuando caminaba por una calle próxima a su domicilio en el centro de la Ciudad de México.
Los hombres la llevaron a un almacén de la policía federal, donde permaneció recluida 24 horas y fue torturada.
Varios policías la sometieron a golpes, simulacros de asfixia y descargas eléctricas y la violaron repetidamente. Verónica fue amenazada y obligada a firmar una “confesión”. Tras ser interrogada por la policía y el ministerio público se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por fuertes palpitaciones cardiacas.
La policía afirmó que había detenido a Verónica al día siguiente y la había acusado de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención, su madre ya había presentado una denuncia de persona desaparecida ante las autoridades locales.
Dos años después de su detención, psicólogos de la Procuraduría General de la República confirmaron que Verónica presentaba síntomas concordantes con tortura. Lleva cinco años en prisión en espera del resultado de su juicio. Cuando Verónica fue detenida, su hijo tenía 12 años y su hija sólo 6. Su hijo, que ahora tiene 18, no puede ir a la universidad por debido a la carga económica que el encarcelamiento de su madre representa para la familia. La madre de Verónica tuvo que marcharse de su casa y vender su negocio debido a las dificultades que le supuso acompañar a su hija.
Tailyn Wang: sufrió un aborto espontáneo en dependencias de la procuraduría tras sufrir brutales palizas a manos de la policía
Tailyn Wang estaba embarazada de unas siete semanas cuando, en febrero de 2014, unos agentes de la policía federal irrumpieron en su casa y se la llevaron a dependencias policiales sin una orden de aprehensión. Tras largas palizas y abusos sexuales a manos de agentes de la policía federal, Tailyn sufrió un aborto en las oficinas de la Procuraduría General de la Nación en la Ciudad de México.
Dos médicos oficiales la examinaron mientras estaba bajo custodia oficial y, pese a las lesiones que Tailyn sufría, el primer médico no la examinó adecuadamente y no hizo caso de sus afirmaciones de que había sido golpeada brutalmente. Ninguno de los dos médicos informó sobre las denuncias realizadas por Tailyn respecto a su tortura y malos tratos.
No le dieron medicamentos para el dolor y se limitaron a entregarle unos trozos de toalla de papel para que se los colocara dentro de la ropa interior antes de que se la llevaran a toda prisa, esposada, a un avión comercial en el que la trasladaron a una prisión federal. Cuando el avión aterrizó en Tepic, noroeste de México, su asiento estaba empapado en sangre.
Tailyn dijo a los funcionarios de la prisión que había sufrido un aborto, pero ellos se limitaron a gritarle. Sólo entonces, cuando ya estaba en prisión y al menos cuatro días después de ser detenida, le dijeron que se la acusaba de formar parte de una banda de secuestradores y que se habían presentado cargos de delincuencia organizada contra ella. Estuvo sangrando cinco días más en prisión sin que se le prestara asistencia médica adecuada. Tailyn continúa en prisión en espera del resultado de su juicio. A pesar de haber denunciado torturas hace más de dos años, todavía está esperando a ser examinada por un médico forense que documente la tortura y otros malos tratos que sufrió.
Maria Magdalena Saavedra: fue calificada de “físicamente sana” por un médico de la Marina después de ser violada
Magdalena fue secuestrada de su casa por hombres armados de la Marina el 10 de mayo de 2013 en San Luis Potosí. Los infantes de marina irrumpieron en su dormitorio y la golpearon mientras le hacían preguntas a gritos. La acusaron de ser la interventora económica de una importante banda de traficantes de droga.
Le ponían una bolsa alrededor de la cabeza hasta que se asfixiaba o se desmayaba. Luego la subieron a una camioneta y continuaron golpeándola y violándola con objetos. Más tarde la llevaron a un edificio que a Magdalena le pareció que era una estación de policía y allí le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y en la boca. Habían encontrado la dirección de la hija de Magdalena entre sus pertenencias y la amenazaron con hacerle daño. La tortura a manos de los marinos duró 20 horas.
A continuación se llevaron a Magdalena a las oficinas de la Procuraduría General de la República y la obligaron a firmar una “confesión” con sus huellas dactilares. De camino a la Procuraduría General de la República, un infante de marina se quedó a su lado y continuó golpeándola. En la Procuraduría General de la República fue presentada a los medios de comunicación como una criminal por la Marina y la policía.
El médico de la Marina, después de practicarle un reconocimiento médico tras la detención, observó que “la detenida está físicamente sana”. En su primera vista ante un juez dos días más tarde, la descripción que éste hizo del estado de Magdalena contrastaba agudamente con lo que había constatado la Marina: “la sospechosa sollozaba, con tensión, depresión y angustia manifiesta”. Cuando Amnistía Internacional entrevistó a Magdalena a principios de 2016, más de tres años después de su detención, todavía eran visibles las cicatrices y mostraba señales inequívocas de trauma. Magdalena continúa en prisión en espera del resultado de su juicio.
Denise Blanco y Korina Utrera, humilladas por ser lesbianas y violadas por miembros de la Marina
El 27 de agosto de 2011, Korina de Jesús Utrera Domínguez, de 25 años, y su novia, Denise Francisca Blanco Lovato, estaban en el domicilio de Korina, en Tabasco, sur de México, cuando un grupo de marinos armados y vestidos con uniforme de camuflaje irrumpieron en la casa y empezaron a darles golpes y a gritarles. Vendaron los ojos a ambas y se las llevaron a una base naval sin una orden de aprehensión. Allí violaron a ambas y las sometieron a descargas eléctricas y simulacros de asfixia. Según el relato de Korina, uno de los hombres intentó meter su pene en la boca de Korina mientras le gritaba: “Órale perra, prueba”. Cuando los marinos la estaban obligando a comer alimentos del suelo, uno gritó: “¡Ya suéltenla! ¡Nos van a denunciar!” Denise también fue violada por marinos que le metieron los dedos enfundados en guantes en la vagina y le aplicaron descargas eléctricas en los genitales. Denise le contó a Amnistía Internacional que los marinos les habían gritado “pinches lesbianas”.
Cuando finalmente comparecieron ambas ante un agente del ministerio público en el estado vecino de Veracruz, más de 30 horas después de su detención, Korina fue presionada para que firmara una “confesión” en la que admitía su participación en el crimen organizado y delitos relacionados con drogas. Denise fue acusada de los mismos delitos. Según contó a Amnistía Internacional, cuando Korina le dijo a un médico de la marina lo que los marinos le habían hecho, le replicó: “Cállate de tu puta madre, no digas pendejadas”. Ambas mujeres denunciaron ante un juez las torturas que habían sufrido, pero un juez de apelación ignoró posteriormente sus denuncias. La Procuraduría General de la República abrió una investigación sobre las presuntas torturas infligidas por la Marina, y, cuatro años después, médicos forenses examinaron a ambas mujeres. Un año después del examen, Denise y Korina seguían sin conocer los resultados. En el momento de redactarse este informe, ambas mujeres continuaban en prisión en espera del resultado de su juicio penal. Ningún marino ha sido formalmente acusado en la causa.
Según revela una investigación realizada por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad pretenden así elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada.
Las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura u otros malos tratos afirmaron haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o e miembros del ejército y la marina. Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.
Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.
“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada 'guerra contra el narcotráfico' de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”
La mayoría de las mujeres encarceladas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que habían sufrido tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio. Prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas. Muchas fueron presentadas ante los medios de comunicación como “criminales” inmediatamente después de haber sido obligadas a “confesar” los delitos. La mayoría procede de entornos de ingresos bajos y, por tanto, hay menos probabilidades de que pueda costearse una defensa efectiva.
A Mónica, de 26 años y madre de cuatro hijos, la violaron en grupo seis agentes de policía; también le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, la asfixiaron con una bolsa de plástico y le hundieron la cabeza en un cubo con agua en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila, norte de México, el 12 de febrero de 2013. Funcionarios de seguridad intentaron que confesara que formaba parte de una banda de delincuentes. Además, la obligaron a mirar cómo torturaban a su hermano y a su esposo delante de ella.
Tras la tortura, la policía llevó a Mónica y a su hermano y su esposo a la sede de la Procuraduría General de la República. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos debido a las torturas sufridas. Más tarde, Mónica fue obligada a firmar una “confesión” en la que afirmaba que pertenecía a un cártel de la droga.
A pesar de que un examen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicado en agosto de 2014 confirmaba la tortura de Mónica, no se han formulado cargos contra ninguno de sus autores. Ella sigue en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en la delincuencia organizada. En abril de 2016, la CNDH emitió la recomendación de que se abriera una investigación criminal sobre el caso. Mónica continúa en prisión.
Ausencia de justicia
Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ministerios públicos y tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos. Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan, y es incluso más excepcional que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia. De los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.
A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional de que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. Según informó la Marina, sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo. Un marino condenado a prisión por abusos sexuales sólo fue apartado temporalmente del servicio en la Marina, lo que le permitiría reincorporarse a su puesto una vez cumplida la pena de cárcel.
“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas.
No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica.Erika Guevara-Rosas.
Salvo raras ocasiones, las mujeres no reciben la asistencia médica y psicológica adecuada tras haber sufrido la violencia. De las 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, 49 calificaron la asistencia médica que habían recibido tras su arresto de “mala” o “muy mala”, y 19 la calificaron de “mediocre”. Además, las autoridades federales no están respondiendo con rapidez practicando exámenes forenses adecuados a las mujeres que denuncian tortura u otros malos tratos. Concretamente, la mayoría de las mujeres que han sufrido violencia sexual no son sometidas a una revisión adecuada ni reciben la atención médica debida.
En México, en los juicios penales se sigue haciendo recaer la carga de la prueba en la persona que denuncia haber sufrido tortura u otros malos tratos, lo que contraviene las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos. El derecho mexicano hace recaer justamente la carga de la prueba en las autoridades, que deben demostrar que las confesiones fueron obtenidas por medios legítimos, pero los jueces siguen dando primacía a las pruebas presentadas por el ministerio público sin poner en duda su legalidad y no excluyen las pruebas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos.
A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es el organismo con el mandato constitucional de desempeñar la función de protección y promoción de los derechos humanos, ha emitido decenas de recomendaciones sobre la tortura y otros malos tratos en los últimos años, su número palidece en comparación con el de denuncias que ha recibido. Entre 2010 y 2015, la CNDH recibió 7.048 denuncias de tortura u otros malos tratos y sólo emitió 62 recomendaciones. Además, no suele entregar a las víctimas una copia de su expediente ni asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.
Peligroso secretismo
Las autoridades negaron a Amnistía Internacional el acceso a información crucial en el curso de su investigación. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) impidió a la delegación de Amnistía Internacional el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y, en algunas ocasiones, la entrada en un centro penitenciario. Además, representantes del Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes de Amnistía Internacional para tener reuniones.
“Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura garantizando el enjuiciamiento de los responsables y reparaciones adecuadas a las víctimas”, afirmó Erika Guevara-Rosas.
Fuente: Amnistía InternacionalOportunidades para la acción
Las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo. Recientemente se ha establecido un nuevo Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres adscrito a la Secretaría de Gobernación. El mecanismo agrupa a las autoridades federales responsables de la prevención e investigación de la tortura. Sin embargo, en los nueve meses transcurridos desde su creación, ha permanecido inactivo y no ha hecho ningún avance en ninguno de los tres únicos casos que se han presentado ante ella. Debe hacer avances concretos en la investigación de los casos que se le presentan.
Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional.Erika Guevara-Rosas.
El Congreso mexicano está debatiendo actualmente un proyecto de Ley General sobre la Tortura largamente aplazado. Aunque se han introducido elementos positivos, los legisladores deben reformar las disposiciones pertinentes para reforzar la norma de la inadmisibilidad, según la cual todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos deben ser excluidas de las actuaciones penales excepto en las causas contra un presunto autor de tortura u otros malos tratos, como prueba de que se ha cometido la tortura.
MÉXICO. TORTURA A MUJERES (AI)
Mujeres en prisión
Casi el 7% de la población reclusa de las prisiones federales son mujeres (Comisión Nacional de Seguridad , 2016)
La inmensa mayoría de las mujeres recluidas en prisiones federales carece de antecedentes penales y la mayoría cumple prisión por delitos relacionados con drogas.
Existen indicios que apuntan al uso frecuente de la tortura y otros malos tratos contra personas acusadas de crímenes de gran resonancia que encajan en la estrategia de seguridad pública de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Del centenar de mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, el 33% habían sido acusadas de pertenecer a grupos de delincuencia organizada, el 23% de delitos relacionados con narcóticos, el 22% de secuestro, y el 14% de posesión ilegal de armas de fuego.
La población de las prisiones federales está formada en gran medida por personas de entornos con ingresos bajos. Los datos recopilados sobre el sistema de prisiones federales reflejan que el 60% de las mujeres encarceladas no terminaron sus estudios de educación secundaria. (Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, 2012)
De los casos documentados por Amnistía Internacional para este informe, la mayoría de las mujeres ganaban entre 1.000 y 5.000 pesos al mes (aproximadamente entre 70 y 300 dólares estadounidenses), y algunas ganaban mucho menos.
Tortura de mujeres
Amnistía Internacional entrevistó a 100 mujeres recluidas en prisiones federales en relación con la tortura y otros malos tratos que habían sufrido durante su arresto e interrogatorio a manos de la policía o las fuerzas armadas.
Todas afirmaron que habían sufrido acoso sexual o maltrato psicológico en el momento de ser detenidas o en las horas posteriores.
97 afirmaron que habían sufrido violencia física en el momento de su arresto o en las horas posteriores.
79 afirmaron que las habían golpeado en la cabeza, a 62 en el estómago o el tórax, a 61 en las piernas y a 28 en los oídos (habían evitado intencionadamente el rostro para que no hubiera lesiones evidentes).
33 afirmaron que fueron violadas por agentes de la policía municipal, estatal o federal o por miembros del Ejército o la Marina. En arrestos practicados por la policía municipal y estatal y por las fuerzas armadas, se denunció violación en al menos la mitad de los casos. En 8 de las 10 arrestos realizados por la Marina que se documentan en este informe, las mujeres denunciaron que habían sido violadas.
66 afirmaron que habían denunciado los abusos a las autoridades, pero sólo se habían abierto investigaciones en 22 casos. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.
Tortura y otros malos tratos en México
2.403: El número de denuncias por tortura que recibió la Procuraduría General de la República en 2014.
0: El número de cargos que la Procuraduría General de la República pudo confirmar a Amnistía Internacional en 2014 y 2015.
0: El número de soldados del ejército suspendidos del servicio durante la investigación por violación o “abusos sexuales” de 2010 a 2015.
12.110: El número de quejas de tortura y otros malos tratos presentados a las comisiones nacionales y locales de derechos humanos de México en un solo año, 2013.
15: El número de sentencias condenatorias por tortura dictadas en el ámbito federal desde 1991 (CIDH, 2015)
HISTORIAS
Verónica Razo, cinco años recluida en espera del resultado de su juicio
Verónica Razo, de 37 años y madre de dos hijos, fue secuestrada por unos hombres vestidos de civil el 8 de junio de 2011 cuando caminaba por una calle próxima a su domicilio en el centro de la Ciudad de México.
Los hombres la llevaron a un almacén de la policía federal, donde permaneció recluida 24 horas y fue torturada.
Varios policías la sometieron a golpes, simulacros de asfixia y descargas eléctricas y la violaron repetidamente. Verónica fue amenazada y obligada a firmar una “confesión”. Tras ser interrogada por la policía y el ministerio público se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por fuertes palpitaciones cardiacas.
La policía afirmó que había detenido a Verónica al día siguiente y la había acusado de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención, su madre ya había presentado una denuncia de persona desaparecida ante las autoridades locales.
Dos años después de su detención, psicólogos de la Procuraduría General de la República confirmaron que Verónica presentaba síntomas concordantes con tortura. Lleva cinco años en prisión en espera del resultado de su juicio. Cuando Verónica fue detenida, su hijo tenía 12 años y su hija sólo 6. Su hijo, que ahora tiene 18, no puede ir a la universidad por debido a la carga económica que el encarcelamiento de su madre representa para la familia. La madre de Verónica tuvo que marcharse de su casa y vender su negocio debido a las dificultades que le supuso acompañar a su hija.
Tailyn Wang: sufrió un aborto espontáneo en dependencias de la procuraduría tras sufrir brutales palizas a manos de la policía
Tailyn Wang estaba embarazada de unas siete semanas cuando, en febrero de 2014, unos agentes de la policía federal irrumpieron en su casa y se la llevaron a dependencias policiales sin una orden de aprehensión. Tras largas palizas y abusos sexuales a manos de agentes de la policía federal, Tailyn sufrió un aborto en las oficinas de la Procuraduría General de la Nación en la Ciudad de México.
Dos médicos oficiales la examinaron mientras estaba bajo custodia oficial y, pese a las lesiones que Tailyn sufría, el primer médico no la examinó adecuadamente y no hizo caso de sus afirmaciones de que había sido golpeada brutalmente. Ninguno de los dos médicos informó sobre las denuncias realizadas por Tailyn respecto a su tortura y malos tratos.
No le dieron medicamentos para el dolor y se limitaron a entregarle unos trozos de toalla de papel para que se los colocara dentro de la ropa interior antes de que se la llevaran a toda prisa, esposada, a un avión comercial en el que la trasladaron a una prisión federal. Cuando el avión aterrizó en Tepic, noroeste de México, su asiento estaba empapado en sangre.
Tailyn dijo a los funcionarios de la prisión que había sufrido un aborto, pero ellos se limitaron a gritarle. Sólo entonces, cuando ya estaba en prisión y al menos cuatro días después de ser detenida, le dijeron que se la acusaba de formar parte de una banda de secuestradores y que se habían presentado cargos de delincuencia organizada contra ella. Estuvo sangrando cinco días más en prisión sin que se le prestara asistencia médica adecuada. Tailyn continúa en prisión en espera del resultado de su juicio. A pesar de haber denunciado torturas hace más de dos años, todavía está esperando a ser examinada por un médico forense que documente la tortura y otros malos tratos que sufrió.
Maria Magdalena Saavedra: fue calificada de “físicamente sana” por un médico de la Marina después de ser violada
Magdalena fue secuestrada de su casa por hombres armados de la Marina el 10 de mayo de 2013 en San Luis Potosí. Los infantes de marina irrumpieron en su dormitorio y la golpearon mientras le hacían preguntas a gritos. La acusaron de ser la interventora económica de una importante banda de traficantes de droga.
Le ponían una bolsa alrededor de la cabeza hasta que se asfixiaba o se desmayaba. Luego la subieron a una camioneta y continuaron golpeándola y violándola con objetos. Más tarde la llevaron a un edificio que a Magdalena le pareció que era una estación de policía y allí le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y en la boca. Habían encontrado la dirección de la hija de Magdalena entre sus pertenencias y la amenazaron con hacerle daño. La tortura a manos de los marinos duró 20 horas.
A continuación se llevaron a Magdalena a las oficinas de la Procuraduría General de la República y la obligaron a firmar una “confesión” con sus huellas dactilares. De camino a la Procuraduría General de la República, un infante de marina se quedó a su lado y continuó golpeándola. En la Procuraduría General de la República fue presentada a los medios de comunicación como una criminal por la Marina y la policía.
El médico de la Marina, después de practicarle un reconocimiento médico tras la detención, observó que “la detenida está físicamente sana”. En su primera vista ante un juez dos días más tarde, la descripción que éste hizo del estado de Magdalena contrastaba agudamente con lo que había constatado la Marina: “la sospechosa sollozaba, con tensión, depresión y angustia manifiesta”. Cuando Amnistía Internacional entrevistó a Magdalena a principios de 2016, más de tres años después de su detención, todavía eran visibles las cicatrices y mostraba señales inequívocas de trauma. Magdalena continúa en prisión en espera del resultado de su juicio.
Denise Blanco y Korina Utrera, humilladas por ser lesbianas y violadas por miembros de la Marina
El 27 de agosto de 2011, Korina de Jesús Utrera Domínguez, de 25 años, y su novia, Denise Francisca Blanco Lovato, estaban en el domicilio de Korina, en Tabasco, sur de México, cuando un grupo de marinos armados y vestidos con uniforme de camuflaje irrumpieron en la casa y empezaron a darles golpes y a gritarles. Vendaron los ojos a ambas y se las llevaron a una base naval sin una orden de aprehensión. Allí violaron a ambas y las sometieron a descargas eléctricas y simulacros de asfixia. Según el relato de Korina, uno de los hombres intentó meter su pene en la boca de Korina mientras le gritaba: “Órale perra, prueba”. Cuando los marinos la estaban obligando a comer alimentos del suelo, uno gritó: “¡Ya suéltenla! ¡Nos van a denunciar!” Denise también fue violada por marinos que le metieron los dedos enfundados en guantes en la vagina y le aplicaron descargas eléctricas en los genitales. Denise le contó a Amnistía Internacional que los marinos les habían gritado “pinches lesbianas”.
Cuando finalmente comparecieron ambas ante un agente del ministerio público en el estado vecino de Veracruz, más de 30 horas después de su detención, Korina fue presionada para que firmara una “confesión” en la que admitía su participación en el crimen organizado y delitos relacionados con drogas. Denise fue acusada de los mismos delitos. Según contó a Amnistía Internacional, cuando Korina le dijo a un médico de la marina lo que los marinos le habían hecho, le replicó: “Cállate de tu puta madre, no digas pendejadas”. Ambas mujeres denunciaron ante un juez las torturas que habían sufrido, pero un juez de apelación ignoró posteriormente sus denuncias. La Procuraduría General de la República abrió una investigación sobre las presuntas torturas infligidas por la Marina, y, cuatro años después, médicos forenses examinaron a ambas mujeres. Un año después del examen, Denise y Korina seguían sin conocer los resultados. En el momento de redactarse este informe, ambas mujeres continuaban en prisión en espera del resultado de su juicio penal. Ningún marino ha sido formalmente acusado en la causa.
